vertice delle Americhe - documento finale

["PIER LUIGI GIACOMONI" <pierluigi.giacomoni@fastwebnet.it>]

CARE AMICHE, CARI AMICI,
ritengo utile diffondere la "DICHIARAZIONE DI NEUVO LEON" approvata il 14
gennaio scorso dai capi di Stato e di Governo del continente americano
(tutti tranne il presidente cubano).

Declaración de Nuevo León

Cumbre Extraordinaria de las Américas



Preámbulo



Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas elegidos
democráticamente, entre quienes se encuentran catorce nuevos mandatarios que
han asumido

su cargo después de la Tercera Cumbre de las Américas, realizada en la
Ciudad de Québec, Canadá, nos hemos reunido en una Cumbre Extraordinaria en
la ciudad

de Monterrey, Nuevo León, México. Nuestro propósito es avanzar en la
instrumentación de medidas para combatir la pobreza, promover el desarrollo
social,

lograr un crecimiento económico con equidad y reforzar la gobernabilidad de
nuestras democracias. Con una visión renovada y fortalecida de la
cooperación,

la solidaridad y la integración, haremos frente a los continuos y crecientes
retos del Hemisferio.



Guiados por la necesidad de trabajar juntos para impulsar la prosperidad,
promover la inclusión social y una distribución más equitativa del
crecimiento

económico, eliminar el hambre, elevar los niveles de vida, generar nuevas
oportunidades de empleo y de inversión, promover el trabajo decente, así
como

enfrentar las nuevas amenazas a la seguridad, entre otras, el terrorismo, la
delincuencia organizada y el tráfico ilícito de armas, reafirmamos nuestro

compromiso con la Carta Democrática Interamericana y reiteramos nuestra
firme intención de continuar instrumentando los mandatos de las Cumbres de
las

Américas, así como los compromisos asumidos en la Cumbre del Milenio, la
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Consenso
de

Monterrey) y la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en
Johannesburgo.



Afirmamos que el bienestar de nuestros pueblos requiere el logro de tres
objetivos estrechamente vinculados e interdependientes: crecimiento
económico con

equidad para reducir la pobreza, desarrollo social y gobernabilidad
democrática.



Por ello, declaramos:



Crecimiento económico con equidad para reducir la pobreza



En la búsqueda de un crecimiento económico sostenido y equitativo que
contribuya al desarrollo de largo plazo, reduzca la pobreza, elimine el
hambre y eleve

los niveles de vida de la población, con especial atención a los sectores y
grupos sociales más vulnerables, nos comprometemos a continuar
instrumentando

políticas macroeconómicas sólidas, políticas monetarias y fiscales
prudentes, regímenes de tasas de cambio apropiados, una administración
prudente y apropiada

de la deuda pública, la diversificación de la economía y el mejoramiento de
la competitividad. Nos comprometemos también a la transformación cualitativa

de la administración pública a través de su modernización, simplificación,
descentralización y transparencia. Asimismo, redoblaremos nuestros esfuerzos

para mejorar el clima de inversión en nuestros países y promover la
responsabilidad social de las empresas.



Reafirmamos nuestro compromiso con el Consenso de Monterrey, adoptado en la
Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en 2002,

en el sentido de que cada país es el principal responsable de su propio
desarrollo social y económico a través de políticas racionales, buen
gobierno y

el estado de derecho. El cumplimiento de esta responsabilidad permite el uso
efectivo de recursos internos e internacionales para el desarrollo, el
crecimiento

económico y la reducción de la pobreza. En este contexto, reafirmamos el
imperativo de la comunidad internacional de apoyar los esfuerzos nacionales
de

desarrollo. De acuerdo con las recomendaciones del Consenso de Monterrey,
buscaremos articular esfuerzos internacionales con miras a la movilización
de

recursos para el desarrollo económico sostenible y el combate a la pobreza y
el hambre en todos los países del Hemisferio. En particular, continuaremos

nuestros esfuerzos con miras a la identificación de fuentes de
financiamiento seguras que atiendan las necesidades de los países en
desarrollo y la apertura

de mercados para sus productos.



Continuaremos implementando políticas públicas que estimulen mayor ahorro
interno, respondan a la necesidad de crear empleos productivos y contribuyan
a

una mayor inclusión social.



