Los derechos humanos en Chile

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

16 de agosto del 2003
Chile: Revista de prensa (*)

Isabel Allende Bussi (1)
El País. España, agosto del 2003.


El golpe de Estado de 1973, que concluyó con el Gobierno del presidente
Salvador Allende y con la democracia republicana, más los crímenes cometidos
bajo la dictadura, constituyen las causas de la división de nuestra
sociedad. La responsabilidad principal de estos hechos recae en quienes, a
partir de intereses muy concretos, instigaron y dieron el golpe de Estado y
en quienes violaron los derechos humanos. Con pocas excepciones, entre ellas
el presidente Allende, un error que compartieron los sectores políticos de
entonces fue sustentar concepciones del mundo omnicomprensivas y
excluyentes.
Durante años la dictadura negó las violaciones a los derechos humanos;
posteriormente, se recurrió al eufemismo de denominarlas excesos, pero
gradualmente la sociedad y las mismas Fuerzas Armadas debieron aceptar
evidencias irrefutables, como la aparición de los cadáveres de algunas
víctimas. El proceso de reconocimiento de la verdad fue posible gracias al
trabajo sistemático de los familiares de detenidos desaparecidos y
ejecutados políticos junto a la Vicaría de la Solidaridad la que, además de
defender a las víctimas de la represión, denunció el drama que vivían los
perseguidos. No obstante, fue necesario el Informe Rettig, cuya fuerza
probatoria y moral permitió al presidente Aylwin oficializar la verdad. Y
fue la detención de Pinochet en Londres la que hizo posible que la mayoría
de los chilenos tomara conciencia del imperativo de hacer justicia ante
crímenes que son imprescriptibles e inamnistiables, según el derecho
internacional y los tratados suscritos por Chile que por mandato
constitucional está obligado a respetar.
Los responsables de la violación sistemática de los derechos humanos no sólo
fueron militares, sino también civiles; estos últimos calladamente observan
cómo la justicia procesa a los uniformados involucrados, procurando pasar
desapercibidos y negando cualquier responsabilidad en los crímenes.
Pinochet, el mayor responsable, ha eludido la justicia.
Los Tribunales de Justicia han hecho avances importantes que los dignifican;
sin embargo, quedan pendientes los casos de centenares de víctimas. La Mesa
de Diálogo, que buscó avanzar en la deuda de verdad con respecto a los
crímenes cometidos, tuvo el mérito del reconocimiento, por las Fuerzas
Armadas, de las violaciones a los derechos humanos cometidas por varios de
sus miembros, aunque la entrega de información para ubicar los cuerpos de
detenidos desaparecidos no sólo fue parcial, sino que en la mayoría de los
casos errada y ocultó la exhumación ilegal de cadáveres, lo que constituye
una segunda desaparición.
A 30 años del golpe de Estado, mayoritariamente el país repudia la violación
a los derechos humanos cometida por agentes del Estado, respalda la legítima
aspiración de justicia, cerrar heridas y alcanzar la reconciliación. El
comandante en jefe del Ejército, general Emilio Cheyre, ha hecho importantes
declaraciones repudiando la violación a los derechos humanos y señalando que
ello nunca más debe ocurrir; actitudes como ésta ayudan al proceso de
reencuentro entre los chilenos. Podemos avanzar aún más si hacemos un
esfuerzo por coincidir en lo siguiente:
- No son iguales las víctimas y los victimarios. Contra los primeros se
actuó de manera brutal, sin considerar sus derechos. Los victimarios, en
cambio, están siendo sometidos a procesos judiciales con pleno
reconocimiento a sus derechos y a su dignidad. Éstos deben recibir la
sanción que estime la justicia, de modo contrario surge con fuerza la figura
de la impunidad. Los victimarios recobran su dignidad si colaboran con la
justicia y aceptan su decisión.
- No se logrará la reconstrucción de confianzas ni el reencuentro ni la
amistad cívica si se esconden las evidencias de los crímenes o si sus
responsables son amnistiados.
- Es necesario que los tribunales amplíen la designación de jueces
especiales para acelerar los procesos pendientes. Transcurridos 30 años
desde el inicio de la represión, no existe justificación ética para demorar
los procesos, hacer justicia y reparar a las víctimas de crímenes de lesa
humanidad y a sus familiares. - Frente a los casos de detenidos
desaparecidos y de ejecutados cuyos restos no han sido encontrados, es
necesario legislar para crear la figura del ausente, la que difiere de la
declaración de muerte presunta. Con ello los familiares podrán regularizar
situaciones jurídicas pendientes en el ámbito civil.
- Las nuevas generaciones militares no están involucradas en estos hechos y
no tienen culpa ni responsabilidad por lo ocurrido. Con las Fuerzas Armadas
compartimos valores como el amor a la Patria y la defensa de su soberanía y
territorio. En el marco del Estado de derecho merecen nuestro reconocimiento
y respeto.
Chile avanza hacia una común interpretación ética del pasado, expresada en
el repudio a los crímenes cometidos. Si además internalizamos convicciones
democráticas, el respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho,
construiremos un legado honroso que influirá positivamente en las futuras
generaciones. No es con el olvido de los errores del pasado ni con la
impunidad como los países sanan sus heridas y recuperan un sentido ético de
su historia y de la construcción de su futuro, sino que enfrentando la
verdad, haciendo justicia, reparando a las víctimas y asumiendo el
compromiso que nunca más se repita lo ocurrido hace 30 años. A los políticos
nos corresponde enfatizar el sentido ético y la responsabilidad superior de
la política, para que no pierda dignidad y nobleza en su esfuerzo por
construir una sociedad mejor al servicio de todos los seres humanos.


(*) Artículo aparecido en El País, de España. La redacción de este diario
recuerda a sus lectores que en nuestras páginas sólo tienen cabida los
textos externos que cuenten con los debidos permisos de reproducción de
autores y/o publicaciones. Cualquier excepción, como la actual, se hace
siempre en virtud del carácter no lucrativo de La Insignia, ante situaciones
de evidente interés informativo o social y a condición de no provocar
perjuicio alguno a la fuente de origen.
(1) Isabel Allende Bussi es presidenta de la Cámara de Diputados de Chile.