Represores argentinos, cada vez más presionados, dentro y fuera del país

["Nello Margiotta" <animarg@tin.it>]

Fuente: AFP


Suárez Mason (AFP)
BUENOS AIRES.- Varios militares argentinos acusados de violaciones de los
derechos humanos durante la última dictadura (1976-1983) se encuentran ahora
bajo la mira de la justicia local e internacional, aunque el Gobierno ha
afirmado en reiteradas oportunidades que no extraditará a ningún represor.

Un tribunal de Nuremberg (Alemania) emitió una orden de captura contra el ex
jefe del Primer Cuerpo del Ejército argentino, Carlos Guillermo Suárez
Mason, por su presunta responsabilidad en el asesinato de la estudiante
alemana Elisabeth Käsemann en 1977 en Buenos Aires.

Esta demanda se suma a otro caso emblemático de los años de represión
ilegal, el del ex marino Alfredo Astiz, detenido desde el 1 de julio a
pedido de la justicia italiana.

Italia y Francia solicitaron luego su extradición y desde entonces, el
"ángel rubio de la muerte" aguarda una decisión del Gobierno argentino en
una celda de la prefectura naval. La justicia resolvió que no sería
liberado.

Tanto en el caso de Suárez Mason como en el de Astiz, los organismos de
defensa de los derechos humanos se congratularon de los pedidos extranjeros,
aunque se mostraron escépticos sobre la decisión que tomará el Gobierno.

En efecto, el ejecutivo esgrime el principio de territorialidad y ha
expresado en diversas ocasiones, entre ellas en el caso de Astiz, que no
extraditaría a ningún represor de la dictadura, aunque aún no se ha
pronunciado sobre Suárez Mason.

El propio Suárez Mason, que tiene otras órdenes de captura de la justicia de
Italia y de España, se mostró convencido de que Argentina rechazará el
pedido de captura de Alemania: "Ya hubo otros pedidos en igual sentido y
fueron rechazados", dijo a la agencia privada DyN.

Robo de bebés

Sin embargo, existe un delito por el cual los represores podrían ser
extraditados o juzgados en su país: el robo de bebés. Se trata del único
delito que no prescribe y que no fue incluido en las leyes de Punto Final y
Obediencia Final de 1986 y 1987 que impidieron el juicio de centenares de
militares después del fin de la dictadura.

La secretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, estimó al respecto hace dos
semanas, que Astiz podría ser extraditado ya que se tendrá que tener en
cuenta que "jamás fue juzgado por apropiación de menores".

Cuando la Cancillería "haga la evaluación política del pedido de
extradición, va a tener que concederla, salvo que en Argentina haya
elementos para juzgar a Astiz aquí, o que él prefiera ser juzgado en su
país", afirmó.

"Si el caso de Astiz prospera, y los fiscales estiman que es posible, esto
sentaría un precedente", afirmó esperanzada la presidenta de la asociación
Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a la AFP.

Además de Astiz y Suárez Mason, otros 96 militares y policías fueron
requeridos por el juez español Baltasar Garzón. La solicitud de captura fue
rechazada por Buenos Aires.

Alfredo Astiz (AFP)

Pero en Argentina, el juez Rodolfo Canicoba Corral está a cargo de una causa
sobre la existencia de un plan sistemático de robo de bebés, y ya están
detenidos e imputados once represores, entre ellos Suárez Mason, los ex
dictadores Jorge Rafael Videla (1976-1981), Reynaldo Bignone (1982-1983) y
el ex almirante Eduardo Emilio Massera.

El abogado de seis Abuelas de Plaza de Mayo, Alberto Pedroncini, anunció a
la AFP que presentará contra Videla veinte nuevos casos de bebés apropiados
ilegalmente, sumándose a los 22 ya existentes por los que el ex dictador
está procesado y en prisión preventiva.

Videla fue además procesado por el juez Canicoba Corral por su presunta
responsabilidad en el Plan Cóndor de coordinación represiva de las
dictaduras latinoamericanas, convirtiéndose en el primer dictador procesado
en esta causa en la que también están acusados el chileno Augusto Pinochet y
el paraguayo Alfredo Stroessner, entre otros.

En los últimos años, las Abuelas han localizado a 70 niños nacidos en
cautiverio. Las denuncias de búsqueda recibidas son 240, pero el organismo
estima que hubo entre 400 y 500 chicos sustraídos.

Sin embargo, la causa de los bebés podría no ser el único motivo de juicio
de represores. En efecto, el juez federal Gabriel Cavallo decretó en marzo
pasado la inconstitucionalidad de las leyes de amnistía en un caso
particular, sentando así un precedente para más de un millar de militares y
policías los cuales podrían, a su vez, ser juzgados por sus crímenes.


Nello

www.peacelink.it/tematiche/latina/latina.htm