Destacamos la importancia de la participación del sector privado en el logro
de nuestros objetivos. Reconocemos que las micro, pequeñas y medianas
empresas

constituyen un componente fundamental para el crecimiento económico, la
creación de empleos y la reducción de la pobreza en nuestros países.
Apoyaremos

a las micro, pequeñas y medianas empresas a través de políticas y programas
que faciliten su consolidación y formalización, permitan su efectivo acceso

a los mercados y a las licitaciones del sector público, y entre otros,
promuevan la formación de recursos humanos y faciliten el acceso al crédito,
a los

servicios de desarrollo empresarial y a nuevas tecnologías, a fin de reducir
los costos administrativos. Asimismo, promoveremos la intensificación de la

cooperación internacional para fomentar la transferencia de mejores
prácticas orientadas al desarrollo de las micro, pequeñas y medianas
empresas.



Tomaremos las medidas legales, normativas e institucionales necesarias y
posibles, antes de la próxima Cumbre de las Américas a celebrarse en 2005,
con

el objeto de simplificar los procedimientos y reducir significativamente el
tiempo y el costo del establecimiento de las empresas en cada país de la
región.



Apoyamos el trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo a fin de que, a
través de sus mecanismos y programas para el desarrollo del sector privado,
triplique

para el año 2007 sus préstamos mediante el sistema bancario a las micro,
pequeñas y medianas empresas, tratando de beneficiar a todos los países que
participan

en el proceso de Cumbres de las Américas.



Reconocemos el relevante papel que desempeña el comercio en la promoción del
crecimiento y el desarrollo económico sostenidos. Reafirmamos nuestro
compromiso

de avanzar en la Agenda de Doha para beneficiar a todas nuestras economías,
especialmente las economías en desarrollo, promoviendo, entre otras medidas,

mejor acceso a los mercados, eliminando los subsidios a la exportación y
reduciendo sustancialmente las ayudas internas que distorsionan el comercio.



Reconocemos que la liberalización del comercio de productos agrícolas
constituye, entre otros, un elemento esencial para el desarrollo de la
agricultura

en los países del Hemisferio. Por lo tanto, reafirmamos nuestro compromiso
con las negociaciones comerciales para promover un efectivo acceso a los
mercados.



Acogemos los avances logrados hasta la fecha para el establecimiento de un
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y tomamos nota con
satisfacción

de los resultados equilibrados de la VIII Reunión Ministerial del ALCA
realizada en Miami en noviembre de 2003. Apoyamos el acuerdo de los
ministros sobre

la estructura y el calendario adoptado para la conclusión de las
negociaciones para el ALCA en los plazos previstos, que fomentará, con la
mayor eficacia,

el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el desarrollo y la
integración, a través de la liberalización del comercio, contribuyendo al
logro

de los amplios objetivos de la Cumbre. (*)



Continuaremos trabajando en la reforma de la arquitectura financiera
internacional con los objetivos de, inter alia, contribuir a la prevención y
rápida

solución de las crisis financieras, que perjudican particularmente a los
países en desarrollo de la región, reforzar el financiamiento para el
desarrollo,

combatir la pobreza y fortalecer la gobernabilidad democrática. Apoyamos los
esfuerzos de los países prestatarios para trabajar con el sector privado con

el fin de explorar nuevos enfoques para reducir la carga del servicio de la
deuda durante períodos de desaceleración económica. Reconocemos el liderazgo

de países de la región al incluir cláusulas de acción colectiva en sus
emisiones internacionales de bonos. Hacemos un llamado a las instituciones
financieras

internacionales y regionales a que fortalezcan la coordinación de sus
actividades a fin de que respondan de manera más efectiva a las necesidades
de desarrollo

de largo plazo de los países de la región para alcanzar resultados medibles
en sus esfuerzos de erradicación de la pobreza, a través del uso más
efectivo

de todas las fuentes de financiamiento disponibles para el desarrollo.



Manifestamos que el crecimiento económico sostenible es el factor más
importante para la administración y el pago del servicio de la deuda
pública.



Reconocemos que las políticas macroeconómicas racionales y una prudente
administración fiscal son también centrales para alcanzar la sustentabilidad
fiscal

a largo plazo.



Consideramos también pertinente tomar en cuenta, cuando corresponda, las
previsiones sobre alivio de la deuda externa señaladas en el párrafo 48 del
Consenso

de Monterrey.



Asimismo, reconocemos la responsabilidad de cada país respecto de su propio
desarrollo económico, pero también que existe un vínculo de interdependencia

entre las economías nacionales y el sistema económico mundial.



