Fw: [ATTAC] INFORMATIVO 424 - FORO SOCIAL MUNDIAL

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Latinoamérica

REFORMA AGRARIA EN PARAGUAY Camino hacia las tierras labriegas. La
implementación de la reforma agraria es una lucha constante de
movimientos sociales, campesinos y trabajadores de la tierra. Un tema
que tiene que ser central de cara a las elecciones del 2008.
ARGENTINA JUICIO ORAL A DIEZ CAMPESINOS Y UN CURA POR UN RECLAMO DE
TIERRAS Once trabajadores rurales, entre ellos un sacerdote vinculado
con los derechos humanos, podrían ser condenados a cuatro años de
prisión por cortar alambres de tierras que reclaman como propias.
CENTROAMÉRICA - PRONUNCIAMIENTO ANTE LA REALIDAD REGIONAL. La
Coordinadora "Oscar Romero" de Centroamérica, CORCA, integrada por
articulaciones de comunidades y organizaciones cristianas de los
diversos países de la región, y reunida en asamblea, los días 8, 9, 10 y
11 de noviembre en la ciudad de Panamá, dirigimos a todos los pueblos y
comunidades de Centroamérica nuestras consideraciones como fruto del
trabajo realizado en estos días.
REPENSAR EL DESARROLLO" DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA EL SIGLO XXI
América Latina y el Caribe atraviesan profundos cambios. Estos son
recientes, brutales y veloces. El autor nos invita a "Repensar el
desarrollo" de América Latina y el Caribe para el siglo XX y para esto
debemos comprender el proceso y las estructuras que configuran la
región. Por James Petras. Leer en http://attac-info.blogspot.com/



Latinoamérica

REFORMA AGRARIA EN PARAGUAY
Camino hacia las tierras labriegas

                                            María Belén López

La implementación de la reforma agraria es una lucha constante de
movimientos sociales, campesinos y trabajadores de la tierra. Un tema
que tiene que ser central de cara a las elecciones del 2008.

Como en muchas regiones de Latinoamérica, en Paraguay el desarrollo
social integral brilla por su ausencia. En las últimas décadas, la
población rural ha sido ignorada y condenada a condiciones inadmisibles
de supervivencia, sin la aplicación genuina de una política agraria que
ampare sus legítimos derechos a la tierra. Por esto, la necesaria
implementación de la reforma agraria es una lucha constante de
movimientos sociales, campesinos y trabajadores de la tierra, en un
contexto sociopolítico que dispone el escenario para los próximos
comicios presidenciales, previstos para el 20 de abril del 2008.

En Paraguay hay una norma que está dibujada y tiene lindas palabras. Se
trata de la ley Nº 1863 de reforma agraria, sancionada en el año 2002 y
denominada Estatuto Agrario, la cual instituye que el Instituto de
Bienestar Rural (IBR), actualmente llamado Instituto de Desarrollo Rural
y de la Tierra (INDERT), sólo puede adjudicar propiedades a aquellas
personas "que se dedican habitualmente a las labores agropecuarias" y
"que no tengan en propiedad otros inmuebles rurales". Es decir que las
parcelas deber se adjudicadas a los campesinos sin tierra, respetando el
precio de 10 y hasta 20 veces menor que el del mercado, en diez cuotas
anuales y en tierras de hasta diez hectáreas.

Asimismo, el Estado debe asegurar el derecho a la tierra por disposición
constitucional, y dedica espacios de la Constitución Nacional a la
redacción de artículos que nunca significaron más que eso, pero ahí
quedaron. El artículo 114 de la Constitución Nacional señala "la
reforma agraria es uno de los factores fundamentales para lograr el
bienestar rural", el artículo 115 habla de las bases de la Reforma
Agraria y el artículo 116 se refiere a la eliminación progresiva de los
latifundios.

Sin embargo, desde la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y hasta
la actualidad el Estado viene entregando parcelas a Presidentes de la
República, militares, ministros, banqueros y empresarios, quienes poseen
el 29 por ciento del total del territorio. Esas parcelas se constituyen
como "mal habidas", porque fueron otorgados por el Instituto de
Bienestar Rural a personas no sujetas de la reforma agraria.

