![Carlos Montemayor]()
Es con el
analista político Carlos Montemayor, más que con el escritor de novelas y
poemas con quien conversamos en México. “En realidad las
personas enfermas que quieren controlar el mundo son gabinetes como los de
George Bush” nos dice en esa entrevista esclusiva concedida a
Annalisa Melandri. En su casa de Ciudad de México, durante una
conversación exquisita y agradable, rodeados de pilas de libros en
casi todos lo idiomas del mundo (Carlos Montemayor habla perfectamente
cinco idiomas además de el Grieco clásico y modermo y el Latín) él
aborda temas importantes y difíciles como el terrorismo y la
guerrilla, además de la grave situación colombiana y nos explica
porqué cree que “Colombia es un ejemplo de lo que no debe seguir
siendo América latina”.
Carlos
Montemayor (México, 1947) no solamente es autor de una cantidad infinita de
obras narrativas, poéticas y de ensayismo, traducidas en casi todos los
idiomas, ganador de premios nacionales e internacionales (Premio
internacional Juan Rulfo por Operativo en el Trópico, 1994 y Premio
Colima por Guerra en el Paraíso, 1991) e integrante de la Academia
Mexicana de la Lengua y de la Real Academia Española. Él es además y
sobretodo un profundo conocedor de la realidad social y política de su país,
amante de la historia y de la tradición oral indígena y agudo observador de
las condiciones sociales y económicas que desencadenan los conflictos
civiles y armados.
Nombrado
por el Ejército Popular Revolucionario (EPR) como mediador junto con:
el antropólogo Gilberto López y Rivas; el abogado y periodista Miguel
Ángel Granados Chapa; el obispo Samuel Ruiz y la senadora Rosario
Ibarra de Piedra, para las negociaciones con el Estado mexicano por la
presentación con vida de dos militantes del grupo armado, desaparecidos en
Oaxaca el 25 de mayo de 2007.
Carlos
Montemayor nos explica los orígenes de los conflictos sociales en su país y
más generalmente sobre el uso instrumental que se hace del concepto de
terrorismo, sobre todo desde el 11 de septiembre de 2001. Algunos de los
temas tratados en esa entrevista se pueden profundizar en sus últimos
libros: La guerrilla recurrente (Debate, 2007) y Los pueblos indios de
México (Deboslillo, 2008)
AM.-Usted ha
sido invitado por el EPR (Ejército Popular Revolucionario) en la mediación
que el grupo insurgente propuso al gobierno de México el 24 de abril de 2008
pidiendo la reaparición con vida de los dos militantes de esa organización,
desaparecidos en Oaxaca desde el mes de julio de 2007. En calidad de
mediador ¿Cómo está evaluando la postura del gobierno ante esa
negociación?CM.-Lo hemos explicado ya pormenorizadamente en los
documentos presentados el 14 de agosto. Gran parte de las acciones
emprendidas por el Gobierno Federal en la búsqueda de estos eperristas
desaparecidos, no forman parte de la información que
proporcionan a la Comisión de Mediación. Estas acciones las
hemos conocido -los mediadores- directamente por las consultas que hemos
hecho en muchos sectores de la sociedad mexicana, tanto a nivel
nacional como a nivel regional. Lo que ha quedado muy claro para
nosotros después de la entrega de los primeros documentos de análisis
procesales y políticos el 13 de junio es que los representantes del
Gobierno Federal se negaron a considerar como planteamientos
al Gobierno Federal las preguntas y análisis que les entregamos
el 13 de junio.
A partir de esa
negativa expresa, la Comisión intensificó sus consultas,
sus entrevistas con ex militantes de organizaciones como el PROCUP y
el PDLPEPR, de familiares de los desaparecidos y particularmente
con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ahora podemos
decir que hay suficientes elementos para entender que en algunos sectores
policiales, en algunos sectores políticos, en algunos sectores militares del
Gobierno mexicano hay una confusión sobre las posibilidades reales de la
Comisión de Mediación. Estas confusiones derivan del intento de
establecer canales de comunicación con el EPR desde el año 2007.
Tanto el ejército, como el CISEN han creído establecer
contactos a través o de familiares o a través de
presiones a ex militantes o a los familiares de los mismos
desaparecidos. Esto ha hecho borrosa yo creo, la imagen del propio
Gobierno Federal en el proceso de mediación. Por lo tanto desde el 14 de
agosto hemos suspendido provisionalmente las tareas de mediación hasta
tanto respondan el EPR y el Gobierno Federal si quieren que continúe
este proceso.
