sul tentato golpe a Haiti

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

HAITI:
Inquietud en EEUU ante tentativa de golpe

Jim Lobe

WASHINGTON, 17 dic (IPS) - La violencia que se desató este lunes en la
capital de Haití, calificada como intento de golpe de Estado por el gobierno
de Jean-Bertrand Aristide, revive el temor de una nueva oleada de refugiados
desde el país que Washington invadió hace siete años.

Varios camiones con comandos armados no identificados atacaron una prisión
en el centro de Puerto Príncipe y tomaron el Palacio Nacional (sede del
gobierno), antes de ser repelidos por las fuerzas de seguridad.

Posteriormente se sucedieron varios ataques de seguidores de Aristide contra
figuras y oficinas de la oposición política.

Al menos cuatro personas, dos de ellas policías, murieron en el intento de
asalto. Según varios informes de prensa, los camiones que utilizaron los
asaltantes fueron vistos durante el día por toda la ciudad.

El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos instó a mantener
la tranquilidad y urgió al gobierno a "tomar medidas apropiadas para
mantener la calma". La embajada estadounidense decidió cerrar sus puertas
durante la jornada.

La situación podría disparar el ya continuo éxodo de haitianos hacia Estados
Unidos y obligaría al gobierno de George W. Bush a terminar rápidamente con
su política de "negligencia benigna" hacia la nación del Caribe, señalaron
analistas.

"Jeb (Bush, hermano del presidente y gobernador del meridional estado de
Florida) debe estar poniéndose nervioso al ver esta situación y el creciente
número de personas en botes precarios que llegan hasta su estado", estimó
Rachel Nields, especialista en Haití de la Oficina sobre América Latina en
Washington.

"Estados Unidos no tiene una política hacia Haití, y dejó la cuestión en
manos de la Organización de Estados Americanos (OEA)", agregó.

El flujo de haitianos que intentaban escapar de la brutal dictadura que
desalojó del poder a Aristide en 1991 --apenas unos meses después de asumir
como primer presidente democrático en 34 años--, fue una de las causas de la
intervención militar estadounidense, ordenada en 1994 por el entonces
presidente Bill Clinton.

Pero los actos violentos se repetirán si Aristide no toma medidas firmes
para terminar con la crisis entre el oficialista Partido Familia Lavalas y
la opositora Convergencia Democrática, opinaron funcionarios de Washington y
antiguos partidarios del mandatario haitiano que residen en Estados Unidos.

El estancamiento interno se arrastra desde las elecciones legislativas de
mayo de 2000, cuando el gobierno ignoró las denuncias sobre manipulación de
votos y fraude efectuadas por la oposición y por observadores
internacionales.

"El robo flagrante de las elecciones por parte de la facción de Aristide
creó un régimen de legitimidad dañada", sostuvo Jim Morrell, estudioso sobre
Haití del Consejo sobre Política Internacional, institución que respaldó la
invasión de Estados Unidos y la restauración de Aristide en 1994.

"Sin legitimidad, sólo queda un poder faccioso obtenido a la fuerza, (el
que) justifica y abre camino al próximo grupo de complotados", opinó.

Morrell subrayó el temor de que los sectores oficialistas aprovechen el
brote de violencia "para reprimir aún más a los políticos opositores, la
prensa independiente y los activistas de derechos humanos".

Según algunas autoridades, el asalto y varios atentados contra oficinas
policiales perpetrados en julio, son obra de las fuerzas de Guy Philippe, un
militar retirado que fue jefe de policía en la septentrional ciudad de
Cap-Haitien, la segunda del país, y que operaría desde la vecina República
Dominicana.

La tensión fue en aumento en las últimas semanas, y se agravó durante la
manifestación antigubernamental del fin de semana en Petit Goave.

Desde las elecciones de 2000, la OEA procura negociar con ambas partes una
nueva votación para determinar los escaños más cuestionados. Pero aún no
están claros los detalles de esa elección, pese a que el foro continental
envió más de 12 misiones al país, encabezadas por el asistente del
secretario general, Luigi Einaudi.

Unos 500 millones de dólares de asistencia fueron congelados por los
donantes internacionales hasta que se resuelva la disputa electoral, si bien
decenas de millones de dólares en ayuda continúan ingresando al país a
través de las organizaciones no gubernamentales (ONG).

El Banco Mundial colocó al país en la categoría de exclusión del régimen de
contabilidad en septiembre, al registrarse un inclumplimiento de sus
obligaciones de deuda por más de seis meses.

Esto imposibilita que el Banco reanude la asistencia u otorgue nuevos
préstamos, excepto para cierto tipo de proyectos relacionados con el sector
de la salud.

"El pago de los montos atrasados no es lo importante. Lo esencial es la
voluntad para mejorar la transparenica y la gobernancia", sostuvo una alta
funcionaria del Banco Mundial.

"Es mejor no entregar dinero, si éste va a comprar la casa de una u otra
persona", subrayó la fuente, recordando que una parte de los dineros
públicos se ha utilizado para adquirir viviendas y automóviles de altos
funcionarios.

En consecuencia, el país más pobre de América se sumerge aún más en la
miseria, impulsando al éxodo hacia República Dominicana o Estados Unidos.

"Esto coloca en una situación muy difícil a la región occidental de
República Dominicana. Es una bomba de tiempo, pues los dominicanos están muy
resentidos", afirmó la funcionaria del Banco Mundial.

La represión y la ilegalidad también están en aumento, según organizaciones
de derechos humanos, para las que la situación se agravó desde que Aristide
fue reelecto presidente en diciembre de 2000.

El respeto a los derechos humanos y la ley cayeron a su nivel más bajo desde
que las tropas estadounidenses desalojaron al régimen militar en 1994,
sostuvo la organización Amnistía Internacional en septiembre.

Si no se resuelve la investigación sobre la muerte del periodista de radio
Jean Dominique, ocurrida en abril del año pasado, Aristide será incorporado
a la lista anual de "predadores de la libertad de prensa", advirtió en
noviembre Richard Menard, presidente de la organización Reporteros sin
Fronteras.

Según testimonios en poder de la justicia, el senador Dany Toussaint,
influyente miembro del Partido Lavalas, tuvo participación en el asesinato.
Pero Toussaint se refugia en su inmunidad parlamentaria



Nello

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