CHILE:DERECHOS HUMANOS-Testigo protegido acosado en EEUU

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Gustavo González

SANTIAGO, oct (IPS) - Armando Fernández Larios, figura emblemática de la
represión de los primeros años de la dictadura chilena (1973-1990), fue
llevado otra vez ante la justicia de Estados Unidos, que ya le había
otorgado en 1987 el estatus de testigo protegido tras desertar del Ejército.
La tenacidad de los familiares de Winston Cabello, asesinado el 17 de
octubre de 1973, apoyados por el Centro para la Justicia y Responsabilidad
de la occidental ciudad estadounidense de San Francisco, consiguió llevar
ante un tribunal de Miami a este ex oficial chileno que tuvo un papel
protagónico en la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Fernández Larios fue uno de los mandos de la "caravana de la muerte", la
misión militar que entre septiembre y octubre de 1973 fusiló sin juicio a 72
prisioneros políticos en varias ciudades de Chile, entre ellos a Cabello, un
economista de 28 años que residía en Copiapó, 800 kilómetros al norte de
Santiago.

Más tarde, como agente de la DINA, participó en el atentado cometido el 30
de septiembre de 1974 en Buenos Aires, que le costó la vida al general
chileno Carlos Prats y a su esposa, y en el asesinato del ex canciller
Orlando Letelier, cometido el 21 de septiembre de 1976 en Washington.

Este uniformado era un teniente de 21 años el 11 de septiembre de 1973,
cuando se perpetró el golpe de Estado que instauró la dictadura del general
Augusto Pinochet.

Formó parte de las tropas que ocuparon el bombardeado palacio de gobierno de
La Moneda, donde murió el presidente socialista Salvador Allende
(1970-1973), y desde entonces comenzó a sobresalir por su crueldad con los
prisioneros.

En 1976, para el homicidio de Letelier y su secretaria, la estadounidense
Ronni Moffit, ya tenía el grado de capitán.

Su participación en ese atentado explosivo, realizado junto al
estadounidense Michael Townley, fue establecida por el Buró Federal de
Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, pero la Corte Suprema de Chile
rechazó en 1978 su extradición a Washington.

Fernández Larios ya había alcanzado el grado de mayor a comienzos de 1987,
cuando salió subrepticiamente de Chile en una operación montada por el FBI
para reaparecer en Washington como testigo protegido y declarar en el caso
Letelier contra el general Manuel Contreras, jefe máximo de la DINA hasta
1978.

El desertor del Ejército chileno purgó una pena menor de siete meses de
presidio en Estados Unidos y, a cambio de su testimonio, las autoridades le
permitieron quedarse a residir en ese país, bajo un nuevo nombre.

Los antecedentes aportados por Fernández Larios fueron fundamentales para
que en 1994 la Corte Suprema de Justicia de Chile condenara a siete años de
cárcel a Contreras y a otros seis años a su segundo en la jerarquía de la
DINA, el brigadier Pedro Espinoza.

La investigación sobre el periplo de la "caravana de la muerte", abierta en
1998 en Chile por el juez Juan Guzmán posibilitó el enjuiciamiento del ex
dictador Pinochet, pero el proceso éste fue cerrado por el máximo tribunal
en julio de 2002 por la supuesta demencia del general.

No obstante, Guzmán sigue adelante con su investigación, en la cual emitió
autos de procesamiento contra numerosos militares retirados, entre ellos el
jefe directo de la "caravana", el general Sergio Arellano Stark, y el propio
Fernández Larios.

El ex agente de la DINA está resguardado, sin embargo, en Estados Unidos no
sólo por haber sido testigo en el caso Letelier sino también por leyes que
le otorgan inmunidad en juicios penales de carácter criminal por delitos
cometidos fuera del territorio de ese país antes de 1994.

Pero desde el 30 de septiembre, Fernández Larios está sentado en el
banquillo de un tribunal del sudoriental estado estadounidense de Florida,
gracias a que los abogados del Centro para la Justicia y Responsabilidad
(CJR) entablaron una demanda civil -no criminal- en su contra, demandando
una indemnización para los familiares de Cabello.

Este juicio no habría sido posible "si no existiera Zita Cabello, hermana de
Winston, doctora en Economía, docente de la Universidad de California, quien
descubrió y cazó a Fernández Larios en territorio de Estados Unidos, aunque
éste vivía con identidad falsa", señaló el periodista chileno Ernesto
Carmona.

Oculto en Miami, el ex agente de la DINA trabajaba como gerente de una
empresa de ventas de automóviles. El hombre que salió a la luz pública al
presentarse ante el Jurado, tiene ahora 51 años, está calvo, gordo y con
lentes ópticos, una imagen que difiere del arrogante capitán profusamente
fotografiado en 1978.

En Miami hay precedentes jurídicos que avalan el juicio al ex militar
chileno. En 2002, dos generales salvadoreños residentes también en esa
ciudad fueron condenados a pagar 54,6 millones de dólares a víctimas de
torturas en ese país centroamericano. Ambos se declararon indigentes para
eludir la sentencia.

Los abogados de ese caso son los mismos que ahora acusan a Fernández Larios
e invocan, al igual que en el proceso anterior, dos antiguas leyes: el Acta
de Demanda por Agravio Extranjero y el Acta de Protección de Víctimas de la
Tortura.

La acusación contra Fernández Larios se fundamenta precisamente en las
torturas que aplicó a Cabello, según testimonios de militares del central
regimiento de Copiapó.

Enrique Vidal, teniente de esa guarnición en 1973, y Patricio Lapostol,
subteniente, enviaron un testimonio filmado a Miami en el cual relataron que
Fernández Larios llevaba consigo una porra medieval y alardeaba de que ese
era un instrumento que usaba "para hacerle cariño a las palomitas".

Zita y sus familiares no han planteado hasta la fecha una suma
indemnizatoria y señalan que su interés fundamental es conseguir justicia,
además de la reparación moral.

En el transcurso del juicio se ha mencionado la posibilidad de que el ex
agente de la DINA sea extraditado a Chile.

"Eso sería un precedente importantísimo y una muy buena señal para todos
aquellos dictadores y criminales que han pretendido burlar la justicia",
dijo a IPS al respecto la presidenta de la Agrupación de Familiares de
Ejecutados Políticos, Patricia Silva.

"Un elemento clave es si, el Estado norteamericano va a permitir o no, en
definitiva, la impunidad de este personaje (Fernández Larios)", acotó a su
vez en declaraciones a IPS el abogado Héctor Salazar, defensor de víctimas
de la represión.

Salazar subrayó que el militar está acusado de numerosas violaciones de los
derechos humanos y es por ello que la justicia estadounidense debe
establecer si le extiende a todos esos delitos la protección que le presta
por "su supuesta cooperación en el juicio del caso Letelier".

Nelson Caucoto, otro abogado de derechos humanos, señaló a IPS que Estados
Unidos podría hacer valer el principio de justicia universal para juzgar a
Fernández Larios en su territorio. "Este señor es autor de crímenes de lesa
humanidad, de modo que cualquier país está habilitado para juzgarlo",
sostuvo