En este sentido Paraguay es el país de América Latina que tiene la más
alta concentración de la tierra en manos de los grandes terratenientes,
según el último censo agropecuario nacional, elaborado por el Ministerio
de Agricultura y Ganadería muestra que el 1 por ciento de los
propietarios concentra el 77 por ciento de las tierras. Este panorama
lamentable se mantiene por encima de leyes o estatutos, que en
definitiva no son más que formalidades ante el poder económico
capitalista y elefantiásico.

Tal como afirma el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de
Organizaciones Campesinas (MCNOC), que aglutina más de 25 organizaciones
campesinas, de mujeres e indígenas a nivel nacional, Luis Rafael Aguayo,
las leyes y las garantías constitucionales son observadas y aplicadas
unilateralmente por el Estado sólo a favor de un sector de la población,
aquel que detenta el poder político y económico.

Ante esa disparidad las organizaciones campesinas e indígenas presionan
para exigir un proceso de reforma agraria, que permita redistribuir las
tierras y apoyar la soberanía alimentaría de los pueblos. Las acciones
directas como manifestaciones pacíficas, tomas de instituciones, cierres
de rutas y ocupaciones de latifundios improductivos no significan un
fenómeno ni mucho menos, sino la única alternativa para más de 300 mil
familias expulsadas del campo, y obligadas a trasladarse a la cuidad
donde no reciben más que exclusión.

Una de las organizaciones que ha promovido varias ocupaciones de tierra
es la Federación Nacional Campesina (FNC) que agrupa a pequeños y
medianos productores y campesinos sin tierra, y define sus acciones bajo
el criterio de ocupar estancias de más de 3 mil hectáreas, que
representan latifundios. Según el secretario general adjunto de la FNC,
Marcial Gómez, es la única forma de presionar para acceder a la tierra e
impedir además la extensión de los cultivos de soja que están vaciando
los campos.

Los sucesivos gobiernos paraguayos hicieron de la tierra una mercancía, y
tal como expresó Aguayo pretendieron "resolver el problema del acceso a
la tierra a través del mecanismo de mercado que el Banco Mundial está
promoviendo, para que la tierra pueda ser comprada y vendida como
mercancía, sin tener en cuenta las necesidades urgente de la gente. El
Banco Mundial está promoviendo esta estrategia en varios países,
forzando a los campesinos `sin tierra` a pagar precios de mercado a los
propietarios, mercantilizado la tierra y socavando principios
constitucionales como el de que la tierra cumpla una función social".

Este contexto explicita que no se ha hecho más que reafirmar el modelo
agroexportador y producir beneficios trascendentes a un sector urbano y
al sector agropecuario representado por la soja y la ganadería, quienes
argumentan generar el ingreso de dólares al país.

Por supuesto, la acumulación de capital es lo que prima a costa de
empeorar el nivel de vida de los pequeños agricultores, principalmente,
quienes ven restringida la provisión de servicios básicos como la salud,
la educación e infraestructura.

El año pasado FIAN internacional, una organización de derechos humanos
sin fines de lucro y de carácter internacional que promueve y defiende
el derecho a la alimentación, y Vía Campesina realizaron una misión
investigadora en Paraguay para conocer el estado de la realización de la
reforma agraria, y se concluyó que los propietarios se oponían
exitosamente a la compra de tierras de alta calidad para los fines de
dicha reforma, y que la redistribución de tierras avanzaba muy
lentamente.

Además se demostró que el gobierno paraguayo llevó a cabo una violencia
sistemática a los derechos humanos, respondiendo con represión y
violencia a las familias que se organizaban para ocupar pacíficamente
tierras que no cumplen su función económica y social. Así, muchos
campesinos han sido detenidos con cargos penales.

Para liquidar y revertir este estado de cosas, claramente
inconstitucional, Aguayo afirma que la redistribución de tierra agrícola
a campesinos "sin tierra" debe ser el eje central de una reforma
agraria. Esta postura es correspondida por Fernando Lugo, un ex obispo
católico que respalda la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) en las
elecciones presidenciales del 2008, y proclama "una democracia
participativa, protagónica, que respete las decisiones populares".

