Latinoamérica BOLIVIA ADELANTA SUPERÁVIT POR OCTAVO AÑO CONSECUTIVO ![12]() La economía boliviana cerrará 2013 con superávit, adelantó el viceministro de Tesoro y Crédito Público, Edwin Rojas, quien recordó que sería el octavo año en esas condiciones, se conoció hoy en La Paz.
Rojas, citado por el diario Cambio, recordó que al cierre del primer semestre el superávit fiscal registró un incremento del 3,3 por ciento, una cifra que presagia otro años más con balance positivo. Al mismo tiempo, destacó que el incremento en la recaudación de impuestos, las labores de la aduana y los hidrocarburos, entre otros sectores, permitieron esos resultados, además de la austeridad en el gasto de electricidad. El gobierno boliviano presentó la víspera los resultados correspondientes a los primeros seis meses de 2013, el cual refleja cifras importantes, entre ellos el pago de la deuda externa, de los bonos sociales y las recaudaciones tributarias. Según Rojas, "en el primer semestre se muestra que nuestras cifras fiscales tienen un 3,3 por ciento de superávit respecto del Producto Interno Bruto (PIB), aunque se proyectó un déficit de 4,8 por ciento para 2013". Por otra parte, destacó que en términos monetarios, ese 3,3 por ciento equivale a seis mil 526 millones de bolivianos, poco menos d e mil millones de dólares. Otros datos ofrecidos por el ministerio de Economía advierten que hasta agosto, el superávit alcanzó el 4,8 por ciento, y que el promedio desde 2006 hasta 2012 llegó hasta el 2,0, una cifra superior al déficit de 5,5 registrado en el período neoliberal de 1999 a 2005. ARGENTINA- CREACIÓN DE COMISIÓN DDHH POR CONFLICTO MONSANTO CÓRDOBA ![14]() El 27 de octubre de 2013, numerosos Premios Nobel Alternativos de todo el mundo, el Premio Nobel de la Paz de Argentina, autoridades y miembros de la comunidades universitarias, organizaciones de DDHH y de la socied ad civil de Córdoba y del país, constituyeron la Comisión Veedora por la Vigencia de los Derechos Humanos en el conflicto generado por la posible instalación de la planta de Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas.
El objetivo de creación de dicha Comisión es fortalecer el principio de respeto a los Derechos Humanos, así como registrar posibles transgresiones a los mismos y, llegado el caso, levantar las quejas y las denuncias correspondientes, tanto a nivel nacional como internacional. Como primera actividad, la Comisión solicitó una audiencia al Sr. Gobernador y por su intermedio a las autoridades de los organismos involucrados, (Secretaría de Ambiente de la provincia, Intendente de Malvinas Argentinas, Fiscalías y Juzgados del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia), exhortándolos a extremar esfuerzos para enmarcar y resolver dicho conflicto con criterios de equidad y cumpliendo las normativas provinciales y nacionales, y al Gobierno de la Pcia de Córdoba a emitir una resolución sobre el conflicto Monsanto que garantice los Derechos Humanos. Texto de la carta Sr. Gobernador de la provincia de Córdoba
DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA Cc:
Presidencia de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Sra. Alicia Pregno
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Sr. Hugo Pozzi
Secretario de Ambiente Sr. Federico Bocco
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Presidente, Dr. Carlos García Allocco
Fiscalía General de la Provincia Fiscal Adjunto, Dr. Hugo Pittaro Académicos y miembros de organizaciones de la sociedad civil, de la provincia de Córdoba, del país, de América Latina y del resto del mundo, nos hemos convocado para la conformación de una Comisión Veedora de los Derechos Humanos en el conflicto generado por la posible instalación de la planta de Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas, la cual pretende ser la acondicionadora de semillas de maíz transgénico más grande del mundo. Sabemos que los procedimientos relacionados con la Evaluación de Impacto Ambiental de dicha planta han sido cuestionados mediante peticiones ciudadanas, acciones