![Carlos Montemayor]()
Es con el
analista político Carlos Montemayor, más que con el escritor de novelas y
poemas con quien conversamos en México. “En realidad las personas
enfermas que quieren controlar el mundo son gabinetes como los de George Bush”
nos dice en esa entrevista esclusiva concedida a Annalisa
Melandri. En su casa de Ciudad de México, durante una conversación
exquisita y agradable, rodeados de pilas de libros en casi todos lo
idiomas del mundo (Carlos Montemayor habla perfectamente cinco idiomas
además de el Grieco clásico y modermo y el Latín) él aborda temas
importantes y difíciles como el terrorismo y la guerrilla, además de la
grave situación colombiana y nos explica porqué cree que
“Colombia es un ejemplo de lo que no debe seguir siendo América
latina”.
Carlos
Montemayor (México, 1947) no solamente es autor de una cantidad infinita de
obras narrativas, poéticas y de ensayismo, traducidas en casi todos los
idiomas, ganador de premios nacionales e internacionales (Premio internacional
Juan Rulfo por Operativo en el Trópico, 1994 y Premio Colima por
Guerra en el Paraíso, 1991) e integrante de la Academia Mexicana de
la Lengua y de la Real Academia Española. Él es además y sobretodo un
profundo conocedor de la realidad social y política de su país, amante de la
historia y de la tradición oral indígena y agudo observador de las condiciones
sociales y económicas que desencadenan los conflictos civiles y armados.
Nombrado
por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como mediador junto con:
el antropólogo Gilberto López y Rivas; el abogado y periodista Miguel
Ángel Granados Chapa; el obispo Samuel Ruiz y la senadora Rosario Ibarra
de Piedra, para las negociaciones con el Estado mexicano por la presentación
con vida de dos militantes del grupo armado, desaparecidos en Oaxaca el 25 de
mayo de 2007.
Carlos
Montemayor nos explica los orígenes de los conflictos sociales en su país y
más generalmente sobre el uso instrumental que se hace del concepto de
terrorismo, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001. Algunos de los temas
tratados en esa entrevista se pueden profundizar en sus últimos libros: La
guerrilla recurrente (Debate, 2007) y Los pueblos indios de México
(Deboslillo, 2008)
AM.-Usted ha
sido invitado por el EPR (Ejército Popular Revolucionario) en la mediación que
el grupo insurgente propuso al gobierno de México el 24 de abril de 2008
pidiendo la reaparición con vida de los dos militantes de esa organización,
desaparecidos en Oaxaca desde el mes de julio de 2007. En calidad de mediador
¿Cómo está evaluando la postura del gobierno ante esa
negociación?CM.-Lo hemos explicado ya pormenorizadamente en los
documentos presentados el 14 de agosto. Gran parte de las acciones emprendidas
por el Gobierno Federal en la búsqueda de estos eperristas desaparecidos,
no forman parte de la información que proporcionan a la
Comisión de Mediación. Estas acciones las hemos conocido -los mediadores-
directamente por las consultas que hemos hecho en muchos sectores de la
sociedad mexicana, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Lo que
ha quedado muy claro para nosotros después de la entrega de los primeros
documentos de análisis procesales y políticos el 13 de junio es que los
representantes del Gobierno Federal se negaron a considerar como
planteamientos al Gobierno Federal las preguntas y análisis que
les entregamos el 13 de junio.
A partir de esa
negativa expresa, la Comisión intensificó sus consultas, sus
entrevistas con ex militantes de organizaciones como el PROCUP y el PDLPEPR,
de familiares de los desaparecidos y particularmente con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora podemos decir que hay
suficientes elementos para entender que en algunos sectores policiales, en
algunos sectores políticos, en algunos sectores militares del Gobierno
mexicano hay una confusión sobre las posibilidades reales de la Comisión de
Mediación. Estas confusiones derivan del intento de establecer canales de
comunicación con el EPR desde el año 2007. Tanto el ejército, como
el CISEN han creído establecer contactos a través o de
familiares o a través de presiones a ex militantes o a los familiares de
los mismos desaparecidos. Esto ha hecho borrosa yo creo, la imagen
del propio Gobierno Federal en el proceso de mediación. Por lo tanto desde el
14 de agosto hemos suspendido provisionalmente las tareas de mediación
hasta tanto respondan el EPR y el Gobierno Federal si quieren que
continúe este proceso.
