SECONDA NEWS DOSSIER GUATEMALA

[Cristiano Morsolin <morsolin@yahoo.it>]

SECONDA NEWS DOSSIER GUATEMALA

Equipo Nizkor - Derechos Human Rights - Serpaj Europa
Información - Van iii) msjes - 11ene02

i) MINUGUA PRESENTARÁ INFORME AL GRUPO CONSULTIVO PARA
GUATEMALA QUE SE
REUNE EN WASHINGTON. (17)

Indicios de deterioro de la situación de los derechos
humanos, a los 
que
se  agrega la percepción ciudadana de que la falta de
seguridad pública
se esta convirtiendo en el mayor riesgo para el goce
de sus derechos
fundamentales, es una de las conclusiones que la
Misión de Verificación
de Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), presentará
en la reunión del
Grupo Consultivo para Guatemala.

En dicha reunión, que se llevará a cabo el 11 y el 12
de febrero en
Washington, Estados Unidos, la Misión presentará un
informe sobre la
situación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en
el que destaca 
los
pocos avances que este gobierno ha tenido en este
tema.

El documento indica que el clima y los términos en los
que se 
desarrolla
el debate político interno se ha polarizado
notoriamente y 
paralelamente
se han producido coyunturas aisladas, puntuales y
limitadas en el 
tiempo
de suspensión de derechos garantizados por la Carta
Magna.

La Misión reitera que numerosos e importantes
compromisos de los
Acuerdos de Paz siguen sin cumplirse y sostiene que
los sectores más
excluidos, como los pueblos indígenas, las mujeres y
los campesinos
pobres, aún distan mucho de ver colmadas las demandas
con las cuales
asistieron a la firma de la paz, cuyos beneficios no
se han extendido
más allá del fin de la confrontación armada.

En materia de derechos humanos se ha detectado un
estancamiento con
signos de deterioro, que se evidencia en la evolución
de los
linchamientos, la persistencia de cuerpos ilegales y
aparatos
clandestinos de seguridad, el clima de amenazas en
contra de 
activistas,
sindicalistas, operadores de justicia y periodistas,
así como la
impunidad para la plena vigencia y desarrollo de los
derechos humanos 
en
el país, añade el informe.

MINUGUA recomienda al gobierno la ratificación e
impulso de la Comisión
de la Paz y la Concordia, así como la ejecución del
programa nacional 
de
resarcimiento, ya que en ambos aspectos el camino
avanzado ha sido
desigual y aún presenta obstáculos, pese a la
reiterada expresión de
compromiso y voluntad política de las autoridades.

El informe de la Misión se encuentra disponible en su
sitio de 
Internet,

http://www.minugua.guate.net
y en el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
http://www.iadb.org/regions/re2/consultative_group/gu/cgguesp.htm,
bajos cuyos auspicios se llevará a cabo la reunión del
Grupo 
Consultivo;
el segundo contiene otros documentos relativos al
evento, entre ellos 
la
"Estrategia para la Reducción de la Pobreza" y el
"Avance en el
cumplimiento de los compromisos derivados de los
Acuerdos de Paz", 
ambos

del gobierno de Guatemala.

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)
presentó el lunes
4 su posición con relación a la reunión del Grupo
Consultivo, en la 
cual
cuestiona el informe que presentará el gobierno. Los
dirigentes de la
URNG, encabezados por la secretaria general de ese
partido, Alba Estela
Maldonado, señalaron que no ha habido avances
sustanciales en temas
clave y de fondo, como la política de desarrollo
rural, la reforma
fiscal integral, la reforma electoral, la reforma
militar, de seguridad
e inteligencia, y en el reconocimiento y valoración de
la realidad
multiétnica, pluricultural y multilingüe de la nación
guatemalteca.

Además, en los últimos meses se han dado hechos y
situaciones
alarmantes, que constituyen retrocesos en el proceso
de paz, como el
nombramiento de jefes militares al frente de
responsabilidades
explícitamente determinadas para el poder civil.
Asimismo, se ha
incrementado el presupuesto del ejército de manera
desproporcionada y 
en
abierta contradicción con los
Acuerdos de Paz.

Maldonado señaló que no se percibe un esfuerzo serio y
sostenido para
lograr el financiamiento interno para la Estrategia
para la Reducción 
de
la Pobreza del gobierno, además que las acciones que
se realicen en su
nombre fácilmente se pueden utilizar como una forma de
clientelismo
electoral. La URNG, como parte signataria de los
Acuerdos de Paz, 
estará
presente en Washington.

