![Carlos Montemayor]()
Es con
el analista político Carlos Montemayor, más que con el escritor de novelas
y poemas con quien conversamos en México. “En realidad las
personas enfermas que quieren controlar el mundo son gabinetes como los de
George Bush” nos dice en esa entrevista esclusiva concedida a
Annalisa Melandri. En su casa de Ciudad de México, durante una
conversación exquisita y agradable, rodeados de pilas de libros en
casi todos lo idiomas del mundo (Carlos Montemayor habla
perfectamente cinco idiomas además de el Grieco clásico y modermo y
el Latín) él aborda temas importantes y difíciles como el terrorismo
y la guerrilla, además de la grave situación colombiana y nos
explica porqué cree que “Colombia es un ejemplo de lo que no debe
seguir siendo América latina”.
Carlos
Montemayor (México, 1947) no solamente es autor de una cantidad infinita
de obras narrativas, poéticas y de ensayismo, traducidas en casi
todos los idiomas, ganador de premios nacionales e internacionales (Premio
internacional Juan Rulfo por Operativo en el Trópico, 1994 y
Premio Colima por Guerra en el Paraíso, 1991) e integrante de la
Academia Mexicana de la Lengua y de la Real Academia Española. Él es
además y sobretodo un profundo conocedor de la realidad social y política
de su país, amante de la historia y de la tradición oral indígena y agudo
observador de las condiciones sociales y económicas que desencadenan
los conflictos civiles y armados.
Nombrado por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como mediador
junto con: el antropólogo Gilberto López y Rivas; el abogado y
periodista Miguel Ángel Granados Chapa; el obispo Samuel Ruiz y la
senadora Rosario Ibarra de Piedra, para las negociaciones con el
Estado mexicano por la presentación con vida de dos militantes del grupo
armado, desaparecidos en Oaxaca el 25 de mayo de 2007.
Carlos
Montemayor nos explica los orígenes de los conflictos sociales en su país
y más generalmente sobre el uso instrumental que se hace del concepto de
terrorismo, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001. Algunos de los
temas tratados en esa entrevista se pueden profundizar en sus últimos
libros: La guerrilla recurrente (Debate, 2007) y Los pueblos indios de
México (Deboslillo, 2008)
AM.-Usted
ha sido invitado por el EPR (Ejército Popular Revolucionario) en la
mediación que el grupo insurgente propuso al gobierno de México el 24 de
abril de 2008 pidiendo la reaparición con vida de los dos militantes de
esa organización, desaparecidos en Oaxaca desde el mes de julio de 2007.
En calidad de mediador ¿Cómo está evaluando la postura del gobierno
ante esa negociación?CM.-Lo hemos explicado ya pormenorizadamente en los
documentos presentados el 14 de agosto. Gran parte de las acciones
emprendidas por el Gobierno Federal en la búsqueda de estos eperristas
desaparecidos, no forman parte de la información que
proporcionan a la Comisión de Mediación. Estas acciones las
hemos conocido -los mediadores- directamente por las consultas que hemos
hecho en muchos sectores de la sociedad mexicana, tanto a
nivel nacional como a nivel regional. Lo que ha quedado muy claro para
nosotros después de la entrega de los primeros documentos de
análisis procesales y políticos el 13 de junio es que los
representantes del Gobierno Federal se negaron a considerar
como planteamientos al Gobierno Federal las
preguntas y análisis que les entregamos el 13 de junio.
A partir de
esa negativa expresa, la Comisión intensificó sus consultas,
sus entrevistas con ex militantes de organizaciones como el PROCUP y
el PDLPEPR, de familiares de los desaparecidos y particularmente
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora podemos
decir que hay suficientes elementos para entender que en algunos sectores
policiales, en algunos sectores políticos, en algunos sectores militares
del Gobierno mexicano hay una confusión sobre las posibilidades reales de
la Comisión de Mediación. Estas confusiones derivan del intento de
establecer canales de comunicación con el EPR desde el año 2007.
Tanto el ejército, como el CISEN han creído establecer
contactos a través o de familiares o a través de
presiones a ex militantes o a los familiares de los mismos
desaparecidos. Esto ha hecho borrosa yo creo, la imagen del
propio Gobierno Federal en el proceso de mediación. Por lo tanto desde el
14 de agosto hemos suspendido provisionalmente las tareas de
mediación hasta tanto respondan el EPR y el Gobierno Federal si
quieren que continúe este proceso.