La candidatura de Lugo busca desterrar la plataforma del Partido Colorado
(PC) que desde 1940 hizo del Estado su mesa de estar, y de las
instituciones y funciones piezas de juego al mercado. A Lugo le gusta el
objetivo ambicioso, pero necesario para transformar de una vez por todas
el paraguay en un país democrático. Sus promesas de gobierno suenan a un
cambio radical en el signo político de Paraguay, fundamentalmente porque
hacen eco de las demandas de las organizaciones rurales. "No se puede
pensar en un país serio, con paz social, sin que se piense en una
reforma agraria integral, sostuvo Lugo. Una propuesta adoptada por la
mayoría de la población, con una aprobación del 60 por ciento en las
encuestas, que genera altas expectativas al reforzar la lucha por un
nuevo modelo de país, contra una oligarquía terrateniente.

Uno de las metas centrales es la creación de un catastro nacional de
propiedades, que no existe y es punto de partida para eliminar la
desigual distribución de tierras. Con su creación se podría determinar
qué tierras están libres y cuáles no, que hay excedentes en la tenencia
de la tierra, terrenos con varias titulaciones amparados por las
instituciones estatales. Una vez hecho esto, según Lugo, se puede pensar
en una reforma con la participación de todos los estamentos
involucrados, incluidos los Sin Tierra y los pequeños y grandes
propietarios.

Para el Partido Colorado latifundista el horno no está para bollos, y
quiere impugnar la candidatura de Lugo argumentando que al pertenecer a
otra organización, eclesiástica en este caso, se está frente a un
problema jurídico. No debe ser grata la aparición de un candidato que
procura representar a las mayorías vapuleadas del país, porque la fuerza
puede ser devastadora e ir más allá de un posible triunfo electoral. Los
movimientos sociales vienen agitando hace mucho tiempo, y si el
principal gobernante termina siendo del mismo palo no habrá quién
detenga la marea.

Los campesinos y comunidades indígenas de países de la región encabezan
también luchas por la reforma agraria. Para Lugo, "Paraguay tendrá que
administrar un proyecto de país que no esté alejado de los procesos
regionales, no puede desentonar con los cambios de sus vecinos".

En Bolivia, a fines del año pasado, fue modificada la Ley del Instituto
de Reforma Agraria (INRA), que permite emprender la distribución de las
tierras comunitariamente y recuperar autonomía, un paso importante para
revertir el poder latifundista que aglomera el 91 por ciento de las
tierras cultivables.

Por otra parte en Brasil, las corporaciones transnacionales
agroalimentarias controlan la producción, el comercio y los precios,
según dijo el principal dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales
Sin Tierra de Brasil (MST), Joao Pedro Stédile, y agregó que eso está
"errado" porque la producción agrícola debe ser reorganizada para
atender primero al mercado interno y al pueblo brasileño.

Hace veinte años que el MST lucha por una reforma agraria que no llega, y
para Stédile la única forma de viabilizarla es derrotar antes al
neoliberalismo, partiendo por la democratización de la tierra, la
reorganización de la producción agrícola, el hecho de repensar nuevas
técnicas de producción, llevar la educación formal y el conocimiento al
campo y las agroindustrias al interior para generar empleo.

A su vez en Uruguay también existe una larga tradición de movilizaciones
por la reforma integral como única solución al problema del desempleo,
no sólo del asalariado rural porque en la mayoría de los trabajos se
carece de sindicatos y derechos laborales.
Estos países comparten una misma realidad, el campesinado es el sector
poblacional más pobre, imposibilitado de recibir educación y menos aún
participación en la vida política. Además en cada país se da una
división del sector agrícola entre la producción comercial de
monocultivo, y la familiar y comunitaria defendida por los campesinos,
tomando fuerza la primera, de mano de las empresas trasnacionales.

Latinoamérica está marcada a fuego por la voz demandante de las mayorías,
las poblaciones ignoradas y ladeadas a la suerte, que se agigantan.
Reforma Agraria son dos palabras que resumen la búsqueda del cambio en
las regiones. Reforma significa crisis, transformación, resultado de
lucha; Agraria figura tierra, alimentación, derechos y soberanía de los
pueblos.

APM (Agencia Periodística del MERCOSUR)
mblopez at prensamercosur.com.ar


DENUNCIAN ANTE GOBIERNO SUIZO ACTIVIDADES ILEGALES DE SYNGENTA EN BRASIL.
                                                 Sergio Ferrari.