Esta previsto que el 11 de febrero, durante quince
minutos se 
alternarán
en el uso de la palabra Enrique Iglesias, presidente
del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID); el presidente
guatemalteco Alfonso
Portillo; y César Gaviria, secretario general de la
Organización de
Estados Americanos (OEA). A lo largo de la jornada se
escucharán los
informes de los organismos
Ejecutivo, Judicial y Legislativo, así como el de
MINUGUA.

Para el martes 12 se tiene planificada la presentación
de sectores
civiles guatemaltecos y, posteriormente, los países y
organismos
donantes manifestarán su apoyo al proceso y divulgarán
sus programas
para el futuro.

La delegación guatemalteca estará compuesta por casi
40 personas. Hasta
el viernes 1 se tenía confirmada la participación de
30 civiles, además
de los delegados gubernamentales.

Estados Unidos mantendrá apoyo
Estados Unidos ha dado 260 millones de dólares en
cuatro años, y está
dispuesto a continuar apoyando el proceso de paz hasta
el año 2003,
señala un comunicado de la embajada de ese país en
Guatemala difundido
el miércoles 30.

“Estados Unidos cree que los Acuerdos de Paz, aunque
se ha demostrado
que son difíciles de ejecutar, son la mejor estructura
para el cambio
social fundamental que traerá la paz duradera”, dice
el comunicado
emitido por la embajadora Prudence Bushnell. La
declaración indica que
el cambio social sólo puede darse si se invierte en
las personas, y por
eso, el apoyo que ofrece es para el fortalecimiento de
los Acuerdos de
Paz.

En el documento se hace referencia a la reunión del
Grupo Consultivo, 
el
cual es visto como un foro en el que los guatemaltecos
pueden discutir
la forma en la que se afrontarán los retos que se
presenten durante los
próximos tres años.

ONGs pedirán condicionar ayuda a Guatemala
Más de cien activistas humanitarios se reunieron
durante dos días en el
marco del Encuentro Nacional de ONGs de derechos
humanos, en
Chimaltenango, y el miércoles 30 acordaron que
solicitarán a la
comunidad internacional que condicione los préstamos o
donaciones que
apruebe durante la reunión del Grupo Consultivo.

Durante la actividad, los participantes coincidieron
en que a cinco 
años
del fin del conflicto armado, la paz sigue ausente.
Además, expresaron
su preocupación por el estancamiento del proceso y por
el acelerado
proceso de remilitarización del país.

A la vez, hubo consenso en que los planes e informes
elaborados por el
gobierno de Alfonso Portillo no reflejan la realidad
nacional.
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ii) MASACRE DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA: CUC EXIGE
JUSTICIA
El jueves 31, dirigentes del Comité de Unidad
Campesina (CUC) 
ofrecieron
una conferencia de prensa para exigir al gobierno que
castigue a los
responsables de ordenar la masacre de la embajada de
España, perpetrada
por militares el 31 de enero de 1980.

En aquella ocasión, cientos de campesinos, entre
quienes se encontraba
Vicente Menchú, padre de la Premio Nobel de la Paz
1992, Rigoberta
Menchú, acompañados por un grupo de estudiantes de la
Universidad de 
San
Carlos de Guatemala, ocuparon pacíficamente la sede
diplomática para
pedir que se nombrara una comisión multisectorial para
investigar la
masacre de 7 indígenas que había cometido el ejército
un mes antes en 
un
poblado de Quiché.

Sin embargo, cuando el entonces embajador español
Máximo Cajal y López
había aceptado servir de mediador entre los ocupantes
y el gobierno del
general Romeo Lucas García, se dio la orden de asaltar
la embajada, la
que fue rociada con napalm,  provocando un gigantesco
incendio, recordó
Rafael González, dirigente del CUC.

Al cumplirse 22 años de la matanza, el CUC  demanda
justicia y señala
como responsables directos al ex jefe del Comando Seis
de la Policía
Nacional (PN), Pedro García Arredondo; al director de
esa institución,
Gérman Chupina; y al ex ministro de Gobernación,
Donaldo Álvarez Ruiz.

