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----- Original Message -----
Sent: Monday, February 08, 2010 4:40 PM
Subject: [ATTAC] INFORMATIVO 537 - LOS OJOS ABIERTOS DE AMERICA
LATINA
Los ojos abiertos de
América Latina
Latinoamérica
.
BOLIVIA: EVO LLAMA A LAS
FFAA A LUCHAR CONTRA EL IMPERIO El presidente Evo Morales Ayma convocó ayer a las
Fuerzas Armadas (FFAA),bajo la actual coyuntura política regional y
latinoamericana, a estar atentas y preparadas para luchar contra el imperialismo
y el capitalismo que promueven, según denunció, la invasión de bases militares
en naciones sudamericanas bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo o el
narcotráfico.
PANAMÁ:
LOS OJOS ABIERTOS DE AMÉRICA LATINA Gobierno de Panamá pone fin, unila-teralmente, a la
Operación Milagro, que ha devuelto la vista a 1,8 millones de seres humanos de
35 países.
COLOMBIA:
“DECRETO DE EMERGENCIA SOCIAL, ATENTA CONTRA LA MEDICINA. AGRESIÓN Y MUERTE
CONTRA INDÍGENAS Y NEGROS, ALARMA EN EL PAÍS” Un fuerte conflicto social ha desatado el gobierno de
Uribe Vélez a lo largo y ancho del país. Aprovechando el estado de emergencia
social al que ha llegado el país, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha dictado
una serie de decretos de emergencia social, con los cuales pretendía subsanar la
crisis del sector salud.
MEXICO – UN INSÓLITO BANCO ANTICAPITALISTA EN LA
SELVA LACANDONA Parece imposible
lograr la autosuficiencia en condicions de extrema precariedad pero no lo es
para los zapatistas que según asegura Roel del Consejo del Buen Gobierno Hacia
la esperanza “demuestra que las cosas se pueden hacer de manera
diferente…imagine, un banco anticapitalista, sin los señores banqueros
cuyos beneficios son para el pueblo!”
PERÚ. MINERÍA IMPUESTA A SANGRE Y
FUEGO En el Perú el gobierno de
Alan García se empeña en mantener y profundizar su política económica neoliberal
e impone actividades mineras, de hidrocarburos y forestales en los territorios
de las comunidades y pueblos indígenas, anteponiendo el interés individual de
las empresas sobre el derecho de propiedad comunal, con el argumento del
crecimiento y el desarrollo económico.
Latinoamérica
EVO LLAMA A LAS FFAA A
LUCHAR CONTRA EL IMPERIO
El presidente Evo Morales Ayma convocó ayer
a las Fuerzas Armadas (FFAA),?bajo la actual coyuntura política regional y
latinoamericana, a estar atentas y preparadas para luchar contra el imperialismo
y el capitalismo que promueven, según denunció, la invasión de bases militares
en naciones sudamericanas bajo el pretexto de lucha contra el terrorismo o el
narcotráfico.
"Las FFAA deben estar preparadas para enfrentar esos
intereses del imperio que quieren invadir mediante las bases militares. Estoy
convencido de que no son los pueblos que levantan armas de guerra contra el
imperio, sino que es el imperio que levanta armas de guerra contra los pueblos",
señaló el Mandatario boliviano durante su discurso de inauguración del año
académico de las FFAA, acto celebrado en el Patio de Honor del Colegio Militar
(Colmil), en el barrio de Irpavi.
El Jefe de Estado puntualizó que
el imperio busca apoderarse de los recursos naturales de los países en
desarrollo bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo.
En este sentido, señaló que la nueva doctrina militar, que debe estar acorde con
el Estado Plurinacional, debe servir para preparar a las FFAA contra las
arremetidas de los intereses del imperio, "que quiere invadir mediante las bases
militares".
En su discurso de posesión como Presidente, el 22 de
enero, Morales atacó la política de Estados Unidos con Latinoamérica. "No
aceptaremos imposiciones ni injerencias", advirtió.
El presente material se
publica en Rebanadas por gentileza de la Embajada de Bolivia en la República
Argentina
LOS OJOS ABIERTOS DE AMÉRICA
LATINA
Félix
López
Gobierno de
Panamá pone fin, unilateralmente, a la Operación Milagro, que ha devuelto la
vista a 1,8 millones de seres humanos de 35 países.
Hoy no es un
día feliz para la Operación Milagro. Este 2 de febrero el Centro Oftalmológico
Omar Torrijos Herrera, ubicado en el Hospital Luis "Chicho" Fábrega, en la
central provincia panameña de Veraguas, amaneció cerrado. La noticia ha generado
gran repercusión mediática y angustia popular. No podía ser de otra manera,
sobre todo porque les habían devuelto la visión —que es la vida misma— a 49 715
seres humanos, la mayoría pacientes pobres, en especial campesinos e
indígenas.