A poco menos de un mes de los trágicos hechos del 21 de octubre pasado en
Santa Tereza, Estado de Paraná, importantes actores de  la sociedad
civil suiza se oponen a que el "caso Syngenta" quede en el olvido. Y
toman la iniciativa de informar y alertar a las autoridades helvéticas
sobre la responsabilidad de dicha empresa en hechos ilegales producidos
en el país sudamericano.

Con fecha del miércoles 14 de noviembre, veinticinco organizaciones
no-gubernamentales y redes helvéticas enviaron una carta oficial a
Micheline Calmy- Rey, presidenta de la república -y  ministra de
relaciones exteriores-, con copia a la empresa Syngenta con sede en
Basilea.

La misiva, promovida por E-CHANGER, ONG de cooperación solidaria
activamente presente en ese país sudamericano, fue suscrita por la
Alianza Sur -plataforma que reúne a seis de las más importantes ONG de
cooperación al desarrollo- ; por la plataforma UNITE -que integra 25 ONG
de intercambio de personas-,  así como también por las Federaciones de
cooperación de los cantones de Ginebra y Vaud. Greenpeace Suiza, Pro
Natura, Swissaid, Tierra de Hombres, StopOGM, la Declaración de Berna,
MultiWatch, la Acción Cuaresmal de los católicos suizos, Brücke-Le pont,
el Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, Solifonds e Inter-Agire se
encuentran también entre los firmantes. La lista se completa con otra
media docena de activas organizaciones  campesinas,  sociales, del
medioambiente y de cooperación,  que se oponen a los organismos
genéticamente modificados (OGM).

La carta recuerda que el 21 de octubre  en el estado de Paraná, "una
milicia armada contratada por Syngenta disparó contra militantes de
Movimiento de Trabajadores rurales sin tierra (MST)...", provocando la
muerte de un joven dirigente de ese movimiento  y heridas graves a otros
cinco agricultores.

Ese día,  un grupo de campesinos  había ocupado pacíficamente un campo
experimental  de la transnacional helvética, "para denunciar el cultivo
ilegal de plantas transgénicas".

Las organizaciones suizas  recuerdan al Gobierno que "esa triste
noticia"  (de la agresión armada contra campesinos), se suma "a otros
comportamientos ilegales y peligrosos de Syngenta". Empresa que ha
desarrollado y patentado semillas transgénicas particularmente agresivas
("Terminator") así como elesticida "Paraquat" ( Gramoxone) de efecto
incluso mortal para  miles de trabajadores de todo el mundo que lo
manipulan  o agricultores que lo emplean en sus cultivos.

La indignación de los movimientos sociales brasileros que exigen que la
transnacional Syngenta salga de Brasil, constituye otro elemento
central de la misiva. que concluye solicitando a la presidenta helvética
de evaluar aquellas "disposiciones que sea posible promover", ante la
"situación preocupante" provocada por Syngenta.

La empresa agroquímica helvética es la número uno a nivel mundial en el
sector fitosanitario y la número tres en el mercado de semillas
comerciales.
                    Agencia de Noticias Prensa Ecuménica


JUICIO ORAL A DIEZ CAMPESINOS Y UN CURA POR UN RECLAMO DE TIERRAS
                                                     Darío Aranda

Un empresario ingresa por la fuerza a fincas de pequeños productores de
Córdoba, exhibe papeles de un remate judicial, los reprime e intenta
echarlos de las parcelas donde siempre vivieron. Los campesinos rechazan
abandonar sus chacras y resisten el avance privado, pero son denunciados
y, finalmente, llevados a juicio penal, acusados de delitos con penas de
hasta cuatro años de cárcel. "Nos invaden los campos, nos reprimen y
ahora nos quieren meter presos. Es un paso más de la represión que se
vive en el campo argentino", denunciaron desde el Movimiento Campesino
de Córdoba (MCC), organización donde militan los acusados. Un informe de
la Defensoría del Pueblo de la Nación, que recorrió la zona en 2006,
anunciaba que en el sector rural de la provincia "se produce una
sistemática violación de los derechos humanos". Entre los procesados
figura un cura párroco defensor de los derechos humanos.