administrativas y acciones judiciales, y que las mismas aún no fueron resueltas por los organismos gubernamentales correspondientes. Conocemos asimismo que nunca se concretaron Audiencias Públicas de consulta, y que las autoridades de la Municipalidad de Malvinas Argentina rechazan la realización de una consulta popular, pese a haber sido reiteradamente solicitada por los vecinos a fin de que sea la propia ciudadanía la que decida. No es objeto de la presente analizar cada una de esas instancias públicas, administrativas y judiciales, sino considerar que tales cuestionamientos, oportunamente fundados, han puesto en cuestión la legalidad y legitimidad de las decisiones gubernamentales. Tratándose de decisiones que pueden afectar tanto la salud de los vecinos de la ciudad de Malvinas Argentinas y lugares próximos, como impactar negativamente sobre el ambiente, reducir la biodiversidad y profundizar modelos extractivos inadecuadamente debatidos con la sociedad, la situación exige una resolución institucional que garantice los derechos consagrados en la Constitución y las leyes, y en Tratados de rango supraconstitucional que el Estado argentino ha suscripto y ratificado. Como ciudadanos hemos sido impactados por la represión policial del día 30 de septiembre del corriente año contra la protesta que llevan adelante los vecinos de Malvinas Argentinas, los integrantes de la Asamblea "Malvinas lucha por la vida" y los colectivos y personas que acompañan su resistencia pacífica, represión que puso en riesgo la integridad física de quienes están ejerciendo su derecho a manifestarse. También nos ha generado una gran inquietud las actuaciones de integrantes de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), enfrentando física y verbalmente a los ciudadanos que se oponen a la construcción de la planta. Consideramos que es responsabilidad indelegable de las instituciones democráticas procesar con criterios de equidad los intereses involucrados en un conflicto, garantizando los derechos en juego promoviendo el interés general, la salud y el cuidado del ambiente. Exhortamos a las autoridades democráticas de los organismos involucrados, entre ellos Secretaría de Ambiente de la provincia, Intendente de Malvinas Argentinas, Defensor del Pueblo de la Provincia, Fiscalía General, Fiscalías y Juzgados del Poder Judicial, Tribunal Superior de Justicia y a su persona como responsable del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a extremar los esfuerzos para enmarcar y resolver el conflicto cumpliendo a rajatabla la normativa provincial y nacional, y evitar la violencia represiva del estado y el uso de la violencia entre ciudadanos. Al mismo tiempo nos constituimos como Comisión Veedora de la Vigencia de los Derechos Humanos en el conflicto generado por la instalación de la planta de Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas, en la provincia de Córdoba, para observar permanentemente las acciones –privadas y estatales- con el objetivo de fortalecer el principio de respeto a los Derechos Humanos, así como registrar posibles transgresiones a los derechos y, llegado el caso, levantar las quejas y las denuncias correspondientes, tanto a nivel nacional como internacional. Firman la presente nota :
Los miembros de la COMISIÓN VEEDORA DE LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS BRASIL EN EL LABERINTO Leonardo Mangialavori ![16]() Mientras la Constitución brasileña cumple veinticinco años de ejercicio pleno, en el país vecino se debate la necesidad de reformar el sistema político para acortar la brecha que separa a la dirigencia partidaria del resto de la población. Las protestas masivas de junio pasado pusieron nuevamente en agenda una crisis de representación que tiene raíces más antiguas y se arrastra desde la vuelta de la democracia. Como quedó evidenciado, la apatía y el descontento político subsisten pese al crecimiento económico experimentado en los gobiernos petistas, y los escándalos de corrupción sucedidos en los últimos años agravan el escenario.