Por su parte, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) recordó a
las 37 personas
que fallecieron en el interior de la sede diplomática.
Eran 
funcionarios
de ésta y campesinos, obreros (de la Federación de
Trabajadores de
Guatemala),  pobladores (de la Coordinadora de
Pobladores) y 
estudiantes
(del Frente Estudiantil Revolucionario Robin García),
que demandaban 
que
el ejército saliera de El Quiché.

El GAM también señala que "la acción represiva no
concluyó en ese
momento". "Continúo durante muchos días más, en que
fueron brutalmente
desaparecidos, torturados o asesinados dirigentes de
las organizaciones
mencionadas. La población guatemalteca acompañó
multitudinariamente el
entierro, al tiempo que francotiradores de la
dictadura disparaban a la
multitud de manera reiterada".

Otras de las víctimas de la masacre fueron Eduardo
Cáceres Lehnoff, ex
vicepresidente de la República; Adolfo Molina Orantes,
ex ministro de
Relaciones Exteriores; Jaime Cruz del Árbol, cónsul
español; y siete
funcionarios y funcionarias de la embajada.
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iii) JUEZ ORDENA LA CAPTURA DE BYRON BARRIENTOS; ÉSTE
SE HOSPITALIZA
El miércoles 30, el juez Décimo de Instancia Penal,
Ottoniel López
Girón, dictó orden de captura, arraigo y embargo
económico en contra 
del
ex ministro de Gobernación Byron Humberto Barrientos
Díaz, por la
existencia de indicios de su responsabilidad en el
caso de robo y 
desvío
millonario de fondos en esa cartera. El día siguiente,
Barrientos fue
internado en un hospital privado, por lo que la orden
de aprehensión no
se cumplió.

La semana antepasada, el diputado del Frente
Republicano Guatemalteco
(FRG), a quien se le había retirado la inmunidad,
había afirmado que no
tenía nada que ocultar, y que poseía elementos para
demostrar su
inocencia.

Sobre Barrientos pesa la denuncia por el delito de
peculado. Según el
Código Penal, incurre en éste “el funcionario o
empleado público que
sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero o
efectos públicos
que tenga a su cargo por razón de sus funciones”.

Entre tanto, sectores pro justicia calificaron como un
buen precedente
la orden de captura contra el ex funcionario, y
pidieron a las fuerzas
de seguridad que la haga efectiva, así como las
existentes contra otras
cinco contra ex viceministros y ex empleados de
Gobernación.

El jueves 31, el mayor fue hospitalizado,
supuestamente por padecer de
hipertensión arterial y una úlcera péptica. Debido a
lo anterior, López
Girón dispuso la posposición de la indagatoria que
pretendía hacerle.

El viernes 1, los abogados de Barrientos presentaron
un recurso de
reposición contra la orden de detención librada contra
él. El abogado
Milton Miranda explicó que se pedía al juez que
revisara la orden de
captura, pues la habría emitido sin haber atendido un
memorial que la
defensa le envió con anterioridad, por el que el
diputado se ponía a
disposición del juzgado.

El martes 29 se publicó que una auditoría efectuada
por la Contraloría
General de Cuentas de la Nación (CGCN) en el
Ministerio de Gobernación
reveló que el robo a esta dependencia fue de 48.8
millones de quetzales
y que el desvío fue de otros 29 millones, cuyos
intereses fueron 
también
sustraídos.

El total, 77.8 millones de quetzales, se trasladó de
cuentas del Estado
a cuentas particulares en bancos del sistema. Según la
CGCN, en sus
investigaciones se constató que se intentó cubrir
algunos montos con
facturas falsas, pero el robo quedó al descubierto con
la auditoría.

La Contraloría presentó el miércoles 30 una denuncia
ante el jefe de la
Fiscalía Contra la Corrupción, Ramiro Coronado, donde
se señaló a ocho
ex funcionarios de dicha cartera, incluyendo a
Barrientos.

La CGCN solicitó al Ministerio Público (MP) que se
promueva la
investigación penal contra Jarol Axel Gil Muñoz, ex
jefe de Registro y
Trámite Presupuestal ; los ex viceministros Luis
García Archila y Luis
Alberto Dávila; Barrientos Díaz; Ángel René Argueta,
ex jefe de la
Oficina de Trámite Presupuestario; Ligia Álvarez
Muñoz; Ruth Paz
Calderón; y la coordinadora de inventarios, Ada
Fabiola Castillo.
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iv) CONTINÚAN LOS CAMBIOS DE FUNCIONARIOS DEL
EJECUTIVO
Juan Francisco Reyes Wyld, hijo del vicepresidente
Juan Francisco Reyes
López, renunció el martes 29 al cargo de representante
del Congreso 
ante
la Junta Monetaria (JM) y a la junta directiva del
Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Extraoficialmente se conoció que la renuncia a esos
puestos obedeció a
una solicitud del general Efraín Ríos Montt,
presidente del Congreso de
la República. Reyes Wyld permanece en la presidencia
del Instituto de
Fomento Municipal (INFOM).