En el contexto de la Iniciativa Reforzada para la reducción de la deuda de
los Países Pobres Muy Endeudados, hacemos un llamado a todos los acreedores
a

participar en el alivio de la deuda en beneficio de los países elegibles del
Hemisferio, en apoyo a las reformas económicas y la reducción de la pobreza.



Reconocemos que la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad es uno
de los elementos fundamentales para el crecimiento económico, toda vez que

la verificación del título de la propiedad ayuda a las personas a obtener
préstamos e iniciar negocios.



Por lo tanto, nos comprometemos, en los casos que sea necesario y apropiado,
a fortalecer los derechos de propiedad y ampliar el uso de la misma como
garantía,

asegurando la aplicación de normas eficaces, transparentes, integrales y
equitativas que rijan los contratos de propiedad, así como a mejorar o
impulsar

las medidas relativas a la transferencia de la propiedad, los registros de
propiedad, el establecimiento de la propiedad como forma de garantía y los
derechos

y obligaciones de deudores y acreedores.



En lo que se refiere a estas medidas, nos comprometemos a emprender acciones
concretas antes de la próxima Cumbre de las Américas, a celebrarse en la
Argentina

en 2005, e informar en esa oportunidad sobre los progresos alcanzados. Nos
empeñaremos en asegurar que los derechos de propiedad beneficien a todas las

personas sin discriminación.



Reconocemos que el envío de remesas es una fuente importante de capital en
muchos países del Hemisferio. Nos comprometemos a tomar acciones concretas
para

promover el establecimiento, lo antes posible, de las condiciones necesarias
con miras a alcanzar la meta de una reducción de por lo menos la mitad del

costo promedio regional de estas transferencias, de ser posible a más tardar
en el 2008 e informar de los progresos alcanzados a la próxima Cumbre de las

Américas en Argentina en 2005. Adoptaremos, según sea necesario y apropiado,
medidas tales como la promoción de la competencia entre los prestadores de

estos servicios, la eliminación de obstáculos normativos y otras medidas
restrictivas que afectan el costo de estas transferencias, así como el uso
de

nuevas tecnologías, manteniendo normas de supervisión financiera efectivas.



Promoveremos la protección de los consumidores, la competencia leal y el
perfeccionamiento del funcionamiento de los mercados, a través de marcos
regulatorios

claros, efectivos y transparentes.



Desarrollo social



Reconocemos que la superación de la pobreza, el hambre y la desigualdad
social son grandes retos que enfrentan muchos países del Hemisferio en el
siglo

XXI. Estamos convencidos de que las políticas económicas y sociales
coordinadas e integradas son un requisito para el éxito en el combate a la
desigualdad

de oportunidades y la marginación, y que tales políticas son pilares
fundamentales para edificar una sociedad más justa. Enfatizamos que el
trabajo, el

empleo y el ingreso son esenciales para una política social incluyente.



Reiteramos que el empoderamiento de la mujer, su plena e igualitaria
participación en el desarrollo de nuestras sociedades y su igualdad de
oportunidades

para ejercer liderazgo son fundamentales para la reducción de la pobreza, la
promoción de la prosperidad económica y social y el desarrollo sostenible

centrado en el ser humano. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar
promoviendo la igualdad y equidad de género y los mandatos de las Cumbres de
las

Américas en esta materia.



Reconocemos la urgencia de que se fortalezcan en la Organización de los
Estados Americanos los mecanismos de lucha contra la pobreza, tales como el
Consejo

Interamericano para el Desarrollo Integral, la Comisión Interamericana de
Desarrollo Social y el Programa Interamericano de Combate a la Pobreza y la
Discriminación.

Reconocemos, asimismo, la importancia de la promoción y observancia de los
derechos económicos, sociales y culturales. Urgimos a la Organización de los

Estados Americanos a considerar cuidadosamente las recomendaciones aprobadas
durante la Reunión de Alto Nivel sobre Pobreza, Equidad e Inclusión Social,

celebrada en Isla de Margarita, Venezuela, para fortalecer la agenda social
hemisférica.



Impulsaremos políticas que fortalezcan los sistemas de seguridad social en
nuestros países. Asimismo, instrumentaremos, en la medida de nuestras
capacidades

y posibilidades financieras, redes de protección social u otras modalidades
apropiadas para atender a los sectores más vulnerables de nuestras
sociedades.

Alentamos a los países del Hemisferio que aún no hayan establecido estas
redes a explorar la posibilidad de hacerlo en el más corto plazo que les sea
posible.