AM.- El
gobierno en su último boletín del 14 de agosto ha aceptado definitivamente
que se trata de un caso de desaparición forzada, en vez de secuestro
como fue planteado desde el principio. ¿Qué significa esto y cómo actuará la
Comisión de Mediación ante esa afirmación de
responsabilidad?
CM.- No tiene
ninguna trascendencia ese comunicado, porqué ya lo habíamos dicho
reiteradas veces, tanto por la CNDH, como por el abogado defensor de
los policías oaxaqueños arraigados. Por la nota aclaratoria del director
del CISEN sabíamos que uno de los expedientes o uno de los cargos
acumulados en el expediente n. 047/2008 era por desaparición forzada de
persona en perjuicio de los dos eperristas. Esto es solamente una hipótesis
procesal, no es una resolución judicial y el comunicado de gobernación
aclara perfectamente que se está manejando como una hipótesis procesal,
de ninguna manera es una verdad jurídica porque no se trata de
un dictamen de un juez. De tal manera que ni sorprende, ni
agrega nada y por supuesto es una mínima parte comparado con los 39 puntos
del informe y del anexo técnico que forma la
documentación del 14 de agosto y hemos planteado al Gobierno
Federal y al EPR. No tiene la menor relevancia ese comunicado y
estamos a la espera de que respondan, tanto el Gobierno Federal cómo el
EPR.
AM. –
Las desapariciones forzadas en México y en toda América Latina
eran una representación de la “guerra sucia”. ¿Continúa el Estado mexicano
con la práctica de desaparecer personas? ¿cómo reacciona la sociedad civil
ante eso?
CM.- Creo que
el único avance que ha habido en el Estado mexicano y en el país, contra la
desaparición forzada de personas ha provenido de la sociedad civil. El
gobierno mexicano ha firmado, ha subscrito convenios internacionales,
contra la desaparición forzada, tanto en el seno de la OEA, como en el seno
de la ONU. Sin embargo no ha habido ninguna adaptación de la
legislación nacional para modificar y favorecer
institucionalmente en la Procuración de Justicia o en los ejercicios de los
tribunales estos compromisos internacionales. De tal manera que no ha habido
ningún avance en cuanto al Gobierno mexicano; en el Estado
mexicano, no ha habido ningún castigado, no ha habido ningún
procesado, la impunidad es permanente, desde la guerra
sucia para acá. Estamos viviendo en México en un marco de
impunidad total y los únicos cambios que se advierten son en las
organizaciones civiles. La sociedad civil es la que va adelante,
el Estado mexicano el que va rezagado.
AM.- En su
libro de reciente publicación “La guerrilla recurrente”, Usted aborda
el tema del conflicto político, social y armado en México en sus diferentes
aspectos ¿por qué “guerrilla recurrente”?
CM.- Lo que
explico en este libro, que puede comprobarse, es que cada cierto tiempo hay
un reavivamiento de los movimientos guerrilleros y que el análisis oficial
de los movimientos guerrilleros es un análisis equivocado e
incompleto. Confunden el alzamiento popular armado, lo confunden con la
totalidad de los miembros propiamente armados, sin conexión con
condiciones sociales. En la medida en que solamente la estrategia del Estado
mexicano se dirige a aniquilar físicamente estos grupos armados y a no
modificar las condiciones sociales, entonces de manera recurrente las
condiciones sociales vuelven a propiciar los alzamientos y de manera
recurrente el Gobierno mexicano responde con procesos de aniquilación
o procesos de arrasamiento de zonas rurales y momentáneamente se sofocan los
movimientos y tiempo después vuelven a aparecer. Esta recurrencia se refiere
entonces, no solamente, a los alzamientos guerrilleros, sino a las
estrategias equivocadas del Gobierno mexicano para controlar estas
insurrecciones.
AM.- ¿Qué
características tiene y de dónde surge el movimiento armado
mexicano?