AM.- El
gobierno en su último boletín del 14 de agosto ha aceptado definitivamente
que se trata de un caso de desaparición forzada, en vez de secuestro
como fue planteado desde el principio. ¿Qué significa esto y cómo actuará
la Comisión de Mediación ante esa afirmación de
responsabilidad?
CM.- No tiene
ninguna trascendencia ese comunicado, porqué ya lo habíamos dicho
reiteradas veces, tanto por la CNDH, como por el abogado defensor de
los policías oaxaqueños arraigados. Por la nota aclaratoria del director
del CISEN sabíamos que uno de los expedientes o uno de los
cargos acumulados en el expediente n. 047/2008 era por desaparición
forzada de persona en perjuicio de los dos eperristas. Esto es solamente
una hipótesis procesal, no es una resolución judicial y el
comunicado de gobernación aclara perfectamente que se está manejando como
una hipótesis procesal, de ninguna manera es una verdad jurídica
porque no se trata de un dictamen de un juez. De tal manera
que ni sorprende, ni agrega nada y por supuesto es una mínima
parte comparado con los 39 puntos del informe y del anexo
técnico que forma la documentación del 14 de agosto y
hemos planteado al Gobierno Federal y al EPR. No tiene la
menor relevancia ese comunicado y estamos a la espera de que
respondan, tanto el Gobierno Federal cómo el EPR.
AM. –
Las desapariciones forzadas en México y en toda América Latina
eran una representación de la “guerra sucia”. ¿Continúa el Estado mexicano
con la práctica de desaparecer personas? ¿cómo reacciona la sociedad civil
ante eso?
CM.- Creo que
el único avance que ha habido en el Estado mexicano y en el país, contra
la desaparición forzada de personas ha provenido de la sociedad civil. El
gobierno mexicano ha firmado, ha subscrito convenios
internacionales, contra la desaparición forzada, tanto en el seno de la
OEA, como en el seno de la ONU. Sin embargo no ha habido ninguna
adaptación de la legislación nacional para modificar y
favorecer institucionalmente en la Procuración de Justicia o en los
ejercicios de los tribunales estos compromisos internacionales. De tal
manera que no ha habido ningún avance en cuanto al Gobierno
mexicano; en el Estado mexicano, no ha habido ningún
castigado, no ha habido ningún procesado, la impunidad es
permanente, desde la guerra sucia para acá. Estamos
viviendo en México en un marco de impunidad total y los únicos
cambios que se advierten son en las organizaciones civiles. La
sociedad civil es la que va adelante, el Estado mexicano el que va
rezagado.
AM.- En su
libro de reciente publicación “La guerrilla recurrente”, Usted
aborda el tema del conflicto político, social y armado en México en sus
diferentes aspectos ¿por qué “guerrilla recurrente”?
CM.- Lo que
explico en este libro, que puede comprobarse, es que cada cierto tiempo
hay un reavivamiento de los movimientos guerrilleros y que el análisis
oficial de los movimientos guerrilleros es un análisis equivocado e
incompleto. Confunden el alzamiento popular armado, lo confunden con la
totalidad de los miembros propiamente armados, sin conexión
con condiciones sociales. En la medida en que solamente la estrategia del
Estado mexicano se dirige a aniquilar físicamente estos grupos armados y a
no modificar las condiciones sociales, entonces de manera recurrente
las condiciones sociales vuelven a propiciar los alzamientos y de manera
recurrente el Gobierno mexicano responde con procesos de
aniquilación o procesos de arrasamiento de zonas rurales y momentáneamente
se sofocan los movimientos y tiempo después vuelven a aparecer. Esta
recurrencia se refiere entonces, no solamente, a los alzamientos
guerrilleros, sino a las estrategias equivocadas del Gobierno
mexicano para controlar estas insurrecciones.
AM.- ¿Qué
características tiene y de dónde surge el movimiento armado
mexicano?
