Guatemala: Legitimidad en peligro

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

20 de septiembre del 2003

Amnistía Internacional, septiembre del 2003.


En una carta abierta enviada hoy, la secretaria general de Amnistía
Internacional, Irene Khan, ha instado a todos los candidatos presidenciales
de Guatemala a situar los derechos humanos en el centro de su programa
político y a condenar públicamente todo acto de violencia cometido por sus
partidarios en el periodo previo a las elecciones nacionales, previstas para
el próximo 9 de noviembre.
Amnistía Internacional ha manifestado: "Los derechos humanos son esenciales
para el futuro desarrollo político, económico y social de Guatemala. Para
que el país cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales en
materia de derechos humanos, hay cuestiones clave, como los compromisos
contraídos en los acuerdos de paz, el fortalecimiento del sistema de
justicia, los planes relativos a los activistas y otros grupos como las
mujeres, las violaciones de derechos humanos que sufren estos activistas y
grupos, y los planes para reformar el ejército, que deben ocupar lugares
destacados en el programa de los candidatos".
La organización ha subrayado: "Uno de los principales desafíos para todos
los candidatos guatemaltecos es hacer saber a sus propios electores y a la
comunidad internacional cómo van a actuar exactamente para alcanzar estas
metas fundamentales".
En un informe que acompaña a la carta y que también se ha hecho público hoy
(Guatemala: Legitimidad en peligro. Derechos humanos y elecciones 2003),
Amnistía Internacional expone sus motivos de preocupación respecto a la
práctica de la violencia en vísperas de las elecciones. Entre los
principales motivos de preocupación se encuentran las ejecuciones
extrajudiciales relacionadas con las elecciones y la intimidación y las
amenazas contra dirigentes de partidos de la oposición, periodistas y
defensores de los derechos humanos. La organización pide asimismo a la
comunidad internacional que haga cuanto esté en su mano para llamar la
atención hacia las violaciones de derechos humanos que amenazan las
elecciones a la presidencia y al Congreso de Guatemala y para lograr que se
les ponga fin.
Las irregularidades y la violencia electoral han caracterizado
tradicionalmente la contienda política en Guatemala. En esta ocasión, la
tensión relacionada con la candidatura a la presidencia del general Efraín
Ríos Montt (acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad) ha dado lugar
a un enfrentamiento directo entre sus partidarios y sus detractores.
Amnistía Internacional ha añadido: "La crisis política, electoral y judicial
que se está fraguando podría poner a prueba la fortaleza de muchas
instituciones guatemaltecas, y poner en duda la credibilidad misma de las
elecciones. Pedimos a los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales
y los ciudadanos corrientes de todo el mundo que emprendan una serie de
acciones que, según confiamos, pondrán freno a esta violencia y permitirán
al electorado guatemalteco acudir libremente a las urnas y votar al
candidato que prefieran".
La organización ha concluido: "El papel de las delegaciones extranjeras que
observarán las elecciones para determinar su grado de legitimidad es
especialmente crucial. Pedimos a esas delegaciones que examinen cuestiones
como la intimidación y la violencia, el derecho de los votantes al voto y el
fraude tanto en las votaciones como en los resultados finales".
En su carta y sus recomendaciones a los candidatos presidenciales
guatemaltecos, Amnistía Internacional los insta a hacer pública su postura
sobre las siguientes cuestiones y a emprender acciones respecto a ellas si
son elegidos:
· -la reactivación de los acuerdos de paz de 1996 y de las recomendaciones
de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH);
· -el fortalecimiento del sistema de justicia y el fin de la impunidad;
· -las reformas de las fuerzas armadas y del sistema de seguridad nacional,
tal como establecen los acuerdos de paz;
· -el apoyo a los defensores de los derechos humanos y la manera de
garantizar su seguridad;
· -la lucha para poner fin a la violencia y la discriminación contra las
mujeres;
· -la mejora de las condiciones de los sectores rural e indígena de
Guatemala;
· -la ratificación y aplicación de los instrumentos internacionales
pertinentes y de las recomendaciones de la comunidad internacional, por
ejemplo las formuladas por la serie de relatores especiales de las Naciones
Unidas que han visitado Guatemala en los últimos años;
· -el cumplimiento de los principios, decisiones y resoluciones del sistema
interamericano de protección de los derechos humanos.
Información general
El general Ríos Montt gobernó Guatemala desde marzo de 1982 hasta agosto de
1983, durante el periodo más represivo de la campaña de contrainsurgencia
emprendida por el ejército a finales de los años setenta y principios de los
ochenta. Por el papel que desempeñó en las matanzas dirigidas por el
ejército, que según ha considerado la Comisión para el Esclarecimiento
Histórico (CEH) guatemalteca (promovida por la ONU) constituyeron genocidio
en cuatro zonas concretas del país, el general se enfrenta a demandas
judiciales tanto en su país como en el extranjero por genocidio y crímenes
contra la humanidad.
El papel desempeñado por el general Ríos Montt en las violaciones masivas de
derechos humanos cometidas durante los años del conflicto ha sido
ampliamente documentado por la CEH. Amnistía Internacional considera que las
conclusiones de esta Comisión son motivo suficiente para impedir que el
general pueda optar a un cargo público destacado. Además, en virtud de la
Constitución guatemalteca de 1985, que establece que ninguna persona que
haya participado en un golpe de Estado, ni ningún familiar suyo, puede
presentarse como candidata a la presidencia, el general Ríos Montt no puede
ser candidato. Pese a ello, la Corte de Constitucionalidad ha permitido la
candidatura del general alegando que el golpe de Estado que en 1982 lo llevó
al poder tuvo lugar antes de la entrada en vigor, en 1985, de la actual
Constitución.