El miércoles 30, el ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y
Vivienda (MICIVI), Álvaro Heredia, volvió a presentar
su renuncia al
cargo, que en esta ocasión le fue aceptada por el
presidente Alfonso
Portillo. Sin embargo, Heredia informó que continuará
colaborando con 
el
mandatario en otros proyectos, como la construcción
del anillo
metropolitano de la capital y otras obras.

El funcionario había presentado su renuncia el 4 de
enero, por falta de
apoyo político y económico. El 10 de enero, Heredia
informó que
permanecería en el cargo.

El jueves 1, la diputada eferregista Flora de Ramos
solicitó permiso
para ausentarse del Congreso, pues se encargará de
dirigir el MICIVI.
Leonel Soto Arango, vocero de la junta directiva del
Legislativo,
resaltó la importancia del nombramiento, porque De
Ramos será la primer
mujer que
dirija ese ministerio.

Con este cambio, De Ramos será la tercera persona que
ocupe la
titularidad del MICIVI en la actual administración.
Antes que ella
estuvieron al mando de esa cartera Luis Rabbé, quien
dimitió el 13 de
junio de 2001, y Heredia.

Harris Thadeus Whitbeck Piñol, secretario de
coordinación ejecutiva de
la Presidencia, renunció el jueves 31, por disposición
del presidente
Alfonso Portillo. Portillo había ordenado a Whitbeck
que destituyera a
sus subsecretarios, Jorge Cordón y Luis Sosa, pero
como el funcionario
se habría negado a acatar la orden, fue destituido.

El argumento del mandatario fue la existencia de
denuncias de
irregularidades en la asignación de contratos, de los
cuales habían 
sido
beneficiadas de manera sobresaliente cuatro empresas.
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v) DESIGNAN A PRESIDENTES DE COMISIONES LEGISLATIVAS
Las bancadas legislativas se repartieron el martes las
presidencias de
las comisiones de trabajo del Congreso de la
República. La mayoría -14
de 26- y las más importantes quedaron en manos de
diputados del partido
oficial.

Leonel Soto Arango estará al frente de la de
Comunicaciones; Baudilio
Hichos de la de Defensa Nacional; Leopoldo Cruz
ocupará la de
Gobernación y Otto Cabrera la de Legislación y Puntos
Constitucionales.

Esta vez, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) no
dejó en manos de
la oposición la Comisión de Derechos Humanos. Al
frente de ella fue
nombrado Luis Rosales Marroquín.  Una razón de peso
que hubo para ello
es que esa comisión será la encargada de dirigir el
proceso de elección
del nuevo Procurador de los Derechos Humanos (PDH).

Al Partido de Avanzada Nacional (PAN) le dejaron la
presidencia de las
comisiones de Ambiente, Comunidades Indígenas, y
Energía y Minas.

La de Probidad, que el año pasado fue dirigida por el
panista Jorge
Rosales, le fue otorgada al unionista Ricardo de la
Torre. Ese grupo
dirigirá también la de Economía con Mariano Rayo a la
cabeza;  y la de
Defensa del Consumidor, la cual quedó a cargo de Jorge
Rolando
Barrientos.

Nineth Montenegro, de la Alianza Nueva Nación (ANN)
presidirá la
Comisión de Trabajo, y su compañero de bancada Alberto
Mazariegos , la
de Paz y Desminado.

Giovanni Eliseo Estrada Zaparolli, del Partido
Libertador Progresista
(PLP), presidirá la Comisión de Cooperativismo, y
Vinicio Cerezo, de la
Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), la de
Turismo, y la Unión
Democrática, la de Cultura y Deportes.

