Fw: respuesta a WOLA y HRW (la crisis política de venezuela)

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Apreciados compañeros:
El documento que reproduzco a continuación es una carta abierta publicada
por Gregory Wilpert, sociólogo y periodista independiente estadounidense,
en respuesta a la declaración conjunta de la Washington Office on Latin
America (WOLA) y Human Rights Watch (HRW) ante la actual situación
venezolana.

Quiero hacer énfasis en la necesidad de hacer circular este documento
puesto que constituye una contribución importante en la aclaratoria de
algunas imprecisiones contenidas en la declaración de WOLA y HRW.

Un fuerte abrazo,

Mayrim Porras Ponceleón
PD: Al final del documento, encontrarán también la versión castellana de la
declaración de WOLA y HRW

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CARTA ABIERTA A WOLA Y HRW:
Estimadas Coletta Youngers y Joanne Mariner:
Es bueno observar que tanto WOLA como HRW han decidido suscribir una
declaración conjunta acerca de la situación en Venezuela. Se le ha prestado
muy poca atención a la situación, sumamente delicada y peligrosa, existente
en este país y su declaración constituye una contribución para remediar
esta falta de atención.
No obstante, siento la necesidad de responder a la declaración, puesto que
ella contribuye a la vez con un problema persistente en cuanto a la
cobertura de lo que acontece en Venezuela. Me refiero al hecho de que, en
su intento de mantener una posición de seguimiento neutral, terminan
equiparando las acciones del gobierno y las de la oposición, cuando, en
realidad, éstas son muy diferentes y no pueden ser equiparadas.
Quizás no pretendan ustedes equiparar los contrastes que encuentran entre
las acciones del gobierno y de oposición. Sin embargo, colocándolos lado a
lado de esa manera, sin evaluar su relativa gravedad, logran crear la
impresión de que las acciones de ambos lados contribuyen de igual manera a
la crisis política de Venezuela.
En primer lugar, concuerdo con ustedes en que la retórica del gobierno (la
del presidente, en realidad) contribuye a crear una atmósfera de
confrontación, aunque, tal y como ustedes lo reconocen, también lo hace la
retórica de la oposición. Sin embargo, ustedes llegan a comparar los
esfuerzos anti-constitucionales por derrocar al presidente con la
imposibilidad gubernamental para hacer cumplir las leyes y con el hecho de
otorgar cargos públicos en el gobierno a militares activos. Estas acciones,
tomadas por parte del Gobierno y la oposición, son simplemente
incomparables. La imposibilidad de hacer cumplir las leyes no es tan sólo
>atribuible al Gobierno de Chávez, sino a las lealtades, sumamente
complicadas y politizadas, de los organismos encargados de ello; los cuales
se alinean, al menos con la misma frecuencia, tanto con la oposición como
con el gobierno. Sólo para dar un ejemplo, los únicos que se encuentran
ahora mismo en prisión, son los tres partidarios del gobierno que
dispararon el 11 de Abril. Aun cuando está claro que muchos manifestantes,
partidarios del gobierno, fueron abaleados por miembros de la oposición o
por la policía (sin mencionar el hecho que los tres pistoleros encarcelados
se hallaban fuera de alcance cuando los manifestantes en contra del
gobierno fueron heridos). En cuanto a la injerencia militar en los asuntos
del gobierno, aunque lamentable, no es inconstitucional, ni puede ser
comparada con la actuación inconstitucional de algunos oficiales que
pusieran al presidente bajo arresto, como ocurrió el 11 de abril.
En segundo lugar, uno no puede comparar el injusto e impreciso reporte de
los medios de comunicación establecidos "en apoyo a la línea dura de la
oposición" con "el fuerte lenguaje intimidatorio que ataca verbalmente a
miembros de los medios de comunicación". El presidente tiene derecho a
defenderse en contra de las tergiversaciones, pero los medios no tiene el
derecho de imprimir noticias falsas y engañosas. Por otra parte, a pesar de
la obligación que tienen los medios de comunicación de proporcionar una
representación fiel de las noticias, ni un solo caso ha sido llevado a la
Corte en contra de miembro alguno de la prensa. Más aún, el hostigamiento
personal que han recibido los periodistas -que no puede ser tolerado y
debería ser sancionado- no ha coartado un ápice la libertad de prensa, como
lo puede atestiguar un vistazo a cualquier medio de comunicación
venezolano.

Tercero. Ustedes mencionan el referéndum, a mediados de 2003, como una
medida positiva por parte de miembros "moderados" de la oposición y del
gobierno, pero se olvidan de acotar que el mismo presidente, en repetidas
ocasiones, ha llamado a tal referéndum y que casi toda la oposición se
niega a esperar hasta ese momento para deshacerse de Chávez. De hecho,
desconozco si alguna parte significativa de la oposición se muestra a favor
de esperar hasta Agosto de 2003. La "Coordinadora Democrática", que reúne a
casi todas las fuerzas opositoras, nunca se ha pronunciado a favor de la
realización de dicho referéndum.
Cuarto. De acuerdo con los últimos informes, la mayor parte de la oposición
se niega a firmar la "declaración de principios" propuesta por César
Gaviria, Secretario General de la OEA, mientras que el gobierno ha
prometido hacerlo. Esto debería ser tomado en cuenta.
De nuevo, quiero agradecer sus esfuerzos por trasladarse a Venezuela y
tratar de saber con exactitud lo que allí acontece. Existe una gran
necesidad de que más gente haga lo mismo y le informe a la opinión pública
norteamericana y a la comunidad internacional acerca de la situación de
Venezuela. No obstante, el equiparar o pretender equiparar acciones que
pertenecen a un orden y a una magnitud diferentes, es simplemente dar más
herramientas a la oposición para destruir, a través de medios ilegítimos, a
un gobierno democráticamente electo.
Atentamente,
Greg Wilpert
Gregory Wilpert, Ph.D.
Periodista independiente y Profesor de Sociología
New School University, New York
Fundación Venezolana para la Justicia Global

