El dilema de hierro: Argentina no puede ni debe pagar la deuda externa



Por: Julio C. Gambina

El FMI consideró adecuado el cumplimiento de los compromisos acordados
con el gobierno argentino entre enero y agosto de este año, y habilita
así el inicio de nuevas negociaciones para establecer un nuevo acuerdo
por tres años. Allí se renovarán las cláusulas de ajuste fiscal
establecidas a comienzo del 2003 y quizá agravadas. Si la meta fiscal
requería un superávit de 2,5% del PBI, la intencionalidad del
organismo internacional intentará acercarla a 4,5%, presionando a la
disminución del gasto público y a una mayor apropiación de la
capacidad de recaudación verificable en el último tiempo. Pero también
reincidirá en fijar metas de cambios estructurales que agudizarán los
problemas de fondo que sufre la mayoría de la sociedad argentina. En
primer lugar la salida del 'default' con inversores internacionales y
la restauración de pagos a los organismos multilaterales de crédito.
En segundo lugar la recomposición de las tarifas de los servicios
públicos privatizados, congelados por la Ley de Emergencia desde
comienzos de 2002 y prorrogada hasta fines del 2004. Tercero, la
reestructuración del sistema bancario, incluyendo algunas de las
tantas pretensiones de enajenar los subsistentes bancos oficiales.
Además, las consabidas pretensiones de reforma tributaria y
disciplinamiento fiscal de las provincias para asegurar capacidad
estatal de pago a los acreedores de la deuda externa. Se debe sumar a
ello la sempiterna demanda de seguridad jurídica para los inversores
internacionales.

Problemas sociales y voracidad financiera

Por un lado están los reclamos del FMI, coincidentes con los
acreedores externos y las clases dominantes que actúan en la
Argentina, a quiénes solo les importa la recreación de condiciones
para sus negocios. Nada les importa la problemática social derivada de
esa voracidad concentrada en la acumulación de ganancias, riqueza y
poder. Por eso les suena bien que el Financial Times pondere la
'recuperación económica' de la Argentina, ya que ello genera mejores
condiciones para cobrar 'que hace un año'. Del otro lado está el
gobierno argentino y sus propósitos en materia de política económica.
El presidente Kirchner le manifestó al ministro de economía francés
que reclamaba por los intereses empresarios de Francia en nuestro
país, que su preocupación eran 35 millones de argentinos. Eso supone
anteponer las necesidades e intereses de la mayoría empobrecida, más
del 50% de la población, y que vive 'para y del' mercado interno,
tales como los trabajadores, pequeños y medianos productores y
empresarios, algo así como el 90% de la población. ¿Pero, esas
necesidades insatisfechas de ciudadanos afectados por el desempleo,
bajos ingresos previsionales o carencias de salud, educación e incluso
crédito para la reactivación de economías regionales y desarrollo de
pequeñas y medianas empresas y productores, se compadece con un
superávit entre enero y mayo 2003 de 5.100 millones de pesos? La
proyección para todo el año alcanza a los 10.000 millones. Es cierto
que hasta mayo gobernó Duhalde y desde fines de ese mes inició su
turno la gestión Kirchner, aunque claro, ambas administraciones con el
mismo Ministro de Economía y encargado de negociar con acreedores y
FMI.

Eso es lo que está en juego en las negociaciones con el FMI, y las
autoridades argentinas deben optar por atender el pliego de
condiciones del poder económico, o decidirse firmemente por resolver
las necesidades socio económicas mayoritarias de la población. No se
puede navegar en la indecisión de esa opción. El ejemplo es la salida
de la convertibilidad. Se cambió el régimen cambiario pero se mantuvo
la apertura de la economía facilitando la salida de capitales,
estimada por el INDEC en más de 7.000 millones de dólares durante el
2002 y continuada en el presente año. Se afirma que las
privatizaciones están para perpetuarse, ya que se revisan los
contratos, pero si es necesario habrá nuevas convocatorias de
privatización. La inserción internacional subordinada se confirma con
el periplo por los países capitalistas desarrollados y los encuentros
con sus presidentes y reafirmaciones de fe en el capitalismo y la
posibilidad de construir un país normal o serio. Apertura de la
economía, subsidiariedad del Estado e inserción mundial subordinada al
capitalismo desarrollado fueron las banderas enarboladas por la
dictadura genocida y lamentablemente sostenidas con vigencia
constitucional

Buscar un camino alternativo

Un camino alternativo supone modificar radicalmente las prioridades de
política económica y colocar en primer lugar la demanda de empleo y
reactivación del mercado interno. En ese marco, la deuda externa no
debe ni puede pagarse. Los acreedores de la deuda externa pública de
Argentina deberán aceptar que oportunamente asumieron un elevado
riesgo voluntario con tasas de interés usurarias que nuestro pueblo no
debe ni puede pagar. Es cierto que hay sectores populares que
recibieron bonos compulsivos y son acreedores involuntarios y pueden
ser afectados por una política de no pago de la deuda. Para esos casos
debe resolverse un fondo especial financiado por los beneficiarios de
grandes créditos pesificados y los principales apropiadores de la
renta nacional en los recientes 90, e incluso desde el origen del
'modelo', asociado al terrorismo de Estado. Deuda externa y crimen
organizado desde el Estado son parte de una misma herencia a desterrar
para superar la crisis argentina.

Fuente: Argenpress, 01/08/2003