CM.- Tiene
numerosas razones. En uno de mis libros que se llama “Los
pueblos indios de México”, hago una reseña de los movimientos armados
indígenas desde los años de la conquista hasta nuestros días. La invasión
territorial, el despojo de tierras, la violencia institucional, van
provocando descontentos sociales que gradualmente van acentuando sus
respuestas, van aumentando la violencia de la respuesta social y estos
procesos que se desencadenan de manera recurrente pueden caracterizarse
sobre todo como despojo de tierras. Por ejemplo, en el Estado de
Chiapas, en la segunda parte del siglo XX, hubo un flujo migratorio
muy importante a las Cañadas, a la zona selvática de la Lacandona. En
ese momento, México tenía una legislación que permitía el
asentamiento y el reconocimiento de derechos agrarios o derechos sobre
territorios no colonizados, a comunidades que por razones de
expansión demográfica o por otro motivo como el desplazamiento de las
comunidades de sus territorios originales, podían permitir este reajuste de
asentamientos humanos. Durante muchos años, tanto por razones demográficas,
como por la construcción de las grandes hidroeléctricas en Chiapas, se
originaron desplazamientos importantes de comunidades. El presidente Díaz
Ordaz, antes de que terminara su mandato, emitió un decreto
presidencial, en el año 1969, para que se legalizara y se regulara la
tenencia de tierras a más de 40 comunidades indígenas. Esta fue una buena
medida, pragmática, útil, lógica, sensata. Pero algunas de estas
comunidades tenían ya 20 años asentadas o 15 o 10, y también tenían
años de estar solicitando la regulación de sus tierras, estaban ya
pidiendo incluso ampliación para las dotaciones de territorios. A pesar de
eso, el decreto presidencial no llegó a modificar la realidad regional
porque las propias fuerzas regionales impidieron que este decreto
tuviera efectos. En 1972, por si fuera poco, un nuevo mandatario
emite otro decreto presidencial, que cancela el anterior, y en este caso lo
que establece es que toda la selva Lacandona pertenece a los 66 cabezas de
familia lacandonas, que de la noche a la mañana se
convierten aparentemente en dueños de la selva y de la noche a la mañana
convierten a las comunidades que tienen hasta 20 años ya ahí
establecidas, en invasoras de territorios. Curiosamente surge con ese
decreto presidencial, una compañía forestal, la Compañía
Forestal Lacandona S.A. que con préstamos del propio Estado mexicano
contrata con los 66 “verdaderos” dueños la explotación de las maderas
preciosas de la selva y exige al ejército que expulse a los “invasores”, es
decir, las comunidades que tenían ya 20 años esperando que se les
regularizaran sus tierras. Este despojo territorial produce la resistencia
que desde el mismo 1972 se manifiesta y que irá creciendo en los
mismos sitios en 1994 hasta la fecha. Lo mismo podemos decir del
despojo territorial que provocó que surgiera el movimiento guerrillero
de Chihuahua en Madera y podemos decir que está ocurriendo ahora
con la minera canadiense Minefinders en la propia región de Madera,
pues están despojando o intentando despojar de sus tierras a los campesinos
en Chihuahua. Principalmente el despojo de tierras ha sido un
detonante de los movimientos armados en México, pero podemos
agregar también comportamientos e injusticias notables y recurrentes
contra comunidades. O es el despojo o es la represión y la
agresión de Estado; despojo de tierras o despojo de cultivos o
acaparamientos de productos.
AM.-
Entonces en 1994 estalla el movimiento zapatista. Ahora parece haber perdido
fuerza. ¿Tiene todavía vigencia?
CM.– Sí, por
supuesto. No ha perdido fuerza, ha ganado fuerza. Lo que ha perdido es
atención de los medios. Cuando los zapatistas hablaban no los
queríamos oír, y cuando los zapatistas callan, tampoco los queremos oír,
pero nos preguntamos por qué no siguen hablando. No siguen hablando
primero porque no están locos para seguir hablando cuando nadie los oye,
segundo no siguen hablando porque están actuando. La acción de ellos es la
materialización de los Acuerdos de San Andrés. Las Juntas de Buen Gobierno
en los caracoles es la respuesta política del zapatismo a la negativa de
Estado para reformular la constitución mexicana en materia de derechos de
los pueblos indios. Acuerdos que fueron incumplidos por el Gobierno
mexicano, pero que los zapatistas ya los impusieron en La Realidad, y
eso es una realidad diaria, cotidiana y es el fortalecimiento de la
estructura política de los zapatistas. Cuando la Comisión de Mediación en la
que yo participo, estaba esperando la respuesta del Gobierno Federal
para que se iniciara la mediación y cuando no iniciaba la Comisión
todavía sus consultas, la atención mediática era inmensa,
diaria. En el momento en que la Comisión de Mediación recabó una
información suficiente como para que el Gobierno Federal tuviera que
responder a esos planteamientos específicos, en ese momento, no solamente el
Gobierno Federal se negó a responder, sino que desapareció todo el interés
mediático por la Comisión de Mediación. Hay algún aire de familia en este
silencio mediático.
AM.- ¿Tiene
todavía razón de ser la lucha armada en el siglo XXI o es
anacrónica?