"Ni un metro más. La tierra es nuestra", afirmaban las remeras de los
once campesinos enjuiciados y de un centenar de familias que esperaban
ayer fuera de los tribunales de Cruz del Eje, uno de los departamentos
más pobres de la provincia, a 140 kilómetros al noroeste de la capital.
Fue la primera jornada del juicio iniciado por la denuncia del
empresario porteño Ramón Alberto Mazzeo, que en 1997 adquirió en remate
judicial 2000 hectáreas en el paraje Cañada Larga, con animales,
sembradíos, viviendas y hasta las propias familias campesinas dentro.
Hoy será la segunda audiencia, con los magistrados en terreno,
recorriendo los ranchos campesinos, y también será el turno del
empresario. Luego los jueces fijarán fecha para la sentencia, que podría
ser el próximo viernes o el 30 de este mes.

Carlos Loyola tiene 56 años y cuatro hijos. Siempre vivió en la misma
tierra, que heredó de su abuelo. A fines de 2004, Mazzeo avanzó con
topadoras, guardias privados y policías sobre su chacra, derribó cercos
y amenazó a la familia, que denunció el hecho. En enero de 2005, el
empresario Mazzeo alambró las tierras ancestrales y encerró las aguadas
para que no ingresaran los animales. Las familias volvieron a radicar
denuncias, pero la Justicia tampoco actuó.

En febrero de 2005, cuando el calor del norte cordobés alcanzaba los 40
grados, las cabras y vacas de las familias comenzaron a morir de sed.
Nuevas denuncias e inacción judicial mediante, el Movimiento Campesino
de Córdoba desalambró, en tierras de Loyola, 1600 metros impuestos por
el empresario. Por esa acción recayó la denuncia de "daño calificado
agravado por delito en banda", que prevé hasta cuatro años de prisión, a
cargo de la Cámara en lo Criminal y Correccional Séptimo de Cruz del
Eje, integrado por Clara Luna de Manzano, Nancy Ruth Menehem y Angel
Francisco Andreu.
Los once acusados declararon ayer. Todos reivindicaron la acción como
legítima a derecho (por los años de posesión y por la necesidad del
agua) y remarcaron que lo volverían a realizar. "No es justo que las
familias campesinas paguen con su tierra, con represión y persecución el
negocio inmobiliario que se realiza con complicidad de funcionarios de
la Justicia y del poder político de Córdoba", remarcaron desde el MCC.

Desde inicios de la década pasada, Córdoba es una de las provincias con
mayor siembra de soja. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en un
informe de octubre último, confirma la tendencia: durante 2007, las
hectáreas del país dedicadas a la soja fueron 16,8 millones de
hectáreas, 4,3 por ciento más que en el año anterior, con fuerte alza en
Córdoba. "La soja crece hacia zonas no tradicionales, a expensas de la
ganadería y de otros cultivos", reconoce la Bolsa de Cereales.

Desde el MCC, que integra a nivel nacional el Movimiento Campesino
Indígena, afrontan más de un centenar de conflictos, con aproximadamente
100.000 hectáreas en disputa. "Se produce una sistemática violación de
los derechos humanos, que padecerían hombres y mujeres de los sectores
más vulnerables del campo", denunció el informe de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, que en 2006 recorrió los pueblos y parajes de
Córdoba. Remarcó que continúa la violencia por medio de grupos armados o
del "uso irregular de la fuerza pública" y advirtió que "es el accionar
de algunas empresas de agronegocios, una forma de acorralar y presionar
al campesino para que abandone el lugar".
 http://static.pagina12.com.ar/fotos/20071120/notas/NA14FO01.jpg


CENTROAMÉRICA - PRONUNCIAMIENTO ANTE LA REALIDAD REGIONAL

La Coordinadora "Oscar Romero" de Centroamérica, CORCA, integrada por
articulaciones de comunidades y organizaciones cristianas de los
diversos países de la región, y reunida en asamblea, los días 8, 9, 10 y
11 de noviembre en la ciudad de Panamá, dirigimos a todos los pueblos y
comunidades de Centroamérica nuestras consideraciones como fruto del
trabajo realizado en estos días.

. Ante el progresivo empobrecimiento de nuestros pueblos, como
consecuencia de la imposición de las políticas neoliberales que se
caracterizan por la concentración de las riquezas en pocas manos y por
la exclusión total de las inmensas mayorías, la Coordinadora
Centroamericana denuncia este capitalismo salvaje que se aplica a
nuestros pueblos y que constituye un proyecto de muerte.

