Speciale DIRITTI UMANI in Ecuador, da parte di cristiano Morsolin

[ainram@tin.it]

AGGIORNAMENTO N.5 - ECUADOR NEWS

DOSSIER : DIRITTI UMANI IN ECUADOR

Mercoledi 30 maggio Amnesty Internacional ha diffuso il suo rapporto annuale, sottolineando violazióni dei diritti umani anche in Ecuador: torture e maltrattamenti per opera delle forze di sicurezza, in particolare nel carcere di Guayaquil e anche detenzioni arbitrarie di dirigenti sindacali e leader dell’opposizione durante il “leviantamente popular” del 21 gennaio 2000 che ha detronizzato l’ex presidente Jamil Mahuad. 
Invio il dossier difuso sabato 8/6/2001 dal quotidiano EL HOY, che contiene anche un’interessante intervista ad Alexis Ponce, portavoce dell’Assemblea Permanente dei Diritti Umani.
sAluti latinoamericani
cristiano morsolin, e-mail:utopiamo@yahoo.it

Impunidad: ¿todos somos cómplices? 

EL HOY , BLANCO Y NEGRO : SABADO  9/06/2001 

Un diálogo con el vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Alexis Ponce 

Alexis Ponce, vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), denuncia una posible consolidación de grupos armados de seguridad privada a escala nacional, que podrían derivar en organizaciones paramilitares, tal como sucedió en el caso colombiano.
Una de las principales preocupaciones de la mayoría de las organizaciones de DDHH en el país es una posible campaña de legitimación y aprobación social de las violaciones a derechos los humanos, a partir de la exigencia ciudadana de mayor seguridad.
Alexis Ponce ve en el proyecto estatal de derechos humanos, propuesto por el Gobierno, la intención de banalizar y burocratizar el problema. 
¿Cuál es la situación actual de los DDHH en el país?
Hay un deterioro preocupante que empieza a profundizarse desde el año 1999, y toma mayor énfasis en 2000, paralelo a la crisis: a mayor crisis social, mayores ambientes autoritarios y mayores casos de abuso de poder. Si hasta 1999 nosotros teníamos registradas entre ejecuciones extrajudiciales, torturas, hostigamientos, etc., alrededor de 148 casos, en 2000 llegamos ya a más de 300 casos, ninguno de los cuales ha sido resuelto, lo que nos presenta un factor central de la situación de DDHH: la impunidad, en la cual están vinculados fuerza pública y elementos privados de violencia.
¿Elementos privados de violencia?
En Santo Domingo de los Colorados, los empresarios y hacendados, victimas de la zozobra delictiva, han anunciado públicamente la organización de grupos privados, en parecida experiencia a los inicios del paramilitarismo en Colombia. Desde la década de los noventa empezamos a registrar casos cada vez más numerosos en Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, el sector de La Maná, Imbabura. Ni el Estado ni la fuerza pública pueden ahora olvidarse de un principio legal: el monopolio de la fuerza es únicamente del Estado, no pueden ser entes privados los que manejen esto. Hay que parar la violencia embrionaria, privada, que al unificarse con elementos corruptos o violentos de fuerza pública, sin paga, puede originar fenómenos como el colombiano.
El Gobierno Nacional señala que los casos de ruptura a los derechos humanos son aislados y no responden a una política sistemática...
El Gobierno esta empeñado en difundir la idea de que en el país se respetan los derechos humanos, que son casos excepcionales y que incluso existe alianza con la sociedad civil para la aprobación de este famoso plan estatal de DDHH. Esto es parte de otro fenómeno que en los próximos años dará expresiones concretas: la banalización y burocratización de los DDHH. Internamente tú puedes despreciar los DDHH, violentarlos o dejar que la situación se deteriore, pero a escala internacional, la burocratización se da por la enorme cantidad de normas que existen, y en esto el Ecuador, en teoría, es el primer país en respetarlas. Junto con esto, la creación inusitada de oficinas de DDHH en muchas de las instancias estatales, que parecerían creadas no para investigar delitos y abusos de poder, sino para indicar ante la comunidad internacional que todo está bien, y también para recoger la cosecha, para gestionar proyectos ante la ONU para educación, defensa, promoción de derechos humanos.
¿Cual es la actitud del Gobierno ante las organizaciones de DDHH?
Cuando el presidente de la República nos trata de majaderos, que molestamos al país, o cuando el vicepresidente dice que la extrema izquierda se escuda tras los DDHH o el ecologismo, eso crea una atmósfera de hostilidad que recuerda el lenguaje de los dictadores de los setenta. Desde la autoridad política hay un discurso, una ideología, un pensamiento autoritario, ultraconservador, si no se expresa en órdenes directas se puede expresar en lo otro, en el dejar pasar los abusos.
¿Sería entonces el Estado responsable de la situación de ruptura a los DDHH en el país?
La impunidad tiene diversos eslabones: leyes injustas, administración de justicia anómala, poder político vinculado, dirección de cárceles que hacen de todo menos rehabilitar, falta de investigación sobre la violencia concreta. Hay un fenómeno nuevo que nos preocupa¿ sobremanera: un ambiente en el que en nombre de la seguridad ciudadana se legitima la violación de los derechos humanos. En el caso de Guayaquil, por ejemplo, se da un ambiente social, ideológico y propagandístico que legitima el autoritarismo. Se exponen las 'ventajas' de romper los derechos ciudadanos, bajo un criterio temible: que todo aquello que implique defensa de derechos humanos equivale de manera inmediata a defensa de los delincuentes. (AAI)