Durante las manifestaciones, Dilma Rousseff interpretó el reclamo en este sentido, y propuso la realización de un plebiscito para crear una convención constituyente que se ocuparía exclusivamente de este tema. La presidenta señaló la necesidad de trabajar sobre cinco puntos específicos: el financiamiento público de los partidos, el sistema electoral, las suplencias de los legisladores, la conformación de coaliciones en elecciones parlamentarias y el voto secreto en ambas Cámaras. Pero la presión del Congreso la llevó a desistir de tal propuesta. Dilma se vio obligada a optar por la creación de un grupo de labor parlamentaria que trabaje en un proyecto de reforma. La jugada apunta a construir un consenso entre los legisladores para fortalecer la posición del Ejecutivo. La reforma política es un viejo anhelo del Partido de los Trabajadores. El ex mandatario Lula da Silva realizó varios intentos por introducir innovaciones en el sistema electoral que reduzcan el personalismo y refuercen la disciplina partidaria. Todos sus intentos fracasaron por la falta de apoyo parlamentario. Sin dudas, hay razones para que los legisladores mantengan una posición de cautela. Entre abogados y politólogos es conocido que toda reforma política siempre implica ganadores y perdedores, pero es muy difícil saber a priori quiénes quedarán de un lado y quiénes del otro. Entre los partidos que más se han resistido a una reforma profunda están el PMDB, principal aliado del PT y bandera política del vicepresidente Michel Temer, y el opositor PSDB, del gobernador de San Pablo, Geraldo Alckmin. Ambas fuerzas creen que la reforma propuesta podría beneficiar al PT. La sospecha tiene sus fundamentos: la prohibición de financiamiento mediante donativos privados podría significar una ventaja circunstancial para el oficialismo, que actualmente controla el presupuesto nacional. Del mismo modo, la prohibición de coaliciones parlamentarias perjudicaría a los partidos más chicos y beneficiaría a los mejor organizados. Mientras tanto, el grupo de diputados que trabaja en la reforma ya llegó a un acuerdo para dejar sin efecto la posibilidad de reelección y actualmente discute la unificación de todas las elecciones en un mismo año. Según una encuesta de la agencia IBOPE realizada en agosto pasado, más del 85% de la población consideraba necesaria una reforma antes de las elecciones de 2014. Sin embargo, el coordinador del Grupo de Labor Parlamentario, el diputado Cándido Vaccareza (PT), aclaró que “lo que nosotros aprobemos aquí valdrá para 2016 o 2018” . Y agregó: “No me cabe a mí hacer demagogia”. Es que una ley especial determina que toda reforma política sólo es aplicable transcurrido un año de su aprobación. En los meses siguientes se definirá el futuro del proyecto. Todo indica que, una vez más, la reforma política podría perderse en su propio laberinto. Candidatos en la pole para 2014 A un año de las elecciones presidenciales en Brasil, los principales candidatos a ocupar el Palacio del Planalto ya miden sus fuerzas y articulan apoyos para llegar en mejor posición a junio de 2014, cuando deberán oficializar sus candidaturas. A pesar de las masivas protestas durante la Copa de Confederaciones de Fútbol, la presidenta Dilma Rousseff se mantiene como la dirigente política con mayor aprobación e imagen positiva y cuenta con el apoyo de su partido para postularse a la reelección. Lula da Silva -quien manifestó sus ganas de volver a la jefatura de Estado- dejó en claro que la decisión depende de la primera mandataria, y que sólo volverá a ser candidato en el caso de que Dilma decida no postularse para un segundo período. En el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) se fortalece la figura del senador Aécio Neves. El ex gobernador de Minas Gerais fue electo por unanimidad como presidente de su partido y su candidatura ya cuenta con el apoyo del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Más carismático que sus antecesores José Serra y Geraldo Alckmin, Neves podría significar un aire fresco para el principal partido opositor. Pero la principal preocupación del PT está puesta en la reciente ruptura de la alianza que mantenía con el Partido Socialista Brasileño (PSB). El gobernador de Pernambuco y presidente del PSB, Eduardo Campos, apuró la salida de su partido de los puestos de gobierno y ya se postula como candidato a la presidencia. Campos se muestra como una alternativa de renovación desde la izquierda y evita el lugar de opositor. Su imagen crece en el norte y en el nordeste del país desde las elecciones municipales de 2012, clásico bastión del Partido de los Trabajadores. La reciente incorporación de Marina Silva a las filas del PSB suma más preocupación al gobierno. La ex ministra