ESCLARECEN EN CHILE EL ASESINATO DE EUGENIO BERRIOS

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

El diablo que mata
http://www.pagina12.com.ar/
Detuvieron en Chile a dos custodios de Pinochet por el asesinato de Eugenio
Berríos. A las órdenes de un agente doble de la DINA y la CIA, Berríos
desarrolló armas químicas y bacteriológicas. Planeaba envenenar el agua de
Buenos Aires y matar a todos sus habitantes. Pinochet lo envió a Montevideo,
donde se escapó, fue devuelto por la complicidad de la inteligencia militar
uruguaya y asesinado de dos tiros. En Chile gobernaba Aylwin y en Uruguay,
Lacalle. Pinochet habría vendido las armas a Irak.


Por Horacio Verbitsky
 Un escándalo internacional con repercusión en la Argentina, Chile y
Uruguay, pero tal vez también en Estados Unidos, Irak e Israel, estallará
hoy a partir de las revelaciones de la más importante periodista chilena,
Mónica González Mujica, acerca de quiénes mataron en Montevideo a Eugenio
Berríos, el químico que desarrolló armas químicas y bacteriológicas con las
que la dictadura militar chilena planeaba envenenar las aguas y exterminar a
toda la población de Buenos Aires si estallaba la guerra por el canal de
Beagle, en 1978. Entre ellos el gas sarín y la toxina botulínica.
Custodios del dictador
La historia se publica en la edición de hoy del semanario Siete+7, que
González Mujica dirige y cuyos derechos de reproducción en la Argentina
posee Página/12. El domingo 13, la jueza chilena Olga Pérez ordenó la
detención de los acusados por el asesinato, los oficiales del Ejército
Arturo Silva Valdés y Jaime Torres Gacitúa, quienes fueron durante años los
principales encargados de la custodia del ex dictador Augusto Pinochet.
Ambos fueron reconocidos en rueda de presos el lunes 14 por un médico y un
suboficial de la marina uruguaya, a quienes la jueza hizo viajar a
Montevideo ante la manifiesta falta de colaboración de la Corte Suprema de
Justicia y del gobierno oriental. Silva Valdés se retiró del Ejército en
1993 y pasó a cumplir funciones de seguridad en el diario El Mercurio.
Torres Gacitúa estuvo quince años a cargo de la seguridad de Pinochet. El 16
de octubre de 1998 enfrentó al piquete de Scotland Yard que llegó a detener
a Pinochet en Londres. En diciembre de 2000 intentó resistir la orden del
juez Juan Guzmán de someter al ex dictador a los exámenes médicos para
verificar su demencia. Sólo desistió por la intervención del anterior y del
actual comandante en jefe del Ejército, generales Ricardo Izurieta y Juan
Emilio Cheyre. Pasó a retiro el año pasado.
Maten a los porteños
En 1975, Berríos había estado en contacto con la SIDE de Isabel Perón y José
López Rega, que ayudó en la persecución de opositores a Pinochet que eran
secuestrados, torturados y asesinados en Chile y cuya muerte en falsos
enfrentamientos se escenificaba en la Argentina. Berríos fue uno de los
socios de la empresa Ibercom, fundada en Chile por el terrorista de
ultraderecha italiano Stefano Dellechiaiaie como parte del financiamiento
del Plan Cóndor. La base de la DINA en Buenos Aires estaba a cargo de
Enrique Lautaro Arancibia Clavel, cuyo principal contacto en Buenos Aires
era Juan Martín Ciga Correa, alias mayor Mariano Santa María. Su grupo,
Milicia, giraba bajo la cobertura de la SIDE. Berríos desarrolló esas armas
químicas y bacteriológicas por orden de Pinochet con el doble propósito de
envenenar a opositores al régimen y exterminar en masa a la población
argentina. La justicia chilena está investigando ahora el uso del gas sarín
en la muerte del ex presidente Eduardo Frei Montalva, en enero de 1982, por
una misteriosa infección luego de una operación quirúrgica menor. Frei
acababa de romper con el régimen y estaba negociando un frente opositor con
el sindicalista Tucapel Jiménez, quien también se había distanciado de
Pinochet y fue degollado al mes siguiente. La operación fue ejecutada por la
inteligencia del Ejército chileno, la DINE. Con la toxina botulínica,
Berríos planeaba envenenar el agua potable y así matar a todos los
habitantes de Buenos Aires.