Tampoco es un día feliz para los médicos y personal de
la salud cubanos que allí laboraban. Saben que les quedaba mucho por hacer en
ese hermano país, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha
contabilizado a "69 521 personas que sufren de ceguera, de las cuales 32 056
están relacionadas con los diferentes tipos de catarata, y de estas 15 351 han
perdido completamente la visión de ambos ojos"... ¿Por qué poner fin entonces a
la mundialmente reconocida Operación Milagro?
Decisión
unilateral
En el día de ayer, 1ro. de febrero del 2010, la
Embajada de la República de Cuba en Panamá emitió una nota de prensa que despeja
todas las incógnitas tras esta noticia: la decisión de concluir la Operación
Milagro ha sido tomada de forma estrictamente unilateral por el gobierno
panameño.
La nota oficial de la Embajada de Cuba explica que "el
pasado 5 de enero, el gobierno cubano conoció a través de la prensa panameña,
una intervención pública del Ministro de Salud, en la presentación del llamado
Programa ‘Visión 20- 20' , la decisión del gobierno de Panamá de dar por
terminada la cooperación médica cubana en ese país.
"Durante los 26
días transcurridos, la Embajada de Cuba se ha cerciorado, en diversos encuentros
con altas autoridades panameñas, que no existe confusión ni malentendido alguno
y que es firme esta decisión unilateral (...) Por tanto, el gobierno de Cuba ha
decidido proceder a la retirada inmediata de su personal y del equipamiento
médico. Lo hace con la satisfacción de haber contribuido a la elevación de los
niveles de salud y de la calidad de vida del noble y fraterno pueblo panameño,
en especial de sus sectores más vulnerables y de menos ingresos.
"El pueblo
cubano, el gobierno y especialmente los 50 médicos y paramédicos que han
trabajado en este centro por tres años, con elevado humanismo y rigor
científico, plena consagración a su labor, estricta y únicamente médica, y que
permanecieron separados de sus familias por muchos meses; agradecen al pueblo
panameño toda su confianza y las extraordinarias y permanentes muestras de
gratitud y cariño expresadas a nuestro personal".
Y concluye la
nota con un párrafo que ha sido ampliamente reseñado en la prensa panameña: "El
tiempo dirá si los interesados en la abrupta conclusión de la cooperación médica
oftalmológica cubana en Panamá, con el argumento de que ha dejado de ser
necesaria porque será garantizada por los sectores público y privado de la salud
en ese país, están o no en lo cierto".
¿Qué pierde
Panamá?
Inicialmente, medios de prensa panameños titularon "Dan
ultimátum de salida a la Misión Milagro ". Con respeto a sus decisiones
editoriales, les propongo un título más sencillo: "¿Qué pierde Panamá?". Sí,
porque la Operación Milagro se desarrolla actualmente con éxito en 35 países y
ha devuelto o mejorado la visión de 1,8 millones de personas. ¿Será de esa
oportunidad que se priva a un pueblo? ¿Acaso la decisión de un gobierno afecta
la imagen de un proyecto sin precedentes en la historia de la
humanidad?
La respuesta también cabe en una frase sencilla, pero
triste: Pierde el pueblo. Veamos por qué: desde marzo del 2007 hasta el 30 de
diciembre del 2009, en el Centro Omar Torrijos Herrera se operaron 44 486
ciudadanos panameños de diversos tipos de padecimientos de la vista, que son:
catarata, pterigium, retinopatía diabética, degeneraciones periféricas de la
retina, glaucoma de ángulo estrecho y otras cirugías (quistes hialino,
granulomas, chalazion y obstrucción de vías lagrimales).
Como
recuerda la nota de prensa de la Embajada de Cuba en Panamá, "antes de la
apertura del Centro en Veraguas, se operaron en Cuba otros 5 229 pacientes, lo
que eleva la cantidad total de personas beneficiadas con la Operación Milagro en
Panamá a 49 715. Fueron evaluados previamente en la pesquisa activa 92 631
pacientes y de ellos, 74 961 en consultas en el Centro
Oftalmológico".
Al conocer estas estadísticas salta una pregunta:
¿Acaso la Operación Milagro no es complementaria de cualquier otro proyecto que
surja en esta dirección? La respuesta puede encontrarse en cualquiera de los
beneficiados por este proyecto. Existe otro número, que parece simple, pero que
habla de la alta preparación de los especialistas cubanos que laboraban en
Veraguas: entre los pacientes panameños se presentaron apenas 0.82% de casos de
complicaciones posoperatorias, ninguno de gravedad, y los resultados clínicos y
quirúrgicos están muy por encima de los estándares internacionales para este
tipo de cirugía.