DDHH 
 Alexis Ponce aseguró que en el país existe un ambiente de hostigamiento y amenazas contra las organizaciones de DDHH.
 El Ministerio de Gobierno asignó escoltas policíales a integrantes de la Asamplea Permanente de Derechos Humanos, luego de una serie de amenazas de muerte anónimas.
 La APDH asegura haber sido víctima de invasión en sus sistemas electrónicos. Ponce atribuye la acción a una Unidad de Inteligencia Técnica.
 La organización Amnistía Internacional lleva adelante un "programa de mecanismos de protección para los defensores de los Derechos Humanos en riesgo, en países como Brasil, Guatemala y Colombia. (AAI) 


ANALISIS
Política del disimulo

El Gobierno de Gustavo Noboa, en su calidad de representación institucional del Estado ecuatoriano, ha respondido con una tibieza preocupante a las denuncias formuladas por Amnistía Internacional, en su último Informe.
Si se tomara prestado un juicio severo del artista quiteño Miguel Varea, podríamos decir que el Gobierno levanta la estética del disimulo como política gubernamental, en materia de DDHH.
El Informe de Amnistía tomó desprevenido al régimen, que apenas pudo procesar argumentos de carácter diplomático, con lo cual demostró que, en su óptica, el problema de las violaciones a los derechos fundamentales en el Ecuador es su preocupación en tanto afecta la imagen internacional del país, aunque casa adentro reine la barbarie.
Nada se ha dicho, nada se ha prometido para eliminar la impunidad que es, quizás, la mayor causa de violencia institucional. Tampoco, que una tentación peligrosísima, que acompaña la gestión de las autoridades obligadas a enfrentar la violencia delincuencial o política, es caer en el pecado del autoritarismo. Aquello porque el control social es mínimo y porque una ideología desesperada, pero admitida sin beneficio de inventario, no encuentra otro camino para conseguir la seguridad colectiva que las vías más duras, donde los derechos de la persona son dejados de lado, usualmente.
Es cierto que las violaciones a los DDHH son más numerosas y más escandalosas cuando la pobreza también aumenta. Pero también es cierto que los gobiernos hacen poco por atenuar o combatir la miseria. 
Amnistía Internacional ha dicho que si bien ha caído el Muro de Berlín, los muros de la hipocrecía siguen en pie. (DCM) 

Gobierno: Informe no es actualizado

"El informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador no cuenta con datos actuales, está retrasado y cubre el período de 1999, que ya lo cubrió el año anterior". Así lo sostiene el embajador Francisco Proaño, titular de la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería.
El diplomático asegura que el informe presentado por el organismo internacional no recoge los esfuerzos que realiza el Ecuador, para implementar una política de protección y respeto a los derechos humanos. 
Entre esos esfuerzos cita al Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado en 1998, elaborado con la participación de varias organizaciones sociales, y cuya ejecución entrará en plena vigencia a más tardar a fines de este año o principios del próximo, señala.

