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Brecha di Montevideo su Olivera e Yovanovic



Vi mando il pezzo che esce oggi per il Brecha su Olivera e Yovanovic

Justicia italiana Cal y arena 
Gennaro Carotenuto
Desde Roma 

El arresto de Jorge Olivera, militar argentino retirado, hoy abogado 
penalista y defensor de los vértices de la antigua dictadura, desde 
Guillermo Suárez Mason hasta Emilio Massera, ocurrido el día 6 en el 
aeropuerto internacional de Fiumicino, ha sido confirmado por el juez 
del Tribunal de Apelación de Roma Eugenio Bettiol. 

Era un pasaje necesario para que el represor argentino – su papel 
está especificado en los archivos de la CONADEP así como en las 
carpetas 0660, 3837, 8387 del archivo de la “Subsecretaría para los 
derechos humanos” – acusado por la justicia francesa del secuestro y 
asesinato de la ciudadana de aquel país, Marianne Erize, no volviera 
a esconderse detrás de la Ley de Obediencia debida que lo protege en 
la Argentina. 

Ya en la semana, la Fiscalía de París firmó la petición de 
extradición de Olivera. La abogada Sophie Thonon, que representa la 
familia Erize, se declara satisfecha y confía que en un plazo mínimo 
de cuatro meses el represor argentino pueda comparecer ante la 
justicia francesa.

La figura de Olivera es compleja. Ya desde el cuartel, describen su 
“carácter inestable, agresivo y violento”. 

"Un buchón, un informante, un intrigante", así lo recuerda al diario 
Clarín, el senador justicialista argentino José Luís Gioja, quien en 
1976 fue torturado por Olivera. En cuanto responsable de inteligencia 
en el regimiento de Infantería 22 de San Juan, “este último – afirma 
Gioja que sería uno de los testigos si se llegara a un juicio - 
manejaba una camarilla de pendejones”, que dirigía en los operativos 
de secuestro. Era él mismo quien detentaba el poder de decidir quien 
saldría y quien desaparecería.

También habría sido él mismo quien, con un Ford Falcon, haya 
secuestrado a Marianne y varios otros de los 44 desaparecidos 
documentados en San Juan. Y hubiera sido él mismo a jactarse – según 
el relato oído por Margarita Camus, quien estuvo detenida entre 
noviembre de 1976 y diciembre de 1981, del conscripto Jorge Bonil – 
junto a su cómplice coronel Eduardo Cardozo, de haber violado a ‘la 
francesa’ antes de asesinarla”.

A pesar de sus crímenes, durante la dictadura Olivera es un personaje 
secundario que actúa en un escenario periférico. Se acoge a los 
beneficios de la Ley de Obediencia Debida y se retira en 1993 
comenzando una nueva vida como abogado. Construirá su carrera sobre 
los mismos argumentos sobre los cuales sus abogados intentarán 
salvarlo de la cadena perpetua que lo espera si llegará a cumplimento 
el juicio para el asesinado de Marianne Erize.

Como primera medida ya ha declarado oponerse a su extradición, 
repitiendo en parte el esquema del caso Pinochet y planteando así una 
nueva larga batalla legal cuyo argumento central es la 
territorialidad del juicio y las relaciones desiguales de soberanía. 
Su abogado y socio, Jorge Appiani, lo declara victima de secuestro y 
neocolonialismo. 

Más allá del objetivo de impedir el juicio de un acusado por crímenes 
contra la humanidad, es un argumento que - frente a un tribunal 
internacional que va naciendo en estos meses sólo bajo la garantía de 
inmunidad para los crímenes cometidos por ciudadanos estadounidenses -
 cobra y cobrará más fuerza en la medida en que la eficiencia de 
estos tribunales alcancen aquellos crímenes cometidos en el tercer 
mundo dejando impunes los cometidos por ciudadanos del primero.

En este contexto, Jorge Olivera es un personaje, no tanto por su 
“cursus honorum” de represor durante la dictadura, sino por su 
actuación como abogado. Con los mismos argumentos – salpicados con 
gotas de nacionalismo barato - junto a la defensa de sus superiores 
de entonces, Massera y Suárez Mason en el juicio de Roma por los 
desaparecidos de origen italiano, llega a su país hasta a alcanzar 
algo de popularidad en ambientes insospechables de simpatías hacia el 
régimen militar. El pasado 4 de julio presenta una demanda ante el 
Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, contra la ex primera 
ministra británica Margaret Thatcher, a la que acusa de crímenes de 
guerra cometidos en el hundimiento del crucero argentino “Belgrano” 
durante la guerra en las Malvinas/Falklands, en 1982.

Es una demanda sin éxito pero que hoy en día les permite a los suyos 
de ventilar un complot internacional.

