"Quiero decir aquí, responsablemente, que el
DAS está implicado en la muerte de Danilo Anderson", dijo el miércoles
de la semana pasada el fiscal de Venezuela, Isaías Rodríguez, ante la
Comisión de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea
Nacional, en Caracas.
Para acallar los
murmullos, Rodríguez aclaró una de las ! dudas que flotaban en el
ambiente sobre la posibilidad de que detrás de la muerte del fiscal
Anderson, que investigaba el golpe de Estado de abril de 2002 contra el
presidente Hugo Chávez, estuviera la agencia de seguridad colombiana.
"No estoy acusando a un gobierno –dijo–. Este es un caso aislado que
compromete a funcionarios del DAS, algunos de ellos ya fuera de sus
cargos, que facilitaron la infiltración de los paramilitares en una
esfera muy importante. Vamos a hacer esfuerzos para traerlos a
declarar".
La intervención de
Rodríguez fue motivada por un debate impulsado por los medios que acusan
a la Justicia de dar palos de ciego en su afán de demostrar que Giovanny
Vásquez de Armas, un ex paramilitar colombiano, es un testigo creíble, y
que consideran que el Gobierno está ejerciendo la censura por medio de
la llamada "ley mordaza" que prohibe a la prensa informar sobre procesos
judiciales declarados secretos. El ! caso Anderson es el primero de
ellos.
Pero detrás de la
insistencia de la Justicia venezolana de incriminar al DAS en el
asesinato del Fiscal hay una historia de intrigas, corrupción,
retaliaciones y mentiras. CAMBIO la reconstruye con base en varias
fuentes de Caracas y Bogotá, y en testimonios y documentos inéditos.
El
testimonio
Vásquez de Armas entró en escena en Caracas
el lunes 29 de agosto de 2005, pero había llegado días de antes de
Bucaramanga y tenía en sus manos ! un permiso de permanencia indefinida
en Venezuela que le consiguieron los agentes de Inteligencia que habían
recibido en la estación.
El colombiano llegó
a las 10:30 a.m. al despacho del magistrado Gúmer Quintana del Tribunal
19 de Control, que lo había citado por solicitud del fiscal Gilberto
Landaeta, y quien conocía un informe confidencial del servicio de
inteligencia de la Fuerza Armada Nacional, FAN, avalado por la Fiscalía,
que lo consideraba "fuente confiable".
Vásquez se presentó
como miembro de la unidad logística de las Auc en La Guajira y su
declaración causó sorpresa en los medios. Comenzó diciendo que había
entrado a Venezuela los 12 kilos del explosivo C-4 que la noche del
jueves 18 de noviembre de 2004 destruyeron la camioneta Toyota conducida
por Anderson en el cruce de la Avenida de Las Ciencias con la Calle
Vargas, poco despué! s de salir de una clase en el Instituto
Universitario de la Policía Científica.
El testigo
colombiano ejercía la psiquiatría con documentos falsos.
Luego aseguró que
la periodista Patricia Poleo, directora del diario El Nuevo País
–reconocida antichavista y famosa por haber descubierto la presencia en
Venezuela de Vladimiro Montesinos, poco después de la caída del
presidente peruano Alberto Fujimori–, había participado en tres
reuniones en las que varios opositores definieron a Anderson como el
primer blanco de una serie de asesinatos selectivos. "Esos encuentros se
realizaron en la región panameña de El Darién, en Maracaibo y en Miami,
y fueron apoyados por el FBI, la CIA y las autodefensas colombianas",!
declaró Vásquez.
El testigo
mencionó, además, nombres del mundo empresarial y financiero y de las
Fuerzas Armadas, considerados aliados de Pedro Carmona, sucesor de
Chávez durante las pocas horas que duró el golpe de 2002. Uno de ellos
fue el de Nelson Mezerhane, banquero y empresario vinculado a Ávila
Mágica, operador del teleférico de Caracas, Globovisión y el diario El
Globo, medios que les habían hecho eco a denuncias sobre la existencia
una "red de extorsionadores" a la que supuestamente pertenecía Anderson.
Las denuncias
comenzaron un mes después de que el Gobierno declaró a Anderson "héroe
nacional", cuando la periodista Tamoa Calzadilla obtuvo copias de una
declaración judicial de Julio César Farías, cuñado del fiscal asesinado,
que aseguró que Anderson tenía una caja fuerte en la que guardaba
grandes sumas en efectivo para protegerse en cas! o de que le
investigaran sus cuentas bancarias.