Reconocemos los esfuerzos realizados por países del Hemisferio para atender
los problemas sociales suscitados por situaciones de desocupación, tales
como

la adopción de sistemas de seguro de desempleo o programas de ingreso de
subsistencia.



Reafirmamos que la diversidad de culturas que caracteriza a nuestro
Hemisferio enriquece enormemente a nuestras sociedades y que el respeto y la
valoración

de nuestra diversidad cultural propician el desarrollo cultural y la
cohesión social en nuestros países.



Con relación a los derechos de los pueblos indígenas, reconocemos el avance
sustantivo alcanzado en las negociaciones llevadas a cabo en el marco de la

Organización de los Estados Americanos en torno a la Declaración Americana
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, con la participación efectiva
de

representantes de estos pueblos. Reiteramos nuestra voluntad política y
apoyo para la conclusión exitosa de las negociaciones y pronta aprobación de
la

Declaración, la cual tiene como objetivo promover y proteger sus derechos
humanos y libertades fundamentales.



Destacamos la importancia de la cooperación entre países de origen, tránsito
y destino para asegurar la plena protección de los derechos humanos de todos

los migrantes, incluidos los trabajadores migratorios y sus familias, y la
observancia de las leyes laborales aplicables a ellos, de conformidad con
los

compromisos asumidos en las Cumbres de Santiago y de la Ciudad de Québec.
Apoyamos la adopción de programas de migración ordenada como factor de
desarrollo

económico y social, y cooperaremos en el combate a la trata de personas, que
afecta especialmente a mujeres y niños.



Estamos comprometidos con los principios del trabajo decente establecidos
por la Organización Internacional del Trabajo y promoveremos la aplicación
de

la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el
Trabajo, con el convencimiento de que el respeto de los derechos y la
dignidad

de los trabajadores es un elemento esencial para alcanzar la reducción de la
pobreza y el desarrollo social y económico sostenible de nuestros pueblos.

Adicionalmente, acordamos tomar medidas para combatir las peores formas de
trabajo infantil. Reconocemos y apoyamos la importante labor de la
Conferencia

Interamericana de Ministros de Trabajo para alcanzar estos objetivos
vitales.



La educación es factor decisivo para el desarrollo humano, al incidir en la
vida política, social, cultural, económica y democrática de nuestras
sociedades.

El incremento de las tasas de analfabetismo en muchos países de nuestro
Hemisferio es un asunto que requiere nuestra acción inmediata. Nos
comprometemos

a continuar promoviendo el acceso a la educación básica de calidad para
todos, basada en los principios de participación, equidad, pertinencia y
eficacia,

que genere las capacidades y habilidades necesarias para impulsar el proceso
de desarrollo de nuestros pueblos sin discriminación ni exclusión alguna y

así responder a los retos del siglo XXI.



Nos comprometemos a incrementar el acceso y la divulgación de información
sobre nuestros sistemas educativos, con el objeto de mejorar su desempeño.
En

este sentido, reiteramos nuestro compromiso de continuar la implementación
del Proyecto Regional de Indicadores Educativos, refrendado en la Tercera
Reunión

Interamericana de Ministros de Educación, celebrada en la Ciudad de México.
En especial, aquellos países que no lo hayan hecho elaborarán y divulgarán

públicamente, antes de la próxima Cumbre, un informe con base en las metas
de educación establecidas en el Plan de Acción de la Segunda Cumbre de las
Américas,

a fin de fomentar su uso como una herramienta en la toma de decisiones para
evaluar y mejorar los resultados.



Coincidimos en que la investigación y el desarrollo científico y tecnológico
juegan un papel importante en la creación y el sostenimiento de economías
productivas.

Seguiremos formulando políticas y lineamientos que apoyen las asociaciones
de investigación públicas y privadas y promuevan su interacción con los
sectores

productivos, teniendo en cuenta los requerimientos y objetivos de nuestros
países. Continuaremos incrementando las inversiones en el área de ciencia y

tecnología, con la participación del sector privado y el apoyo de los
organismos multilaterales. En este sentido, nos empeñaremos en ampliar el
acceso

efectivo y equitativo a las tecnologías y su transferencia. Asimismo,
intensificaremos nuestros esfuerzos para incentivar a nuestras universidades
e instituciones

superiores de ciencia y tecnología a multiplicar y potenciar sus vínculos y
a profundizar la investigación básica y aplicada. En relación con todas
estas

iniciativas, nos comprometemos a la protección de la propiedad intelectual,
de conformidad tanto con las leyes nacionales como con los convenios
internacionales.