AM.- El
gobierno en su último boletín del 14 de agosto ha aceptado definitivamente que
se trata de un caso de desaparición forzada, en vez de secuestro como
fue planteado desde el principio. ¿Qué significa esto y cómo actuará la
Comisión de Mediación ante esa afirmación de responsabilidad?
CM.- No tiene
ninguna trascendencia ese comunicado, porqué ya lo habíamos dicho
reiteradas veces, tanto por la CNDH, como por el abogado defensor de los
policías oaxaqueños arraigados. Por la nota aclaratoria del director
del CISEN sabíamos que uno de los expedientes o uno de los cargos
acumulados en el expediente n. 047/2008 era por desaparición forzada de
persona en perjuicio de los dos eperristas. Esto es solamente una hipótesis
procesal, no es una resolución judicial y el comunicado de gobernación
aclara perfectamente que se está manejando como una hipótesis procesal,
de ninguna manera es una verdad jurídica porque no se trata de un
dictamen de un juez. De tal manera que ni sorprende, ni
agrega nada y por supuesto es una mínima parte comparado con los 39 puntos del
informe y del anexo técnico que forma la documentación
del 14 de agosto y hemos planteado al Gobierno Federal y al EPR.
No tiene la menor relevancia ese comunicado y estamos a la espera de que
respondan, tanto el Gobierno Federal cómo el EPR.
AM. –
Las desapariciones forzadas en México y en toda América Latina
eran una representación de la “guerra sucia”. ¿Continúa el Estado mexicano con
la práctica de desaparecer personas? ¿cómo reacciona la sociedad civil ante
eso?
CM.- Creo que el
único avance que ha habido en el Estado mexicano y en el país, contra la
desaparición forzada de personas ha provenido de la sociedad civil. El
gobierno mexicano ha firmado, ha subscrito convenios internacionales,
contra la desaparición forzada, tanto en el seno de la OEA, como en el seno de
la ONU. Sin embargo no ha habido ninguna adaptación de la
legislación nacional para modificar y favorecer institucionalmente
en la Procuración de Justicia o en los ejercicios de los tribunales estos
compromisos internacionales. De tal manera que no ha habido ningún avance
en cuanto al Gobierno mexicano; en el Estado mexicano,
no ha habido ningún castigado, no ha habido ningún procesado, la
impunidad es permanente, desde la guerra sucia para acá.
Estamos viviendo en México en un marco de impunidad total y los
únicos cambios que se advierten son en las organizaciones civiles.
La sociedad civil es la que va adelante, el Estado mexicano el que
va rezagado.
AM.- En su
libro de reciente publicación “La guerrilla recurrente”, Usted aborda el
tema del conflicto político, social y armado en México en sus diferentes
aspectos ¿por qué “guerrilla recurrente”?
CM.- Lo que
explico en este libro, que puede comprobarse, es que cada cierto tiempo hay un
reavivamiento de los movimientos guerrilleros y que el análisis oficial de los
movimientos guerrilleros es un análisis equivocado e incompleto.
Confunden el alzamiento popular armado, lo confunden con la totalidad de
los miembros propiamente armados, sin conexión con condiciones sociales.
En la medida en que solamente la estrategia del Estado mexicano se dirige a
aniquilar físicamente estos grupos armados y a no modificar las condiciones
sociales, entonces de manera recurrente las condiciones sociales vuelven
a propiciar los alzamientos y de manera recurrente el Gobierno mexicano
responde con procesos de aniquilación o procesos de arrasamiento de zonas
rurales y momentáneamente se sofocan los movimientos y tiempo después vuelven
a aparecer. Esta recurrencia se refiere entonces, no solamente, a los
alzamientos guerrilleros, sino a las estrategias equivocadas del Gobierno
mexicano para controlar estas insurrecciones.
AM.- ¿Qué
características tiene y de dónde surge el movimiento armado
mexicano?
CM.- Tiene
numerosas razones. En uno de mis libros que se llama “Los pueblos
indios de México”, hago una reseña de los movimientos armados indígenas desde
los años de la conquista hasta nuestros días. La invasión territorial, el
despojo de tierras, la violencia institucional, van provocando descontentos
sociales que gradualmente van acentuando sus respuestas, van aumentando la
violencia de la respuesta social y estos procesos que se desencadenan de
manera recurrente pueden caracterizarse sobre todo como despojo de tierras.