La diputada Anabella, en representación de la Unidad
Nacional de la
Esperanza (UNE), instó a los bloques de oposición a
que no aceptaran
ninguna presidencia de esas salas de trabajo, bajo el
argumento de que
el partido oficial nunca los toma en cuenta para
legislar. Sin embargo,
su llamado no tuvo eco.
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vi) PROCURADOR DE DERECHOS HUMANOS RINDIÓ INFORME
ANUAL AL CONGRESO
El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos
(PDH), Julio
Arango Escobar, presentó el miércoles 30 al pleno del
Congreso su
informe anual, en el que llama la atención hacia los
constantes casos 
de
corrupción en el gobierno; la militarización de las
fuerzas de
seguridad; la falta de cobertura en los servicios de
educación, salud y
vivienda, por los bajos presupuestos que se asignan; y
la violación a
los derechos humanos.

El magistrado de conciencia destaca la intervención
gubernamental y del
partido oficial en las funciones de la PDH, y hace
énfasis en la
participación de órganos de inteligencia militar.

Respecto a la actuación de las autoridades, presenta
detalles de 268
funcionarios de gobierno declarados como violadores de
los derechos
humanos. En la lista figuran el presidente de la
República, Alfonso
Portillo; los diputados oficialistas involucrados en
la alteración de
una ley; magistrados de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ); jueces;
autoridades del Gobernación; y, en su mayoría, agentes
de la Policía
Nacional Civil (PNC).

En la violación de los derechos económicos y los
servicios básicos,
Arango menciona al sector privado por el
incumplimiento de los patronos
en el pago de prestaciones y la pérdida de 400 mil
puestos de empleo.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Congreso, Luis
Rosales, del Frente Republicano Guatemalteco (FRG),
calificó de
"términos aventurados" algunas expresiones del
procurador. Expuso que
como lo establece la ley, deberá explicar el informe a
esa instancia
legislativa.

Rosales mostró desacuerdo en los señalamientos de
militarización y de
intervención del partido de gobierno en las funciones
de la PDH, pues
"fomentan la confrontación", dijo.

Integran comisión que postulará a candidatos a
Procurador de los
Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos del Congreso, que
deberá presentar en 
60
días una terna de candidatos para encabezar la
Procuraduría de Derechos
Humanos (PDH), fue integrada el martes 29.

El eferregista Luis Rosales la presidirá; el
vicepresidente será 
Alfredo
Cojtí, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), y el
secretario será
Carlos Mejía, de la Alianza Nueva Nación (ANN).
Mario Chang, de la Democracia Cristiana Guatemalteca
(DCG); Edwin
Martínez, de la Unión Democrática (UD), y Giovanni
Estrada, del Partido
Libertador Progresista (PLP), son los otros
integrantes.
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vii) FRG APROBÓ LEY DE BANCOS
Para que el gobierno no llegue a la reunión del Grupo
Consultivo para
Guatemala con las manos vacías, los diputados del
Frente Republicano
Guatemalteco (FRG) aprobaron el jueves 31 una de las
cuatro leyes
financieras, de cuya emisión dependen préstamos
externos por 400
millones de dólares.

La aprobada fue la Ley de Bancos y Grupos Financieros,
que antes sufrió
9 enmiendas con el objetivo de que pueda entrar en
vigencia sin
problemas, ya que su contenido la amarraba a las leyes
Monetaria, del
Banco de Guatemala (BANGUAT) y de Supervisión
Financiera.

El FRG aprobó la ley aprovechando que para hacerlo no
necesitaba del
voto de la mayoría calificada -75 diputados- como
ocurre con las leyes
Monetaria y del BANGUAT.

Las bancadas de la Unidad Nacional de la Esperanza
(UNE), unionista, de
la Alianza Nueva Nación (ANN) y del Partido de
Avanzada Nacional (PAN),
si bien reconocieron la conveniencia de aprobar la
normativa, no la
apoyaron, en protesta por el proceder de los
oficialistas.

La Ley de Bancos y Grupos Financieros regula entre
otros aspectos los
siguientes: Mecanismos de control y prevención para
bancos que pudieran
afrontar iliquidez; la creación, organización y fusión
de bancos y
grupos financieros; el establecimiento y clausura de
sucursales
bancarias y de
oficinas de representación de bancos extranjeros; y
prohibiciones,
limitaciones y sanciones para bancos y grupos
financieros.

La norma establece que en caso que se repita una
situación como la de
los bancos actualmente intervenidos y en proceso de
liquidación, el
gobierno garantizará la devolución a los depositantes
de hasta 20 mil
quetzales.

