BRASIL:Salario mínimo, primera trampa para Lula

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Mario Osava

RIO DE JANEIRO, nov (IPS) - El aumento de 11 dólares del salario mínimo
nacional de Brasil, uno de los más bajos del mundo, surge como la primera
trampa para Luiz Inácio Lula da Silva cuando el 1 de enero comience su
mandato.

La medida, que sólo elevaría el sueldo básico de 200 a 240 reales (66
dólares), constituiría un terremoto en las débiles cuentas públicas, por lo
cual exigirá una cuidadosa evaluación sobre sus efectos en el presupuesto.

Esa polémica se repite cada diciembre, durante el debate presupuestario que
debe quedar listo la segunda semana de ese mes.

Pero esta vez las posiciones se invirtieron, pues los partidos que apoyan el
gobierno actual de Fernando Henrique Cardoso ahora ponen hincapié en el
aumento, después de trabar medidas similares en los últimos ocho años.

Por su parte, el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), liderado por
Lula, que en la oposición siempre defendió importantes mejoras salariales,
prueba ahora de su propio veneno y, en vías de asumir el gobierno, trata de
contener presiones en favor de sus propios reclamos del pasado.

Para ello decidió postergar para marzo una decisión final, argumentando que
el nuevo salario mínimo tendrá vigencia a partir de abril y la situación
económica podrá cambiar hasta entonces.

El Departamento Intersindical de Estudios Socioeconómicos, cercano al PT,
calcula que su valor debería ser cinco veces mayor que el actual para
cumplir el objetivo definido en la Constitución de asegurar alimentación,
educación, vivienda, salud, transporte y esparcimiento a una familia tipo de
cuatro personas.

El PT y Lula afrontan así la difícil disyuntiva de atender las exigencias
económicas de austeridad fiscal o poner en práctica sus compromisos con
avances sociales y reducción de las desigualdades.

El problema es que el salario mínimo constituye la remuneración de unos 13
millones de jubilados del sistema previsional. Cualquier aumento agravaría
el déficit público, cuya contención es vital para la recuperación económica
y para cumplir la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Lula reconoció, en un encuentro con empresarios, que "el salario mínimo es
un problema del sector público", ya que las empresas dejaron de tenerlo como
referencia, a excepción de algunos sectores que emplean mano de obra no
calificada, como la construcción.

Además del déficit de la previsión social, gran parte de las 5.500 alcaldías
brasileñas no disponen de ingresos para pagar el mínimo legal a sus
funcionarios. Es decir que el obstáculo a las mejoras en el ingreso de los
trabajadores y jubilados más pobres está precisamente en el Estado.

Sin embargo, Lula prometió duplicar el poder adquisitivo del salario mínimo
nacional en el correr de su mandato dentro de años, como un medio de reducir
la pobreza y las desigualdades sociales que están entre las más agudas del
mundo.

Para eso será indispensable una reforma del sistema previsional, dijo a IPS
Raul Velloso, economista especializado en finanzas públicas. Las
modificaciones aprobadas en los últimos años, como la fijación de edad
mínima y periodos de contribución para jubilarse, fueron insuficientes.

Alteraciones profundas, sin embargo, son muy difíciles, porque sólo se
pueden hacer a través de enmiendas constitucionales, cuya aprobación exige
mayoría de 60 por ciento de la Cámara de Diputados y del Senado, en dos
votaciones en cada rama legislativa.

Además, existen derechos adquiridos intocables. Es el caso de los
funcionarios públicos, que en Brasil tienen un régimen propio y se jubilan
con el mismo salario que ganan sus colegas en actividad.

El déficit previsional alcanzará a 70.000 millones de reales (cerca de
19.000 millones de dólares) este año, según cálculos del ministro de la
Previsión Social, José Cechin.

Pero tres cuartos de ese déficit es provocado por el sector público, cuyos
jubilados ganan, en promedio, seis veces más que aquellos que pertenecieron
al sector privado.

Reducir esa desigualdad es más difícil para el futuro gobierno de Lula,
considerando que los funcionarios públicos tienen fuerte peso en la Central
Unica de Trabajadores, muy próxima al PT.

La reforma parcial aprobada, que eleva la edad de jubilación y le quita esos
privilegios a funcionarios admitidos a partir de ahora, sólo tendrá efectos
concretos dentro de 30 años, señaló Edward Amadeo, quien fue secretario de
Política Económica del gobierno saliente.

Si el nuevo gobierno presidido por Lula no logra bajar el déficit
previsional, tendrá que cortar gastos del área social, sostuvo Velloso,
recordando el natural rechazo a tal medida por parte del futuro gobierno de
izquierda, que puso como prioridad los programas sociales, como el llamado "
hambre cero".

La "única salida" para la crisis económica brasileña, reflejada en la
devaluación de la moneda y en la dificultad de obtener créditos externos, es
seguir obteniendo importante superávit primario en las cuentas públicas,
apuntó Velloso.

El acuerdo con el FMI fijó un superávit de 3,75 por ciento del producto
interno bruto, es decir ingresos superiores a los gastos sin considerar los
intereses de la deuda pública, una meta que deberá ser lograda el próximo
año. Lula ya prometió cumplir tal objetivo.

Pero eso significará limitar inversiones sociales y el aumento del salario
mínimo que aumentaría el déficit en la previsión social.

El presupuesto de 2003 no permite mejoras. Un desafío del gobierno de Lula
será deshacer este nudo a partir del año siguiente

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Nello

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