El Gran Hermano te vigila desde EEUU

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

http://ipsenespanol.net/interna.asp?idnews=22329

Gabriel Packard (*)

NUEVA YORK, jun (IPS) - Una empresa de Estados Unidos vende al gobierno de
George W. Bush información oficial y confidencial sobre millones de
ciudadanos de siete países de América Latina, aun después de verse obligada
a devolver a las autoridades mexicanas datos obtenidos ilegalmente.
La firma ChoicePoint, radicada en las afueras de Atlanta, capital del
meridional estado de Georgia, asegura haber devuelto el mes pasado los datos
de 75 millones de mexicanos, extraídos de los padrones electorales, y
haberlos borrado de sus archivos luego de quejas del gobierno de Vicente
Fox.

La compañía había vendido esos datos a numerosos organismos del gobierno
estadounidense, en especial al Departamento de Seguridad Interna.

ChoicePoint ganó 11 millones de dólares el año pasado por vender sus
archivos latinoamericanos --que incluyen información sobre antecedentes
legales, cuentas bancarias y propiedad de viviendas-- a más de una docena de
agencias, la mayoría de las cuales dice necesitarlas con objetivos
judiciales y policiales.

La firma continúa suministrando información sobre ciudadanos y compañías de
Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela
a agencias del gobierno estadounidense, y también datos sobre Brasil, pero
solo referidos a empresas.

ChoicePoint sigue, además, comprando información en seis de esos países, y
los gobiernos de siete realizan investigaciones para determinar quién vendió
datos a ChoicePoint y si esas operaciones fueron legales.

Hace varios meses, ChoicePoint dejó de adquirir información de Argentina
porque "no había mercado" para ese servicio, y de Costa Rica --que fue
destruida--, porque esos datos "ya no están públicamente disponibles",
indicó el director de Asuntos Externos de ChoicePoint, Chuck Jones.

Hoy, el único comprador es el gobierno de Bush. Quienes usan esa información
están en "virtualmente cuaquier agencia a cargo de aplicar la ley, y hay
muchas", dijo el abogado asistente del no gubernamental Centro de
Información para la Privacidad Electrónica (EPIC), Chris Hoofnagle.

EPIC, que descubrió las operaciones de ChoicePoint en América Latina,
calculó que 30 oficinas usan esos datos, entre ellas el Departamento de
Justicia y Transporte y el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y
Explosivos.

Jones, por su parte, añadió que el Departamento de Seguridad Interior es un
gran cliente.

En el caso mexicano, la empresa asegura haber accedido inocentemente a la
información privada ilegal que le facilitó un vendedor privado, y haber
devuelto los bancos de datos luego de una investigación realizada por el
Instituto Federal Electoral de ese país.

El gobierno de México debió afrontar una prolongada y difícil negociación
con el de Estados Unidos, así como con la empresa, para recuperar la
información, sostuvo el asesor de la fiscalía mexicana Julio Tellez,
profesor de derecho de la información de la Universidad Tecnológica de
Monterrey.

Tellez afirmó que la supuesta destrucción de la información mexicana no es
significativa, y advirtió que, como muchos compatriotas suyos, cree que sus
datos personales "todavía están en los sistemas (informáticos) del gobierno
estadounidense".

La persona que facilitó a la firma la información mexicana a cambio de
250.000 dólares aseguró haberla obtenido por medios legales, informó a fines
del mes pasado el abogado y encargado de privacidad de ChoicePoint, Michael
deJanes, quien no identificó al vendedor.

Jones afirmó que la empresa cuenta con "un abogado en cada uno de los países
(latinoamericanos) para revisar las leyes locales en lo relativo al uso de
la información".

Pero en el caso de México, esta supervisión y el compromiso de fiabilidad
del vendedor fueron al parecer insuficientes para saber que la información,
la mayoría de la cual procedía de registros electorales, era confidencial.

"Esta conducta escandalosa es lo que alimenta la desconfianza del público en
los beneficios de las herramientas de información", declaró DeJanes.