Lo que no olvidará
Veraguas
Ubicada al centro de Panamá, la única provincia con acceso
al Caribe y al Pacífico, atractiva por sus paisajes, rica por sus plantaciones
de cereales, café y caña de azúcar, histórica por haber sido la cuna de ese gran
amigo de Cuba que fue el General Omar Torrijos, Veraguas vivía orgullosa de
haberse convertido también en el centro de los Milagros. Hasta su ciudad
llegaron muchos panameños ya ciegos, que al ser operados por los médicos
cubanos, abrieron sus ojos a un paisaje inolvidable.
Hoy, mientras
usted lee esta nota, el medio centenar de especialistas cubanos que laboraban en
Veraguas están de regreso a la Patria. De vuelta a casa. Llenos de historias,
porque tras cada uno de sus pacientes hay una vida que contar. Tal vez muy
tristes por la obra inconclusa, pero de seguro felices de sus 49 715 milagros.
Saben que ellos hicieron realidad lo que había soñado el Comandante en Jefe
Fidel Castro en una conversación en La Habana , durante una visita del entonces
presidente Martín Torrijos.
En Panamá se ha puesto fin,
unilateralmente, a un Convenio de Cooperación para la ejecución de programas en
materia de salud (18 de marzo del 2006) y a un Acuerdo de Cooperación para la
creación del Centro Oftalmológico Omar Torrijos Herrera (2 de marzo del 2007).
La historia ha de reconocer que Cuba honró su compromiso. En Veraguas, de
seguro, se recordará con cariño a esos médicos y por años se hablará de sus
"milagros".
Este 2 de febrero, mientras los médicos cubanos en
Panamá regresaban a la Isla , centenares de sus colegas amanecieron en los
quirófanos de las clínicas de la Operación Milagro en Venezuela, Nicaragua,
Bolivia, Ecuador, Argentina... Y gracias a su labor otros miles de hermanos de
América Latina abrieron sus
ojos.
www.panamaprofundo.org
COLOMBIA: “DECRETO DE EMERGENCIA
SOCIAL, ATENTA CONTRA LA MEDICINA. AGRESIÓN Y MUERTE CONTRA INDÍGENAS Y NEGROS,
ALARMA EN EL PAÍS”
Apolinar Díaz – Callejas
Un fuerte conflicto social ha desatado el gobierno
de Uribe Vélez a lo largo y ancho del país. Aprovechando el estado de emergencia
social al que ha llegado el país, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha dictado
una serie de decretos de emergencia social, con los cuales pretendía subsanar la
crisis del sector salud.
El presidente de la Academia Nacional de
Medicina, Gustavo Malagón, ha declarado que esos decretos “representan un
atentado contra la medicina y la profesión, agresión que nunca se había
registrado ni en esta ni en ninguna otra democracia”.
Dejó claro el
médico Malagón que la Academia Nacional de Medicina ha manifestado en diferentes
ocasiones su protesta frente a las medidas, “por lo que representa una creciente
desprofesionalización de la medicina, que se encuentra amparada en un sistema de
aseguramiento que es de carácter eminentemente comercial”. Los decretos
expedidos significan la abolición del componente más importante: “La autonomía
del profesional de la salud”. Igualmente destaca que: “las guías o estándares no
pueden ser camisa de fuerza que obliguen al médico a pasar por encima del juicio
racional para determinar qué es lo mejor para el paciente”. “Igualmente la
Academia de Medicina no puede ser motivo de sanciones y que estas representan
una afrenta que la profesión médica no puede aceptar”.
La
Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) manifestó su rechazo
urgente a los decretos emitidos en el marco de la emergencia social, a través de
un comunicado expedido el domingo. El presidente de la ACSC, Javier Pérez,
expresó que “los decretos atentan contra el pleno ejercicio del derecho
fundamental a la salud de todos los colombianos, vulnerando su autonomía del
ejercicio de los profesionales de la salud, y ponen en peligro la seguridad y la
calidad de la atención médica”.
A su vez, la directora de ACOPER,
Luz Victoria Salazar, una de las asociaciones para pacientes de alto costo,
expresó que la declaratoria de emergencia y los decretos “pasaron de ser una
esperanza para la vida de los pacientes que depende o puede llegar a depender de
un procedimiento o medicamento no POS, un atentado dirigido desde el Estado
contra sus ciudadanos.
El pronunciamiento de la doctora Salazar fue
hecho en un comunicado, en el que expresó su indignación ante la medida que
evalúa los Estados Financieros de los pacientes que requieren servicios no POS.