Por ejemplo, en el Estado de Chiapas, en la segunda parte del siglo XX,
hubo un flujo migratorio muy importante a las Cañadas, a la zona
selvática de la Lacandona. En ese momento, México tenía una
legislación que permitía el asentamiento y el reconocimiento de derechos
agrarios o derechos sobre territorios no colonizados, a
comunidades que por razones de expansión demográfica o por otro motivo como el
desplazamiento de las comunidades de sus territorios originales, podían
permitir este reajuste de asentamientos humanos. Durante muchos años, tanto
por razones demográficas, como por la construcción de las grandes
hidroeléctricas en Chiapas, se originaron desplazamientos importantes de
comunidades. El presidente Díaz Ordaz, antes de que terminara su
mandato, emitió un decreto presidencial, en el año 1969, para que se
legalizara y se regulara la tenencia de tierras a más de 40 comunidades
indígenas. Esta fue una buena medida, pragmática, útil, lógica, sensata. Pero
algunas de estas comunidades tenían ya 20 años asentadas o 15 o 10, y
también tenían años de estar solicitando la regulación de sus tierras,
estaban ya pidiendo incluso ampliación para las dotaciones de territorios. A
pesar de eso, el decreto presidencial no llegó a modificar la realidad
regional porque las propias fuerzas regionales impidieron que este
decreto tuviera efectos. En 1972, por si fuera poco, un nuevo
mandatario emite otro decreto presidencial, que cancela el anterior, y en este
caso lo que establece es que toda la selva Lacandona pertenece a los 66
cabezas de familia lacandonas, que de la noche a la mañana
se convierten aparentemente en dueños de la selva y de la noche a la
mañana convierten a las comunidades que tienen hasta 20 años ya
ahí establecidas, en invasoras de territorios. Curiosamente surge con
ese decreto presidencial, una compañía forestal, la Compañía
Forestal Lacandona S.A. que con préstamos del propio Estado mexicano contrata
con los 66 “verdaderos” dueños la explotación de las maderas preciosas
de la selva y exige al ejército que expulse a los “invasores”, es decir, las
comunidades que tenían ya 20 años esperando que se les regularizaran sus
tierras. Este despojo territorial produce la resistencia que desde el mismo
1972 se manifiesta y que irá creciendo en los mismos sitios en 1994
hasta la fecha. Lo mismo podemos decir del despojo territorial que
provocó que surgiera el movimiento guerrillero de Chihuahua en
Madera y podemos decir que está ocurriendo ahora con la minera canadiense
Minefinders en la propia región de Madera, pues están despojando o
intentando despojar de sus tierras a los campesinos en Chihuahua.
Principalmente el despojo de tierras ha sido un detonante de los movimientos
armados en México, pero podemos agregar también comportamientos e
injusticias notables y recurrentes contra comunidades. O es
el despojo o es la represión y la agresión de Estado; despojo de tierras
o despojo de cultivos o acaparamientos de productos.
AM.- Entonces
en 1994 estalla el movimiento zapatista. Ahora parece haber perdido fuerza.
¿Tiene todavía vigencia?
CM.– Sí, por
supuesto. No ha perdido fuerza, ha ganado fuerza. Lo que ha perdido es
atención de los medios. Cuando los zapatistas hablaban no los queríamos
oír, y cuando los zapatistas callan, tampoco los queremos oír, pero nos
preguntamos por qué no siguen hablando. No siguen hablando primero porque no
están locos para seguir hablando cuando nadie los oye, segundo no siguen
hablando porque están actuando. La acción de ellos es la materialización de
los Acuerdos de San Andrés. Las Juntas de Buen Gobierno en los caracoles es la
respuesta política del zapatismo a la negativa de Estado para reformular la
constitución mexicana en materia de derechos de los pueblos indios. Acuerdos
que fueron incumplidos por el Gobierno mexicano, pero que los zapatistas
ya los impusieron en La Realidad, y eso es una realidad diaria, cotidiana y es
el fortalecimiento de la estructura política de los zapatistas. Cuando la
Comisión de Mediación en la que yo participo, estaba esperando la
respuesta del Gobierno Federal para que se iniciara la mediación y cuando no
iniciaba la Comisión todavía sus consultas, la atención
mediática era inmensa, diaria. En el momento en que la Comisión de
Mediación recabó una información suficiente como para que el Gobierno Federal
tuviera que responder a esos planteamientos específicos, en ese momento, no
solamente el Gobierno Federal se negó a responder, sino que desapareció todo
el interés mediático por la Comisión de Mediación. Hay algún aire de familia
en este silencio mediático.
AM.- ¿Tiene
todavía razón de ser la lucha armada en el siglo XXI o es
anacrónica?