.  Exigimos al gobierno de El Salvador el cumplimiento de las
recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en
torno al proceso legal del asesinato de Monseñor Romero, y le pedimos al
señor Arzobispo de San Salvador, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle que
respete la memoria y martirio de Monseñor Romero y no negocie con el
Gobierno, a espaldas del pueblo, el desenlace de este trágico caso que
amerita justicia.

. Nos manifestamos solidarios con el Comité de Familiares de
Desaparecidos de Panamá Héctor Gallego, COFADEPA-HG, en su posición de
rechazo de la candidatura de la Magistrada Graciela Dixon a ser parte
del Tribunal Penal Internacional, TPI, propuesta por el gobierno
panameño, por sus actuaciones adversas a la justicia y al derecho
internacional en los casos de detenidos-desaparecidos de la época de la
dictadura que lideró Omar Torrijos.

. Hacemos un reconocimiento público al valiente pueblo de Costa Rica por
su lucha ejemplar en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados
Unidos y les animamos a seguir manteniendo ese coraje inclaudicable de
resistencia ante la amenaza de los proyectos de muerte que impone el
imperialismo estadounidense al pueblo de Costa Rica y a todos los
pueblos latinoamericanos y del mundo.

. Valoramos el gran esfuerzo y beligerancia del hermano pueblo panameño
por su histórico empeño en la construcción del movimiento de poder
popular expresado en el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos
Económicos y Sociales, FRENADESO, como manifestación del pueblo
organizado en lucha.

. Rechazamos los cambios que afectan los contenidos aprobados en la
asamblea de la  Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe,
CELAM, realizada en Aparecida, Brasil, el pasado mes de mayo,
particularmente aquellos referidos a las Comunidades Eclesiales de Base,
CEB, y vemos con buenos ojos la reafirmación del método de ver, juzgar y
actuar y la opción por los pobres, que son conquistas del caminar y el
proceso  liberador de nuestra iglesia en América Latina.
Como pueblos hermanos, que estamos unidos por una misma historia de
muerte y de esperanza, exhortamos a todos los pueblos a construir la
unidad, la organización y la solidaridad como caminos fundamentales para
transformar esa realidad de muerte que nos impone el modelo económico
neoliberal.

Este firme compromiso por la construcción de Otro Mundo Posible en
Centroamérica es señal de nuestra fidelidad al Dios de la Historia y de
nuestro reconocimiento de Su soberanía sobre toda nuestra realidad, lo
que nos lleva a edificar la Centroamericanidad y la Patria Grande en
América Latina.

La Coordinadora Centroamericana Monseñor Romero ha sido, a través de sus
largos años, desde 1980, una experiencia vivida desde la Iglesia de
base, que nos ha dado madurez, convicción y una lúcida conciencia de la
urgencia de una mayor entrega a la causa de los pobres que es la Causa
del Reino de Dios. Por ello valoramos los esfuerzos de tantos hermanos y
hermanas comprometidos junto a nuestros pueblos.

En esta hora histórica de Centroamérica reafirmamos nuestro compromiso de
trabajar unidos ecuménicamente con todas aquellas iglesias y
organizaciones que animados por el Espíritu cristiano buscan fortalecer
la unidad entre los pueblos y la identidad centroamericana como signo
contra el individualismo que nos impone el sistema de muerte.

¡SIN LUCHA NO HAY VICTORIA!
¡NO AL TLC, SI A LA VIDA!
¡SANDINO VIVE, LA LUCHA SIGUE!
¡VIVA SAN ROMERO DE AMERICA, PASTOR Y MARTIR!
¡VIVA MONS. GERARDI, MARTIR DE LA JUSTICIA SOCIAL!
¡PORQUE OTRA CENTROAMERICA ES POSIBLE!

Dado en la ciudad de Panamá a los once días del mes de noviembre de dos
mil siete.

CORCA  Coordinadora Centroamericana Monseñor Romero -  Adital -

Advertencia: Los documentos publicados no comprometen a la asociación
ATTAC salvo mención en contrario. Pueden ser la opinión de grupos
temáticos, personas u otras organizaciones. Se trata solamente de
aprovechar las experiencias y las ideas disponibles para poder construir
 juntos ese otro mundo posible, para reapropiarnos de nuestro porvenir.



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