Según la directora, esta medida cuestiona las necesidades del paciente y el
principio de equidad que tienen todas las personas de ser
atendidas.
Este conflicto en el sector médico colombiano muestra la
política agresiva y autoritaria del gobierno del presidente Uribe Vélez que
atropella las reglas médicas establecidas en Colombia en garantía de un buen
servicio médico para los pacientes.
La profundidad del conflicto
creado por el presiente Uribe Vélez en los hechos que estamos denunciando,
muestran la agresión gubernamental misma contra la práctica de la medicina en
Colombia, como un nuevo agravante de la ola de crímenes que se cometen
diariamente en todo el territorio nacional, contra la población común y
corriente, grupos indígenas y raciales, jóvenes y niños escolares de familias
indígenas y muchos otros casos, que por censura de la propia prensa nacional no
son divulgados para poner al descubierto la profundidad de la crisis a que está
llegando el régimen dictatorial colombiano del presidente Uribe
Vélez.
Al pie de las anteriores informaciones, el periódico El
Universal, de febrero 2 de los corrientes, denunció según confesó y aceptó el
propio presidente Uribe Vélez, “el bombardeo de un avión de la Fuerza Aérea
sobre territorio indígena de la comunidad Embera Katío en el resguardo Urada
Jiguamiandó en Alto de Guayabal, Chocó, y en la cual resultaron heridos 6
personas, entre los que se encuentran dos menores de edad, un bebé de 6 meses y
otro de 20 días de nacido”. El presidente reconoció que aún no ha sido
notificado de esa acción pero dijo que las Fuerzas Aéreas Armadas Colombianas
son muy cuidadosas. El común de la gente se pregunta: ¿y los heridos y demás
víctimas de la violencia oficial qué?
Contrariamente a lo dicho por
el presidente, lo que se ha venido registrando en Colombia es una creciente
expansión de los asesinatos de indígenas y otros grupos raciales por las fuerzas
armadas colombianas en las zonas de población indígenas y otras comunidades de
origen africano junto a los de colombianos comunes y corrientes. El susto y el
temor a las agresiones armadas de las fuerzas gubernamentales, ha venido
llenando de terror el territorio nacional donde habitan esas poblaciones. Es
parte esencial del estado de pavor, represión y miedo en que viven esas
organizaciones raciales, sin poder obtener garantías serias y reales a sus
vidas. La represión a las poblaciones indígenas y a los grupos étnicos que
llegaron de África, está ocupando cada vez más páginas en la estrechez y
pequeñeces y limitación de la gran prensa colombiana sobre esos sucesos, para
ocultarlos.
(especial para
ARGENPRESS.info)
MEXICO
– UN INSÓLITO BANCO ANTICAPITALISTA EN LA SELVA
LACANDONA
Gloria Muñoz Ramírez
La Realidad, Chiapas. Las aldeas zapatistas
enfrentan todos los días nuevos desafíos con el objeto de mantener la real
autonomía de sus territorios. Es una historia de éxitos y de obstáculos, de
creación, de invención y de puesta en práctica de nuevas ideas. Se trata, para
ellos, de perder el miedo a equivocarse en el camino emprendido en 1994, que
balizaron con la creación de los gobiernos autónomos en 2005 y que continúan
trazando todos los días. Y todo esto bajo la presión del hostigamiento de los
militares y de los paramilitares, del encarnizamiento policial y de los
proyectos del gobierno que pretenden dividir a las comunidades; a todo esto se
ha agregado la penuria en gran escala que sufren las más de 40 comunas autónomas
en resistencia. La autonomía se construye casi a partir de nada. Y es a partir
de esa nada que nació hace más de un año el Banco popular autónomo zapatista
(Banpaz) en la región de la selva fronteriza. (1)
Parece imposible
lograr la autosuficiencia en condiciones de extrema precariedad pero no lo es
para los zapatistas que según asegura Roel del Consejo del Buen Gobierno Hacia
la esperanza “demuestra que las cosas se pueden hacer de manera
diferente…imagine, un banco anticapitalista, sin los señores banqueros
cuyos beneficios son
para el pueblo!”
La
sede del gobierno autónomo de la selva fronteriza es el caracol (2) “Madre de
los caracoles del mar de nuestros sueños” Existen en esa región cuatro comunas
autónomas y es la primera que ha puesto en funcionamiento el banco popular, una
iniciativa que se apoya fuertemente, como todos los proyectos autónomos en las
decisiones de las asambleas comunitarias. La concepción de este banco, los
debates para definirlo, la toma de decisiones y la puesta en marcha son reflejo
de las prácticas colectivas y democráticas que predominan en las comunidades
indígenas zapatistas.
