SAN JUAN COPALA - per ricordare -

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Boletín de prensa: Emboscada paramilitar contra caravana de observación y solidaridad en San Juan Copala (Oaxaca, México) Enviado por admin el Mié, 28/04/2010 - 17:38 El martes día 27 de abril a las 11 de la mañana partió de la ciudad de Huajuapán de León una caravana formada por un centenar de personas en varios vehículos, formada por miembros de diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos mexicanas e internacionales con el objetivo de romper el cerco que sufre el municipio autónomo de San Juan Copala en la zona triqui del estado de Oaxaca. Este municipio se encuentra cercado por un retén paramilitar armado desde el mes de enero por parte de la organización UBISORT, ligada al PRI que gobierna en el estado, y denunciada en repetidas ocasiones como paramilitar, responsable de numerosas agresiones y asesinatos en la zona. Este cerco impide la realización de clases así como ha cortado el suministro de agua y la llegada de mercancías al municipio y tiene como objetivo impedir el libre autogobierno mediante el municipio autónomo declarado en la zona. Formaban parte de la caravana la sección 22 del sindicato de trabajadores de la educación de Oaxaca con el objetivo de hacer ingresar a los maestros al municipio para reiniciar las clases, CACTUS, VOCAL y diferentes organizaciones de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) así como observadores internacionales de derechos humanos de Finlandia, Italia, Bélgica y Alemania, y también periodistas y miembros de la Red de Radios y Comunicadores Indígenas del Sureste Mexicano. Alrededor de las 14,50 horas y en la zona de la Sabana, poblado anterior a San Juan Copala se encontraron con el retén paramilitar que les impidió el paso y dispararon contra la caravana con el resultado de dos personas muertas por arma de fuego: Beatriz Alberta Cariño miembro de la organización CACTUS de Oaxaca y Tyri Antero Jaakkola, observador internacional originario de Finlandia. Resultó herida por arma de fuego Mónica Citlali Santiago Ortiz, que fue trasladada por una ambulancia de la Cruz Roja al hospital rural 66 del IMSS, en Santiago Juxtlahuaca. La ambulancia también fue baleada por los mismos paramilitares. Según los primeros testimonios en la agresión participaron más de 15 personas armadas provocando que varias personas se escondieran para protegerse sin que hasta el momento hayan aparecido, al tiempo que se tienen informaciones que señalan la existencia de más heridos por confirmar. La realización de la caravana fue anunciada públicamente por los organizadores provocando la respuesta del líder de la organización UBISORT (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui) Rufino Juárez Hernández que anunció el lunes pasado que impedirían a toda costa el paso de ésta tal como hicieron hace poco tiempo con la visita de miembros del FPDT que no pudieron acceder a la zona. La violencia en la zona triqui, ha provocado en estos años un sinfin de asesinatos, nunca investigados ni sancionados que ha permitido la acción de los grupos paramilitares con total impunidad. Este hecho tan grave es una muestra más de que esta violencia, dirigida contra las organizaciones opositoras, se hace con la connivencia del poder estatal, monopolizado por el PRI, impidiendo una solución dialogada a los conflictos. La protección de la cual gozan grupos como UBISORT y el MULT como “organizaciones de interés público” unido al clima de total impunidad permiten al gobierno estatal deslindarse de toda responsabilidad en los hechos de violencia. De hecho, la ausencia total de justicia en los numerosos asesinatos y hechos de violencia que se han registrados en la zona triqui han contribuido a crear una situación calificada de “incontrolable” en donde se justifica de forma implícita el derecho de hacerse justicia por sí mismo, creando así un clima de terror en la región. En el mes de octubre pasado, la CCIODH publicó un boletín de prensa bajo el título: El sistema mexicano penaliza a las víctimas y protege a los responsables de violaciones a los DDHH en el que afirmábamos: “como ha constatado la propia CCIODH en sus dos visitas a la entidad: el objetivo de los órganos de poder era destruir un movimiento social legítimo y pacífico. Para ello se valió de detenciones selectivas de líderes sociales, secuestros y detenciones ilegales, manejo político como amenaza de órdenes de aprehensión muchas veces sin fundamento, exilio forzado por amenazas de muerte, detenciones masivas y encarcelamiento prolongado de cientos de personas que finalmente han sido exoneradas de cualquier delito, tortura, violaciones, dilación y desobediencia de los jueces del fuero común en la aplicación de los amparos emitidos por jueces federales, imputaciones falsas a miembros del movimiento para encubrir a funcionarios públicos … y decenas de homicidios de indiscutible carácter político que nunca han sido resueltos por la justicia estatal y federal...” Todo ello conforma un panorama muy grave en el que los conflictos sociales, lejos de afrontarse las causas que los generan, son tratados como meros asuntos de orden público mientras se criminaliza a los opositores aplicándoles medidas represivas desmedidas y ejemplarizantes para el resto de la sociedad. Esta política hace crecer una espiral de violencia e impunidad que en vez de resolver los problemas no hace sino agravarlos. Desgraciadamente, este diagnóstico que describimos y comprobamos en los conflictos de Oaxaca, Chiapas y Atenco, es hoy en día comparable a otras situaciones en el resto de la República. La reciente agresión paramilitar confirma todo lo anterior y aumenta la exigencia de nuestro compromiso, como expresión de parte de la sociedad civil internacional, en la defensa y la vigilancia de los derechos humanos individuales y colectivos frente a estos abusos del poder contra las comunidades y las personas que luchan de forma legítima por mejores condiciones de vida y un mundo mejor para todos. Barcelona, a 28 de abril de 2010