Estamos conscientes de que la revolución informática aporta nuevas
oportunidades para aumentar el acceso al conocimiento para el desarrollo y
para ampliar

la participación equitativa en el desarrollo sostenible de nuestras
sociedades, particularmente en las áreas rurales, remotas y marginales. En
un esfuerzo

por reducir la brecha digital, tanto dentro de nuestros países como entre
ellos, nos comprometemos con la Declaración de Principios de la Cumbre
Mundial

sobre la Sociedad de la Información y la instrumentación continuada de la
Agenda de Conectividad para las Américas y el Plan de Acción de Quito. Por
ello,

reafirmamos nuestro compromiso de construir una sociedad de la información
enfocada en el ser humano, incluyente y orientada al desarrollo, que esté
inspirada

en los objetivos de inclusión social, reducción de la pobreza y el progreso
en el marco de un desarrollo económico social equilibrado.



Nos abocaremos, en el marco de nuestras legislaciones y competencias
nacionales, a incentivar el acceso a precios razonables a las tecnologías de
la información

y la comunicación para todos, y alentaremos la plena y activa participación
de la sociedad civil, incluido el sector privado, para alcanzar esta meta.



Destacamos que uno de los pilares del desarrollo humano y el progreso de las
naciones es la protección social en materia de salud, por lo que
continuaremos

ampliando las estrategias de prevención, atención y promoción, así como la
inversión en este ámbito, a efecto de proveer servicios de calidad para
todos

y mejorar dentro de lo posible la protección social a todas las personas,
con particular énfasis en los grupos más vulnerables.



Estamos particularmente preocupados por el impacto del VIH/SIDA en nuestras
respectivas sociedades, su proliferación y la amenaza que ésta representa
para

la seguridad de nuestros pueblos. Reconocemos que para combatir la pandemia
del VIH/SIDA es necesario realizar mayores esfuerzos de prevención, atención

y tratamiento en el Hemisferio. Nuestro liderazgo político es esencial para
hacer frente al estigma, la discriminación y el temor que disuaden a las
personas

de someterse a la prueba y acceder al tratamiento y atención. Reconocemos
que, para hacer frente a los desafíos causados por la pandemia del VIH/SIDA,

se requiere continuar aumentando los esfuerzos de cooperación a nivel
mundial.



De acuerdo con las resoluciones relevantes de las Naciones Unidas y de sus
organismos especializados, las decisiones pertinentes de la Organización
Mundial

del Comercio y la Iniciativa "tres millones para 2005" de la Organización
Mundial de la Salud, nos comprometemos a facilitar tratamiento accesible del

VIH/SIDA con el objetivo de proveer tratamiento antirretroviral a todos los
que lo necesiten, lo más pronto posible y al menos a 600.000 individuos para

el año 2005. Asimismo, solicitamos al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA,
la Tuberculosis y el Paludismo identificar criterios que permitan a los
países

de América Latina y el Caribe tener un mayor acceso a sus recursos.



De la misma forma, estamos preocupados por las enfermedades emergentes y
reemergentes, tales como malaria, dengue, fiebre amarilla, tuberculosis,
lepra,

mal de Chagas y otras, considerando el actual contexto económico, social y
de saneamiento ambiental, el impacto de los recurrentes desastres naturales

y los problemas de salud asociados con el crecimiento no planificado en
áreas densamente pobladas.



Por ello, nos comprometemos a reforzar los programas de promoción,
prevención, control y tratamiento, continuar desarrollando y fortaleciendo
estrategias

de cooperación técnica entre países de la región y profundizar la
cooperación técnica con la Organización Panamericana de la Salud, el Banco
Interamericano

de Desarrollo y otros organismos interamericanos, así como con otros actores
clave, con el propósito de implementar acciones integrales de salud pública

para el control y la eliminación de estas enfermedades.



Nos comprometemos a mantener un esfuerzo sostenido para mejorar las
condiciones de vida de las poblaciones rurales, al promover las inversiones
y crear

un entorno favorable para el mejoramiento sostenible de la agricultura, a
fin de que contribuya al desarrollo social, la prosperidad rural y la
seguridad

alimentaria. En este contexto, apoyamos la aplicación del Plan de Acción
"AGRO 2003-2015" para la Agricultura y la Vida Rural de las Américas,
adoptado

por la Segunda Reunión Ministerial de Agricultura y Vida Rural, llevada a
cabo en la Ciudad de Panamá en noviembre de 2003, y esperamos que el Foro
Mundial

de Biotecnología, que se llevará a cabo en Chile en marzo de 2004,
contribuya a combatir el hambre en la región.