Los procesos de autonomía de las bases de
apoyo del EZLN (3) incluyen sistemas de salud, de educación, proyectos de
producción medios de comunicación y nuevas formas de comercialización de los
productos (4) todo dentro de las más precarias condiciones pero con el principal
objeto de poner en práctica uno de los principios fundamentales del zapatismo:
el de mandar obedeciendo, que se traduce en formas de gobierno en las que las
decisiones se apoyan en el consenso de las aldeas. Pero nada es ideal y sin
problemas. Los hay “y muchos… lo que sucede es que
aquí buscamos la
solución de los problemas todos juntos. Si algo no marcha, no nos detenemos,
buscamos la manera de lograrlo. Tomamos las cosas en serio y terminamos por
lograrlo. Todos podemos equivocarnos pero cuando el error es colectivo no hay
culpable”, explica Roel
responsable de la organización autónoma, que termina su mandato al frente
del Consejo de Buen Gobierno.
Y
precisamente uno de esos problemas es que aunque existe un sistema autónomo de
salud, resulta insuficiente para atender enfermedades graves y en ese caso los
pacientes deben dejar la aldea e ir a buscar atención especializada y para
eso es necesario dinero, para pagar el transporte y la atención médica. Ellos no
tienen dinero y buscan a alguien a quién pedírselo prestado.
Hace algunos años vimos perfilarse en
los valles de la selva Lacandona, el espectro de la emigración. Centenares de
indígenas, zapatistas o no dejaron la región en busca de trabajo. La disminución
de los precios de sus productos agrícolas y la necesidad de intermediarios para
su comercialización provocaron ese flujo de hombres, en su mayoría jóvenes hacia
las ciudades turísticas del sur del país (Cancún y Ciudad del Carmen) y también
hacia los EEUU. Así comenzaron a llegar las divisas a la comunidad y algunas
familias juntaron un pequeño peculio con el que comenzaron el comercio usurario
o “coyotaje” como se lo llama en la región.
La urgente necesidad de
dinero para afrontar el grave problema de la salud, por un lado, el aumento del
coyotaje por el otro dieron lugar a cada vez más el abuso de los prestamistas,
que requirieron un interés mensual de entre el 15 y el 20%. Con la soga al
cuello y sin ninguna otra posibilidad, los indígenas, cualesquiera fuere su
filiación política, recurrieron a esos préstamos. Pero los zapatistas comenzaron
a rechazar este estado de cosas y a “buscar como superar esta
situación”
“Los miembros de las comunidades se abocaron a discutir
como resolver el problema de los préstamos. Comenzaron las asambleas en el 2008
y aldea por aldea discutimos la idea de crear un pequeño banco destinado a
resolver los problemas de salud más urgentes, en los casos que por su gravedad
no pueden ser atendidos por los servicios autónomos de
salud” explica
Roel.
En caso de
urgencia, agrega “es necesario desplazar al enfermo para que pueda ser
atendido por especialistas y como no se tenía dinero había que recurrir a los
coyotes. De modo que nació la idea de crear un banco de préstamos y se abrió el
debate sobre como hacerlo. Las comunidades decidieron que hacía falta percibir
intereses, pero que debían ser pequeños. Con esos intereses se incrementarían
los fondos del banco lo que permitiría así hacer más préstamos. Finalmente se
decidió que el interés sería del 2% mensual Una vez decidida la tasa de interés
para préstamos relacionados con motivos de salud, las asambleas discutieron la posibilidad de
otorgar préstamos a proyectos colectivos, cooperativas y sociedades y para esos
préstamos decidieron un interés del 5%. Al principio se pensó también en
préstamos para proyectos individuales, pero”, explica el representante del
Consejo de Buen Gobierno “nos dimos cuenta de que esos préstamos estaban
destinados pura y simplemente a encarar negocios y los suspendimos. Solo
quedaron vigentes los préstamos para problemas de salud y en una segunda etapa
los préstamos para proyectos colectivos. Lo importante aquí es que nada se
decide individualmente y que son las aldeas las que analizan cada etapa y
deciden lo que les conviene”
En cada caso es la comunidad a que pertenece el
prestatario la que decide y los pobladores son testigos. De este modo toda la
aldea se halla informada de que uno de sus miembros ha solicitado dinero al
banco y que debe reembolsarlo. Quienes piden un préstamo fijan ellos mismo el
plazo de devolución, en función de sus posibilidades. Los plazos pueden
ser de seis meses, un año o
aún más. Las aldeas de las otras comunas autónomas también son informadas de
cada uno de los préstamos; se trata dicen las autoridades de la región
“de que estemos todos comprometidos”.