El hecho de que ChoicePoint no ofrezca más a sus clientes los datos de Costa
Rica quizás explique por qué "varios países latinoamericanos consideran
aprobar leyes de protección de datos al estilo europeo", dijo Hoofnagle.

Esas normas han sido adoptadas también por los países asiáticos, lo cual
explica que empresas como ChoicePoint dispongan solo de información sobre
ciudadanos americanos.

"ChoicePoint es una subsidiaria del Partido Republicano" al que pertenece el
presidente Bush, sostuvo Tellez.

La supuesta conexión entre la empresa y los republicanos también fue objeto
de investigación del periodista Greg Palast, de la cadena de radio y
televisión británica BBC.

Según Palast, la labor de ChoicePoint fue clave en el resultado de las
elecciones presidenciales estadounidenses de 2000 en el sudoccidental estado
de Florida, que le dieron el triunfo a Bush a pesar de que su rival, Al
Gore, obtuvo más votos a nivel nacional.

La empresa fue contratada para eliminar de los padrones electorales a los
delincuentes que, según las leyes del estado, no tienen derecho al voto.
Palast llegó a la conclusión que muchos inocentes --la mayoría negros y del
hoy opositor Partido Demócrata-- habían sido despojados ilegalmente de ese
derecho.

La acción de ChoicePoint fue lo que permitió, a la postre, la victoria
electoral de Bush, pues su triunfo por pocos votos de diferencia en Florida
le confirió la mayoría del colegio electoral.

ChoicePoint ha sido contratada en numerosas ocasiones por el gobierno
estadounidense para investigaciones migratorias, identificación de
sospechosos en aeropuertos y clasificación de ADN, especialmente en el marco
de la guerra contra el terrorismo declarada por Bush.

La empresa también cuenta con más de 17.000 millones de piezas de
información sobre ciudadanos y empresas estadounidenses, incluidos registros
públicos, antecedentes en compañías aseguradoras e historia laboral.

La información sobre ciudadanos latinoamericanos es un área relativamente
nueva para ChoicePoint, pero es la única firma estadounidense que se dedicó
a este ramo.

Jones no pudo indicar si ChoicePoint cambiaría sus procedimientos para
evitar situaciones similares a la de México en el futuro, ni si la empresa
admitía su responsabilidad por la entrega de información confidencial a
Washington.

Los datos de que dispone ChoicePoint difieren de país en país.

El gobierno de Nicaragua, por ejemplo, afirma que la compañía sabe el número
de registro de la seguridad social, de la oficina recaudadora de impuestos y
de la matrícula de vehículos, cuentas bancarias, deudas pendientes,
antecedentes penales y judiciales, miembros de la familia y datos de la
vivienda de sus ciudadanos.

ChoicePoint llegó a ofrecer a través de folletos publicitarios un "archivo
de registros nacionales de todos los adultos colombianos, incluidos la fecha
y lugar de nacimiento, género, datos familiares, descripción física, estado
civil, número de pasaporte y profesión".

La práctica usual de la empresa es mantener la base de datos en su poder y
permitir a los funcionarios del gobierno estadounidense buscar información,
pero sólo con un "propósito lícito". La mayoría de los contratos del
gobierno se refieren a investigaciones criminales, indicó Jones.

Pero las propias agencias estadounidenses tienen visiones distintas a la de
Jones.

El experto del Buró de Inmigración y Aduanas Greg Palmore dijo al diario
británico The Guardian que su oficina usa los datos de ChoicePoint para
rastrear inmigrantes ilegales con antecedentes penales. Otro funcionario de
la misma agencia, Carl Rusnok, dijo a IPS que la información se utiliza
para "diversos propósitos de aplicación de la ley".

El experto en seguridad de la Universidad Autónoma Metropolitana de México
José Luis Piñeyro sostuvo en diálogo con IPS que las autoridades
estadounidenses "pueden usar la información para acosar y perseguir a
emigrantes".

Pero además, advirtió, de disponer de los datos obtenidos por ChoicePoint,
las empresas estadounidenses estarán "en condiciones de bombardear con sus
productos y promociones" a los ciudadanos registrados.

* Con aporte de Diego Cevallos (México (FIN/2003)