De Pinochet a Saddam
Berríos trabajaba con el agente doble de la CIA estadounidense y de la DINA
chilena, Michael Townley, hijo de un gerente norteamericano de la Ford
chilena, quien viajó a Washington para matar al ex canciller chileno Orlando
Letelier. Mucho antes de que el actual presidente de Estados Unidos George
W. Bush invocara el presunto almacenamiento de armas químicas y
bacteriológicas como argumento para atacar al gobierno de Saddam Hussein,
Sergio Landau, un compañero de trabajo de Letelier que investigó el caso,
dijo que creía que Pinochet había vendido esas armas temibles a Irak y que
Israel también estaba interesado. La historia de Townley y Berríos
demostraría que también en este caso la CIA engendró al monstruo que ahora
presenta como el enemigo público Nº 1.
El primero en revelar la producción de gas sarín por la dictadura chilena
fue el periodista norteamericano John Dinges. Entre 1975 y 1977, Townley
instaló en su propia casa del barrio Lo Curro de Santiago el laboratorio de
la DINA para la fabricación de armas químicas y tóxicas. El principal
técnico de esa área secreta era Berríos, cuyo nombre de fantasía era
 "Hermes". El padre de Townley, que había colaborado con la CIA en la década
anterior, le enviaba desde Gran Bretaña los materiales necesarios para la
producción de los gases. "El mundo secreto y poderoso que se armó en torno
al Cuartel Quetropillán (en mapudungún: el diablo que mata) se desmoronó
cuando, en abril de 1978, Townley fue entregado por el régimen de Pinochet a
Estados Unidos para ser juzgado por su participación en el crimen de
Letelier. Fue entonces que el coronel Gerardo Hubert, un ex comando de la
DINA, sacó los containers con gases letales y otros recipientes con toxinas
para trasladarlos al Complejo Químico e Industrial del Ejército en
Talagante, al sur de Santiago" afirma la investigación de Mónica González
Mujica.
Ese mismo año 1978, Arancibia Clavel, quien era propietario del restaurante
"Los Chilenos", en la calle Suipacha, al lado del edificio de la Curia
metropolitana, fue detenido por la policía argentina, que descubrió la red
de espionaje chilena. Para salvarse, Arancibia Clavel reveló a la policía
que había colaborado con la SIDE argentina en la denominada "lucha
antisubversiva" y entregó como prueba un completo archivo. Según el
semanario uruguayo Brecha la detención de Arancibia Clavel, "fue el as en la
manga de Jorge Rafael Videla en su entrevista con Pinochet que congeló el
enfrentamiento armado". Videla "puso sobre la mesa una carpeta de tapas
verdes que contenía una exhaustiva información sobre el asesinato de Prats,
información que ponía en evidencia la participación directa de Pinochet en
el atentado", sostuvo. Mónica González Mujica llegó a Buenos Aires en 1986
siguiendo esa pista. El autor de esta nota le facilitó los contactos
necesarios para acceder a ese expediente. Allí la investigadora chilena
encontró las pruebas que darían origen a muchos procesos judiciales, en su
país, en la Argentina y en España. Entre otras cosas descubrió una tarjeta
de Berríos y una comunicación en la que Townley hacía referencia al químico
y Arancibia Clavel le respondía furibundo que esa era una infracción de
seguridad, dado que el mensaje se había cursado por un canal abierto. De
regreso a Santiago, Mónica González Mujica entrevistó para el semanario
Análisis a una ex amante de Berríos, quien le dijo que había recibido dos
cartas de "Hermes". En una se jactaba de que con un frasquito de perfume
Chanel "mato a quien se me ocurra". En otra revelaba que "puedo matar a todo
Buenos Aires". El año pasado Arancibia Clavel fue condenado a prisión
perpetua en Buenos Aires por su participación en el asesinato en 1974 del ex
comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats González. En la misma
causa la justicia argentina pidió y la chilena denegó, la extradición de
Pinochet.