En adelante, la Superintendencia de Bancos podrá
supervisar las 
finanzas
de las entidades bancarias y de sus compañías
vinculadas, incluyendo 
las
denominadas off-shore.
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viii) PORTILLO PIDE OPINIÓN A LA CC SOBRE CORTE PENAL
INTERNACIONAL

El presidente Alfonso Portillo pidió el miércoles 30 a
la Corte de
Constitucionalidad (CC) su opinión consultiva para
determinar si el
Estatuto de la Corte Penal Internacional viola los
preceptos de la 
Carta
Magna guatemalteca.

Según el canciller, Gabriel Orellana, el Estatuto
establece que la 
Corte
Penal Internacional podrá ejercer sus funciones y
atribuciones en el
territorio de cualquier Estado parte, lo que
contravendría el artículo
203 de la Constitución Política. Orellana, en compañía
del titular de 
la
Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH),
Alfonso Fuentes,
acudió en representación de Portillo a efectuar la
consulta a la máxima
instancia jurídica del país.

Portillo también consultó acerca del artículo 204 de
la Constitución, 
el
cual señala que los tribunales de justicia, en toda
resolución o
sentencia, observarán obligatoriamente el principio de
que la
Constitución de la República prevalece sobre cualquier
ley o tratado.

Fuentes explicó que Portillo consideró conveniente
consultar a la CC si
el Estatuto, suscrito en Roma el 17 de julio de 1998,
"no choca con la
Constitución".

En el caso que Guatemala ratifique el convenio, el
tribunal
internacional tendrá competencia para juzgar en el
futuro crímenes de
genocidio, de lesa humanidad y de guerra y agresión.
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ix) PAN CUENTA CON TRES DIPUTADOS MÁS; SUMA 19
El Partido de Avanzada Nacional (PAN) obtuvo el lunes
28 y el martes 29
la adhesión de los diputados César Fortuny y Ángel
Mario Salazar,
quienes abandonaron la bancada del partido en
formación Unionista, que
se formó como resultado de una escisión del PAN.
Además, el martes
también, el diputado independiente Mauricio León
Corado también se pasó
a las filas del PAN.

Con lo anterior, el PAN tiene ahora 19 diputados y
logra retomar la
condición de segunda fuerza política en el Congreso de
la República.
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x) PARTIDO PATRIOTA AVANZA EN SU LEGALIZACIÓN
El Partido Patriota, en formación, efectuó el domingo
3 su última
asamblea departamental, en su camino para constituirse
legalmente en 
una
organización política y participar en las próximas
elecciones.

El militar retirado Otto Pérez Molina, secretario
general provisional 
de
la agrupación, indicó que el pasado fin de semana se
hicieron asambleas
en 15 departamentos. Según aseveró la dirigencia del
partido, éste
cuenta con representación en 180 municipios.
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xi) MIL MUJERES MUEREN AL AÑO POR FALTA DE ATENCIÓN EN
SALUD
REPRODUCTIVA

Mil mujeres mueren cada año por falta de atención en
salud 
reproductiva,
dijo el 29 martes el ministro de Salud, Mario Bolaños,
después de la
firma de un protocolo de entendimiento de atención en
salud sexual y
reproductiva entre los gobiernos de Canadá y
Guatemala. Para la
implementación del programa se invertirán 7 millones
de dólares
canadienses, que equivalen a 35 millones de quetzales.

Hendrik van der Pol, representante del Fondo de
Naciones Unidas para 
las
Poblaciones, señaló como preocupante y deficiente la
atención que 
recibe
la mujer y la niñez en Guatemala. Comentó que según la
Encuesta General
de Ingresos y Egresos de la Nación 98-99, la mayoría
de las víctimas 
son
mujeres menores de 20 años. Según el documento, más de
la mitad de los
partos que se registran cada año en el país no son
atendidos por un
médico, ni siquiera por una comadrona.
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xii) MAYAS PROPONEN AL GOBIERNO CREAR INSTANCIAS DE
CONSULTA Y
FISCALIZACIÓN
La creación de un ente de consulta permanente sobre
diferentes temas y
otro que fiscalice los fondos destinados a los pueblos
indígenas, son
algunas de las propuestas que 40 organizaciones
aglutinadas en la
Comisión Consultiva Maya han presentado al gobierno de
Alfonso 
Portillo.