Los objetivos del Plan

"Su objetivo es el de fomentar y garantizar el desarrollo integral de las personas, en condiciones de respeto, defensa y promoción de los derechos humanos, es decir, es preventivo y no sancionador", indica.
Asegura que si bien se pueden presentar casos en los que se han violentado los derechos de una persona, "esto no es un política arraigada en el Ecuador y son casos aislados que de hecho tienen que ser sancionados drásticamente". (PACH)

Impunidad: ¿todos somos cómplices? 

'...Me pusieron una funda de gas que me cubría la cabeza, me introducían un trapo lleno de gas en la boca y lo empujaban hasta la garganta, me pateaban en las piernas, brazos, en el estómago y en la espalda (...) me amenazaban con que me iban a poner corriente o con que me iban a colgar si no decía la verdad" (torturado detenido por presunción de robo).
Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas durante los interrogatorios policiales, acoso y amenaza a testigos y abogados; inhumanas condiciones de reclusión, detenciones arbitrarias. Estos son algunos de los casos de violaciones a los derechos humanos en el Ecuador, según el último informe presentado por Amnistía Internacional (AI).
Los más de 20 casos documentados que se citan en la reseña están atravesados por un eje fundamental que los agrupa a todos: la impunidad, que para Amnistía Internacional estaría institucionalizada en el país. "La impunidad tal vez es peor incluso que los casos concretos de violación a derechos humanos. La impunidad, la seguridad de que no habrá un castigo, da la libertad para seguir cometiendo estos delitos. En cierta medida, los legitima" dice Mónica López, de AI sección Ecuador. "Finalmente, todo nuestro trabajo se centra en la lucha contra la impunidad", agrega.


Amnistía Internacional señala como una de las principales causas para que la impunidad sea práctica común en el país a la competencia que se le da a los tribunales policiales o militares para que sean ellos los que juzguen a sus miembros frente a casos de violación de derechos humanos.
"A delitos comunes, como el asesinato o la tortura, deben ponerse jueces comunes, civiles", señala Elsie Monge, coordinadora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), a la vez que concuerda con el Comité de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas.
Tras el informe de Amnistía Internacional, el canciller Heinz Moeller -en representación del gobierno ecuatoriano- aseguró que "si bien se producen ocasionalmente casos aislados que afectan los derechos humanos individuales, de ninguna manera existe en el Ecuador una política sistemática contraria a dichos derechos".
"En este país, los casos aislados se repiten con demasiada frecuencia", refuta Pablo de la Vega, presidente del Centro de Documentación en Derechos Humanos Segundo Montes Mozo.
Estadísticas de la Cedhu del año 2000 señalan que el mayor número de violaciones a derechos humanos se centran en arrestos arbitrarios y agresiones físicas.
"Una sola organización de derechos humanos documentó 18 casos de personas cuyos cadáveres habían sido hallados en las afueras de la ciudad (de Guayaquil), y que habían sido muertos a tiros en circunstancias que sugerían que podían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de los fallecidos tenían antecedentes penales, y muchos de los cuerpos mostraban señales de tortura", dice AI en su informe.
Varias organizaciones de defensa de derechos humanos han alertado sobre la posible aparición de grupos armados privados, encaminados a enfrentar y reprimir directamente la delincuencia en ciudades como Guayaquil.
"La violencia como forma de enfrentar la delincuencia solo generará más violencia", dice Elsie Monge. "La delincuencia es efecto de un problema más grave".
"Más del 70% de los ecuatorianos viven en condiciones de pobreza; las tres cuartas partes de la población no tiene empleo. En esa situación no se puede hablar de respeto a los DDHH. Derechos humanos son también seguridad de trabajo, alimentaria, de salud. Así, las políticas económicas de Estado violentan ya de por si los derechos de hombres y mujeres". (AAS)