La confesión
Extraditado a Estados Unidos por la colocación de la bomba que mató a
Letelier, Townley negoció con la justicia norteamericana y dijo que una de
las opciones era el gas sarín que Berríos había envasado en un frasco de
perfume Chanel. Pinochet dejó la presidencia en 1990 y al año siguiente el
juez Adolfo Bañados ordenó la captura de Berríos. Pero Pinochet seguía
siendo comandante en jefe del Ejército, cuyo auditor había infiltrado el
tribunal. De ese modo el ex dictador ordenó que salieran de Chile los
funcionarios que el juez investigaba: el capitán Luis Arturo Sanhueza Ross,
alias "El Huiro" o Ramiro Droguett Aranguiz, el mayor Carlos Herrera Jiménez
y Eugenio Berríos. El 29 de octubre de 1991, Berríos llegó a Montevideo.
Junto con Herrera fue alojado en un departamento en Rambla República del
Perú N 815 de Montevideo, cuyos alquileres fueron pagados por el teniente
coronel de inteligencia del Ejército uruguayo Tomás Casella. Herrera Jiménez
viajó a Buenos Aires, donde fue detenido. Casella mudó entonces a Berríos a
otro departamento en la calle Buxereo Nº 117, de Pocitos, a pocos metros de
la costa, con otro acompañante: el teniente coronel Mario Enrique Cisternas
Orellana. Lo frecuentaron durante casi un año los oficiales chilenos Pablo
Marcelo Rodríguez, Torres Gacitúa y Silva Valdés y los uruguayos Eduardo
Radaelli y Wellington Sarli Pose. También un agente civil de inteligencia
incorporado por Pinochet a la DINE. Berríos "comenzaba a evidenciar hastío y
a insistir en que lo mejor era regresar a Chile y entregarse a la justicia".
Durante unas semanas lo tranquilizaron organizando una visita a Montevideo
de su esposa, con quien Berríos se reunió en un hotel. Tal vez alentado por
ella, el 9 de noviembre de 1992 Berríos llamó a su amigo Emilio Rojas,
agregado cultural chileno en Montevideo. "En un principio creí que se
trataba de una broma. Después me asusté. Le respondí ¿qué quieres? 'Decirte
que estoy aquí, protegido por el Tata', me respondió. En mi angustia le
pregunté: ¿qué Tata? 'Pinochet', fue su respuesta. Y agregó: 'Estoy
protegido por el Ejército'. Asustado, le corté, pero Eugenio volvió a
llamar. Le dije: mira conchetumadre, a mí no me vas a involucrar en tus
asuntos. No me vuelvas a llamar y olvídate que existo...", fue la valiente
respuesta de Rojas, en sus propias palabras.
Rojas comunicó lo sucedido al coronel Emilio Timmermann, agregado militar en
Uruguay. "Así es, Berríos está aquí. Lo trajimos nosotros y tú tienes que
guardar silencio y sabes por qué. Porque nosotros no jugamos. Tú nunca has
recibido una llamada de Berríos. ¿Está claro?", le dijo. "¡Clarísimo!",
replicó Rojas según el sumario de la Cancillería. Todavía Berríos hizo un
último intento. El 11 de noviembre llamó al cónsul Federico Marull, le dijo
que estaba retenido contra su voluntad y le pidió ayuda para regresar a
Chile. "Y lo increíble, lo absolutamente patético es que Marull le dice que
se presente personalmente, corta y acto seguido manda un fax a Santiago",
escribió Mónica González. Desde Santiago, la cancillería le respondió: "Si
el sujeto no comprueba identidad con algún documento, no hay nada que hacer"
. El presidente de Chile era en ese momento Patricio Aylwin.