Asumimos el compromiso de incrementar la cooperación y fortalecer las
instituciones responsables de coordinar e implementar las acciones
orientadas a disminuir

el impacto de los desastres naturales en las personas y su efecto en los
planes nacionales de desarrollo, con énfasis en las áreas de prevención,
mitigación,

atención de emergencias y gestión del riesgo en sus diferentes niveles.



Creemos que asegurar la salud ambiental de nuestras poblaciones es una
inversión para el bienestar y la prosperidad de largo plazo. Nos sentimos
estimulados

por la nueva alianza de los Ministros de Salud y Medio Ambiente de las
Américas y les encomendamos desarrollar una agenda de cooperación para
prevenir

y minimizar los impactos negativos al medio ambiente y a la salud humana.



Gobernabilidad democrática



Expresamos nuestro apoyo a la Declaración de Santiago sobre Democracia y
Confianza Ciudadana para definir una agenda de gobernabilidad para el
Hemisferio

que nos permita enfrentar los desafíos políticos, económicos y sociales,
para fomentar la credibilidad y la confianza ciudadana en las instituciones
democráticas.



Reiteramos nuestro compromiso con la plena aplicación de la Carta
Democrática Interamericana, que constituye un elemento de identidad regional
cuya proyección

internacional es un aporte de nuestro Hemisferio a la comunidad de naciones.
Reafirmamos nuestra decisión de coordinar acciones inmediatas cuando la
democracia

corra peligro en cualquiera de nuestros países. Asimismo, continuaremos
nuestros esfuerzos para fortalecer los mecanismos de defensa de la
democracia y

para desarrollar y promover una cultura y una educación para la democracia.



Reconocemos la participación de muchos países del Hemisferio en la Comunidad
de las Democracias y hacemos un llamado para que la Tercera Conferencia
Ministerial

continúe apoyando el fortalecimiento de las instituciones democráticas, en
especial de los partidos políticos.



El fortalecimiento y respeto del estado de derecho, la defensa de los
derechos humanos y las libertades fundamentales, el progreso económico, el
bienestar

y la justicia social, la transparencia y la rendición de cuentas en los
asuntos públicos, la promoción de diversas formas de participación ciudadana
y

la generación de oportunidades para todos son fundamentales para promover y
consolidar la democracia representativa.



La gobernabilidad democrática se fortalece a través del diálogo entre todos
los sectores de la sociedad. Continuaremos impulsando una cultura
democrática

y de desarrollo basada en el pluralismo y la aceptación de la diversidad
social y cultural.



Reconocemos que la corrupción y la impunidad debilitan las instituciones
públicas y privadas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el
estado

de derecho y distorsionan las economías y la asignación de recursos para el
desarrollo. Por ello, nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos
para

combatir la corrupción y otras prácticas no éticas en los sectores público
y/o privado, fortaleciendo una cultura de transparencia y una gestión
pública

más eficiente.



Manifestamos nuestra preocupación por prácticas corruptas, ilegales y
fraudulentas en la administración de algunas empresas nacionales y
transnacionales,

que podrían afectar negativamente las economías, en particular en las de los
países en desarrollo, sus productores y consumidores.



La Carta Democrática Interamericana señala que los pueblos de América tienen
derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y
defenderla

y establece que son componentes fundamentales del ejercicio de la
democracia, la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad
y la responsabilidad

de los gobiernos en la gestión pública. Por ello, incrementaremos nuestra
cooperación en el marco de la Convención Interamericana contra la
Corrupción,

particularmente a través del fortalecimiento del Mecanismo de Seguimiento de
este instrumento. Encomendamos a la próxima reunión de la Conferencia de los

Estados Partes del Mecanismo de Seguimiento de la Convención que proponga
medidas concretas para fortalecer ese mecanismo. Estas recomendaciones se
evaluarán

en una reunión de los Estados Partes de la Convención a realizarse en
Managua, Nicaragua, a mediados de 2004. Asimismo, en esa reunión se
considerarán

medidas concretas adicionales para aumentar la transparencia y combatir la
corrupción. Instruimos a nuestros Ministros de Relaciones Exteriores que nos

informen en la Cuarta Cumbre de las Américas sobre los progresos realizados.



Acordamos hacer consultas en el caso de que la adhesión a nuestros objetivos
compartidos de transparencia y anticorrupción, de conformidad con la
Convención

Interamericana contra la Corrupción, se vea seriamente comprometida en
cualquiera de nuestros países.



