Argentina:Servicios públicos privatizados en la mira

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Marcela Valente

BUENOS AIRES, 20 mar (IPS) - La falta de gravitación de las organizaciones
de consumidores de América Latina en el control de los servicios públicos
privatizados es clave en la actual insatisfacción de los usuarios, para
quienes las compañías "hacen lo que quieren".

Este comentario es uno de los más repetidos por los usuarios de Argentina,
donde la crisis económica de los últimos meses elevó la morosidad ante las
empresas privatizadas hasta 40 por ciento.

Muchos clientes de sus servicios se quejan porque las tarifas aumentaron a
pesar de la deflación que se registró en los últimos años hasta la
liberalización cambiaria dispuesta en enero.

Las privatizaciones realizadas en los años 90 representaron, en general,
mejoras en la prestación de los servicios, pero el costo de la inversión
recayó en los usuarios, explicó a IPS Claudia Collado, directiva de
Consumers Internacional, federación que nuclea a 264 organizaciones de
consumidores de todo el mundo.

"Los servicios públicos privatizados sólo funcionan bien si existe una
fuerte regulación. Los consumidores siempre van a estar en desventaja por la
asimetría en la información", pues reciben menos que los prestadores de
servicios y los reguladores, comentó Collado.

Estos asuntos estarán en debate a partir de este miércoles en Buenos Aires,
en la II Conferencia Regional de Consumidores y Servicios Públicos. Los
participantes analizarán los procesos de privatización en América latina y
las diversas experiencias de participación de las entidades de usuarios.

Collado, coordinadora de la reunión que se extenderá hasta este viernes,
explicó que las privatizaciones atraen inversiones, pero también originan
alzas de tarifas, lo cual excluye del acceso a los servicios a muchos
usuarios sin posibilidades de pagarlas.

Las organizaciones de consumidores observan que, en general, la creación de
entes reguladores oficiales junto con las privatizaciones no alcanza para
ejercer una defensa efectiva de los derechos de los usuarios y las
obligaciones de las compañías, desconocidos por muchos.

A su juicio, es necesario imponer a las empresas reglas más claras de
funcionamiento y promover la independencia, la idoneidad y la transparencia
de los organismos estatales de control, que en la mayoría de los casos
actúan más a favor de las empresas que de los ciudadanos.

América Latina sufre "insuficiencias importantes" en materia de
participación y representación de las organizaciones de usuarios en los
entes oficiales de control de los servicios públicos privatizados, según un
informe realizado por Consumers Internacional.

Sólo las organizaciones de Brasil y México tienen alguna participación
directa en esas entidades oficiales. En otros países se prevén, a lo sumo,
mecanismos de participación mediante audiencias públicas o de comisiones
asesoras.

Esta ausencia es vinculada a la aprobación de alzas arbitrarias de tarifas,
que no siempre incluyen precios especiales para desempleados o personas de
escasos ingresos.

"Lo peor es que los consumidores no tengan voz ni voto en el tema de las
tarifas", comentó Collado.

La privatización no parece tampoco haber alcanzado para extender la red de
usuarios de los servicios públicos a las zonas menos pobladas, en especial
las rurales, según las organizaciones nacionales de consumidores.

Las empresas privatizadas suelen ser los destinatarios de más quejas ante
los servicios de defensa del consumidor. En México, donde la inflación
creció 360 por ciento en los años 90, las tarifas de la compañía Teléfonos
de México crecieron 973 por ciento.

En el caso de Argentina, donde el mercado de telefonía se repartió entre dos
empresas (Telecom y Telefónica), las tarifas aumentaron 700 por ciento en
los años 90, periodo de inflación nula, pues las compañías aumentaban sus
precios de acuerdo con la inflación de Estados Unidos, dado que el peso
argentino se cotizaba a la par del dólar.

La Liga de Acción del Consumidor de Argentina indicó que el abuso en las
tarifas o malas prestaciones de servicios públicos constituyen la primera
causa (30 por ciento) de los reclamos ante esa organización.

Así mismo, en los últimos meses comenzaron a ser más evidentes en Argentina
los casos de compañías que no pudieron brindar los servicios prometidos. En
algunos casos, quebraron cuando las ganancias comenzaron a declinar y las
quejas a aumentar.

Se trata, por ejemplo, de empresas de provisión de agua en las provincias de
Argentina --algunos de esos servicios debieron regresar a manos estatales--,
del correo --concesionado por 20 años y hoy a punto de quebrar--, las
empresas de transporte aéreo y las de ferrocarriles.

Aerolíneas Argentinas fue rescatada varias veces del cierre y actualmente
está en concurso de acreedores. Los ferrocarriles, tanto de carga como de
pasajeros, tuvieron evoluciones dispares según los tramos, pero en todos los
casos ofrecen hoy servicios muy reducidos a mucho más alto costo.

En el caso de los trenes, la reducción del gasto estatal que sirvió de
argumento a la privatización es relativa, pues el gobierno subvenciona a un
gran costo parte del funcionamiento a cambio de mantener las tarifas a
precios accesibles.

La conferencia de Consumers Internacional en Buenos Aires servirá para que
las organizaciones federadas intercambien experiencias y presionen para
lograr una mayor participación en los órganos de contralor en defensa de los
usuarios. (FIN(FIN)


Nello

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