CM.- Tiene
numerosas razones. En uno de mis libros que se llama “Los
pueblos indios de México”, hago una reseña de los movimientos armados
indígenas desde los años de la conquista hasta nuestros días. La invasión
territorial, el despojo de tierras, la violencia institucional, van
provocando descontentos sociales que gradualmente van acentuando sus
respuestas, van aumentando la violencia de la respuesta social y
estos procesos que se desencadenan de manera recurrente pueden
caracterizarse sobre todo como despojo de tierras. Por ejemplo, en
el Estado de Chiapas, en la segunda parte del siglo XX, hubo un
flujo migratorio muy importante a las Cañadas, a la zona selvática
de la Lacandona. En ese momento, México tenía una legislación
que permitía el asentamiento y el reconocimiento de derechos agrarios o
derechos sobre territorios no colonizados, a comunidades que
por razones de expansión demográfica o por otro motivo como el
desplazamiento de las comunidades de sus territorios originales,
podían permitir este reajuste de asentamientos humanos. Durante muchos
años, tanto por razones demográficas, como por la construcción de las
grandes hidroeléctricas en Chiapas, se originaron desplazamientos
importantes de comunidades. El presidente Díaz Ordaz, antes de que
terminara su mandato, emitió un decreto presidencial, en el año
1969, para que se legalizara y se regulara la tenencia de tierras a
más de 40 comunidades indígenas. Esta fue una buena medida, pragmática,
útil, lógica, sensata. Pero algunas de estas comunidades tenían ya
20 años asentadas o 15 o 10, y también tenían años de estar
solicitando la regulación de sus tierras, estaban ya pidiendo incluso
ampliación para las dotaciones de territorios. A pesar de eso, el decreto
presidencial no llegó a modificar la realidad regional porque las
propias fuerzas regionales impidieron que este decreto tuviera efectos.
En 1972, por si fuera poco, un nuevo mandatario emite otro
decreto presidencial, que cancela el anterior, y en este caso lo que
establece es que toda la selva Lacandona pertenece a los 66 cabezas de
familia lacandonas, que de la noche a la mañana se
convierten aparentemente en dueños de la selva y de la noche a la mañana
convierten a las comunidades que tienen hasta 20 años ya ahí
establecidas, en invasoras de territorios. Curiosamente surge con ese
decreto presidencial, una compañía forestal, la Compañía
Forestal Lacandona S.A. que con préstamos del propio Estado mexicano
contrata con los 66 “verdaderos” dueños la explotación de las
maderas preciosas de la selva y exige al ejército que expulse a los
“invasores”, es decir, las comunidades que tenían ya 20 años esperando que
se les regularizaran sus tierras. Este despojo territorial produce la
resistencia que desde el mismo 1972 se manifiesta y que irá
creciendo en los mismos sitios en 1994 hasta la fecha. Lo mismo
podemos decir del despojo territorial que provocó que surgiera el
movimiento guerrillero de Chihuahua en Madera y podemos
decir que está ocurriendo ahora con la minera canadiense Minefinders en la
propia región de Madera, pues están despojando o intentando despojar
de sus tierras a los campesinos en Chihuahua. Principalmente el
despojo de tierras ha sido un detonante de los movimientos armados en
México, pero podemos agregar también comportamientos e
injusticias notables y recurrentes contra comunidades. O es
el despojo o es la represión y la agresión de Estado; despojo de
tierras o despojo de cultivos o acaparamientos de
productos.
AM.-
Entonces en 1994 estalla el movimiento zapatista. Ahora parece haber
perdido fuerza. ¿Tiene todavía vigencia?
CM.– Sí, por
supuesto. No ha perdido fuerza, ha ganado fuerza. Lo que ha perdido
es atención de los medios. Cuando los zapatistas hablaban no los
queríamos oír, y cuando los zapatistas callan, tampoco los queremos oír,
pero nos preguntamos por qué no siguen hablando. No siguen hablando
primero porque no están locos para seguir hablando cuando nadie los oye,
segundo no siguen hablando porque están actuando. La acción de ellos es la
materialización de los Acuerdos de San Andrés. Las Juntas de Buen Gobierno
en los caracoles es la respuesta política del zapatismo a la negativa de
Estado para reformular la constitución mexicana en materia de derechos de
los pueblos indios. Acuerdos que fueron incumplidos por el Gobierno
mexicano, pero que los zapatistas ya los impusieron en La Realidad,
y eso es una realidad diaria, cotidiana y es el fortalecimiento de la
estructura política de los zapatistas. Cuando la Comisión de Mediación en
la que yo participo, estaba esperando la respuesta del Gobierno
Federal para que se iniciara la mediación y cuando no iniciaba la
Comisión todavía sus consultas, la atención mediática
era inmensa, diaria. En el momento en que la Comisión de Mediación
recabó una información suficiente como para que el Gobierno Federal
tuviera que responder a esos planteamientos específicos, en ese momento,
no solamente el Gobierno Federal se negó a responder, sino que desapareció
todo el interés mediático por la Comisión de Mediación. Hay algún aire de
familia en este silencio mediático.
AM.-
¿Tiene todavía razón de ser la lucha armada en el siglo XXI o es
anacrónica?
