COLOMBIA:Derechos arrinconados

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Constanza Vieira

BOGOTA, ago (IPS) - A medida que la guerrilla colombiana aprieta el gatillo,
el presidente Alvaro Uribe responde con propuestas que estrechan los
derechos y garantías de toda la población, consagrados en la Constitución.
Un proyecto de reforma constitucional presentado a fines de abril por el
Ministerio de Defensa avanza sin obstáculos en el Congreso legislativo y
espera ser aprobado en diciembre.

El 5 de mayo perecieron un gobernador, un ex ministro y ocho militares
secuestrados por la guerrilla izquierdista FARC en Urrao, noroccidente de
Colombia, cuando un intento de rescate militar accionó el gatillo de sus
captores. Dos días después, el Congreso aprobó la reforma en primera
votación.

En sólo cuatro artículos se introducen cambios al capítulo dedicado a
derechos fundamentales y garantías ciudadanas de la Constitución.

El gobierno busca dar piso legal permanente a la violación de
correspondencia y comunicaciones privadas y a las detenciones y registros
domiciliarios sin previa orden judicial. También se limita la libre
circulación y se establece el empadronamiento, una medida de control que no
existe en el país.

El proyecto prevé que las fuerzas militares asuman la investigación de
delitos ejerciendo labores de policía judicial, un extremo rechazado
tajantemente por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).

El director de la CCJ, Gustavo Gallón, recordó al Congreso que la propuesta
contraviene la Declaración sobre Colombia, adoptada en abril en consenso con
el gobierno de Uribe, por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
(Organización de las Naciones Unidas), en Ginebra.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Sergio Vieira de
Mello, había solicitado al gobierno y al Congreso "no introducir en el
ordenamiento jurídico colombiano normas que faculten a los miembros de las
fuerzas militares para ejercer funciones de policía judicial, ni otras que
sean incompatibles con la independencia de la justicia".

Pero para Uribe, el enfrentamiento armado de cuatro décadas que sufre el
país es terrorista, y varios de los tratados internacionales de derechos
humanos ratificados por Colombia impiden la derrota del terrorismo. Así lo
expresó en junio a un grupo de organizaciones humanitarias con las que se
reunió en la sede del gobierno.

En el mismo encuentro, Uribe dijo que el funcionario de la cancillería que
negoció en Ginebra la declaración de la ONU sobre el país "no estaba
actuando en nombre del gobierno de Colombia".

Organismos nacionales e internacionales de derechos humanos han acusado a
unidades militares colombianas de cometer crímenes contra comunidades
inermes, actuando solas o en connivencia con grupos paramilitares de
derecha.

La fuerza pública colombiana estuvo "involucrada directamente en arrestos
arbitrarios, tortura, desapariciones y asesinatos", según el informe anual
de Amnistía Internacional (AI), publicado en mayo.

AI relacionó los 500 desaparecidos del año pasado con el paramilitarismo.

En este contexto, expertos colombianos coinciden en que las garantías
establecidas por la Constitución de 1991, producto de un acuerdo de paz con
el ex movimiento guerrillero izquierdista M-19 y otros tres grupos rebeldes,
estorban a la estrategia de guerra gubernamental.

Uribe "no se siente cómodo con el equilibrio de poderes establecido por la
Constitución", opina el opositor senador Antonio Navarro Wolff, ex líder
guerrillero del M-19 y uno de los firmantes del pacto constitucional que
selló aquella negociación de paz.

"En el 91, con plena conciencia, modificamos unos mecanismos que le daban un
poder desmedido al presidente y que en cien años habían fracasado en traer
paz y democracia a la sociedad colombiana", dijo Navarro a IPS.

El Poder Ejecutivo publicó en julio el "Estatuto nacional para enfrentar el
terrorismo", una propuesta de ley orgánica que reglamenta las reformas
constitucionales, aún no ha sido sometida a consideración del Congreso.

