URUGUAY:Primer preso por desaparición forzada

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Darío Montero

MONTEVIDEO, 18 oct (IPS) - Un canciller de la dictadura impuesta en Uruguay
entre 1973 y 1985 fue procesado este viernes con prisión por la desaparición
en 1976 de Elena Quinteros, que fue arrebatada por las fuerzas de seguridad
del jardín de la embajada de Venezuela, donde intentaba refugiarse.

El procesamiento de Juan Carlos Blanco, que también fue senador por el
gobernante Partido Colorado, es el primero por delitos contra la humanidad
cometidos durante la dictadura militar.

La desaparición de Quinteros, una maestra que militaba en el sindicato del
magisterio y en una organización política de izquierda, determinó la ruptura
de relaciones diplomáticas de Venezuela con la dictadura uruguaya.

La justicia había desactivado en 1989 todos los procesos en curso al
respecto a raíz de la confirmación ese año en plebiscito de una ley de
amnistía en favor de militares y policías participantes en la represión
dictatorial.

Sin embargo, el juicio iniciado en 1985 a pedido de María del Carmen
Almeida, madre de Quinteros, fue desarchivado por la justicia ante una nueva
presentación en 2000, que atendió esta vez pruebas que señalaban a civiles,
entre ellos a Blanco, no amparados por la ley de amnistía.

El secretario de Derechos Humanos de la central única de trabajadores
PIT-CNT, Luis Puig, dijo a IPS sentirse muy satisfecho con la decisión
judicial, pues no sólo culmina un gran esfuerzo de familiares y de la propia
organización sino que marca un antecedente para otros casos aún impunes.

Los abogados del PIT-CNT colaboraron estrechamente con Almeida, fallecida en
2001, para reactivar la investigación sobre el destino de Quinteros,
convencidos de que la justicia debía atender el argumento de que el delito
no prescribe hasta que el cuerpo de la maestra no aparezca y que, además,
estaban acusados civiles.

Puig precisó que la doctrina del delito permanente en casos de desaparición
forzada de personas está contemplada en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), del cual Uruguay es
parte.

Esa postura jurídica también es defendida por miembros de la Suprema Corte
de Justicia y otros especialistas locales y de varios organismos
internacionales.

Precisamente, ese es uno de los aspectos destacado en el caso Quinteros por
el abogado Javier Miranda, integrante de la organización uruguaya de Madres
y Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

Miranda explicó a IPS que si el cuerpo de la maestra, que según testimonios
murió mientras era torturada en un cuartel militar, fuera encontrado, no se
podría condenar a los imputados porque el expediente cambiaría la carátula
de desaparición para constituirse en homicidio simple, un delito que ya
prescribió.

Esa posibilidad podría llevar a militares que actuaron en la represión a
revelar el lugar donde fueron sepultados los desaparecidos, lo cual dejaría
sin castigo el secuestro y asesinato de Quinteros, pero, a su vez, podría
dar un giro sustancial al trabajo de la Comisión para la Paz.

Esta Comisión, conformada por distintas personlidades, fue creada por el
presidente Jorge Batlle en 2000, al comienzo de su mandato, para atender el
insistente reclamo de esclarecimiento del destino de los casi 160 uruguayos
desaparecidos en el país y en el exterior, la mayoría en Argentina.

El juez penal Eduardo Cavalli procesó este viernes a Blanco por coautoría de
privación ilegítima de libertad. El delito de desaparición forzada no está
incorporado al derecho penal uruguayo.

En la causa por la desaparición de Quinteros también han sido acusados Julio
César Lupinacci, entonces embajador uruguayo en Caracas y hasta junio de
este año representante ante el Vaticano y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el ex vicecanciller
Michelin Salomón y Alvaro Alvarez, funcionario de ese ministerio.

Blanco, Michelín y Alvarez, junto con jefes de las Fuerzas Armadas de la
dictadura, decidieron no atender el reclamo de Venezuela de que regresaran a
su embajada en Montevideo a Quinteros, secuestrada el 28 de junio de 1976.

Según el testimonio de varios detenidos, Quinteros fue llevada de la
embajada venezolana a un cuartel, donde fue sometida a torturas y
posiblemente también violada.

Además, el ex militar Sergio Pintado aseguró en 1998, ante el entonces
presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Marabotto, que la maestra
había sido asesinada entre 1980 y 1981, y su cuerpo enterrado bajo la plaza
de armas del Batallón de Infantería Blindados número 13, ubicado en las
afueras de Montevideo.

Pintado confirmó así versiones anteriores de otros ex militares que
aceptaron atestiguar públicamente sobre la existencia de un cementerio
clandestino en esa dependencia del ejército.

También describió cómo otros dos presos políticos fueron ejecutados a
balazos en 1982 cuando eran trasladados desde una cárcel hasta Montevideo.
Señaló igualmente que en la despoblada Isla de Flores, ubicada en el Río de
la Plata frente a las costas de la capital uruguaya, fueron enterrados 86
cadáveres de desaparecidos.

Otros habrían sido sepultados en el Cementerio del Norte de Montevideo y un
grupo de ocho (cinco mujeres y tres hombres) en el Servicio de Materiales y
Armamento del Ejército, de donde luego fueron removidos.

Pero, por otra parte, testimonios anteriores de ex presos políticos que
compartieron prisión clandestina con la maestra aseguran que ésta habría
sido asesinada en julio de 1976, poco después de su captura en el jardín de
la embajada de Venezuela.

También coinciden con lo afirmado por Pintado en que su cuerpo había sido
enterrado en el Batallón de Infantería Blindados número 13.

En 1985, otro ex soldado, Ariel López Silva, narró ante organizaciones
humanitarias uruguayas que él había participado en el entierro en los
predios de ese cuartel de cuatro o cinco cuerpos de desaparecidos, de los
cuales uno, "por su peso", podría haber sido el de una mujer.

Finalmente, en 1997, el general retirado Alberto Ballestrino confió al
senador Rafael Michelini, hijo de un ex legislador uruguayo secuestrado y
ejecutado en Argentina en 1976, que el Batallón de Infantería Blindados
número 13 había servido de cementerio clandestino bajo la dictadura.

Pero el Poder Ejecutivo invocó en esa ocasión que la ley de amnistía de 1986
y confirmada en 1989 para negarse a realizar investigaciones sobre esos y
otros datos nuevos que fueron apareciendo con el correr de los años sobre el
destino de los desaparecidos.

En la actualidad, la Comisión para la Paz trata de ubicar cuerpos de varios
desaparecidos en Uruguay, cuyas torturas y muertes fueron comprobadas por
investigaciones y testimonios secretos recogidos en los dos años de trabajo
que finalizarán en diciembre

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Nello

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