Para hacer posible la existencia del banco popular
se reunió un fondo inicial con el aporte del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), con una parte de las ganancias del transporte colectivo que
administra el Consejo y con una donación llegada del exterior para un chico
enfermó que no necesitaba todo el dinero y la familia y la asamblea decidieron
que el excedente fuera destinado al fondo colectivo. También decidieron que el
impuesto que cobran las aldeas a las empresas que construyen caminos que pasan
por sus comunidades sea también agregado a dicho fondo.
En este
proyecto, advierte Roel “no se trata de hacer negocios, se trata solamente de
hacer frente a las necesidades de las aldeas y hasta ahora todo el mundo está
satisfecho porque se ve que la idea camina y se pueden resolver los problemas
colectivamente”
Para estas aldeas rebeldes, el Banco popular autónomo
zapatista “es una parte de nuestra autonomía, en la que podemos crear
nosotros mismos nuestras propios recursos económicos, nuestos alimento, nuestros
servicios de salud, de educación, nuestros medios de comunicación y nuestros
sistemas de comercialización. Lo hacemos con menor dependencia cada día con
relación al exterior, porque al principio (hace ya seis años) comenzamos con
bastantes apoyos externos. Ahora somos cada día más independientes y por lo
tanto más autónomos”
De hecho este es uno de los primeros proyectos
de la autonomía zapatista en la que no interviene ningún factor
o ayuda de la sociedad civil
nacional o internacional. “Todo ha sido interno. Lo que sucede es que
nosotros probamos hasta que las cosas funcionan. Y si no funcionan no nos
quedamos de brazos cruzados sino que tratamos de hacerlas de otra manera”
afirma Roel con la convicción y el orgullo de alguien que ha crecido durante
25 años con la lucha zapatista.
“La colectividad” afirma “es la base, lo que nos
fortalece en nuestra condición de zapatistas” Y en este proceso, el Consejo de
Buen Gobierno de la selva fronteriza considera que la participación de las
mujeres en el logro de la autonomía constituye uno de los mayores éxitos.
Teniéndolas en cuenta dice “la vida de las aldeas ha cambiado. Lo comprendimos
poco a poco y aquí todo cambió”
Para las chicas y los muchachos que
crecieron en la autonomía “el tema de la participación de las mujeres ya no se
plantea” En otros tiempos admiten los miembros del Consejo “hubiera sido
impensable que los beneficiarios de los préstamos del Banpaz hubieran sido las
mujeres y se hubieran otorgado solo a los hombres, pero actualmente tambiñen se
otorgan a ellas y asumen la responsabilidad”
Aquí afirman “todo es
ahora diferente”
www.alterinfos.org –
Traducción Susana Merino
PERÚ. MINERÍA IMPUESTA A SANGRE Y FUEGO
Wilwer Vilca Quispe
En el Perú el gobierno de Alan García se empeña en
mantener y profundizar su política económica neoliberal e impone actividades
mineras, de hidrocarburos y forestales en los territorios de las comunidades y
pueblos indígenas, anteponiendo el interés individual de las empresas sobre el
derecho de propiedad comunal, con el argumento del crecimiento y el desarrollo
económico. Para ello no duda en expedir normas inconstitucionales ni, peor aun,
en recurrir a la fuerza militar y policial, incluyendo la muerte de autoridades
y líderes indígenas. Es la aplicación de su “filosofía” expresada en “El
síndrome del perro del hortelano”, ya convertida en programa de
gobierno.
Una radiografía de esta política la constituye el
proyecto minero Río Blanco, de las empresas Xiamen Zijin Mining (china) y
Monterrico Metals (británica), a las que el Estado dota de cuerpo policial y
militar para proteger sus operaciones. “Protección” que hasta la fecha ha
provocado la muerte de cinco indígenas, entre autoridades y líderes, además de
dejar heridos, torturados y secuestrados. Al mismo tiempo se despliega todo el
Poder Judicial para denunciar y procesar a los líderes que exigen respeto a sus
derechos territoriales y modelos de desarrollo, los cuales fueron ratificados en
una Consulta Vecinal desarrollada el 16 de septiembre de 2007, cuando más del 90
por ciento de la población de la zona rechazó la presencia minera en sus
territorios.
Es bastante conocido por la comunidad internacional
que América Latina en general basa su economía en la exportación primaria de
minerales. Por eso los gobiernos ofertan espacios territoriales de los pueblos
indígenas, para que toda empresa interesada obtenga concesiones para la
exploración y explotación. A esta actividad económica se le da máxima prioridad,
por lo que todo proyecto minero viable económicamente es declarado de “interés
nacional”, para cubrir de legalidad la violación de todos los derechos de las
comunidades y pueblos indígenas.
