Uruguay / A las puertas de un hecho historico. Militares a la carcel

["nello peacelink" <n.margiotta at peacelink.it>]

 

Semanario Brecha, Uruguay
18-08-2006
http://www.brecha.com.uy

A las puertas de un hecho histórico

Militares a la cárcel

La justicia está a punto de procesar a los primeros militares por violaciones a los Derechos Humanos cometidas en el período represivo.

Walter Pernas

El Ministerio Público solicitará, en principio, el encarcelamiento de los Coroneles retirados José Gavazzo, Jorge Silveira, Gilberto Vázquez, Ernesto Rama, del ex militar José Arab, y del ex policía Ricardo Medina por el delito de privación de libertad especialmente agravada, cuya pena es de seis a doce años de penitenciaría. Todos ellos están detenidos en Cárcel Central por el proceso de extradición iniciado por la justicia argentina en las causas Plan Cóndor y Orletti. Pero, además, la Fiscalía analiza pedir el procesamiento del Coronel retirado Juan Antonio Rodríguez Buratti y la captura internacional y extradición del Coronel retirado Manuel Cordero, prófugo en Brasil.

Según supo BRECHA, en función de los avances del proceso en las últimas semanas, el Juez Luis Charles accederá a la solicitud que presentará la Fiscal Mirtha Guianze y buscará profundizar aun más la investigación luego del fallo de primera instancia.

Los militares indagados aparecen comprometidos en los casos de desaparición de los dirigentes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Adalberto Soba, Alberto Mechoso, Gerardo Gatti y León Duarte, detenidos en 1976 en Buenos Aires y trasladados al centro clandestino Automotores Orletti, donde padecieron torturas y desaparecieron. La investigación también apunta a desentrañar su responsabilidad en la desaparición en 1974 del militante tupamaro Washington Barrios.

Confesión. Tras sus evasivas y falsedades del primer interrogatorio, Gavazzo admitió ante el Juez haber participado de las operaciones en Orletti. Negó haber torturado y ser responsable de las desapariciones, pero relató cómo trasladó a la familia de Mechoso a Montevideo, en un avión de PLUNA en el que también transportó al menos 1,2 millones de dólares que – dijo – entregó al entonces director del Servicio de Información de Defensa (SID) Amauri Prantl, ya fallecido.

Beatriz Castellonese, esposa de Mechoso, dijo que el 26 de setiembre de 1976, tras la detención de su esposo, un grupo de militares irrumpieron en su casa, hicieron un boquete en la pared y se llevaron los dólares del PVP en una valija. Toda la familia fue detenida y conducida a Orletti. Allí, esposa e hijos se despidieron de Mechoso, visiblemente torturado. La mujer y los niños fueron trasladados al aeropuerto, y luego a Montevideo.

Soba también fue detenido el 26 de setiembre, trasladado a Orletti, torturado y desaparecido. Su esposa, María Elena Laguna, declaró que los militares que ingresaron a su casa, en la localidad de Haedo, la “dieron vuelta, tirando y rompiendo todo, hasta que encontraron una caja de madera con dólares, que no pertenecían a mi familia sino al PVP”.

Gavazzo también admitió que en el avión de PLUNA viajaba la familia de Soba, acompañada por un militar al que no identificó.

Castellonese sostuvo: “Nos trajeron Gavazzo y el turco Arab, y nos dijeron que debíamos comportarnos como si fuésemos dos familias.

El maletín donde traían los dólares no cerraba bien, porque estaba que reventaba. A Gavazzo no le daban las manos para sacar billetes y ponérselos en los bolsillos”.

El PVP había obtenido 10 millones de dólares por el secuestro extorsivo del empresario argentino Federico Hart. Según dijo al Juez el ex dirigente de ese partido Ruben Prieto, los militares se llevaron unos ocho millones de dólares. Gavazzo declaró que Mechoso había propuesto entregar el dinero a cambio de la salvación de su familia, y que así se obtuvieron cinco millones de dólares. Señaló que los argentinos le dieron 1,2 millones para entregar al Ejército uruguayo.

Entre junio y julio de 1976, en Orletti, los represores uruguayos y argentinos – éstos al mando del paramilitar Aníbal Gordon – procuraron obtener dinero del PVP a cambio de la supuesta liberación de Gerardo Gatti y luego de León Duarte. Para la negociación se usó de intermediario a Washington “Perro” Pérez, ex sindicalista de FUNSA y amigo de ambos secuestrados. Pérez debió escapar hacia el exterior alertado por Duarte: “Andate, Perro, que estos son unos asesinos”. Ese susurro al oído, en medio de un abrazo de despedida, tuvo lugar luego de que los militares le dijeran a Pérez que no preguntara más por Gatti, porque “ese asunto ya se liquidó”.

El Coronel Vázquez también admitió su participación en Orletti, y dijo haber sido amigo de Gordon. Sentado frente al Juez y con gesto risueño declaró que los detenidos “estaban bastante maltrechos”. La Fiscal Guianze se enojó y le dijo que guardara respeto por las personas. Luego el militar sostuvo: “De Orletti nadie salía con vida”. Vázquez se autodenominó pieza clave en el Plan Cóndor.

Silveira, por su lado, negó toda participación en Orletti, pero varios testigos lo reconocen como uno de los represores uruguayos en Buenos Aires. Lo mismo sucede con los casos de Rama, el policía Medina y Rodríguez Buratti, quien declarará la semana próxima.

El Juez Charles y la Fiscal Guianze entienden que la investigación necesariamente ha derivado en la búsqueda de la verdad respecto de todas las detenciones de militantes del PVP en Orletti y por consiguiente en la indagatoria del denominado “segundo vuelo”, en el que fueron trasladados hacia Montevideo unos 20 militantes el 5 de octubre de 1976. Los trasladados desaparecieron. La denuncia por ahora se encuentra a cargo de la Jueza Gabriela Merialdo, pero Charles analiza solicitar competencia en el caso.

Entre tanto, la semana pasada el Juez argentino Daniel Rafecas solicitó formalmente que se mantuviese en prisión a Gavazzo, Vázquez, Rama, Silveira, Arab y Medina, y que se capture a Cordero, Luis Maurente, Ramón Díaz y Ernesto Socca (integrantes del SID en 1976), a fin de someterlos a proceso de extradición por los delitos de privación ilegal de la libertad, asociación para delinquir y tormentos en 32 casos de la causa Orletti. La Jueza de turno Aída Vera Barreto respondió que no correspondía la captura sin que desde Argentina se enviara el relato de los hechos específicos por los cuales se pedirá la extradición.

Los procesamientos y condenas en Uruguay no impedirán que los requeridos – tras cumplir la pena – sean extraditados a Argentina, en tanto en ese país se investigan otros casos de personas desaparecidas. No habría entonces doble enjuiciamiento.