Juana Batzibal, miembro del colectivo, aseguró que el
pueblo maya
siempre ha estado al margen de la toma de decisiones y
no ha tenido
participación en la definición de políticas públicas,
debido al
pensamiento racista y a la posición excluyente que ha
privado en el
país, razón por la que las
organizaciones han decidido hacer esta propuesta a los
representantes
estatales y a la comunidad internacional, en donde
buscarán el
financiamiento.

Punto importante de la reivindicación de las
organizaciones mayas es la
recalendarización del cumplimiento del Acuerdo de
Identidad y Derechos
de los Pueblos Indígenas, así como de los mecanismos
para hacer 
efectivo
el convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), 
para
lo cual ya han establecido comunicación con el
gobierno.

Finalmente, los líderes indígenas señalaron que en la
reunión del Grupo
Consultivo estarán representados por Rosalina Tuyuc
quien, a nombre de
la Comisión, dará a conocer sus propuestas a los
países donantes.
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xiii) CONSEJO DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA RECHAZA
SUBASTA DE 
FRECUENCIAS

El Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria
(CGCC) manifestó el
miércoles 30 su rechazo al anuncio de la
Superintendencia de
Telecomunicaciones de Guatemala (SIT) de subastar 14
rangos de
frecuencias radioeléctricas en diferentes puntos del
país.

Por medio de un comunicado de prensa, el CGCC fijó su
inconformidad, ya
que la subasta de frecuencias radiales entorpece el
cumplimiento de los
Acuerdos de Paz y viola las recomendaciones que el
Relator Especial 
para
la Libertad de Expresión de la Organización de los
Estados Americanos
(OEA) hiciera al gobierno en su última visita al país,
siendo una de
ellas la
suspensión de las subastas hasta que fuera aprobada la
ley específica 
de
radios comunitarias.

Según opinión del Relator, las subastas contemplan
criterios únicamente
económicos, sin dar oportunidad equitativa a todos los
sectores, por lo
que son incompatibles con la democracia participativa
y con el derecho
de la libertad de expresión e información, por lo que
el Estado debe
garantizar el acceso y posibilidad de participación
igualitaria de los
medios de comunicación, citó el boletín.

El CGCC informó que desde principios del año pasado ha
trabajado con
diputados del Congreso de la República, y que ha
sostenido reuniones 
con
funcionarios de la Secretaría de Análisis Estratégico
(SAE) y con
representantes de la SIT, en donde han coincidido en
la necesidad de
facilitar frecuencias autorizadas a las radios
comunitarias, destacando
la importancia de las mismas para el proceso
democratizador y la
construcción de la paz.

El Consejo exigió a la SIT que no altere y entorpezca
los procesos
encaminados a fortalecer el Estado de Derecho, y
solicitó a la Corte de
Constitucionalidad que oriente la revisión de la Ley
General de
Telecomunicaciones, la cual adolece de innumerables
inconstitucionalidades.
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xiv) COMISIÓN DE LA OEA: HAY ANUENCIA AL DIÁLOGO
Tras reunirse con unos 15 representantes de la
sociedad civil y
autoridades de gobierno, una delegación enviada por el
secretario
general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), César Gaviria, 
a
petición del presidente Portillo, concluyó que sí hay
condiciones para
un diálogo nacional, aunque el poderoso Comité
Coordinador de
Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y
Financieras (CACIF)
sostiene lo contrario.

Las entrevistas se realizaron a partir del miércoles
30 y terminaron el
viernes 1. Eduardo de la Torre, quien presidio la
delegación, expuso a
Portillo que la ésta considera que "hay un actitud
positiva al diálogo,
aunque con grandes aprehensiones y dudas. Otros más,
la minoría, pero
muy fuertes, sostienen que no hay condiciones".

Según el visitante, al Presidente se le explicó que,
producto de las
citas, se establecieron ocho temas para el eventual
diálogo: Impulso de
los Acuerdos de Paz; gobernabilidad; transparencia;
reactivación
económica y productividad; empleo agrícola; lucha
contra la pobreza;
institucionalidad; e Impunidad.

