Seguidores y críticos del gobierno de Venezuela
cargan sus baterías con miras a la crucial batalla que seguirá al 19 de este
mes, cuando se habilite la posibilidad de poner a referendo revocatorio el
mandato presidencial de Hugo Chávez.
Nicolás Maduro, dirigente del
gobernante Movimiento Quinta República, informó a corresponsales extranjeros que
”durante toda la semana próxima miles de seguidores del presidente estaremos en
las calles, en recorridos, foros y celebraciones de los tres años de gobierno”.
Mientras que la oposición reunida en la Coordinadora Democrática, de 77
partidos, sindicatos y grupos civiles pedirán se active la consulta con el aval
de 2,8 millones de firmas que dicen haber recogido en febrero y que entregarán
el 20, un día después de cumplirse la mitad de los seis años de mandato de
Chávez.
En ocho marchas sobre otras tantas avenidas de Caracas se espera
movilizar el miércoles de la próxima semana ”medio millón de personas” en apoyo
del referendo, señalaron los dirigentes opositores Carlos Melo y Enrique Naime.
Así, las dos partes tienen centradas sus expectativas en el día 19,
cuando se cumple el periodo exigido por la Constitución aprobada en 1999 e
impulsada por el propio Chávez para convocar un referendo, bajo ciertas
condiciones, con el fin de revocar el mandato presidencial.
Lo mismo
contempla la ley fundamental para cualquier autoridad elegida por voto popular
transcurrida la mitad de su periodo.
Los choques entre partidarios de
Chávez y opositores ya dejaron muertos y heridos en las calle de Caracas y de
otras ciudades del país entre abril de 2002 y mayo de este año, cuando arreció
la crisis política.
La jornada más trágica fue la del 11 de abril de
2002, cuando perecieron baleadas 19 personas de uno y otro bando al cabo de una
gigantesca marcha opositora que derivó posteriormente en el golpe de estado
cívico-militar que alejó del gobierno por 47 horas a Chávez.
Para evitar
la reedición de ese libreto, tanto los organizadores de los actos como las
fuerzas de seguridad extreman ahora medidas para mantener separados a los
bloques de manifestantes.
La opción por el referendo es el nudo de un
acuerdo firmado el 28 de mayo entre el oficialismo y la oposición para zanjar la
crisis, al cabo de cinco meses de esfuerzos del secretario general de la
Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, quien actuó como
facilitador,
Gaviria dirigió un grupo tripartito, conformado por la OEA,
el estadounidense Centro Carter y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, respaldado por los llamados países amigos, una instancia que reunió
a Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal.
Tras el
acuerdo, la gestión internacional de la crisis dejó el terreno a los
venezolanos, aunque en los últimos días varios episodios mostraron por ejemplo
el enorme interés en la vecina Colombia por cuanto sucede en Venezuela.
Eso muestra al menos lo expresado en una entrevista por el presidente de
Colombia, Alvaro Uribe, al indicar que ”el gobierno de Venezuela en su soberanía
verá si comete el error de politizar a su Fuerza Pública, pero nosotros no vamos
a permitir que nos venga a dividir a nuestros empresarios por razones
políticas”.
Uribe no oculta su disgusto por el perjuicio ocasionado al
comercio bilateral el control de cambios implantado en Venezuela desde enero.
Esa medida significó una fuerte caída del intercambio y demoras en la
entrega de 300 millones de dólares a exportadores colombianos.
Por su
parte, Chávez y sus ministros han deplorado que empresarios colombianos
celebraron el efímero golpe en su contra, pero esta vez no replicaron la crítica
de Uribe.
”A veces es mejor no meterse en las cosas del hermano,
respetar la soberanía del hermano”, fue la respuesta del presidente venezolano.
También el periódico El Espectador, de Bogotá, publicó el domingo a toda
página la entrevista a un supuesto ex piloto de Chávez que habría transportado a
líderes de la guerrilla colombiana por órdenes del vicepresidente venezolano,
José Vicente Rangel.
Los servicios de seguridad de Colombia no demoraron
ni 48 horas en demostrar que el entrevistado, Moisés Boyer, es sólo un farsante
ávido de publicidad que nunca fue piloto ni militar ni tiene conocimientos
elementales de aeronáutica, pero la versión fue reproducida con despliegue por
medios venezolanos.
”Hay empresarios en Colombia que persiguen el
derrocamiento de Chávez”, observó Rangel, tras identificar al magnate Mario
Julio Santodomingo como ”uno de los que bailaron cumbia durante el gobierno de
facto de Pedro Carmona”, el líder de la asociación empresarial Fedecámaras que
asumió la presidencia durante el efímero golpe de estado de abril de 2002.
Uribe, además, recibió esta semana a Timoteo Zambrano y Asdrúbal Aguiar,
representantes de la Coordinadora Democrática.
Zambrano informó que el
mandatario colombiano les dijo sobre la situación de Venezuela que, ”si bien soy
prudente, no soy indiferente”.
Mientras, el general Richard Myers, jefe
del estado mayor conjunto de Estados Unidos, apuntó el martes en Bogotá que
”cualquier vecino que dé asistencia o confort a los terroristas está equivocado
en esta guerra. Los vecinos deben cooperar”, al tiempo que alabó los esfuerzos
de Uribe en su lucha contrainsurgente.
”Esa declaración y las visitas de
altos funcionarios (estadounidenses) a Bogotá muestran que Colombia es el país
consentido de Washington en el área andina y reiteran que Venezuela está
sometida a observación internacional respecto de su comportamiento como
democracia”, comentó a IPS analista de asuntos internacionales Carlos Romero.
”En el exterior desean, como rezan resoluciones de la OEA y el acuerdo
firmado en mayo, una salida de la crisis que seas pacífica, democrática,
constitucional y electoral”, agregó.
Pero para poder efectuar el
referendo u otra elección es preciso nombrar los cinco miembros del Consejo
Nacional Electoral, algo que no ha podido hacerse porque las fuerzas parejas en
el parlamento (84 oficialistas, 78 opositores y 3 neutrales) no logran reunir
las dos terceras partes necesarias para ello.
Si el Congreso no lo hace
esta semana, el Tribunal Supremo de Justicia ya ha anunciado que los designará
de modo provisorio en los 10 días siguientes, por lo cual el recalentamiento de
la calle coincidirá con el nombramiento del árbitro electoral.
Una de
sus primeras tareas será atender la solicitud de referendo revocatorio, para lo
cual se requiere el respaldo de al menos 20 por ciento del padrón electoral, que
hoy es de unos 12 millones de ciudadanos.
Ese porcentaje es superado por
las firmas en poder de la Coordinadora, pero será necesario esperar si el
Consejo las acepta como válidas.
Las rúbricas están en papeletas cuyo
encabezado puede impugnarse, pues convoca directamente al referendo sin
solicitarlo al Consejo.
Además, el oficialismo sostiene que se deben
recoger nuevas firmas después del 19 de agosto, que es cuando nace el derecho de
solicitar la herramienta de la consulta.
En ese marco de discusión, el
referendo puede chocar en 2004 con las elecciones para gobernadores regionales y
alcaldes, prevista para julio de ese año