CM.- Si se le
pregunta a los afganos, a los palestinos, si se le pregunta a los iraquíes,
si se le pregunta a cualquier punto conflictivo de Oriente medio o de
Oriente extremo o de América, dirán que sí. Yo creo que no se trata de
calificar los movimientos armados populares como actuales o arcaicos, sino
entenderlos como lo que son, las respuestas posibles a presiones
sociales recurrentes e injustas.
AM. - En su
libro plantea que “en los planes estadounidenses de seguridad hemisférica y
mundial se esté considerando cada vez con mayor claridad convertir a los
ejércitos latinoamericanos en reservas domesticas”. ¿No parece
contradictorio con el hecho que América latina esté viviendo una nueva
identidad caracterizada por unos gobiernos de izquierda o de centro
izquierda?
CM.- No todos
los gobiernos, hay gobiernos dóciles en México, en Centroamérica, incluso en
Suramérica. No es lo mismo un Gobierno colombiano, con un Plan Colombia o un
Gobierno peruano que el Gobierno actual boliviano o el Gobierno actual
venezolano. Tenemos que matizar.
AM. - Con
referencia a lo que decíamos antes de la militarización de la región hacia
donde va México?
CM.- México va
hacia la destrucción de sus propias fuerzas militares por el excesivo
compromiso del ejército en tareas policíacas, en tareas de criminalidad
organizada. Esto inicia un proceso de debilitamiento mayúsculo. En el
momento en que el ejército mexicano esté totalmente debilitado como lo están
ahora los cuerpos policiales, entonces el asunto de la seguridad
será recibido por instancias militares hemisféricas y ya no
domesticas. Por eso esa conformación de los ejércitos latinoamericanos en
fuerzas de complemento de apoyo regional a la política hemisférica de
control, se hace cada vez más claro.
AM.- Cuando
Hugo Chávez planteó al principio de este año el reconocimiento de las FARC
como fuerzas beligerantes, Usted escribió en un editorial que hay que
poner en la mesa nacional e internacional el “sesgado y utilitario concepto
de terrorismo”. ¿Qué quiere decir con eso?
CM.- Que el
terrorismo no es un término objetivo, sino un término subjetivo, un
término parcial. Terrorismo es un concepto que se aplica sobre todo a las
luchas de resistencia social justificadas contra invasiones de países o de
territorios o de ocupaciones militares de territorios. En este sentido
el terrorismo no responde a un análisis o una descripción de realidad
social y de realidad política. El terrorismo que maneja Estados Unidos
si se analiza a través de las producciones de Hollywood, se convierte en el
movimiento de personas enfermas que quieren controlar el mundo, en realidad
las personas enfermas que quieren controlar el mundo son gabinetes como los
de George Bush o estructuras como la Exxon Mobil, o las de Gargil, o las del
mismo Hollywood, o la de Halliburton. Este control provoca resistencias. A
los palestinos les quitaron su territorio, los han estado masacrando, los
han estado reprimiendo, lo menos que se puede esperar de los palestinos es
que se defiendan con armas, a los iraquíes los han estado matando y ocupando
territorial y militarmente, lo menos que se puede esperar es que se
defiendan. A todas estas resistencias sociales y mundiales los llaman
terroristas, ¿por qué? Porque es una forma de descalificar los motivos
sociales que tienen esos grupos para levantarse en armas.
AM.
Finalmente las FARC, la guerrilla más antigua de América Latina. ¿Cómo
evalúa el conflicto colombiano?
CM. - El
conflicto colombiano es uno de los procesos más claros de cómo puede
complicarse la vida social de un país cuando se introducen en procesos de
crisis social estrategias de corrección, que a la larga van a producir un
caos mayor y una polarización social mayor. Es impresionante el apoyo que
tanto del gobierno como de las trasnacionales han recibido las fuerzas
paramilitares. Pero es también notable el apoyo y la penetración que
ha tenido el crimen organizado, el narcotráfico en la vida política,
económica y social del país. Es también notable la pérdida territorial
que el Estado colombiano tuvo durante décadas, ya sea para apartar y
concentrar la violencia de paramilitares y guerrilleros o entre
paramilitares y narcotraficantes. Pero también es notabilísima la
docilidad del gobierno colombiano a las necesidades y ordenanzas militares
de Estados Unidos. Aquí las FARC son una parte mínima del
conflicto complejísimo colombiano. Colombia es un ejemplo de lo
que no debe seguir siendo América Latina.
México D.F. 25
de agosto 2008