Nos comprometemos a impulsar la transparencia en los procesos políticos, en
la administración de las finanzas públicas, en las transacciones
gubernamentales

y en los procedimientos de licitaciones y contratos de acuerdo con la
legislación interna para, entre otras cosas, prevenir los abusos y mantener
la confianza

pública.



En el marco de nuestra legislación nacional y normas internacionales
aplicables, nos comprometemos a negar acogida a funcionarios corruptos, a
quienes los

corrompen y a sus bienes, y a cooperar en su extradición, así como en la
recuperación y la restitución de los activos producto de la corrupción a sus
legítimos

propietarios. Asimismo, nos comprometemos a perfeccionar los mecanismos
regionales de asistencia jurídica mutua en materia penal y su
implementación.



La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un valioso
instrumento para enfrentar este flagelo, por lo que nos comprometemos a
considerar

su firma y promover su ratificación.



También nos comprometemos a incrementar la transparencia de las
organizaciones internacionales de las cuales somos miembros a través del
fortalecimiento

de sus mecanismos de rendición de cuentas.



Reconocemos que el pluralismo político y partidos políticos sólidos son
elementos esenciales de la democracia. Destacamos la importancia de normas
que aseguren

la transparencia de sus finanzas, eviten la corrupción y el riesgo de
influencias indebidas y alienten un alto nivel de participación electoral.
Por ello,

promoveremos las condiciones que permitan a los partidos políticos
desarrollarse con autonomía de los gobiernos. Alentaremos la formación
política y preparación

de líderes, incluyendo mujeres, jóvenes, indígenas, miembros de grupos
étnicos y poblaciones marginadas. Destacamos la importante labor del Foro
Interamericano

sobre Partidos Políticos para facilitar que los partidos compartan mejores
prácticas y se fortalezcan, así como para promover reformas de los sistemas

de partidos políticos.



Coincidimos en que, a través de la participación ciudadana, la sociedad
civil debe contribuir en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas
públicas

impulsadas por los distintos órdenes o niveles de gobierno. Reconocemos el
papel de la sociedad civil y su contribución a la buena gestión pública y
reafirmamos

la importancia de continuar consolidando nuevas asociaciones que permitan la
vinculación constructiva entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales,

organismos internacionales y distintos sectores de la sociedad civil para
que trabajen a favor del desarrollo y la democracia.



Alentaremos la participación de la sociedad civil en el proceso de Cumbres
de las Américas, para lo cual nos proponemos institucionalizar los
encuentros

con la sociedad civil, el sector académico y el privado.



Impulsaremos la modernización del Estado como elemento importante para el
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el buen gobierno,
conjugando

eficacia y eficiencia con mejor acceso a los servicios, transparencia y
responsabilidad en la gestión, así como la consolidación y
profesionalización de

la administración pública. Nos comprometemos a estimular el uso de nuevas
tecnologías de información y comunicación en los procesos de gestión pública

y adoptar estrategias que permitan el desarrollo del gobierno electrónico.



El acceso a la información en poder del Estado, con el debido respeto a las
normas constitucionales y legales, incluidas las de privacidad y
confidencialidad,

es condición indispensable para la participación ciudadana y promueve el
respeto efectivo de los derechos humanos. Nos comprometemos a contar con los
marcos

jurídicos y normativos, así como con las estructuras y condiciones
necesarias para garantizar a nuestros ciudadanos el derecho al acceso a la
información.



Tomamos nota con satisfacción de que los gobiernos del Hemisferio están
ejecutando el Consenso de Monterrey, al explorar formas innovadoras para
movilizar

financiamiento para la inversión privada y pública y reforzar el manejo de
la deuda, considerando instrumentos financieros como los bonos indexados al

crecimiento y otros, para promover la estabilidad macroeconómica y reducir
la vulnerabilidad financiera. La aplicación de estas medidas estaría
orientada

a acelerar el crecimiento económico, reducir la pobreza y fortalecer la
gobernabilidad democrática. Tomamos nota, asimismo, de los esfuerzos de los
gobiernos

de la región para promover la discusión en esta área.



Destacamos el papel de las actuales agencias multilaterales al proveer
asistencia humanitaria. Asimismo, tomamos nota de las discusiones e
iniciativas encaminadas

a mejorar la efectividad en la provisión de asistencia humanitaria y
erradicación de la pobreza, tales como la propuesta de crear un Fondo
Humanitario

Internacional, de carácter voluntario.