DECLARACIÓN CONJUNTA DE WOLA Y HRW: LA CRISIS POLÍTICA DE VENEZUELA
En los últimos meses, tanto Washington Office on Latin America (WOLA) como
Human Rights Watch han emprendido misiones de averiguación a Venezuela para
investigar los acontecimientos que rodearon el golpe fallido de abril de
2002 y evaluar la situación actual de los derechos humanos y la crisis
política continuada.
Compartimos graves preocupaciones por la estabilidad política de Venezuela
y tememos que siguen habiendo altas probabilidades de que estalle la
violencia a gran escala. La comunidad internacional debe mantenerse
vigilante ante los riesgos continuados que amenazan hoy en día a los
derechos humanos, la democracia y el régimen constitucional en Venezuela.
Apelamos a la comunidad internacional, y al Gobierno de Estados Unidos en
particular, para que apoye las iniciativas emprendidas en Venezuela para
promover una resolución negociada y pacífica del actual impasse político
dentro del marco constitucional venezolano y el Estado de derecho, lo que
incluye un cumplimiento estricto de los principios de derechos humanos. La
situación posterior al golpe fallido continúa polarizada y la tensión está
a niveles sumamente elevados. Los sectores de línea dura tanto de la
oposición como del Gobierno han demostrado muy poca voluntad de compromiso
o negociación. Ambos recurren a la retórica inflamatoria y la
confrontación, creando condiciones que podrían producir más violencia.
Algunos sectores de la oposición siguen tratando de desbancar al Presidente
Chávez antes de que termine su mandato, con bastante desprecio a la
legalidad o la constitucionalidad para lograr dicho objetivo. El gobierno
de Chávez, por su parte, no ha adoptado suficientes medidas para apaciguar
el conflicto actual e imponer el Estado de derecho, y continúa promoviendo
la participación política dentro del Gobierno de miembros en activo de las
fuerzas armadas venezolanas. La situación de la prensa también es
preocupante. En lugar de informar con imparcialidad y exactitud, la mayoría
de los medios de comunicación intentan provocar el descontento y la
irritación populares en apoyo a la línea dura de la oposición.
El Presidente Chávez, a su vez, emplea un fuerte lenguaje intimidatorio
para atacar verbalmente a los medios de comunicación. Dada la polarización
de la situación, sus simpatizantes pueden interpretar sus declaraciones
como una incitación a la violencia. El resultado es una situación precaria
para los periodistas, quienes suelen ser atacados y hostigados.
A pesar de los rumores constantes sobre otro golpe, no está claro que
existan las condiciones para una nueva acción militar en un futuro cercano.
Los analistas creen que las fuerzas armadas se resisten a correr el riesgo
de repetir el golpe frustrado del pasado abril, que están profundamente
divididas como institución, y que no existe un apoyo popular suficiente
para una acción militar. Sin embargo, esta situación podría cambiar
perfectamente si escalara la violencia callejera y se viera cada vez más
amenazado el orden público. Con cada manifestación o protesta, aumentan las
posibilidades de una confrontación violenta. Es especialmente preocupante
la posibilidad de que estalle la violencia el 10 de octubre, fecha en que
tendrá lugar una protesta convocada por la oposición política a la que se
enfrentaran probablemente manifestantes pro gubernamentales.
Aunque las estrategias de confrontación dominan el debate político actual
en Venezuela, hay sectores tanto dentro de la oposición como del Gobierno
que buscan una vía alternativa. Están intentando promover el diálogo en
todo el espectro político y fomentar soluciones políticas dentro del marco
de la constitución nacional, tales como un referéndum a mitad del mandato
presidencial. Tienen el respaldo del grueso de la población que se opone a
la violencia o a nuevas acciones militares.
Hasta la fecha, sin embargo, estos sectores cuentan con muy poco espacio
político dentro del cual operar y tienen muy poca repercusión dentro del
debate nacional. Apoyar a estos sectores moderados de la sociedad y del
Gobierno, y ayudarles a crear el espacio político para promover
alternativas democráticas es un reto clave para la comunidad internacional
La comunidad internacional ha hecho dos avances importantes en la creación
de condiciones para la paz en Venezuela. Primero, en contraste con su
justificación inicial del golpe fallido de abril, el Gobierno de Estados
Unidos emitió una declaración el 18 de septiembre afirmando inequívocamente
su oposición a la alteración del régimen constitucional en Venezuela.
Segundo, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter están
 trabajando juntos para promover el diálogo en Venezuela.
Respaldamos plenamente esta iniciativa y pedimos a los actores relevantes
en Venezuela que también la apoyen. También instamos a la oposición y al
gobierno venezolanos a que acepten el nombramiento de un "facilitador" de
la OEA lo antes posible para promover el diálogo y la solución democrática
de la actual crisis política.
Finalmente, queremos subrayar el trabajo crucial que están llevando a cabo
organizaciones de derechos humanos venezolanas tales como PROVEA, la Red de
Apoyo, COFAVIC y la Vicaría Episcopal de Derechos Humanos. Están
desempeñando un papel importante y difícil en defensa de los derechos
humanos dentro de una situación polarizada y complicada, y promoviendo el
diálogo a nivel local. La comunidad de derechos humanos venezolana merece
el total apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
y de la comunidad internacional en general.