CM.- Si se le
pregunta a los afganos, a los palestinos, si se le pregunta a los iraquíes, si
se le pregunta a cualquier punto conflictivo de Oriente medio o de Oriente
extremo o de América, dirán que sí. Yo creo que no se trata de calificar los
movimientos armados populares como actuales o arcaicos, sino entenderlos como
lo que son, las respuestas posibles a presiones sociales recurrentes e
injustas.
AM. - En su
libro plantea que “en los planes estadounidenses de seguridad hemisférica y
mundial se esté considerando cada vez con mayor claridad convertir a los
ejércitos latinoamericanos en reservas domesticas”. ¿No parece contradictorio
con el hecho que América latina esté viviendo una nueva identidad
caracterizada por unos gobiernos de izquierda o de centro
izquierda?
CM.- No todos los
gobiernos, hay gobiernos dóciles en México, en Centroamérica, incluso en
Suramérica. No es lo mismo un Gobierno colombiano, con un Plan Colombia o un
Gobierno peruano que el Gobierno actual boliviano o el Gobierno actual
venezolano. Tenemos que matizar.
AM. - Con
referencia a lo que decíamos antes de la militarización de la región hacia
donde va México?
CM.- México va
hacia la destrucción de sus propias fuerzas militares por el excesivo
compromiso del ejército en tareas policíacas, en tareas de criminalidad
organizada. Esto inicia un proceso de debilitamiento mayúsculo. En el
momento en que el ejército mexicano esté totalmente debilitado como lo están
ahora los cuerpos policiales, entonces el asunto de la seguridad
será recibido por instancias militares hemisféricas y ya no domesticas.
Por eso esa conformación de los ejércitos latinoamericanos en fuerzas de
complemento de apoyo regional a la política hemisférica de control, se
hace cada vez más claro.
AM.- Cuando
Hugo Chávez planteó al principio de este año el reconocimiento de las FARC
como fuerzas beligerantes, Usted escribió en un editorial que hay que
poner en la mesa nacional e internacional el “sesgado y utilitario concepto de
terrorismo”. ¿Qué quiere decir con eso?
CM.- Que el
terrorismo no es un término objetivo, sino un término subjetivo, un
término parcial. Terrorismo es un concepto que se aplica sobre todo a las
luchas de resistencia social justificadas contra invasiones de países o de
territorios o de ocupaciones militares de territorios. En este sentido
el terrorismo no responde a un análisis o una descripción de realidad
social y de realidad política. El terrorismo que maneja Estados Unidos
si se analiza a través de las producciones de Hollywood, se convierte en el
movimiento de personas enfermas que quieren controlar el mundo, en realidad
las personas enfermas que quieren controlar el mundo son gabinetes como los de
George Bush o estructuras como la Exxon Mobil, o las de Gargil, o las del
mismo Hollywood, o la de Halliburton. Este control provoca resistencias. A los
palestinos les quitaron su territorio, los han estado masacrando, los han
estado reprimiendo, lo menos que se puede esperar de los palestinos es que se
defiendan con armas, a los iraquíes los han estado matando y ocupando
territorial y militarmente, lo menos que se puede esperar es que se defiendan.
A todas estas resistencias sociales y mundiales los llaman terroristas, ¿por
qué? Porque es una forma de descalificar los motivos sociales que tienen
esos grupos para levantarse en armas.
AM. Finalmente
las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina. ¿Cómo
evalúa el conflicto colombiano?
CM. - El
conflicto colombiano es uno de los procesos más claros de cómo puede
complicarse la vida social de un país cuando se introducen en procesos de
crisis social estrategias de corrección, que a la larga van a producir un caos
mayor y una polarización social mayor. Es impresionante el apoyo que tanto del
gobierno como de las trasnacionales han recibido las fuerzas paramilitares.
Pero es también notable el apoyo y la penetración que ha tenido el
crimen organizado, el narcotráfico en la vida política, económica y
social del país. Es también notable la pérdida territorial que el Estado
colombiano tuvo durante décadas, ya sea para apartar y concentrar
la violencia de paramilitares y guerrilleros o entre paramilitares
y narcotraficantes. Pero también es notabilísima la docilidad del
gobierno colombiano a las necesidades y ordenanzas militares de Estados
Unidos. Aquí las FARC son una parte mínima del conflicto
complejísimo colombiano. Colombia es un ejemplo de lo que no debe
seguir siendo América Latina.
México D.F. 25 de
agosto 2008