La delegación se reunió con el vicepresidente Juan
Francisco Reyes
López; integrantes del Congreso de la República;
representantes de los
sectores campesino, de mujeres y cafetalero; el Foro
Guatemala; el
arzobispo Rodolfo Quezada Toruño; el secretario de
Análisis 
Estratégico,
Édgar Gutiérrez; líderes de sindicatos; y
representantes del Consejo de
Educación Maya.
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xv) WEYMANN: FMI PODRÍA FIRMAR ACUERDO SOMBRA CON
GUATEMALA
La posibilidad que el Fondo Monetario Internacional
(FMI) firme un
acuerdo stand by -de contingencia- con Guatemala
parece desvanecerse. A
cambio, el gobierno ha pedido a las autoridades de ese
organismo
internacional que evalúen la posibilidad que sea
firmado un "acuerdo
sombra" o "monitoreado", informó el martes 29 Eduardo
Weymann, ministro
de Fianzas. La decisión sería tomada antes de la
reunión del Grupo
Consultivo para Guatemala, que
se llevará a cabo el 11  y el 12 de febrero próximos.

Este tipo de acuerdo, aunque daría un aval a la
política económica del
gobierno, no significaría desembolso de recursos, por
lo que se
eliminaría la obligatoriedad de que las modificaciones
a las leyes
financieras sean aprobadas por el Congreso.

Weymann y Carlos Barbery, representante residente del
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), coincidieron en
que en el país ya 
se
están aplicando los criterios que darían paso a una
negociación con el
FMI.

El funcionario del gobierno dijo que entre las metas
que éste ha
propuesto al FMI está la reducción del déficit fiscal
a 1.3% del
Producto Interno Bruto (PIB) y el incremento de la
carga tributaria a
niveles cercanos al 11%.
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xvi) GUATEMALA PERMANECE EN LISTA DE PAÍSES QUE NO
COMBATEN LAVADO DE
DINERO
Guatemala se mantendrá seis meses más en la lista
negra del Grupo de
Acción Financiera sobre Blanqueo de Capitales (GAFI),
porque no 
colabora
en la lucha contra el lavado de dinero, informó el
viernes 1 la
presidenta de ese organismo, Clarie Lo. La noticia se
conoció en Hong
Kong, China, donde el GAFI terminó su reunión plenaria
semestral, según
un reporte de la agencia francesa de noticias AFP.

El grupo está formado por 29 países y organizaciones
del mundo
industrializado comprometidos con la transparencia de
las operaciones
financieras y bancarias. Guatemala es el único país
latinoamericano que
se incluye en la lista negra del GAFI, de acuerdo con
AFP.

Hasta hace seis meses, Panamá era el único otro país
de América con
limitados esfuerzos en la materia. Sin embargo, salió
de la lista tras
efectuar reformas a su legislación bancaria y
financiera. La
clasificación del GAFI la completan Islas Cook,
Dominica, Egipto,
Granada, Hungría, Indonesia, Israel, Líbano, Islas
Marshall, Birmania,
Nauru, Nigeria, Niue, Filipinas, Rusia, San Kitts y
Nives, San Vicente 
y
las Granadinas, y Ucrania.

El Congreso aprobó la Ley contra el Lavado de Dinero y
Otros Activos en
noviembre de 2001, por urgencia nacional, misma que
entró en vigencia 
el
17 de diciembre; con ella se buscó que Guatemala no
recibiera sanciones
internacionales, como la que se reporta.
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xvii) SAT PROPONE REFORMA PARA QUE SE PUEDAN HACER
PÚBLICOS NOMBRES DE
EVASORES
El martes 29, el directorio de la Superintendencia de
Administración
Tributaria (SAT) acordó proponer al Congreso una
reforma al artículo 
101
del Código Tributario, informó el ministro de Finanzas
y presidente de
dicho directorio, Eduardo Weymann.

Lo que se busca es que el Estado tenga la potestad de
denunciar los
impuestos no pagados o retenidos ilegalmente por los
contribuyentes y
los nombres de éstos, dijo Weymann.

El funcionario declaró que el paso siguiente es
preparar una propuesta
que la SAT enviará al presidente Alfonso Portillo,
para que éste, a su
vez, analice la posibilidad de trasladarla al Congreso
de la República.

De llegar a aprobarse la iniciativa en el Legislativo,
la dependencia
contaría con un instrumento más para combatir la
evasión, la 
apropiación
indebida de impuestos y el contrabando, dijo Weymann.
[Fuente: La Semana en Guatemala, Centro de Estudios de
Guatemala, CEG.
28ene02 al 03feb02]
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INFORMES ADICIONALES
El informe de la Misión se encuentra disponible en su
sitio de 
Internet,

http://www.minugua.guate.net
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FIN DEL MENSAJE END OF MESAGGE EINDE BERICHT FIM DA
MENSAGEM FINE

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