Hacinamiento carcelario, otra forma de violencia

Amnistía Internacional en su informe también denunció las condiciones de reclusión que sufren los detenidos que se encuentran bajo investigación policial, definiéndolas como "crueles, inhumanas y degradantes". 
En Ecuador existen 33 centros de detención, con capacidad para 6 093 personas. Actualmente, según estadísticas de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, hay 8 781 presos, de los que solo 2 909 tienen sentencia. 
Sin políticas penitenciarias ni planes de rehabilitación social, en un espacio donde se mezclan hacinamiento, tráfico de drogas, violencia formal e informal, extorsión y tortura, el sistema carcelario ecuatoriano termina cometiendo una "violación masiva de derechos humanos", como aducen varias organizaciones no gubernamentales.
Según la Cedhu -que maneja información principalmente de la provincia de Pichincha-, durante el año 2000 se documentaron más de 600 arrestos arbitrarios, así como 50 casos de tortura. En 1997 la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos señaló 306 casos de tortura en el Centro de Detención Provisional de Quito. (AAS)


El testimonio de Pedro Baque, otra prueba más del abuso

El 11 de febrero de 1999. Pedro Baque Tuárez y los hermanos Carlos y Pedro Jaramillo son detenidos por ocho policías mientras viajan por una carretera en el sector de Guabito, Portoviejo. Obedeciendo órdenes, los tres levantan las manos. Un policía dispara. Pedro Jaramillo cae muerto.
Esposados y con los ojos vendados, Pedro Baque y Carlos Jaramillo son llevados a una propiedad de la Policía. Ahí los golpean, hasta que nuevos disparos acaban con la vida de Carlos Jaramillo. Pedro Baque recibe también varios balazos, que le perforan el abdomen, el brazo izquierdo, los pómulos y el maxilar. Creyéndolo muerto, los uniformados lo abandonan en el lugar.
Tras los hechos, cinco agentes de la Policía Nacional fueron detenidos, y a pedido de Baque y de los abogados de la familia Jaramillo, la Corte Suprema de Justicia ordenó que la causa sea retirada de los tribunales policiales y pase a manos del fuero civil. Amnistía reclama sobre la lentitud del proceso judicial, que pone de manifiesto una aparente ausencia de voluntad de enjuiciar a los responsables de violaciones contra los derechos humanos.
Actualmente, tanto Baque como los familiares y abogados de los hermanos Jaramillo están bajo protección militar, debido a las constantes amenazas que han sufrido por parte de presuntos elementos de la Policía. (AAS)

¿Qué es Amnistía Internacional?

La organización fue fundada en 1961 para realizar una campaña urgente a favor de los presos

Amnistía Internacional (AI) es una organización internacional de activistas voluntarios, cuyo objetivo es "trabajar en defensa de los presos de conciencia y de las víctimas de otras violaciones de derechos humanos", independientemente de la postura política.
Fundada en 1961 para realizar una campaña a favor de los presos de conciencia, el movimiento internacional -con sede en Londres- cuenta ahora con más de un millón de miembros y suscriptores en 140 países, apoyado por 7 500 grupos locales. La organización se ha apersonado de más de 45 000 casos alrededor del mundo.
Al recibir una denuncia particular, el secretariado de AI designa un investigador -nunca del mismo país de origen de la acusación- quien realiza un seguimiento pormenorizado del caso, hasta recabar la información que confirme una violación de derechos humanos. De no recibir una respuesta aceptable por parte de las autoridades estatales responsables, Amnistía hace pública la denuncia a escala mundial, a la vez que realiza las denominadas "acciones urgentes":
En las "acciones urgentes", Amnistía difunde a toda su red mundial de voluntarios las particularidades del caso, quienes bombardean con telegramas, télex, fax, cartas urgentes a las autoridades responsables -jefes de gobierno, ministros o autoridades policiales- en demanda del inmediato restablecimiento de los derechos violentados. Durante el año 2000 se iniciaron 481 acciones de este tipo. (AAS)


