Colombia: Activistas alertan que Bogotá intenta erradicar la voces críticas al gobierno de Uribe

["nello margiotta" <nellomargiotta55@virgilio.it>]

México D.F. Domingo 28 de septiembre de 2003
 Total sumisión de Colombia a la campaña antiterrorista de EU
JOSE GALAN http://www.jornada.unam.mx/015n1pol.php?origen=index.html&fly=1
Para el proyecto de declaración de la Comisión de Seguridad Hemisférica de
la Organización de Estados Americanos -que se celebrará en México a finales
de octubre-, el gobierno colombiano propuso incluir, en sintonía con Estados
Unidos, que los países de América "lucharemos contra el terrorismo por medio
de la cooperación" para prevenir y reprimir su financiamiento; "impedir el
refugio de terroristas en nuestros territorios", y "asegurar el
enjuiciamiento de toda persona que participe en el apoyo económico,
planificación, preparación o comisión de actos terroristas".
La propuesta de Colombia fue criticada por organismos civiles defensores de
los derechos humanos, como Amnistía Internacional, el Centro Fray Francisco
de Vitoria y el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, además de la organización
colombiana Tercos por la Paz, que sostiene que Colombia busca legalizar la
represión interna contra las voces críticas, y dar el término de
"terroristas" a los miles de desplazados de sus territorios que buscan
refugio más allá de sus fronteras.
Tercos por la Paz propuso que se haga una distinción entre los refugiados
civiles, que huyen de sus aldeas ante el peligro de los enfrentamientos
entre el ejército, los paramilitares y la guerrilla, y los individuos que
son verdaderamente combatientes.
Además, Colombia propone que los miembros fomenten en el hemisferio "la
capacidad para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. Igualmente,
fortaleceremos el Comité Interamericano contra el Terrorismo y nos
comprometemos a utilizar plenamente las instituciones y mecanismos
interamericanos e internacionales pertinentes", así como "a identificar las
amenazas terroristas emergentes, y promover la universalidad de los
convenios y protocolos internacionales relacionados con el terrorismo".
El gobierno colombiano de Alvaro Uribe -principal receptor de ayuda militar
estadunidense en el hemisferio- promueve la aceptación de que los países
miembros combatan "el tráfico ilícito de armas de fuego mediante la
identificación y destrucción de arsenales excedentes, la protección y
control de los arsenales nacionales, la reglamentación de la intermediación
lícita de armas de fuego, incluyendo las sanciones a la intermediación
ilícita".
Propone, además, incluir el reforzamiento de la respuesta hemisférica a la
conexión entre el terrorismo internacional y la delincuencia organizada
trasnacional, las drogas ilícitas, el lavado de dinero y el tráfico ilícito
de armas, "por medio de la promoción de la coordinación de iniciativas en
los planos nacional, subregional y hemisférico".
El proyecto de declaración, sometido a análisis por el grupo de trabajo
especial en la séptima reunión preparatoria de la conferencia, celebrada los
días 3, 4 y 5 de septiembre pasados, bajo la guía CP/CSH-558/03 rev. 5,
refleja el resultado obtenido en el proceso de negociaciones y constituye un
borrador en espera del documento final de la reunión, en la que los estados
miembros buscarán fortalecer su cooperación, para "enfrentar de manera
adecuada las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad
hemisférica".
A pesar de que en el inciso C del segundo párrafo del borrador se incluyó el
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales son
esenciales para la estabilidad, la paz y el desarrollo político, económico y
social de los estados del hemisferio, las organizaciones civiles buscan una
afirmación más clara, concreta y contundente sobre el respeto a la labor de
los defensores de los derechos humanos, su papel en los conflictos, y la
seguridad jurídica que requieren para desempeñar su labor.
Los miembros han acordado ya que las amenazas, preocupaciones y otros
desafíos a la seguridad son de "naturaleza diversa y alcance
multidimensional", y que el concepto y los enfoques tradicionales deben
ampliarse para abarcar nuevas amenazas y no las tradicionales, que incluyen
"aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales".