Marimari kom pv che ! Aki enviamos una karta de un peñi ,deskribiendo la
preokupante situacion ke tiene ke soportar kon su familia, debido al RACISMO y
DISKRIMACION reflejados en las amenazas y persekusiones de una mafia instalada
en un municipio, involukrando direktamente al intendente en total komplicidad
kon la policia y el juzgado de paz, okurre en Gualjaina, en la provincia de
Chubut . Desde este pekeño puente de komunikacion MapuChe solicitamos la
SOLIDARIDAD de TOD@S L@S MAPUCHE, DE LAS ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS DE
DDHH,SOCIALES, KULTURALES ...eskribiendo, konsultando y demas a :
lienkimun at yahoo.com.ar, puelweycha at latinmail.com
Chaltumay tati ka pevkalleal...Avkin Pivke Mapu!!
Gualjaina, Chubut, 12 de Julio
de 2005
A los pu peñi ka pu lamuen
A todos los
organismos de Derechos Humanos
A la opinión pública
Mi nombre es
Eduardo Ramirez, soy mapuche y estoy viviendo en Gualjaina, Chubut, desde hace
dos años. Mis padres y mis antepasados son parte del pueblo mapuche, y son
miembros de la comunidad “Aguada del Overo” en Neuquén. Estoy viviendo con mi
compañera en Gualjaina, ella también es mapuche, de la comunidad “Futa Huau”
(Cañadón Grande) en el oeste de Chubut. Ella se llama Ester Leguimán.
Aquí llegué en busca de trabajo y de progreso, así también con la
intención de formar una familia.
Durante la movilización popular que
realizó la comunidad de Gualjaina durante la primavera del año 2004 tuve
activa participación junto con otros vecinos, para exigir el retiro de una
empresa minera y la paralización definitiva de los trabajos que estaba
realizando. Esta acción tuvo como finalidad defender la fuente de agua que
representan los ríos Lepá, Gualjaina y Chubut, y con ella la salud de la
población, la agricultura y el futuro de nuestros hijos.
A partir de este momento comenzó una verdadera
persecución por parte del Intendente de Gualjaina, José
Carlos Duscher hacia todas las personas que tomamos parte en esta
manifestación popular. Quedamos “marcados”, y esta situación repercute
seriamente en nuestros hogares.
Esto ha sido agravado
de tal forma que desde los primeros días de Julio he sido maltratado y
agredido por el intendente, quien incluso llegó a amenazarme de muerte; y
posteriormente, en forma reiterada, me ha instigado a abandonar el pueblo.
Estos hechos ocurrieron dentro del edificio de la comuna de Gualjaina,
mientras yo me encontraba allí por un trámite familiar.
Esta actitud
de hostigamiento también incluye detención y aprietes por parte de la policía
local y el Juzgado de Paz, que actúan bajo las instrucciones del intendente
Duscher. Ambos organismos me presionaron para que me retire de Gualjaina,
argumentando que “Duscher no me quiere ver más por allí”.
Ante esta
injusta situación decidí protestar de una manera que llamara la atención de
todos: me subí a la torre de una empresa telefónica, até una bandera y
permanecí en esa altura durante aproximadamente dos horas, sólo con la
finalidad de protestar.
El intendente no permitió que la gente se
acercara. Finalmente bajé de este lugar a pedido de mi esposa.
Al
bajar me detuvo la policía y me trasladaron a Esquel, donde estuve detenido
varias horas, después de lo cual me internaron en el pabellón de Salud Mental
del Hospital Zonal de Esquel, donde me sedaron sin ningún motivo ni
explicación. Recién fui dado de alta el día siguiente, sin tampoco mediar
ninguna explicación.
Hasta el momento, no he podido hablar con el
intendente y permanezco en el hospital junto con mi esposa, que también está
internada por problemas nerviosos a raíz de toda la situación que estamos
viviendo.
Como
conclusión, quisiera decir que mi realidad es una muestra del régimen de
control y abuso de poder que ejerce el intendente José Carlos Duscher en todo
Gualjaina y los 17 parajes que dependen de ese municipio.
Esto se completa
con una notoria y permanente actitud racista y discriminatoria hacia el pueblo
mapuche.
Solicito de los organismos de Derechos Humanos su pronta
intervención en este problema y la solidaridad de los pu peñi ka pu lamuen y
todos los compañeros en lucha.
Agradeceré a todos los medios de
comunicación la amplia difusión de este documento.
Eduardo Ramirez
DNI: 26.602.488
----- Original Message -----
Sent: Thursday, July 14, 2005 2:05 PM
Subject: AMPLIA DIFUSION
TENEMOS QUE AYUDAR A QUIENES NO SE VENDEN POR LOS MUGROSOS
DOLARES
Amigos: Necesito que esta gacetilla se difunda por todos
los lugares. En San Juan, salió únicamente en dos canales de TV, y cinco
líneas en el Diario de Cuyo. Tuvimos algunas radios hasta que se daban
cuenta los propietarios de los medios y de inmediato cortaban la entrevista.
La próxima semana habrá notas sobre mi denuncia en el único medio que sigue
estos temas, la revista LA SEPTIMA. Debo aclarar que el canal 4 de TV es un
canal de aire que pertenece a la iglesia católica de San Juan y el único que
me dedico suficiente espacio durante todo un día.
Ayer hubo una conferencia
en el local de la Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San
Juan ofrecida por los periodistas de la revista LASEPTIMA, acerca de la
libertad de prensa cercenada por el gobierno sanjuanino de José Luis Gioja.
Los medios están en manos del gobierno de San Juan. Y tocar
temas sobre la minería están totalmente prohibidos. Lo curioso es que nadie lo
oculta y todos se acostumbraron a vivir de este modo.
Gracias por toda la
difusión que puedan hacer de esto, porque es
imprescindible.
Javier
COMUNICADO DE PRENSA DEL MACH Y
DE LA RENACE
MINERIA EN SAN
JUAN: CAUSA PENAL POR INJURIAS Y AMENAZAS
El ecologista Javier Rodríguez Pardo presentó denuncia penal contra el jefe
de la policía minera de San Juan y hace responsable al gobierno por su
integridad física. El funcionario lo tildó de terrorista, entre otros
calificativos.
La denuncia fue radicada el 7 de julio de 2005, en el Primer Juzgado
Correccional de la provincia de San Juan, causa 273/05, por reiteradas
injurias y amenazas hacia el ecologista Javier Rodríguez Pardo.
La presencia del ambientalista patagónico en esta provincia se debe a las
invitaciones que oportunamente le cursaron grupos de ciudadanos auto
convocados, asociaciones de viñateros y productores agropecuarios, preocupados
por las explotaciones mineras a tajo abierto y el uso de compuestos químicos.
En los últimos meses, Rodríguez Pardo llevó a cabo numerosas disertaciones en
la región de Cuyo y en Chile. Recorrió el valle de Uco, en Mendoza, requerido
por intendentes y concejales; fue huésped en una de las fincas del distrito
sanjuanino de Tamberías, en Calingasta, desde donde desplegó su actividad a
favor del plebiscito que finalmente fuera prohibido por un tribunal electoral
provincial.
En una de sus exposiciones en la Unión Vecinal de Barreal irrumpen
funcionarios del gobierno de San Juan tildándolo de "terrorista ecológico".
"No pensaba realizar demanda alguna –dice Rodríguez Pardo- porque supuse
que sólo era un exabrupto del jefe de la policía minera de la provincia,
ingeniero Carlos Marcelo Ghiglione, a pesar de ser una típica matoneada de muy
mal gusto, en presencia del propio director de minería, ingeniero Bustamante
que nada hizo para evitar los improperios; además -continúa el dirigente
ambientalista- porque los funcionarios fueron expulsados por los vecinos
presentes en el recinto y con eso me pareció suficiente castigo".
"Pero los hechos ahora contienen mayor gravedad, insiste Rodríguez Pardo,
porque mientras estábamos en Calingasta, docentes de San Juan capital hacían
jornadas debatiendo la minería y para ello utilizaron unos vídeos donde yo
explico el método extractivo, la contaminación y el saqueo minero,
reemplazando mi participación con filmaciones. Hubo otros expositores contra
esta minería y, al día siguiente, fue el gobierno a fijar su posición, como
estaba previsto por los organizadores. Ante preguntas de los alumnos y
docentes de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET Nº 7), Ghiglione
entabló un áspero debate plagado de injurias. Un oportuno vídeo registra la
furia de su voz, tildándome de terrorista: "Es un terrorista, y lo
denostaré aquí y donde sea."
"Rodríguez Pardo es un terrorista, lo dijo varias veces, agregando:
"es un terrorista de los 70", ante el desconcierto de los alumnos y de la
gente presente que le pedían que cuidara sus palabras, porque "se la pasa
denostando a Rodríguez Pardo". El funcionario contesta que "lo denostaré
aquí y donde sea", sin importarle el significado de la terminología
usada: "injuriar gravemente". La soberbia y la impunidad del gobernante
se escuchan claramente en la película y ante numerosos testigos, además de
otras significativas declaraciones difamatorias del funcionario, que era
acompañado en la ocasión por el subsecretario de minería de la provincia,
también disertante, ingeniero Felipe Saavedra, quien nada hizo para
reparar o evitar semejante discurso. En estos casos- insiste el ambientalista
chubutense- los términos y dichos de Carlos Marcelo Ghiglione contaron con el
beneplácito silencioso de la jerarquía del gobierno provincial, de la direcci
ón y de la subsecretaría minera, por lo que hago responsable al gobierno de
José Luis Gioja, de mi integridad física, ya que no puedo apartar de mi
memoria la cantidad de desaparecidos, decenas de estos casos sin ser resueltos
aún en la provincia de San Juan. Señalar a alguien de terrorista
es amenazarlo de muerte, en realidad, en los tiempos que corren, es como
condenarlo a muerte, impresión generalizada del auditorio presente en la EPET,
concluyó Rodríguez Pardo, porque esa es la definición que el mundo tiene del
calificativo terrorista y de la campaña mundial desatada para librarse de ese
flagelo".
(Oficina de prensa Mach y RENACE, Red Nacional de Acción
Ecologista).
Celular de Javier Rodríguez Pardo: 02965-15417785 machsepa21 at yahoo.com.ar
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, July 13, 2005 8:31 PM
Subject: ANRed - Conflictos en la
Patagonia Rebelde (incluye fotos) / Paro en Hospitales /
Otras
MIÉRCOLES 13 de julio
Eterno
conflicto en la Patagonia Rebelde
Los seis detenidos
de Pico Truncado están en libertad. En tanto que los reclamos salariales y de
trabajo se agudizan en distintas zonas de la Patagonia, ahora en Cañadón Seco,
los trabajadores afirman que "mientras dure el conflicto no nos van a
detener".
Por ANRed - A (redaccion at anred.org)
Efectivamente,
cada día hay un nuevo capítulo en torno a conflictos por salario y trabajo en
el sur del país.
En las últimas horas, unos 200 desocupados cortaron la
ruta Provincial Nº 12 y la Nº 99 que lleva a Cañadón Seco, como así también
varios caminos alternativos. La medida se dio una vez cumplido el plazo que
habían dado a las operadoras por una solicitud de puestos laborales. Por la
tarde de ayer, los manifestantes se apostaron en el ingreso a Cañadón Seco y
en varios tramos de las rutas provinciales, con quema de cubiertas. En su gran
mayoría son hombres y mujeres que tuvieron la oportunidad de estudiar, y es la
primera vez que participan de movimientos de estas características.
Por
otra parte, a la espera de respuestas de las operadoras con quienes ya se
habían reunido, un centenar de personas mantienen los bloqueos en la base
administrativa de Repsol YPF y en la de Vintage Oil.
De los manifestantes,
43 pertenecen a las actas 5, 6 y 7 de la última toma de la playa de Tanques de
Termap que desde el 7 de agosto están percibiendo un subsidio, en tanto que el
resto son desocupados que bregan por recibir la capacitación.
Crónica del
conflicto
El "circuito petrolero" comienza en Comodoro Rivadavia y
continúa en las localidades de Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras. Son
zonas ricas, por las regalías del petróleo, y con trabajadores en lucha. Por
una sencilla razón: "La cotización del hombre no alcanza para sus explotadores
a la cotización del mulo, del carnero y del caballo" (Sociedad Obrera de Río
Gallegos, Manifiesto de noviembre de 1920).
PICO TRUNCADO (Santa Cruz)
El 30 de junio fueron liberados los 6 miembros de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE), quienes habían sido detenidos el pasado 24 de
junio. Las presiones ocasionadas por las movilizaciones y las jornadas de
lucha en distintos puntos del país fueron decisivas a la hora de las
excarcelaciones. La represión judicial (con los arrestos y las más de 60
órdenes de detención) fue la respuesta al reclamo salarial, que duró 44 días,
37 de los cuales fueron cortes de rutas por parte de más de 600 manifestantes.
El secretario general de ATE-Nacional, Pablo Micheli, planteó que "esto ocurre
justamente en la provincia del Presidente de la Nación, que se jacta
permanentemente de ser el abanderado de la defensa de los derechos humanos"
Cómo sucedieron las detenciones
En reclamo de una recomposición
salarial y durante más de 40 días, los trabajadores de ATE mantuvieron
cortadas las rutas nacionales nº 12 y 43 .
Finalmente, el Intendente de
Pico Truncado, Osvaldo Maimo, firmó un acta el martes 21 de junio donde se
comprometía a otorgar un aumento al sueldo básico de $50, abonar 120 pesos de
salario familiar e incorporar a la planta fija a los trabajadores contratados.
A partir de este acuerdo, se levantaron los cortes de ruta.
Pero luego
Maimo incumplió el acuerdo, aludiendo que "había firmado por coacción y que se
presentaría ante la justicia". La denuncia abarcaba las figuras de coacción,
cohecho, secuestro, amenazas de muerte y destrozos. La jueza Graciela Esther
Ruata de Leone libró las órdenes de detención. En consecuencia, Alejandro
Garzón, secretario general de la ATE provincial, y los delegados, David
Esperes, Belisario Segel, Julio Tesolano, Pedro Paillaguala y Pilar Peralta
fueron encarcelados y trasladados a distintas comisarías de Perito Moreno, Los
Antiguos y Puerto Deseado. A estas detenciones se sumaban otras 60 órdenes de
detención.
Roque Alfredo Ocampo, Ministro de Gobierno de Santa Cruz y mano
derecha del gobernador Sergio Acevedo, declaró el 25 de junio que: "unas
personas que estaban de huelga (...) tuvieron encerrados a los funcionarios y
los obligaron a firmar un acta donde le planteaban un arreglo salarial que
indudablemente la Municipalidad de Truncado no puede afrontar". Sin embargo,
Ocampo no señaló que la supuesta amenaza de muerte a Maimo sólo fue escuchada
por éste, ya que ningún otro funcionario ratificó la denuncia del Intendente.
Al respecto, Pablo Micheli sostuvo que la denuncia del Intendente "es
falsa, (ya que) ellos estuvieron negociando hasta las 4 de la mañana (del
martes 21 de junio) llegando a un pre acuerdo. Se pasó a un cuarto intermedio
y todos se fueron a sus casas, inclusive el Intendente. A las 11 de la mañana
se hizo una asamblea, se aprobó la propuesta y a las 2 de la tarde en el
casino de la policía, acá en Pico Truncado, firmó el Intendente y el
Secretario General del gremio ¿De qué coacción me están hablando?".
En un
comunicado de prensa, representantes de ATE a nivel nacional explicitaron que
con la firma del acuerdo quedaba "declarada la paz social, y restablecida la
normalidad en el trabajo, (pero) el acta fue incumplida por las autoridades" y
que "esto se ha transformado en una cacería de brujas, violando flagrantemente
los derechos humanos, deteniendo compañeros y allanando sus domicilios sin
citación previa y sin las garantías que marca el código de procedimiento".
Pablo Micheli agregó que "hemos recibido la solidaridad de todas las
provincias y los distintos sectores de nuestro sindicato en contra de esta
actitud represiva del gobernador Acevedo que recuerda a Varela en la Patagonia
Rebelde, arrancando a los compañeros, sin proceso previo, de sus casas y
confinándolos a pueblos lejanos de la localidad a la que pertenecen".
"Ahora es una lucha por los derechos humanos"
El 28 de junio,
empleados estatales junto a movimientos piqueteros, organizaciones sociales y
de derechos humanos realizaron un paro en todo el país, con acatamiento
masivo, y que incluyó marchas en las capitales provinciales, para reclamar la
liberación de los seis trabajadores de ATE. En la ciudad de Buenos Aires, se
realizó una concentración en Tribunales y una protesta en la Casa de la
Provincia de Santa Cruz que concluyó frente a la Casa Rosada. Zonas aledañas a
Pico Truncado, como Las Heras, Caleta Olivia, Río Turbio y Comodoro Rivadavia
exigieron la libertad de los detenidos mediante piquetes. También se recibió
la solidaridad de organizaciones internacionales.
La "marcha de silencio"
fue la medida en Pico Truncado y contó con la presencia de 500 manifestantes.
Familiares, amigos y allegados de los obreros en conflicto, dieron a conocer
una carta abierta, cuyos puntos principales señalaban que "Nosotros sabemos
que los trabajadores están luchando por sus derechos (...) En Pico Truncado
nos hemos quedado con vecinos privados de la libertad, con amenazas de más
detenciones, paralizados por los manejos de poder, viendo cómo se maneja día a
día a la opinión pública, cómo se busca distorsionar la realidad, dividir y
enfrentar a los vecinos". La carta también pide a la comunidad que "abra los
ojos, que agudice los oídos, y que saque conclusiones (...) Usted puede
disentir, puede opinar diferente. Pero todos sabemos aquí que esto comenzó con
un reclamo salarial y que ahora es una lucha por los derechos humanos, por la
justicia social, por impedir la manipulación de todo un pueblo".
Si bien
se dictó la excarcelación a los delegados detenidos, se sigue adelante con el
procesamiento y las indagatorias y se debieron pagar $3000 en concepto de
fianza. Para Joaquín González, abogado de ATE, "las marchas sociales fueron
fundamentales para la liberación". También indicó que no ha habido ningún
aviso legal sobre la invalidez del acta firmada entre el gremio y la
Municipalidad, por lo que el acuerdo sigue vigente, pero sin efecto. Por su
parte, Alejandro Garzón señaló que "Hoy el acuerdo salarial no está anulado
sino que está suspendido. Ayer (por el martes 5 de julio) los compañeros han
comenzado a cobrar los sueldos, no han cobrado de acuerdo al acta, así que
firman el recibo en disconformidad, esa acta está en suspenso en la justicia y
por ende no se ha acatado, creemos que una vez que comencemos a declarar nos
van a dar la razón, una vez que se caiga la coacción de la que somos culpados,
esa acta va a entrar en vigencia". Además agregó: "Tarde o temprano esa acta
va a tener validez y vamos a cobrar retroactivo los sueldos a partir de julio,
los compañeros lo han entendido así, entonces no hemos perdido y seguimos
organizándonos para seguir con las medidas de fuerza", finalizó.
CALETA
OLIVIA (Santa Cruz)
Los empleados municipales que permanecían sobre la
Ruta provincial Nº 12 levantaron de manera provisoria el corte de la misma,
así como el de la Ruta 99 que une la Nacional Nº 3 con Cañadón Seco, con el
fin de facilitar las negociaciones con el Municipio. Los trabajadores exigen
que el aumento salarial se incorpore de forma inmediata al sueldo básico, pero
la propuesta lo da como "no remunerativo". El delegado Julián Carrizo sostuvo
que si no hay acuerdo, vuelven los cortes.
El marco de la desocupación en
Santa Cruz
La privatización de YPF trajo, entre otras consecuencias,
desocupación en las distintas ciudades del sur del País. Frente a esta
situación, los trabajadores formaron pequeñas industrias, que se vincularon en
forma terciarizada a las empresas petroleras.
El abogado Cesar Amaya, del
sindicato de los empleados jerárquicos municipales de Caleta Olivia (APJAM),
explicó: "La mayor parte de los emprendimientos Pymes de la zona norte,
especialmente de Cañadón Seco (otra localidad de Santa Cruz) está conformado
por la gente que resultó del desguace de YPF. Esas Pymes, que se constituyeron
en la década del 90, quedaron en situación terminal porque no tuvieron ningún
tipo de apoyo del estado provincial. De 16 o 17 que había en Caleta sobreviven
solo 4".
Los "nuevos desocupados" fueron integrados a plantas municipales,
en general como contratados. Ahora los trabajadores reclaman su paso a planta
permanente y aumento de salario para lograr la estabilidad laboral, postergada
desde hace años, y tener un sueldo acorde a las necesidades básicas.
"Mientras dure el conflicto no nos van a detener"
El sábado 25 de
junio se realizó una asamblea multisectorial, de la cual participaron uniones
de vecinos como mediadores del conflicto. En esta reunión, se propuso pedirle
al gobierno provincial que financie los $80 al básico que reclaman los
trabajadores municipales. El intendente Fernando Cotillo se comunicó con el
gobernador Sergio Acevedo para hacerle llegar el pedido. Sin embargo, el
gobernador desestimó la propuesta.
El viernes pasado, desde la
Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina
(COEMA) se informó que se había llegado a un acuerdo con el sindicato que
agrupa a los municipales, SOEMCO, que contempla el pago de un adicional de
$150 no remunerativo que sería abonado con los salarios de junio y que no
sería absorbido por futuros aumentos. El dirigente Julián Carrizo indicó que
"nosotros, le pedimos a los compañeros que suspendieran las medidas en la ruta
99 y 12 para mostrar un gesto, pero desde el gobierno nunca nos dieron una
respuesta que colme mínimamente las respuestas a los trabajadores". Los
trabajadores decidieron no aceptar la propuesta, por lo cual volverían los
cortes de ruta.
Nuevamente el Ministro de Gobierno de Santa Cruz, Roque
Ocampo, con respecto a los cortes de rutas, declaró como voz oficial: "Tenemos
claramente planteado que para nosotros el corte de la ruta es un delito y para
ello debe actuar la justicia (...) A la policía de la provincia como
auxiliares de la justicia se les ha pedido una serie de medidas que se están
cumplimentando, entre ellas, la notificación de que se está cometiendo un
delito, la posibilidad que existe de que despejen las rutas como corresponde y
otra serie de notificaciones que se están haciendo llegar a los actores". Es
decir que el gobierno santacruceño recurre a salidas judiciales para terminar
con los conflictos sociales y políticos. De hecho, se intimó a los
trabajadores a desalojar las rutas. Respecto a estas medidas represivas, César
Amaya advirtió sobre la presencia de grupos de elite de la Gendarmería
Nacional y el sobrevuelo de dos helicópteros durante el miércoles y el jueves
último.
Por su parte, el delegado Pablo Robles manifestó que "mientras
dure el conflicto no nos van a detener, nosotros esta película ya la vimos y
sabemos como actúan. Pasó cuando fue el tema de playa de tanques que
detuvieron a seis personas en Caleta Olivia y ahora con lo de Pico Truncado.
Esperan que termine todo y después van a las casas a buscarlos (...) Lo
importante es que ahora los municipales no se van a quedar en sus casas 14
años esperando que les den un aumento, saben como reclamarlo".
RÍO TURBIO
(Santa Cruz)
El SOEM (sindicato municipal) determinó paro y movilización
para los pasados 28 y 29 de junio, exigiendo recomposición salarial, ante la
falta de acuerdo con el Intendente Matías Mazú, quien se negó a que el aumento
se incorpore al sueldo básico.
El ofrecimiento de Mazú fue de $120 de
salario por hijo, el pase a planta de todos los contratados con cinco o más
años de antigüedad a partir de julio y $100 en junio a modo de refuerzo o
adelanto de aguinaldo. Pero no se ofreció ningún aumento en el básico.
Por
otra parte, el Intendente Mazú decidió que los $100 de suma fija que se abonan
desde enero, no la cobrarían quienes adhirieron al paro. Ante la actitud del
ejecutivo los trabajadores dieron por terminadas las negociaciones.
COMODORO RIVADAVIA (Chubut)
Los obreros de la empresa Pan American
Energy continúan con la toma de los Yacimientos en reclamo de un aumento
salarial del 50%. La mayor concentración se realizó frente a la estación de
servicio de Cerro Dragón, donde los manifestantes están acampando. Los
trabajadores denuncian a los dirigentes de la UOCRA: "Arreglaron para ellos,
pero no para la mayoría de los trabajadores, son unos caraduras".
El papel
de la UOCRA
Más de dos mil obreros que cumplen tareas en Pan American
Energy, empresa que controla el mayor yacimiento de petróleo de Chubut,
iniciaron, el 27 de junio, distintos piquetes en reclamo de mejoras
salariales. Los trabajadores determinaron acampar por tiempo indeterminado en
la zona de Cerro Dragón hasta que los directivos de la empresa "cumplan con
las actas firmadas y los compromisos adquiridos".
Hace años, las empresas
petroleras realizaron convenios con la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA)
que tenían como objetivo flexibilizar y abaratar los costos de mano obras en
tareas en los yacimientos. En la última negociación con Pan American, la UOCRA
concertó para los trabajadores un 9% de aumento, es decir, $0.30 por hora
laboral. Este acuerdo fue rechazado por los trabajadores, quienes exigen un
aumento salarial del 50% ($8 por hora, ya que la actual es de 4.50$), la
contabilización de dos años de jubilación por cada año trabajado y el aumento
de la hora de viaje a $6. El delgado Jorge Salvo sostuvo que "Nosotros no
somos representados por el sindicato, porque no consulta a las bases y no sabe
cuál es la necesidad de cada trabajador". También señaló que "Hay actas
firmadas pero ni Pan American ni las empresas contratistas se avienen a
dialogar. Hoy la situación no da para más, queremos que los directivos no nos
caminen más, que vengan con propuestas concretas sino este conflicto se va a
agravar".
Agresiones policiales a los trabajadores en lucha. Marchas y
piquetes en solidaridad.
El 29 de junio, la Central de Trabajadores
Desocupados Línea Fundadora (CTD), el Frente de Trabajadores Combativos (FTC)
y el Frente Popular Darío Santillán interrumpieron durante tres horas el
tránsito sobre la ruta 3 en apoyo a los trabajadores. Víctor Sánchez, de la
CTD subrayó: "Queremos acompañar a nuestros compañeros. En la medida en que no
tengan respuestas, desde las organizaciones sociales se va a hacer más extensa
la lucha. Si no hay respuestas, vamos a ir al yacimiento y a la CGT".
El
jueves 30 de junio, las esposas, hijas, hermanas y madres de los trabajadores
se concentraron frente al Municipio. La intención era que el intendente Raúl
Simoncini y el gobernador Mario Das Neves tomen intervención directa en el
conflicto. Para las mujeres de Cerro Dragón "las palabras del gobernador y del
intendente han sido sólo para los medios de prensa, a ninguno de ellos les
importa el reclamo de los trabajadores ni la salud de ellos". El sábado 2 de
julio realizaron una concentración en la Plaza Roca 300 personas para
"acompañar no sólo la lucha de nuestros maridos sino también para que nos
acompañen a exigir una solución concreta". Además, realizaron una presentación
ante la Justicia denunciando a Pan American por 'abandono de persona'.
Son
varios los gremios que están apoyando el reclamo de los trabajadores. Ate,
Atech, Judiciales y los gremios de la universidad, como así también los
estudiantes. Unas se concentraron en la plaza Roca desde donde marcharon hasta
el edificio de Petrominera.
Las condiciones en que se encuentran los
trabajadores que acampan al aire libre en la zona de Cerro Dragón llegó a
situaciones límites. Enfermos por el frío, sin alimentos adecuados ni con las
condiciones mínimas para vivir, algunos de ellos tuvieron que bajar a la
ciudad para recibir atención médica.
Cabe destacar que el Grupo Especial
de Operaciones de la Policía (GEOP) y la Guardia de Infantería están rodeando
la zona. Silvia, una de las mujeres movilizadas, señaló que "les sacaron (a
los obreros), los vehículos donde se cobijaban de frío, incluso les llevaron
los abrigos, camperas y térmicos que tenían dentro de los micros, el agua de
que disponen está contaminada, les cortaron la luz de la estación de servicio
y además, los integrantes de la GEOP los están provocando permanentemente (…)
Cuando la prensa se acerca a los trabajadores la GEOP tiene una actitud
totalmente distinta a cuando están solos, ayer les tiraron gases lacrimógenos
aunque después lo desmienten, les tiran las camionetas encima entre otras
provocaciones". El delegado Luis Gortari afirmó que mantendrán el reclamo "a
pesar del clima y de los riesgos que el frío acarrea para con la salud de
nuestra gente, hasta que se nos convoque formalmente a dialogar para encontrar
una solución lógica que contenga respuestas a nuestros reclamos".
Las
empresas: Barillari, Vintage Oil, Siracusa
Hace más de dos meses, los
trabajadores de la empresa pesquera Antonio Barillari reclaman por un subsidio
de $900 para cada grupo familiar. Como parte de la medida de fuerza,
trescientos empleados mantuvieron cerrados todos los ingresos a la planta. En
jornadas anteriores, la subsecretaria de Pesca de la Provincia, Liliana
Scioli, elevó la propuesta oficial de otorgar $400 por grupo familiar,
proposición que no fue aceptada por los trabajadores. Adriana Carrizo, una de
las trabajadoras, resaltó: "No sé si ellos pueden vivir con $400, nosotros no.
Por eso decidimos pedir un subsidio de $900". Los trabajadores continúan con
la medida de lucha.
Por otra parte, el pasado martes 28 de junio, la
Agrupación "18 de Mayo", mediante un piquete, impidió el ingreso del personal
a Vintage Oil, con base en Cañadón Seco. En consecuencia, los gerentes de la
empresa se comprometieron a dar una respuesta, en un lapso de 10 días, sobre
un subsidio como capacitación, ya que "posibilidades laborales no hay". Jorge
Chanampa, vocero de la Agrupación, declaró: "No podemos contar ni con los
funcionarios, ni con las operadoras, ni con la empresas pesqueras ni con nadie
porque todos dicen que no pueden absorber gente, entonces me parece que lo que
hay que hacer es radicar empresas, porque la problemática que se avizora es
importante". También dijo que "lo que nos pidieron fue una ficha de
relevamiento de cada una de las personas, así que las estamos haciendo
nosotros mismos para apurar los tiempos, para que después no digan que no le
alcanzamos la información a tiempo". El piquete contó con la presencia de más
de 100 desocupados.
Los trabajadores de la empresa Siracusa, en Chubut,
tomaron hace varias semanas la planta por la falta de pago y trabajo y afirman
que el gobierno provincial se había comprometido a otorgar un préstamo y que
"desde la empresa nos dijeron que presentaron todos los papeles, pero no pasa
nada". De esta afirmación se desprende que el frigorífico Siracusa sería
también una empresa concursada y por eso el gobierno frenó el subsidio.
Silvina Montes, una de las trabajadoras, indicó que ya llevan dos meses sin
cobrar y sin poder trabajar "y (que) todos los días es lo mismo: nos dicen que
ya se arregla y no pasa nada". Marina Martínez agregó: "mientras, los chicos
nos piden de comer y nos apuran con el pago de servicios, cuentas y
alquileres".
Fuentes: Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, Prensa de FTC
Comodoro Rivadavia y Diario Tiempo Sur de Santa Cruz
----- Original Message -----
Sent: Thursday, July 14, 2005 11:14 AM
Subject: Nota de Emilio
Marín sobre Kirchner y los derechos humanos (La Arena
14/7)
editoriales
REVISIÓN QUE ENGLOBE LO
ECONÓMICO-SOCIAL
¿Cómo andamos de derechos
humanos?
Los ministros de Néstor Kirchner alegan
diferencias de fondo con Eduardo Duhalde en materia de derechos humanos.
Efectivamente, en ese terreno existen sino diferencias al menos matices entre
los dos referentes peronistas. Sin embargo, analizando el conjunto de los
derechos humanos, incluyendo los económico-sociales, se puede concluir que el
panorama no es muy auspicioso que digamos en la Argentina de hoy. La falta de
interés presidencial en declarar en la causa Kosteki-Santillán así lo
demuestra.
LO DIFERENTE
El ministro del Interior fue el encargado de
exagerar las diferencias entre Kirchner y Duhalde en derechos humanos. Lo de
Aníbal Fernández no fue inocente sino una justificación política para la
presentación de dos listas justicialistas en Buenos Aires.
¿Y son diferentes? Parcialmente sí, lo que de
ninguna manera explica aquella presentación electoral por cuerda separada pues
la misma no tiene fundamentación ideológica sino de disputa de cargos entre
diferentes familias como las retratadas por Francis Ford Coppola.
La diferencia estriba en que Kirchner auspició
en agosto de 2003 la anulación parlamentaria de las leyes de punto final y
obediencia debida, que al caer dejaron en cueros a varios ex represores. La
"nueva" Corte Suprema, con su fallo del 14 de junio último, avaló dicha
anulación. De ese modo, a los 150 genocidas presos VIP se podrán agregar entre
500 y mil militares más, en su mayoría retirados.
Ese engrosamiento de los reos no será poca cosa
para la verdad y justicia que demanda la mayoría de la población. Los Duhalde,
en cambio, han estado siempre en contra de revisar los crímenes cometidos al
socaire del terrorismo de Estado. Lo reiteró Chiche de Duhalde, al pedir "mano
dura" con los piqueteros y dejar el pasado para los historiadores.
Se podría mencionar también la visita de
Kirchner y su esposa a la iglesia de los palotinos en Roma, en abril. Cristina
Fernández repitió el gesto en Buenos Aires, al concurrir a la misa en memoria
de los cinco religiosos de esa orden asesinados por las hordas masseristas en
1976.
En marzo de 2004, Duhalde y la ex jefa de las
manzaneras no estuvieron de acuerdo en expropiar el predio de la ESMA y
donarlo para construir allí un museo de la memoria. A su pesar, trámites
similares facilitarán hacer lo propio con El Olimpo y otros centros de
exterminio.
Sin embargo, también hay coincidencias en este
terreno entre los dos caudillos peronistas. La anulación de las leyes del
perdón dejó intactos los dos decretos menemistas (de octubre de 1989 y
diciembre de 1990) de indulto a los ex comandantes. Es fácil entender por qué
Duhalde y Kirchner no auspiciaron su anulación: tendrían que rendir cuentas de
sendos instrumentos de la impunidad. Es que ambos compartieron largos trechos
de la administración Menem (como vicepresidente y gobernador el bonaerense,
como gobernador el patagónico), sin objetar los indultos.
LAS CONCIDENCIAS
No vaya uno a creerse que en derechos humanos
Kirchner está limpio de manchas. Baste recordar la apaleada a los
manifestantes que organizó siendo gobernador, en abril de 2002 en Río
Gallegos. Fue su manera de contener los reclamos de "Que se vayan
todos".
La provincia de Santa Cruz gobernada por su
delfín Sergio Acevedo, siguió siendo escenario de represión a los ocupados y
desocupados. Hubo tomas de lugares de trabajo y cortes de ruta en Caleta
Olivia, Las Heras y Pico Truncado, reprimidas con fiereza por los efectivos
policiales y gendarmes. Los trabajadores habían puesto "el dedo en el
enchufe", al cuestionar los privilegios de las petroleras amigas del jefe de
Estado.
En esas tres oportunidades hubo gente golpeada,
torturas en comisarías y detenidos por largo tiempo (caso de los desocupados
de Termap, entre ellos tres madres). Se los trató casi como en la época
videlista. El abogado de esos presos políticos, el justicialista Ramón Amaya,
declaró en noviembre de 2004: "me siento como en el ´76".
Uno de los crímenes más atroces de los últimos
tiempos fue el perpetrado por la policía bonaerense contra los piqueteros
Darío Santillán y Maximiliano Kosteki en junio de 2002. El responsable
político más encumbrado de esas muertes es Duhalde, a la sazón presidente
organizador del esquema represivo para que los desocupados no pudieran
concretar el anunciado corte del Puente Pueyrredón.
Como suele ocurrir en la justicia argentina, la
causa ha llegado a juicio oral contra 8 policías pero los gobernantes de
entonces no han sido citados por el Juzgado Nº 7 de Lomas de Zamora. Kirchner
sí fue requerido como testigo por la defensa, pero faltó aduciendo
"compromisos de gobierno". Los letrados tenían alguna esperanza de que
repitiera el compromiso de esclarecimiento hecho en 2003 a Alberto Santillán,
padre de Darío, Vanessa Kosteki, hermana de Maxi, y otros familiares,
recibidos en la Casa Rosada. K hizo mutis por el foro. Las suyas fueron
promesas llevadas por el viento de las "razones de Estado".
El sábado se cumplirá el primer aniversario de
las detenciones tras la represión en las inmediaciones de la Legislatura
porteña, cuando la cúpula macrista e ibarrista quería sancionar el código
contravencional antipobres. Quince personas quedaron presas y pasaron un año
en Devoto, Ezeiza y Marcos Paz, sin pruebas en su contra. Algunos, como se
apreció en el programa de TV de Rolando Graña, simplemente habían tocado el
bombo esa tarde, como parte de los vendedores ambulantes y desocupados
criminalizados por las mayores penas del código de Santiago de Estrada,
macrista y ex funcionario de la dictadura militar.
Aún con todas las críticas que merezcan los
puntos de vista de Raúl Castells, no deja de ser una gruesa contradicción
democrática que esté detenido por exigir comida a McDonalds en tanto Domingo
Cavallo disfruta de su piso en Palermo. "Cavallo genocida de jubilados" reza
el afiche del sindicato del personal de la Afip pegado en las paredes
porteñas. Pronto lo taparán con otro: "Cavallo y Sonia diputados".
NI A LA PLAYA
Los trabajadores que defienden el salario y
condiciones de trabajo suelen chocar con la intransigencia de las patronales
privadas y estatales.
Ya mencionamos los avatares santacruceños: en
junio último las víctimas fueron los municipales de Pico Truncado. En abril la
policía de Salta había reprimido ferozmente a las maestras que urgían al
gobernador Juan Carlos Romero por un aumento de sus básicos. Esas docentes
habían instalado unas carpas en plaza céntrica, "delito" que acaba de
costarles a los municipales de Villa Mercedes una dura carga
policial.
Santa Cruz, Salta y San Luis son provincias
gobernadas por el kirchnerismo, el menemismo y el adolfismo. En las tres, los
trabajadores cobran y no precisamente en euros.
Sin embargo esas embestidas policiales no han
logrado abortar los conflictos laborales. ¿Podrán pararlos? Es improbable
porque la política económica y social vigente sigue las líneas troncales
fijadas por las grandes empresas y afecta a amplias franjas de la población.
Eso explica que incluso corrientes gremiales
afines al presidente deban promover acciones en su contra. Por caso, la Marcha
de los Chicos del Pueblo, fogoneada por la CTA, llegó con miles de
adolescentes a la Plaza de Mayo en nombre de los 9 millones de menores de 18
años que viven en la pobreza. El presidente no los recibió ese 1 de julio pues
estaba ocupado con "Manu" Ginóbili y el embajador de EE.UU., Lino Gutiérrez.
Con ellos sí tuvo tiempo, ganas de hablar y sacarse fotos: la fama de un
personaje tan querido como el 20 de los Spurs puede tener rédito
electoral.
Según el Indec, el 42 por ciento de los
argentinos es pobre. Ese índice aumentó pues la entidad estimó en junio que
una familia tipo necesitó 778 pesos para pasar el umbral de la pobreza.