Asesinato de Hurtado pasa al olvido

El diputado Jaime Hurtado González, del Movimiento Popular Democrático (MPD) fue asesinado junto a dos de sus asesores el 17 de febrero de 1999, en las cercanías del Congreso Nacional. Los asesinos, que dispararon a quemarropa contra las víctimas, huyeron sin ser identificados, aunque se presume que viajaron a Colombia. Poco después fueron detenidos tres hombres inculpados de haber tenido participación en el hecho.
Los tres detenidos en relación con el caso -Cristian Ponce, Sergei Merino y Washington Aguirre- fueron sentenciados por asociación ilícita a seis años de prisión. Gracias a las políticas de rebaja de penas y al año jubilar, fueron liberados posteriormente, y el triple asesinato quedó en la impunidad, pese a la formación de varias comisiones que investigan el caso.
Amnistía Internacional asegura que tiene denuncias "fidedignas que afirman que los autores del crimen estaban relacionadas con autoridades a las que el congresista estaba investigando por presunto blanqueo de dinero y tráfico de drogas". (AAS)


Entre la tortura sistemática y los casos que se denuncian
Las denuncias más relevantes fueron recogidas por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos 

Parte del informe que Amnistía Internacional presentó en mayo anterior y que pone en mal predicamento la imagen del país en materia de Derechos Humanos fue elaborado con las denuncias consideradas relevantes, que el Comité Permanente por la Defensa de estos derechos receptó en Guayaquil durante el año 2000.
Billy Navarrete Benavides, coordinador de este comité, sostiene que solo se enviaron las "denuncias que han sido motivo de verificación". 
El informe de la organización internacional que provocó la reacción inmediata del Gobierno da cuenta de una inadecuada práctica en los procedimientos investigativos de la policía. Se alude a casos de torturas, a los que el régimen califica de "aislados y que se producen de manera ocasional".
Desde el Comando Provincial Guayas 2, Marco Cuvero, jefe de esta dependencia, defiende la política de "transparencia" en los procedimientos de la policía. "De tal manera que aquí no hay impunidad y lo que siempre se ha considerado es el respeto y las garantías individuales de las personas". No obstante, los registros que maneja el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil hacen referencia a 224 casos denunciados en Guayas sobre presuntos abusos cometidos por la Fuerza Pública. "Es una respuesta lógica de parte del Gobierno, trata de proteger sus instituciones Los organismos de derechos humanos consideramos que no se tratan de hechos aislados. Son tendencias que se marcan en la Fuerza Pública", manifiesta Navarrete. El coordinador de esta organización afirma que los casos que se manejan son verificados por un departamento legal (6 abogados) y en los juzgados donde se presentan las denuncias. 
"Es cierto que a veces puede existir una exageración, un aumento en la versión por parte del denunciante, porque quiere presentar el hecho lo más grave posible para llamar la atención. Eso nosotros lo verificamos", añade.
Navarrete se aferra a la idea de que se está formando una tendencia negativa en el momento de que la Fuerza Pública cumple con su deber. "Son tendencias que se generan en algunos miembros de la Policía. La tortura es sistemática durante el proceso de investigación. Y no quiero decir que esta sea la norma, pero se ve con frecuencia".
Navarrete pone de ejemplo casos de homosexuales detenidos entre octubre y diciembre del año anterior en la calle Primero de Mayo de Guayaquil. El Comité marcó una tendencia negativa en los partes policiales. "Supuestamente se los detenía por atentar contra la moral. Los perjudicados eran los moradores del sector, los testigos, transeúntes. No hay nombres. Pero se los trató de la peor forma en el Centro de Detención Provisional"
Marco Cuvero desmiente la versión de que los trabajos de la policía se sujetan a estas tendencias y apela a la postura de los casos aislados: "Si existe una denuncia, una información que llegue a mi conocimiento de que alguien de la institución se ha desviado del procedimiento yo he dispuesto investigaciones". 
En este sentido, Navarrete afirma que son pocas las ocasiones en que reciben una colaboración efectiva de la Policía para investigar los casos de supuestas torturas. " Hay lentitud. Se ha comprobado que los mecanismos de impunidad son claros. Más del 70% se encuentran en trámite".
De las denuncias que recoge el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, 43 casos corresponden a supuestas torturas por parte de la Policía. "No somos autoridad para juzgar estos hechos, sin embargo, la documentación que rodea estos casos hace pensar de que se cometieron actos de tortura", sostiene Navarrete. (JVR)


¿Víctima de Más Seguridad?