La justicia social y la reducción de la pobreza contribuyen a la
estabilidad, la democracia y la seguridad de nuestros Estados y de la
región. Reiteramos

que entre las principales causas de inestabilidad en la región se encuentran
la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, que debemos enfrentar en

forma integral y urgente.



Los avances en el desarrollo económico y social y el logro de mayores
niveles de equidad a través del buen gobierno contribuirán a que se avance
en la estabilidad

en el Hemisferio y se profundice la dimensión humana de la seguridad.



Reiteramos nuestro compromiso con los objetivos y propósitos contenidos en
la Declaración sobre Seguridad en las Américas, aprobada en la Conferencia
Especial

sobre Seguridad realizada en la Ciudad de México en octubre de 2003, que se
basa, entre otros, en el concepto multidimensional de la seguridad, así como

en el principio de que el fundamento y el propósito de la seguridad es la
protección de los seres humanos.



Esta es nuestra primera reunión desde los trágicos eventos del 11 de
septiembre de 2001. Reiteramos que el terrorismo, así como la proliferación
de armas

de destrucción masiva, constituyen graves amenazas a la seguridad
internacional, a las instituciones, a los valores democráticos de los
Estados y al bienestar

de nuestros pueblos. Resolvemos intensificar nuestros esfuerzos y fortalecer
nuestra cooperación para enfrentar estas amenazas.



Tomaremos todas las medidas necesarias para prevenir y combatir el
terrorismo y su financiación, en cumplimiento pleno de nuestros compromisos
en el marco

del derecho internacional, incluidos el derecho internacional de los
derechos humanos, el derecho internacional de los refugiados y el derecho
internacional

humanitario. De igual manera, nos comprometemos a luchar contra todas las
formas de delincuencia transnacional, incluido el tráfico ilícito de drogas,

armas y personas, particularmente cuando generan fondos utilizados en apoyo
a las organizaciones terroristas. También nos comprometemos a adherirnos a

las normas mundiales contra el lavado de activos y la financiación del
terrorismo.



Hacemos un llamado a aquellos países que aún no lo hayan hecho a ratificar
la Convención Interamericana contra el Terrorismo, las doce convenciones y
protocolos

de las Naciones Unidas contra el terrorismo, así como otros instrumentos
relacionados. Instamos a todos los países a considerar con urgencia la firma
y

ratificación de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en
Materia Penal y a participar activamente en la Red de asistencia jurídica
mutua

en materia penal.



Encomendamos a la Organización de los Estados Americanos, el Banco
Interamericano de Desarrollo, la Organización Panamericana de la Salud, la
Comisión Económica

de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial, el
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Corporación

Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Integración Económica y el
Banco de Desarrollo del Caribe que fortalezcan su coordinación y continúen
profundizando

su apoyo, a través de sus respectivas actividades y programas,
comprometiendo los recursos apropiados para implementar y hacer seguimiento
de los Planes

de Acción de las Cumbres de las Américas, así como de esta Declaración, y
que presten su asistencia en los preparativos de la Cuarta Cumbre de las
Américas

a celebrarse en 2005.



Agradecemos a la Organización de los Estados Americanos y a su Secretaría
General, en particular a la Secretaría del Proceso de Cumbres de las
Américas

y al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres, su labor en el seguimiento de las
mismas y en los trabajos preparatorios de esta Cumbre Extraordinaria.



Expresamos nuestro agradecimiento al pueblo y al Gobierno de México por
haber hospedado esta Cumbre Extraordinaria de las Américas y al Gobierno de
la Argentina

por refrendar la invitación para celebrar en ese país la Cuarta Cumbre de
las Américas en 2005.



Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno de las Américas, acordamos que
el presente documento sea conocido como la "Declaración de Nuevo León" y lo
aprobamos

a los trece días del mes de enero del año dos mil cuatro.



(*)"Venezuela se reserva el párrafo relativo al ALCA, por motivos
principistas y diferencias profundas acerca del concepto y la filosofía
contenidas en

el modelo propuesto, así como por el tratamiento dado a las materias
específicas y a los plazos establecidos. Ratificamos nuestro compromiso con
la consolidación

de un bloque regional y de comercio justo, como base para fortalecer los
niveles de integración. Este proceso debe considerar las especificidades
culturales,

sociales y políticas de cada país; la soberanía y constitucionalidad; el
nivel y tamaño de sus economías para garantizar un trato justo."



A PRESTO



PIER LUIGI GIACOMONI