La estadística de concesiones
mineras en el Perú demuestra que sólo en el lapso de un año (de noviembre de
2008 a noviembre de 2009) el territorio nacional concesionado a la minería se
expandió del 13.46% al 15.38%. Es decir, 19,573.752 hectáreas poseen hoy
concesiones mineras, sin contar las concesiones de hidrocarburos que a la fecha
abarcan el 75% del territorio de la amazonía peruana. Este mapa de concesiones
viene provocando conflictos sociales en todo el país. La Defensoría del Pueblo
registró en octubre de este año 286 conflictos, de los cuales 132, es decir el
46%, corresponden a conflictos socioambientales.
Esta política de
venta indiscriminada de espacios de vida de los pueblos indígenas es acompañada
de una política de criminalización, militarización y violación a los derechos de
los pueblos indígenas. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú
Afectadas por la Minería, CONACAMI PERÚ, tiene registrados, hasta la fecha, a
242 autoridades y líderes comunales (162 varones y 80 mujeres) denunciados por
diversos delitos como: contra la seguridad pública, en su modalidad de peligro
común – arrebato de armamento; homicidio culposo; contra la vida, el cuerpo y la
salud, en su modalidad de lesiones graves; contra el patrimonio, en su modalidad
de daños contra la propiedad privada; contra la seguridad pública, en su
modalidad de atentado contra los medios de transporte, comunicación y otros.
También malversación de fondos y todo delito que se puede imputar. Todos
denunciados por agentes de empresas mineras y en algunos casos por
representantes del Estado.
En el caso específico del proyecto Río
Blanco, por las acciones de protección del medio ambiente ante la inminente
presencia de la actividad minera que provocaría la destrucción y contaminación
de un afluente importante del río Amazonas, hay 173 dirigentes y líderes
procesados, de los cuales 156 son varones y 17 son mujeres. A esta lista se
deben sumar los cinco líderes asesinados por la fuerza policial. Y los comuneros
torturados en las instalaciones de la empresa de seguridad de la mina por
paramilitares y policías (julio/agosto del 2005).
Todo esto se
inscribe dentro de una política de gobierno que trata de “solucionar” los
conflictos sociales expandiendo el sistema penal, antes de atenderlos con
políticas públicas diferenciales para pueblos indígenas y construir un país
democrático e incluyente. De esta manera se violan derechos constitucionales
como la libertad de opinión, expresión, reunión, asociación,
etc.
En este escenario, los retos para las comunidades indígenas
del Perú, en especial para las organizaciones que tienen representatividad
legítima, son muchos y muy arduos, teniendo en cuenta que estamos ad portas de
las elecciones municipales y regionales del 2010 y las presidenciales del 2011,
las cuales harán imprescindible considerar en las propuestas políticas de los
candidatos el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y
un mecanismo de control de cumplimento de estas promesas durante las gestiones.
Porque hay una larguísima experiencia de que los candidatos ofrecen todo lo que
el pueblo quiera escuchar y llegados al cargo aplican sus propias lógicas de
desarrollo. Si avanzara el brazo político que se viene gestando desde las
organizaciones campesinas e indígenas, éste debería tener un proceso diferente
al de los partidos tradicionalistas que cuestionan y lograr una estructura
colectiva para que el movimiento no recaiga en la imagen de una o dos
personas.
Otros retos están enfocados a seguir construyendo la
consciencia colectiva mediante los mecanismos de exigibilidad del ejercicio de
sus derechos: a la autodeterminación, territorio, consulta previa e informada,
ambiente sano y saludable, participación política, etc. y lo más importante:
definir e intensificar el modelo de desarrollo comunal como mecanismo de
protección de su espacio de vida. el gobierno de Alan García se empeña en
mantener y profundizar su política económica neoliberal e impone actividades
mineras, de hidrocarburos y forestales en los territorios de las comunidades y
pueblos indígenas, anteponiendo el interés individual de las empresas sobre el
derecho de propiedad comunal, con el argumento del crecimiento y el desarrollo
económico. Para ello no duda en expedir normas inconstitucionales ni, peor aun,
en recurrir a la fuerza militar y policial, incluyendo la muerte de autoridades
y líderes indígenas. Es la aplicación de su “filosofía” expresada en “El
síndrome del perro del hortelano”, ya convertida en programa de
gobierno.