El estatuto antiterrorista abre la definición de terrorismo a conductas que
suelen ser recursos de la protesta social, como obstruir una vía pública u
ocupar un edificio, "valiéndose de medios capaces de causar estragos".

También incluye actividades potencialmente relacionadas con denuncias
periodísticas, como la que establece penas por la divulgación de "documentos
reservados" o la revelación de "datos" relacionados con empresas privadas o
públicas.

Según el gobierno, estas medidas son necesarias porque "es hora de reconocer
al terrorismo como un crimen de manifestación permanente y no como un
fenómeno coyuntural".

La reforma incrementa las penas de prisión y establece garantías para el
procesamiento de individuos acusados de pertenecer o apoyar en cualquier
forma a organizaciones armadas ilegales. Y en un segundo plano se refiere
también a quienes lucren con el narcotráfico.

"Por la manera como proceden las autoridades", afirmó a IPS Guillermo
Asprilla, catedrático de derecho en la Universidad Nacional, "uno no puede
estar seguro de que la aplicación de estas normas afecte exclusivamente a
personas que realmente sean terroristas".

Para el gobierno "la guerrilla son los que están armados y la subversión,
todos los que conspiran desde la sociedad civil contra el gobierno y contra
el Estado", dijo a IPS el profesor de ciencia política de la Universidad
Nacional, Marco Romero.

"Con esa tesis se pretende eliminar el campo democrático de la sociedad",
sostuvo. "La guerrilla plantea la misma tesis: no considera que existe la
población civil", añadió.

Colombia vivió durante más de 40 años bajo estado de sitio (o guerra
interior), que otorgaba amplios poderes al presidente. Durante su vigencia,
el conflicto interno se intensficó y el narcotráfico logró amedrentar a la
sociedad mediante actos terroristas.

El estado de sitio dio paso, en 1991, a la fórmula de estado de conmoción
interior, que según la Constitución debe ser puesto en vigor con aprobación
de la Corte Constitucional y con una vigencia máxima de nueve meses.

Uribe aplicó el estado de conmoción desde que asumió la presidencia, en
agosto de 2002, hasta abril de este año.

Pero la cascada de reformas que ahora propone el Poder Ejecutivo incluye el
desmoronamiento de los poderes de la Corte Constitucional.

En especial, "se elimina la posibilidad de que la Corte controle en la
práctica el decreto que declara los estados de excepción", indicó un
magistrado de dicho organismo cuya identidad se reserva IPS.

Las reformas eliminan también la acción de tutela para derechos sociales y
laborales. En adelante, dijo el magistrado, "sólo habrá tutela para los
derechos civiles y políticos, y no para todos: la inviolabilidad de la
fuente periodística no sería más un derecho tutelable", afirmó.

Para Asprilla, "la tesis que gravita en el fondo de todo esto es que los
militares no pueden ganar la guerra porque las garantías a los derechos se
lo impiden".

A juicio del senador Navarro, "el prurito represivista" desconoce que "el
conflicto se resuelve con medidas políticas, porque el problema de fondo es
que las instituciones no tienen legitimidad".

La oposición interna a las políticas de seguridad de Uribe "es tímida pero
significativa", debido a un "clima de estigmatización de las voces
discordantes", dijo a IPS Daniel García-Peña, Alto Comisionado de Paz del
gobierno de Ernesto Samper (1994-1998).

La oposición civil más importante, según García-Peña, aglutina en la "
Confluencia por la democracia y contra la guerra" creada en mayo, a 13
congresistas del izquierdista Polo Democrático y a organizaciones
sindicales, indígenas, de mujeres, de derechos humanos y por la paz.

"Pero tristemente, el mayor respaldo de los opositores a Uribe se encuentra
en la comunidad internacional y en la ONU. Uribe tiene apoyo interno porque,
aunque no puede mostrar avances en el terreno militar, en su primer año de
gobierno está ganando la guerra propagandística", opinó García-Peña.

Existe "una percepción de recuperación de la seguridad, ayudada por la
táctica de repliegue militar de la insurgencia. La gente cree que se está
ganando la guerra", concluyó.