Lejano y hasta incomodo es el personaje Olivera para el gobierno 
argentino que, hasta ahora, se mantiene al margen, sosteniendo que 
Olivera no tiene juicios pendientes en la Argentina – y en esto 
diferenciándose del caso Pinochet – no se puede invocar el principio 
de extraterritorialidad, fulcro de la política de la Casa Rosada en 
el tema. Así, desde la “Subsecretaría para los derechos humanos” 
dirigida por Diana Conti, se marca Olivera de “provocador” por su 
actuación de entorpecimiento de los “Juicios por la Verdad”. Como 
abogado de ex militares acusados por violaciones de los derechos 
humanos, Olivera intenta contrarrestar los "Juicios por la verdad" 
con demandas para investigar los asesinatos de militares atribuidos a 
los opositores de la dictadura. El represor, hoy abogado, se 
distingue así en la enésima transformación de las victimas en 
verdugos y resucitando la mal parida, pero útil, teoría de los dos 
demonios. Detrás del intento de hundir los “juicios por la verdad”, 
elaborados por Olivera en el marco del sofisma del “recuerdo 
completo” estaría – según lo que escribe Horacio Verbitsky – el 
actual jefe del ejercito argentino, General Ricardo Brinzoni.

Y Marta Rabassi, esposa de Olivera, afirma que el mismo Brinzoni, 
asegure apoyo institucional para la liberación de su marido. A 
Rabassi y Brinzoni, contesta indirectamente el ministro de Justicia, 
Ricardo Gil Lavedra: “Olivera recibe la misma asistencia consular de 
los otros 90 ciudadanos argentinos actualmente presos en Italia y – 
subraya el ministro – nada más”.

Olivera cayó en la telaraña de la justicia internacional en el 
aeropuerto “Leonardo da Vinci” de Roma. Confirmado el arresto queda a 
disposición de la justicia en una celda de la cárcel de Regina Coeli, 
en Roma. 

Cómo pudo un hombre que figura en la lista de los 98 represores 
procesados en España por el juez Baltasar Garzón, que los acusa de 
terrorismo y genocidio, haberse tomado el riesgo de unas vacaciones 
en Italia es inexplicable. Y es la primera vez que un militar 
argentino con antecedentes de torturador comete la ligereza de 
hacerse arrestar fuera de Argentina. Los “carabinieri” que lo han 
interceptado en el banco de la facturación en Fiumicino, se han 
encontrado con un tranquilo profesional de vacaciones en Italia para 
celebrar sus 50 años de edad y sus 25 de matrimonio. 25 años de 
casado; la coincidencia es casi perfecta. Pocas semanas después de 
casarse habrá cumplido con su “Obediencia Debida” o habrá cedido a su 
“carácter inestable, agresivo y violento”, secuestrando, violando y 
asesinando Marianne Erize, si así serán comprobadas las acusaciones?

Mariannne Erize, la joven de pasaporte francés cuyo asesinado ha 
incriminado a Olivera, tiene una historia peculiar entre las obscuras 
y a menudo todavía nunca denunciadas desapariciones en el interior 
argentino. Hija de colonos franceses, entre los 18 y los 20 años 
tiene una rápida y exitosa carrera de modelo pero prefiere dedicarse 
a otras cosas. Vive el 68 entre París y la España donde todavía 
funciona la garrota franquista. Se acompaña con el guitarrista Paco 
de Lucia y es posible que haya sido en su honor que Joan Manuel 
Serrat escribe el tema “La Montonera”, banda sonora de la película 
"Cazadores de utopias". 
Vuelve a la Argentina, trabaja en los barrios más pobres. Es cercana 
al Movimiento de los Sacerdotes para el Tercer Mundo y al padre 
Carlos Mugica. En el velorio con motivo de las víctimas de la masacre 
de Trelew, en 1972, conoce Daniel Rabanal, militante montonero y su 
compañero desde entonces. Se trasladan a Mendoza. El cae preso y ella 
se queda en la zona de San Juan, desconectada y indefensa. Será fácil 
víctima de las patotas de la recién estrenada dictadura. La 
secuestran el 15 de octubre de 1976, a los 24 años. La llevan en el 
centro clandestino de “La Marquesina”. Ya el día 21 a la familia 
llegan rumores de su muerte.

En paralelo con el caso Olivera la justicia italiana tomó también 
otra decisión de signo opuesto. El ciudadano chileno Jaime Yovanovic 
Prieto, ex preso y exiliado político y miembro del MIR, profesor de 
derecho alternativo en la Universidad de San Pablo en Brasil, había 
sido detenido el mismo domingo 6 al final del encuentro 
antiimperialista de Asís donde había participado en la formación de 
un Frente internacional anti-imperialista que supere Seattle. 
Yovanovic, acusado de complicidad en el asesinato, en 1983, del 
general Carlos Urzua, cercano al dictador Augusto Pinochet, ha pasado 
cuatro días detenido para ser luego puesto en libertad bajo orden del 
ministro italiano de Justicia, Piero Fassino. Fassino ha fundamentado 
su decisión en el hecho que siendo el pedido emitido por un tribunal 
militar de una dictadura, seguían existiendo las características de 
un juicio político y que la ley italiana impide la extradición hacia 
países donde sea vigente la pena de muerte. A pesar de la noticia 
aparentemente positiva, el profesor Yovanovic ha sido expulsado del 
área del tratado de Schengen – aquél que regula la libertad de 
movimiento para los ciudadanos del primer mundo y limita la de los 
demás - a pedido del gobierno alemán y ha vuelto a Brasil siendo 
todavía existente el pedido de captura chileno. Muchos observadores 
han leído en la doble actitud del gobierno de Roma – que no podía 
repetir otro caso Ocalan - una manera de advertir exiliados y 
movimiento antagonista que no pasen el límite para no incurrir en la 
represión.