Según una denuncia que resposa en el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, a las 03:20 de la madrugada del 27 de febrero anterior, Joffre Antonio Aroca Palma, de 21 años, salió de su domicilio a esperar un bus en compañía de varios amigos, con rumbo al balneario de Villamil, Playas. A la altura de la calle 17 y Pedro P. Gómez, en Guayaquil, la camioneta 115, color blanca, del Plan Más Seguridad se detuvo a una inspección. Los agentes Carlos Rivera Cordero y Edison Yépez se bajaron y le pidieron documentos. 
Aroca señaló que no estaban haciendo nada malo y se negó a enseñar su cédula de ciudadanía, según la misma denuncia. Ante la negativa lo golpearon y lo tiraron al balde de la camioneta, mientras sus amigos y una señora de avanzada edad solicitaron a los policías que no se lo llevaran por cuanto no era ningún antisocial. Los uniformados expresaron que se lo llevaban por 'resabiado'. Luego lo torturaron y fue asesinado en un lugar despoblado, en la parte posterior del estadiode Barcelona. Rivera, jefe de patrulla, (quien tiene dos juicios por asesinato) fue quien disparó. Una semana después se halló su cadáver. "Recibió un disparo por la espalda, luego que lo torturaron", señala Perla Aroca, madre de la víctima, quien denunció el caso al Comité de Defensa de los Derechos Humanos. El juicio 78-2001 se tramita en el Juzgado Quinto de lo Penal del Guayas. (CHM)


ENTREVISTA
Nebot: la sanción al delincuente no implica el irrespeto a sus derechos humanos

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, encabeza el proyecto de "Más Seguridad" encaminado a reducir los índices de violencia del puerto principal. La participación de la Policía Nacional y el apoyo de las cámaras de Industria y Comercio son claves en este proyecto.
"La sanción al hampón no implica el irrespeto a sus derechos humanos.... implica el respeto a la ley y la garantía de los derechos humanos de todo el mundo, incluyendo al delincuente", opina el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, al analizar el trabajo conjunto entre la Policía y la Municipalidad, en el control de la delincuencia.
"No he sabido que, al menos en Guayaquil, la Policía irrespete los derechos humanos en el combate a la delincuencia, y si hubiese un caso concreto se plantea y analiza y de haber razón se sanciona", dice el funcionario, quien ejecuta el plan "Más Seguridad", conjuntamente con la Policía Nacional. Con Nebot se analizó la participación policial en el abatimiento de los delincuentes y los reclamos de los organismos de derechos humanos sobre los mecanismos de exterminio.
¿Cree que los resultados del plan Más Seguridad han reducido los actos de violencia y delictivos de Guayaquil?
Soy un permanente insatisfecho, hasta con mi labor, porque siempre creo que puedo hacer las cosas en mayor volumen, y mejor. De manera que los logros no me producen sueños sobre los laureles.
¿Pero se han reducido o no los actos de los delincuentes contra los ciudadanos?
Hemos reducido los niveles de delincuencia a 50%, pero el resto de ese porcentaje que todavía queda, es intolerable aún, y tenemos que luchar contra él, quizá, de manera más drástica, porque se trata de los delincuentes más avezados. Por eso funcionan las recompensas. 
¿La captura o el abatimiento de los hampones continúa?
Tengo noticias, no confirmadas aún, de que un séptimo de los delincuentes más buscados habría caído preso.
¿Cuántos quedan aún sin apresar?
De los diez, quedan tres.
¿Y las recompensas... están funcionando?
Así es, estamos atacando, en forma conjunta, los sectores en donde llegan los carros robados y los desarticulan para vender sus piezas; estamos tomando precauciones para modificar las disposiciones municipales y exigir a los talleres mecánicos su respectiva tasa-habilitación y otro requisitos que deben cumplir para que no reciban carros robados.
¿Se cuenta con el equipamiento necesario, tanto de la Policía Nacional y especializada como de los municipales?
Estamos equipando al GOE, GIR y GAO, con chalecos, cascos y vehículos. Día a día luchamos junto a la Policía, que ojalá el Gobierno la apoye como debe ser, moral, económica y técnicamente, en esta batalla que es interminable.
Organismos de derechos humanos han reclamado la forma cómo se extermina a los delincuentes, esto es, sin dar detalles de cómo fallecieron. ¿Qué opina?
Que yo haya sabido, no hay ningún motivo para ese reclamo; la sanción al delincuente no implica el irrespeto a sus derechos humanos.... implica el respeto a la ley y la garantía de los derechos humanos de todo el mundo, incluyendo al delincuente.
¿Se ratifica que los delincuentes han sido abatidos por la Policía?
Hasta donde conozco, y lo conozco bien porque así lo dicen los partes policiales, en el caso de los delincuentes abatidos, lo han sido por la Policía Nacional en acción y respondiendo con proporción, y esto es lo importante más allá del tino y de la lógica, a las agresiones de la que son víctimas los uniformados. 
¿Conoce si la Policía irrespeta los derechos humanos?
Me gustaría que las instituciones de DDHH investigaranlos derechos humanos de los policías muertos y de sus familias. No he sabido que, al menos en Guayaquil, la Policía irrespete DDHH en el combate a la delincuencia, y si hubiese un caso concreto, se plantea y analiza y, de haber razón, se sanciona.
¿No hay cuerpos extraños en el control de la seguridad en Guayaquil?
Eso sería otro tipo de delincuencia, y en mi formación esa situación es absolutamente inadmisible. (AM)