El secuestro
Luego de sus contactos con la embajada, Berríos no volvió a sentirse
protegido. El coronel Timmermann niega haber avisado, "pero el hecho es que
el químico fue sacado de Montevideo y llevado a 50 kilómetros de la capital,
al Balneario Parque del Plata, un solitario y apacible paraje en donde las
casas están muy separadas unas de otras y con bosques frondosos por doquier"
, dice Mónica González Mujica. El 15 de noviembre Berríos se escapó y
solicitó protección en una casa vecina habitada por un oficial de la Marina
retirado, quien lo condujo hasta la Seccional 24 Parque del Plata de la
Policía Nacional uruguaya. "Estoy secuestrado por militares chilenos y
uruguayos. El general Pinochet ordenó matarme", gritó ante el Comisario
Elbio Hernández Marrero. Berríos le explicó que había ingresado al país con
documentos falsos y pidió ser detenido. Pero tras de sus pasos ingresó a la
comisaría el teniente coronel Eduardo Radaelli: "Entrégueme a este hombre
pues no está en sus cabales, delira y hay que someterlo a tratamiento",
exigió. El comisario se negó. Radaelli hizo un llamado telefónico y el
teniente coronel Tomás Casella llegó acompañado por otros hombres. El
comisario les dijo que antes de entregarlo debía someterlo a un chequeo
médico y condujo a Berríos hasta el Policlínico de Parque del Plata.
"El doctor Juan Ferrari se encuentra de turno. Alto, fornido, su rostro y su
mirada transmiten una serenidad que amortigua el efecto de su porte. Si bien
se asombra de ver llegar al comisario en persona, no lo expresa. Tampoco
muestra extrañeza cuando ve que un grupo de individuos intenta ingresar a la
sala de auscultación. Simplemente les cierra la puerta. Y allí el hombre se
saca del calcetín papeles que le muestra junto con insistirle que él se
llama en realidad Eugenio Berríos y que debe ser detenido pues ingresó al
país con papeles falsificados, que lo ayude.
'Lo revisé cuidadosamente y no presentaba ningún cuadro de alteración
mental. Tampoco había ingerido alcohol. Sólo denotaba mucha ansiedad,
hablaba y hablaba y sus manos sudaban' -dice el doctor Juan Ferrari doce
años más tarde. Así lo certificó. También quedó inscripto en el libro de
registro de consultas diarias. Y lo vio partir", escribe Siete+7. Pero de
regreso a la comisaría, una llamada de los superiores ordenó al comisario la
entrega de Berríos a los oficiales Casella y Radaelli. Tres años después, el
13 de abril de 1995, el mar depositó el cadáver de Berríos sobre una playa a
mitad de camino entre Montevideo y Parque del Plata, con dos balas de Magnum
en el cráneo, atado de pies y manos y dentro de una bolsa amarrada con una
soga.
Borrar las huellas
Los servicios de inteligencia chileno y uruguayo borraron todas las huellas.
"La habitación 202 que Berríos y su esposa ocuparon en el Hotel
Hispanoamericano fue registrada por personal militar. De allí se llevaron
una maleta además de incautar el registro de pasajeros. Lo mismo ocurrió con
el registro del Policlínico: la hoja donde Berríos figuraba como Héctor
Tulio Paredes fue arrancada por el director sin más explicación. Mientras
que en la Comisaría desaparecería el libro que consignaba la denuncia. En el
departamento de Pocitos también se hizo limpieza rápida". El portero Luis
Mínguez, un suboficial retirado de la Armada que solía conversar con Berríos
y sus acompañantes, "vio cómo dos de los chilenos bajaron una mañana con dos
grandes valijas y un bolso. Extrañado, Mínguez observó que cargaban el
equipaje en un automóvil ubicado en la esquina y en otro más pequeño
estacionado frente al edificio. Pero a Berríos no lo volvió a ver". No tuvo
mejor suerte el coronel Gerardo Hubert, el ex comando de la DINA que había
trasladado los containers con las armas químicas y biológicas al Complejo
Químico e Industrial del Ejército. "Su cuerpo apareció en el Río Maipú en
enero de 1992 después de que apareciera implicado en un tráfico de armas a
Croacia". En febrero de 1993, Pinochet llegó en una misteriosa visita al
Uruguay, donde lo recibió Casella. Se sabe que los muertos no hablan.