Una radiografía de esta política la constituye el
proyecto minero Río Blanco, de las empresas Xiamen Zijin Mining (china) y
Monterrico Metals (británica), a las que el Estado dota de cuerpo policial y
militar para proteger sus operaciones. “Protección” que hasta la fecha ha
provocado la muerte de cinco indígenas, entre autoridades y líderes, además de
dejar heridos, torturados y secuestrados. Al mismo tiempo se despliega todo el
Poder Judicial para denunciar y procesar a los líderes que exigen respeto a sus
derechos territoriales y modelos de desarrollo, los cuales fueron ratificados en
una Consulta Vecinal desarrollada el 16 de septiembre de 2007, cuando más del 90
por ciento de la población de la zona rechazó la presencia minera en sus
territorios.
Es bastante conocido por la comunidad internacional
que América Latina en general basa su economía en la exportación primaria de
minerales. Por eso los gobiernos ofertan espacios territoriales de los pueblos
indígenas, para que toda empresa interesada obtenga concesiones para la
exploración y explotación. A esta actividad económica se le da máxima prioridad,
por lo que todo proyecto minero viable económicamente es declarado de “interés
nacional”, para cubrir de legalidad la violación de todos los derechos de las
comunidades y pueblos indígenas.
La estadística de concesiones
mineras en el Perú demuestra que sólo en el lapso de un año (de noviembre de
2008 a noviembre de 2009) el territorio nacional concesionado a la minería se
expandió del 13.46% al 15.38%. Es decir, 19,573.752 hectáreas poseen hoy
concesiones mineras, sin contar las concesiones de hidrocarburos que a la fecha
abarcan el 75% del territorio de la amazonía peruana. Este mapa de concesiones
viene provocando conflictos sociales en todo el país. La Defensoría del Pueblo
registró en octubre de este año 286 conflictos, de los cuales 132, es decir el
46%, corresponden a conflictos socioambientales.
Esta política de
venta indiscriminada de espacios de vida de los pueblos indígenas es acompañada
de una política de criminalización, militarización y violación a los derechos de
los pueblos indígenas. La Confederación Nacional de Comunidades del Perú
Afectadas por la Minería, CONACAMI PERÚ, tiene registrados, hasta la fecha, a
242 autoridades y líderes comunales (162 varones y 80 mujeres) denunciados por
diversos delitos como: contra la seguridad pública, en su modalidad de peligro
común – arrebato de armamento; homicidio culposo; contra la vida, el cuerpo y la
salud, en su modalidad de lesiones graves; contra el patrimonio, en su modalidad
de daños contra la propiedad privada; contra la seguridad pública, en su
modalidad de atentado contra los medios de transporte, comunicación y otros.
También malversación de fondos y todo delito que se puede imputar. Todos
denunciados por agentes de empresas mineras y en algunos casos por
representantes del Estado.
En el caso específico del proyecto Río
Blanco, por las acciones de protección del medio ambiente ante la inminente
presencia de la actividad minera que provocaría la destrucción y contaminación
de un afluente importante del río Amazonas, hay 173 dirigentes y líderes
procesados, de los cuales 156 son varones y 17 son mujeres. A esta lista se
deben sumar los cinco líderes asesinados por la fuerza policial. Y los comuneros
torturados en las instalaciones de la empresa de seguridad de la mina por
paramilitares y policías (julio/agosto del 2005).
Todo esto se
inscribe dentro de una política de gobierno que trata de “solucionar” los
conflictos sociales expandiendo el sistema penal, antes de atenderlos con
políticas públicas diferenciales para pueblos indígenas y construir un país
democrático e incluyente. De esta manera se violan derechos constitucionales
como la libertad de opinión, expresión, reunión, asociación,
etc.
En este escenario, los retos para las comunidades indígenas
del Perú, en especial para las organizaciones que tienen representatividad
legítima, son muchos y muy arduos, teniendo en cuenta que estamos ad portas de
las elecciones municipales y regionales del 2010 y las presidenciales del 2011,
las cuales harán imprescindible considerar en las propuestas políticas de los
candidatos el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y
un mecanismo de control de cumplimento de estas promesas durante las gestiones.
Porque hay una larguísima experiencia de que los candidatos ofrecen todo lo que
el pueblo quiera escuchar y llegados al cargo aplican sus propias lógicas de
desarrollo. Si avanzara el brazo político que se viene gestando desde las
organizaciones campesinas e indígenas, éste debería tener un proceso diferente
al de los partidos tradicionalistas que cuestionan y lograr una estructura
colectiva para que el movimiento no recaiga en la imagen de una o dos
personas.
Otros retos están enfocados a seguir construyendo la
consciencia colectiva mediante los mecanismos de exigibilidad del ejercicio de
sus derechos: a la autodeterminación, territorio, consulta previa e informada,
ambiente sano y saludable, participación política, etc. y lo más importante:
definir e intensificar el modelo de desarrollo comunal como mecanismo de
protección de su espacio de
vida.
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Susana Merino
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