de Lula se unió a los socialistas luego de que el Tribunal Superior Electoral le negara la aprobación a su partido Red Sustentabilidad. En 2010 se quedó con el tercer puesto al frente del Partido Verde, y actualmente está segunda en intención de voto, sólo superada por Dilma. Si finalmente Silva y Campos deciden integrar una fórmula conjunta, las chances del PSB podrían crecer, y el PT debería hacer un esfuerzo extra para continuar en el gobierno. Fuente original: http://www.revistadebate.com.ar/?p=4848 GUATEMALA: DESPENALIZACIÓN DE LAS DROGAS, UN CAMINO POSIBLE Marcelo Colussi El consumo de sustancias psicotrópicas con fines evasivos es absolutamente humano; siempre se dio, y nada puede garantizar que no se siga dando. Haber transformado esa condición humana en un lucrativo negocio es relativamente nuevo. La actual narcoactividad crece en el mundo, en todas sus facetas: producción de drogas ilícitas, tráfico, comercialización, consumo, lavado de los capitales que genera. Guatemala no escapa a esa tendencia. Somos un país de tránsito de drogas ilegales, un puente entre Sudamérica, donde se produce la mayor cantidad de cocaína, y Estados Unidos, su principal consumidor mundial. La situación de paso hacia el norte en el tránsito de sustancias ilícitas trae aparejada una aureola de violencia que va definiendo la dinámica social. La violencia ligada a la narcoactividad ronda el 40% de los homicidios que tienen lugar hoy en el país. El circuito de la narcoactividad en su conjunto representa hasta un 10% del Producto Bruto Interno, lo que hace del negocio un poderoso factor de influencia política y creciente presencia sociocultural. Podría decirse que en este momento están sentadas las bases para pasar a ser un narco-Estado. La debilidad estructural del mismo, su cultura histórica de corrupción y abandono en el cumplimiento de sus tareas básicas de atención de las grandes necesidades de la población, permite la avanzada de la narcoactividad, por no querer y/o no poder ofrecer alternativas, dejando así en manos de redes criminales aspectos que, de suyo, deberían ser de su competencia. Hasta la fecha, las distintas acciones para abordar el problema de la narcoactividad dentro del país se han venido realizando desde marcos punitivos. Ello responde a las pautas fijadas por el gobierno de Estados Unidos para la región, desde donde se imponen planteos prohibicionistas que se ligan con luchas frontales al tema de las drogas prohibidas, siempre desde una lógica militarizada. La evidencia demuestra que esa lucha no da grandes resultados (o ninguno), pues el consumo global no baja y la violencia concomitante a su comercialización no se detiene. Por ello existen planteos alternativos que ponen el énfasis en abordajes que hacen de todo el asunto un problema socio-sanitario, lo que constituye una visión superadora del paradigma prohibicionista. El Ejecutivo Nacional lanzó el año pasado la propuesta de despenalizar las drogas, desmarcándose así de la lógica dominante impuesta por Washington. La idea surgió como propuesta de política externa, pero a nivel nacional no se ha desarrollado nada para darle sostenimiento. En principio, poco o nada trabajada como está la iniciativa, la opinión pública nacional no se muestra especialmente favorable a la despenalización, enfrascada en otro tipo de problemas más acuciantes del día a día. En sentido estricto, no existe una propuesta orgánica a nivel nacional que dé sustento a la iniciativa presidencial. La forma en que se trajo la propuesta al seno de los países de la región centroamericana no fue la más feliz. Tuvo mucho de impositivo y faltó un trajo previo de cabildeo. Si bien se logró instalar el tema en la OEA, ello no asegura que la despenalización como política regional tenga un futuro asegurado, ni a través del organismo diplomático ni del consenso entre países del área. El planteamiento de la despenalización en solitario, sólo por parte de Guatemala, es un imposible. El negocio de las drogas ilegales es un problema global, y siendo nuestro país un eslabón más en la compleja cadena que une los productores de Sudamérica con los consumidores de América del Norte, obliga a hacer abordajes regionales. En el punto actual de la propuesta, no está claro qué ni cómo se despenalizaría exactamente, y menos aún, cómo eso bajaría efectivamente los índices de violencia. Ello debería obligar a un pormenorizado estudio con base científica que fundamente con precisión qué hacer para la promoción de una política de Estado en el tema, sostenible en el tiempo más allá de la administración actual. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RTF: http://archive.attac.org/attacinfoes/attacinfo726.zip
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