CM.- Si se le
pregunta a los afganos, a los palestinos, si se le pregunta a los
iraquíes, si se le pregunta a cualquier punto conflictivo de Oriente medio
o de Oriente extremo o de América, dirán que sí. Yo creo que no se trata
de calificar los movimientos armados populares como actuales o arcaicos,
sino entenderlos como lo que son, las respuestas posibles a
presiones sociales recurrentes e injustas.
AM. - En
su libro plantea que “en los planes estadounidenses de seguridad
hemisférica y mundial se esté considerando cada vez con mayor claridad
convertir a los ejércitos latinoamericanos en reservas domesticas”. ¿No
parece contradictorio con el hecho que América latina esté viviendo
una nueva identidad caracterizada por unos gobiernos de izquierda o
de centro izquierda?
CM.- No todos
los gobiernos, hay gobiernos dóciles en México, en Centroamérica, incluso
en Suramérica. No es lo mismo un Gobierno colombiano, con un Plan Colombia
o un Gobierno peruano que el Gobierno actual boliviano o el Gobierno
actual venezolano. Tenemos que matizar.
AM. - Con
referencia a lo que decíamos antes de la militarización de la región hacia
donde va México?
CM.- México
va hacia la destrucción de sus propias fuerzas militares por el excesivo
compromiso del ejército en tareas policíacas, en tareas de criminalidad
organizada. Esto inicia un proceso de debilitamiento mayúsculo. En
el momento en que el ejército mexicano esté totalmente debilitado como lo
están ahora los cuerpos policiales, entonces el asunto de la
seguridad será recibido por instancias militares hemisféricas y ya
no domesticas. Por eso esa conformación de los ejércitos latinoamericanos
en fuerzas de complemento de apoyo regional a la política hemisférica de
control, se hace cada vez más claro.
AM.-
Cuando Hugo Chávez planteó al principio de este año el reconocimiento de
las FARC como fuerzas beligerantes, Usted escribió en un editorial
que hay que poner en la mesa nacional e internacional el “sesgado y
utilitario concepto de terrorismo”. ¿Qué quiere decir con
eso?
CM.- Que el
terrorismo no es un término objetivo, sino un término subjetivo, un
término parcial. Terrorismo es un concepto que se aplica sobre todo a las
luchas de resistencia social justificadas contra invasiones de países o de
territorios o de ocupaciones militares de territorios. En este
sentido el terrorismo no responde a un análisis o una descripción de
realidad social y de realidad política. El terrorismo que maneja
Estados Unidos si se analiza a través de las producciones de Hollywood, se
convierte en el movimiento de personas enfermas que quieren controlar el
mundo, en realidad las personas enfermas que quieren controlar el mundo
son gabinetes como los de George Bush o estructuras como la Exxon Mobil, o
las de Gargil, o las del mismo Hollywood, o la de Halliburton. Este
control provoca resistencias. A los palestinos les quitaron su territorio,
los han estado masacrando, los han estado reprimiendo, lo menos que se
puede esperar de los palestinos es que se defiendan con armas, a los
iraquíes los han estado matando y ocupando territorial y militarmente, lo
menos que se puede esperar es que se defiendan. A todas estas resistencias
sociales y mundiales los llaman terroristas, ¿por qué? Porque es una forma
de descalificar los motivos sociales que tienen esos grupos para
levantarse en armas.
AM.
Finalmente las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina.
¿Cómo evalúa el conflicto colombiano?
CM. - El
conflicto colombiano es uno de los procesos más claros de cómo puede
complicarse la vida social de un país cuando se introducen en procesos de
crisis social estrategias de corrección, que a la larga van a producir un
caos mayor y una polarización social mayor. Es impresionante el apoyo que
tanto del gobierno como de las trasnacionales han recibido las fuerzas
paramilitares. Pero es también notable el apoyo y la penetración que
ha tenido el crimen organizado, el narcotráfico en la vida política,
económica y social del país. Es también notable la pérdida
territorial que el Estado colombiano tuvo durante décadas, ya sea
para apartar y concentrar la violencia de paramilitares y
guerrilleros o entre paramilitares y narcotraficantes. Pero también
es notabilísima la docilidad del gobierno colombiano a las
necesidades y ordenanzas militares de Estados Unidos. Aquí las FARC
son una parte mínima del conflicto complejísimo colombiano.
Colombia es un ejemplo de lo que no debe seguir siendo América
Latina.
México D.F.
25 de agosto 2008