Kirchner reconoció en su discurso del 9 de julio en Tucumán que el país aún
está en el infierno. Esto tornó innecesario abundar sobre lo vapuleados que
aún están los derechos humanos en su rubro económico-social.
Ante tantas acusaciones, el oficialismo podría
alegar en su defensa los fallos de la justicia que favorecieron a dos
luchadores extranjeros requeridos de extradición. Josu Lariz Iriondo y Sergio
Apablaza Guerra quedaron libres en Buenos Aires, lo que motivó la airada
protesta de los gobiernos de Madrid y Santiago de Chile, más los envenenados
editoriales de la prensa del establishment ("Crímenes de lesa
humanidad", tituló el suyo La Nación, 7/7).
Esos fallos progresistas dieron pie a que
Wall Street Journal pontificara ante Bush: "No cuenten con que la
Argentina ayude a combatir el terrorismo". Ese artículo fue reproducido el
12/7 por la "tribuna de doctrina", receptáculo de las notas de la derecha,
como esa de M. Anastasia O´Grady y otras de Andrés Oppenheimer, Carlos A.
Montaner, etc.
Kirchner discrepa en casos puntuales con la Casa
Blanca pero coincide en cuestiones de fondo. Las agencias de Mar del Plata
informaron cómo se está "blindando" la ciudad para recibir al texano y otros
33 presidentes en la IV Cumbre de las Américas. Ya están operando 7 mil
policías, agentes de la SIDE y gendarmería, que podrían aumentarse a diez mil.
Se vedará el acceso de la gente a 150 manzanas de La Feliz, censándose a los
habitantes de ese perímetro y dando credenciales para ingresar y salir. Los
agentes de la CIA y el FBI de Bush ya hicieron cinco inspecciones, dando
instrucciones al comando conjunto dirigido por el comisario Carlos Pardal, de
la Federal.
Es de desear que con tantos uniformados de
"gatillo fácil", las cosas no terminen con muertos, como en junio de 2001 en
Génova, durante la cumbre del Grupo de los 8.
EMILIO MARÍN
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, July 13, 2005 6:57 PM
Subject: Venezuela: Campesinos
marcharon
Minga Informativa de Movimientos
Sociales
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Campesinos marcharon por la dignidad del campo
venezolano
Bajo el lema "Zamora toma Caracas",
miles de campesinos organizados marcharon por las calles principales de la
capital en repudio a las muertes indiscriminadas de aproximadamente
130
campesinos en diferentes estados del país, para que se cree una
política que erradique el sicariato y la violación de los derechos humanos
contra dirigentes campesinos.
Organizaciones como el Frente Campesino
Ezequiel Zamora, la Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora,
cooperativas agrícolas, lanceros de la Misión Vuelvan Caras, el
movimiento
Jirahara, el movimiento Prudencio Vásquez, entre otras, se
congregaron ante el Ministerio Público donde fueron atendidos por Germán
Mundaraín, Defensor del Pueblo. Asimismo, entregaron un documento ante la
Fiscalía General de la República y realizaron la propuesta de una
Constituyente Agraria en las instancias de la Asamblea Nacional.
La
Constituyente Agraria que proponen se origina de la aplicación del resuelve
constituyente 36.920 que se aprobó en la Asamblea Nacional Constituyente, que
tiene como objetivo ir a la legitimación
de la dirección del movimiento
campesino por las bases. Por ello, el vicepresidente de la AN, Ricardo
Gutiérrez, habló en nombre de todos los diputados vinculados con esta
problemática y planteó la discusión, coordinación y organización -junto con el
movimiento campesino- de las metodologías de estas propuestas a través de una
comisión de quince representantes de los trabajadores campesinos, para
conformar una mesa de trabajo con la comisión especial de la AN encargada de
investigar la muerte de los campesinos.
En este sentido, el ministro de
Agricultura y Tierras y presidente encargado del INTI, Antonio Albarrán,
anunció la creación de unacomisión de alto nivel presidida por la Comisión
Agrícola Nacional en conjunto con la Fiscalía y la Asamblea Nacional, que se
encargará de estudiar todas las denuncias y propuestas que los diferentes
movimientos campesinos entregaron. "En los Consejos Agropecuarios Regionales
vamos a conocer caso por caso los problemas que se plantearon en general, en
cada uno de los estados se va a recabar la información necesaria para dar una
mayor respuesta a la problemática del latifundismo y su máxima consecuencia,
el sicariato; por ello es fundamental la formación ideológica de nuestros
campesinos", dijo.
Asimismo, Braulio Álvarez, diputado del Consejo
Legislativo del estado Yaracuy (CLEY) y miembro del Directorio del INTI, quien
sufriera unas semanas atrás un atentado por esta misma razón, indicó que la
nueva comisión trabajará para que el Tribunal Supremo de Justicia en las
diferentes unidades que existen en las entidades hagan los enjuiciamientos
correspondientes a más de 30 personas que han sido señaladas como los
responsables de algunos de estos crímenes cometidos. "Los latifundistas
han
utilizado esta estrategia para intimidar y crear una situación de
incertidumbre e inseguridad en el campo venezolano. Esto ha generado una
respuesta masiva por parte de los verdaderos dueños de las tierras, que son
los campesinos, quienes están utilizando todos los elementos que nos da la
Constitución para avanzar en el proceso de la revolución agraria y
definitivamente liquidar la instancia del latifundio como contrario al plan
estratégico de la soberanía agroalimentaria y el desarrollo de la sociedad
rural
venezolana".
Igualmente, el
programa radial del Instituto Nacional de Tierras, "Tiempo de Zamora", dedicó
su espacio al tema del sicariato que vive la población rural del país, tomando
testimonios de campesinos que estuvieron marchando por la dignidad de las
tierras venezolanas en manos de latifundistas y reclamando su derecho como
garantes de la soberanía agroalimentaria del
país.
Comunidad Web de Movimientos
Sociales
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