Fw: Chile-Peru / Factores politicos impedirian extradicion de Fujimori

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El Mostrador, Chile
11-05-2006
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Abogado Salazar: Factores políticos impedirían extradición de Fujimori

Juristas sudamericanos estiman que en la actualidad el contexto internacional es favorable a la justicia, así como alguna vez lo fue para la represión.


Sus dudas en torno a que la extradición del ex presidente peruano Alberto Fujimori sea concedida manifestó el abogado Héctor Salazar, representante en Chile de las familias de víctimas de “La Cantuta”, como se denomina al asesinato y desaparición forzada de nueve universitarios y un profesor.

Las dudas del profesional, sin embargo, no van por el lado jurídico o legal, sino por aquellas “políticas de Estado que nunca van a ser explicitadas o reconocidas”.

Este “caso de extradición con indudables ribetes políticos”, afirmó, se desarrolla en el contexto de un mundo que tiene un notable compromiso por perseguir las violaciones a los derechos humanos, pero donde entran en juego los intereses de Chile y Perú.

Salazar llamó la atención sobre el bajo perfil comunicacional que se le ha otorgado al proceso en Chile. Las informaciones de prensa han sido en su mayoría de carácter anecdótico, indicó, “como si lo vino a ver la polola”, pero no acerca de las graves acusaciones que penden sobre Fujimori, por las cuales el Estado peruano pide juzgarlo en su país.

La extradición, que debería resolverse a mediados de año, pondrá a prueba la institucionalidad chilena en función de la cooperación internacional para proteger los derechos fundamentales, afirmó el integrante del equipo jurídico de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (Fasic) y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

Ambas instituciones, junto a la Coordinadora Nacional de DDHH del Perú y al Programa de Acciones de Interés Público y DDHH de la Universidad Diego Portales, organizaron el seminario Democracia y Derechos Humanos en tiempos de Fujimori, que congregó a juristas y dirigentes de derechos humanos sudamericanos favorables a la extradición del ex mandatario.

Estos coincidieron en que las normas jurídicas que rigen los procesos de extradición están insertas en el derecho penal internacional, el cual obliga a los estados a llevar adelante un juicio justo y con debido proceso, pero también a la cooperación internacional en la lucha contra el crimen. En el caso que un país niegue la extradición, aseveró el abogado argentino Juan Méndez, se debe procesar al acusado bajo las normas del derecho internacional, para que los delitos no queden impunes.

De negarse la extradición, los familiares de las víctimas podrían incluso y eventualmente hacer una presentación en contra al Estado chileno ante el sistema interamericano, señaló el ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el venezolano Juan Ayala.

En dictadura Chile “se benefició” del control internacional, planteó el director del Programa de DDHH de la UDP, Felipe González, y “ya en el inicio de la transición surge la pregunta de cómo Chile contribuye con la comunidad internacional”.

Aunque en materia de extradiciones Chile tiene una tradición histórica restrictiva, recordó citando los casos del criminal de guerra nazi Walter Rauff y el del ex director de la DINA, Manuel Contreras –ambas denegadas en su momento- actualmente se vive “un contexto internacional favorable de cooperación internacional para la persecución de las violaciones a los derechos humanos”. Tanto es así, precisó, que Uruguay extraditó recientemente a Chile a tres altos oficiales –dos en servicio activo y uno en retiro- por su participación en el asesinato del químico Eugenio Berríos.

En el caso de Fujimori, el abogado precisó que no se necesita probar los delitos por los que se le acusa para obtener la extradición, sino que basta con acreditarlos y que existan presunciones fundadas de su participación. Ambos requisitos se cumplirían con creces en las masacres de “Barrios Altos” y “La Cantuta”, dos de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos incluidos en la solicitud de extradición.

En cuanto al contexto político peruano, con una segunda vuelta presidencial ad-portas y la hija de Fujimori habiendo obtenido la más alta votación en las elecciones parlamentarias, la socióloga peruana e integrante de la Coordinadora Nacional de DDHH de Perú, Sofía Macher, restó dramatismo a la situación y afirmó que al menos haste el mes de julio está asegurado que el Estado peruano hará todos los esfuerzos posibles por obtener la extradición.

Posteriormente, añadió, es esperable que los 15 parlamentarios obtenidos por el fujimorismo intenten entorpecer las gestiones. Sin embargo, aseguró que no son una fueza política gravitante en el vecino país.

La mejor manera de hacer frente a las aristas políticas de un caso como este, aseguró Juan Méndez, “es despolitizarlo al máximo y judiciadizarlo igualmente”. Por otra parte, reconoció que si alguna vez las dictaduras del Cono Sur americano se coordinaron para reprimir, en la actualidad las señales de los gobiernos democráticos indican que la concertación favorece la justicia.