Muchas manos en los procesos penales

El Código de Policía señala penas mayores, como tortura y asesinato, con la condena máxima 

El ministro Juez del IV Distrito de Policía de Guayas, coronel Patricio Adhathi, dice que tanto policías como militares y de Comisión de Tránsito del Guayas (CTG) gozan de fuero de corte y son sancionados de acuerdo con los delitos agravantes y atenuantes.
Así, los miembros del orden son sometidos a investigaciones por agentes especializados, que se encargan de recabar testimonios y evidencias del delito cometido. El proceso transita después por sorteo a un juzgado del distrito y pasa a órdenes del ministro juez, el cual se encarga de evaluar la infracción y finalmente dictamina la sanción o pena estipulada en el Código de Policía o el Código de Procedimiento Penal, para casos menores.
Para oficiales de alto rango, el proceso lo maneja el presidente del distrito (máximo juez), quien sentencia los casos de abuso de facultades, extorsión, tortura y asesinato.
Por delito de extorsión, la reclusión es de dos a cinco años. El abuso de facultades, los reclamos formales, la falsificación de documentos, los despachos adulterados y la mala fe policial, se castigan de tres meses a dos años de reclusión y de seis a nueve años, respectivamente. El Código de Policía señala penas mayores, como tortura y asesinato, con la condena máxima: 12 a 16 años. Por su parte, el Juez Tercero de lo Penal del Guayas, Reinaldo Cevallos Cercado, manifiesta que uno de los problemas en el sistema judicial es la falta de dominio que algunos jueces tienen de la legislación. 
Afirma que los procesos no se impulsan muchas veces por la presión de los medios de información, por personas con poder económico o político, por los abogados que ejercen la defensa, la policía o por superiores de los departamentos del poder judicial.
En la tramitación de un proceso penal, intervienen muchas 'manos' con distintos propósitos. Los jueces impulsan el juicio hasta lograr que las distintas etapas del sumario lleguen a la culminación decisiva, es decir, cuando el Tribunal Penal dictamina sentencia.
"En los juicios nos enfrentamos a la corrupción, ya que si se cometen actos menores, corremos el riesgo de la destitución, remoción, amonestaciones, suspenciones de cinco a diez días y multas de 10 al 50% del sueldo base", argumenta. (CHM)