La primera filtración sobre lo sucedido provino de un grupo de policías
uruguayos que en junio de 1993 remitieron una carta anónima a varios
legisladores. El gobierno del político blanco Luis Alberto Lacalle destituyó
al jefe de la Policía de Canelones, coronel Ramón Rivas, y anunció que el
Ministerio de Defensa instruiría un sumario administrativo. Trece generales
del Ejército oriental con su comandante en jefe a la cabeza se reunieron
para analizar el caso, denunciaron la "agresión" a lainstitución y su
rechazo por todo "revisionismo". A la reunión "se unió el ministro de
Defensa Mariano Brito, ante quien los generales respaldaron al general Juan
Rebollo y al jefe de Inteligencia Mario Aguerrondo".
Lacalle, que estaba en Londres y regresó de apuro, se limitó a trasladar a
Aguerrondo a otras funciones y a aplicar una sanción leve a Radaelli y
Casella. "Son acciones internas de Chile que repercuten en nuestro país. Es
un tema en el que no tenemos como nación ningún interés directo", mintió
Lacalle. El ministro de Defensa Brito, y el de Relaciones Exteriores, Sergio
Abreu, también engañaron a los senadores que los citaron. Pero ni siquiera
se pusieron de acuerdo. Uno dijo que Berríos "le telefoneó a Casella desde
Porto Alegre, el 17 de noviembre de 1992 y que estaría actualmente en
 México". El otro mostró dos presuntas cartas y una foto de Berríos fechadas
en Milán. "El 26 de julio, una conversación entre Lacalle y Rebollo puso
punto final al episodio. Berríos estaba vivo en otro país, el problema era
chileno, no habría juicio real y quedó en evidencia que el Presidente no
podía remover a los militares comprometidos en algún ilícito. Se demostró
así la existencia de un poder militar paralelo en concomitancia con otro
chileno facultado para secuestrar y falsificar documentos sin dar cuentas a
nadie."
La Justicia
El presidente de la Corte Suprema de Justicia uruguaya puso todas las trabas
imaginables a la jueza Olga Pérez para tramitar los exhortos en procura de
establecer la identificación definitiva de los restos y las causas de la
muerte. Aun así la jueza, asistida por detectives civiles chilenos, pudo
fundamentar la detención de Silva Valdés y Torres Gacitúa, que se produjo el
domingo 13. El lunes 14 los sometió a rueda de reconocimiento de presos y
tanto el médico Juan Ferrari como el portero Luis Mínguez, quienes habían
llegado en el mayor sigilo desde Montevideo, los señalaron sin vacilar.
Antes de ayer, los dos detenidos fueron careados con El Huiro Sanhueza Ross,
el ex capitán que también había huido a Montevideo bajo la protección del
Tata pero que vivió para contarlo. Aquel 15 de noviembre estaba alojado en
la casa del oficial uruguayo Wellington Sarli Pose, en Calle 20 con
Ferreira, cuando llegaron oficiales chilenos y uruguayos muy agitados,
anunciando que "el otro se escapó". De inmediato él fue trasladado a otra
vivienda. "Los rostros de Silva Valdés y Torres Gacitúa ya no guardaron
compostura y la amenaza de muerte surgió rauda e iracunda en presencia de la
jueza", consigna Siete+7. No les valdrá de mucho. Hoy a mediodía la jueza
Pérez informará sobre la causa en conferencia de prensa.
Una semana antes de saber que sería detenido, uno de los acusados concedió
una entrevista a Mónica González Mujica. "Los argentinos sabían que en 1978,
cuando estuvimos al borde de la guerra, entre otras cosas se podía envenenar
el agua de Buenos Aires y otras acciones peores. Berríos era el gestor de
todo eso y también de la vacuna o antídoto. El que tiene el antídoto es tan
importante como el que causa la muerte", dijo. Agregó que los uruguayos
aceptaron retener a Berríos, cuidando que nunca cayera en manos argentinas,
"para explotar al personaje y no por darle una protección de buen
samaritano, porque el uruguayo tiene un gran resentimiento contra los
argentinos, porque es el patio trasero de Argentina, vive al otro lado del
charco" (sic). Hoy Siete+7 anticipa un fragmento de la entrevista, sin
revelar de cuál de los detenidos se trata. El viernes próximo, continuará.


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Nello

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