Para rematar,
Lourdes Anderson, hermana del Fiscal, aseguró a las autoridades
judiciales que éste tenía un "fondo común" con los fiscales Yoraco Bauza
y Sonia Buznego que, paradójicamente, fueron asignados a la
investigación del asesinato del Fiscal.
Paramilitares y
DAS
La nómina de los sindicados de ser autores
intelectuales del crimen por el testigo colombiano, se cerraba con los
nombres de Salvador Romaní Arrieta y Eugenio José ! Añez Núñez. El
primero es hijo de Salvador Romaní, veterano periodista y presidente de
la Junta Patriótica Cubana en Venezuela, que congrega a exiliados
perseguidos por Fidel Castro. El segundo es un general retirado de la
Guardia Nacional, que en octubre de 2002, aún en servicio activo, se
declaró "militar demócrata" y pidió a sus compañeros de armas, por medio
de un sitio en internet, mantenerse en guardia para evitar que Venezuela
se hiciera comunista de la mano del Gobierno.
Pero Vásquez de
Armas también mencionó a dos colombianos como agentes de apoyo del
complot criminal: el jefe paramilitar Jorge 40 –Rodrigo Tovar Pupo– de
quien dijo que había asistido a la reunión de Maracaibo entre el 3 y el
4 de marzo de 2004, en un apartamento de propiedad de las Auc en el
sector de Milagro Norte. "Jorge 40 saludó allí por su nombre al general
Eugenio Añez –dijo el testigo–. De eso me acuerdo como si hubiera sido
esta! mañana".
El testigo
dijo que Jorge 40 y el ex director del DAS, Jorge Noguera apoyaron el
complot.
El segundo fue el
del entonces director del DAS, Jorge Noguera, quien según el testigo
facilitó la salida de los explosivos por la frontera guajira. "Para
trasladar el C-4, comprado a un oficial del Batallón Cartagena, en
Riohacha, recibí órdenes del comandante Jorge 40 –aseguró–. Me comuniqué
con el director del DAS, de apellido Noguera, y le dije que tenía que
entregar el explosivo en El Moján, estado Zulia. Allí lo recogió una
camioneta de Marshall Security, una compañía de Salvador Romaní, que lo
llevó a La Guaira y lo entregó a un abogado".
Conocida esta
versión en Colombia, Noguera le restó importancia. "Es una fábula
fabricada quién sabe con qué intención", les dijo a los periodistas.
Mentiras y
engaños
Andrés Peñate, entonces director (e) del
DAS, pidió a las agencias de seguridad la información disponible sobre
Vásquez de Armas. La primera respuesta la dio el coronel Manuel Augusto
Rojas, coordinador del Programa de Atención Humanitaria a los
Desmovilizados: Vásquez de Armas sí militó en las Auc, en el Bloque
Central, y el 14 de abril de 2004, en el marco de las conversacio! nes
de Ralito, dejó las armas. Recibió beneficios y cobró 19 millones de
pesos de recompensa a cambio de información sobre actividades de los
paramilitares.
No obstante, su
prontuario judicial previo ponía en tela de juicio su credibilidad.
Según el informe 128SIA del CTI de la Fiscalía, en agosto de 2003 fue
capturado en Santa Marta, donde ejercía como médico psiquiatra en un
consultorio de la Clínica Milenio con documentos falsos, y se
identificaba con la cédula venezolana V-10.575.652. "Lo capturamos
cuando atendía a la paciente Ana Margarita Fernández, a quien prescribía
medicamentos de alto riesgo –recuerda un agente del CTI–. Encontramos
que no tenía registro médico y que no era cierto lo que consignaba en su
hoja de vida en el sentido de que se había especializado en John Hopkins
University, cerca de Washington".
El Sistema Nacional
de Antec! edentes también reportó una orden de captura vigente –la
19.247 de la Fiscalía 25 de la Unidad Especial de Reacción Inmediata–
por simulación de investidura o cargo y falsedad en documento público, y
que había dictado conferencias sobre prácticas forenses en dependencias
policiales de Valledupar y Riohacha con constancias apócrifas del FBI.
Por su parte, la Registraduría certificó que Vásquez de Armas nació el 1
de septiembre de 1969 en Riohacha y que su cédula era la número
84.086.579. La cancillería colombiana envió la información a su par de
Venezuela pero no tuvo impacto alguno en el proceso por la muerte de
Anderson.
El caso no está
cerrado y aún lo rodean bastantes dudas. Por eso muchos creen que el de
Anderson es uno más que se suma a la socorrida teoría de la conspiración
que tanto estimula el gobierno del presidente Hugo Chávez.