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Respondan al PUEBLO ARGENTINO...y sinó RAJEN
- Subject: Respondan al PUEBLO ARGENTINO...y sinó RAJEN
- From: Lamgen-Patagonia <lamgen_patagonia at speedy.com.ar>
- Date: Thu, 07 Apr 2005 10:12:43 -0300
- Sender: lamgen_patagonia at speedy.com.ar
Sent: Thursday, April 07, 2005 10:07 AM
Subject: Diputados y Senadores
Argentinos: EL EJECUTIVO le debe a LAS OBRAS SOCIALES, COMO PAMI Y OBRA SOCIAL
BANCARIOS?????- RESPONDAN
La diputada justicialista
María Lelia Chaya pidió al Poder Ejecutivo que transfiera los recursos
necesarios para que el PAMI pueda pagar sus deudas a las prestadores de salud,
de modo que se pueda garantizar el derecho a la vida de 26.000 pacientes que
necesitan diálisis. La legisladora argumentó también que dado el carácter
excepcional de la emergencia, el gobierno nacional también debería acercar
recursos a las provincias para que puedan garantizar el mismo
derecho.
Chaya recordó que en la actualidad hay unos 26.000 enfermos renales con necesidad de diálisis, de los cuales 390 habitan en las provincias de Salta y Jujuy y 16.000 en la de Buenos Aires, y que el 85% son jubilados y pensionados afiliados al PAMI. Manifestó que la obra social de los jubilados, el PAMI, atraviesa una situación financiera crítica, y que la falta de una solución inmediata ponen en serio riesgo de muerte a los pacientes. La diputada expresó que la situación de estrechez financiera afecta a los ministerios de Salud de las provincias, por lo que resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía intervenga con toda urgencia para remitir con carácter de excepción los escasos recursos económicos con que se cuenta para atender la emergencia en favor de la vida. Chaya advirtió que la situación de los enfermos que requieren diálisis se torna dramática además, porque se ve agravada por el alto costo de los aranceles para afrontar el costo de los insumos y la falta de pago de las prestaciones. Al presentar un proyecto de declaración a la Cámara de Diputados, la legisladora recordó que los diputados de la Nación tienen la obligación de hacer cumplir los derechos y garantías de todos los habitantes del territorio nacional, en particular el más importante, el derecho a la vida. * Proyecto de declaración “La H. Cámara de Diputados de la Nación Declara: Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional se arbitren los medios necesarios para garantizar el derecho a la vida de los aproximadamente veintiséis mil (26.000) pacientes en diálisis de nuestra Nación, transfiriendo los recursos necesarios para que el PAMI abone a las prestadoras pertinentes y, en carácter de excepción, a las provincias argentinas para idénticos fines. Fundamentos Señor Presidente: Es de conocimiento público que en nuestra Nación existen aproximadamente 26.000 pacientes en diálisis, de los cuales 390 corresponden a las Provincias de Salta y Jujuy, 16.000 a la Provincia de Buenos Aires y en número menor se distribuyen por toda la geografía de Argentina. De la cifra indicada ut-supra un altísimo porcentaje (85%) corresponden a nuestros jubilados y pensionados o sea afiliados a PAMI. Todos sabemos la crítica situación financiera por la que esta Obra Social atraviesa, siendo de absoluta necesidad que nos hagamos responsables todos, ya que si la misma no tiene una solución urgente estas personas están condenadas a una muerte segura. Conocemos que la grave situación financiera también afecta a los Ministerios de Salud de las distintas provincias argentinas, resultando imprescindible que el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Economía intervenga con toda urgencia remitiendo en carácter de excepción los escasos recursos económicos con que se cuenta para atender la emergencia en favor de la vida. El alto pago de aranceles para afrontar el costo de los insumos sumados al no pago de las prestaciones agrava esta situación dramática para los pacientes dialisados. Los Diputados de la Nación tenemos la obligación de velar o sea de hacer cumplir los derechos y garantías de todos los que habitan el territorio de la Nación, entre ellos el más importante el derecho a la vida, y justamente este es el objeto del presente proyecto garantizar el derecho a la vida de los enfermos renales con tratamiento de diálisis, es un deber inexcusable, ya que entender lo contrario es condenarlos a una muerte segura. Sres Diputados deben velar POR TODOS LOS CIUDADANOS ENFERMOS "DIALISADOS Y "DE LOS OTROS", POR TODAS LAS OBRAS SOCIALES: EL PAMI Y TODAS LAS "DEMAS"....MI OBRA SOCIAL "SOLIDARIDAD" DE BANCARIOS, HACE YA DOS MESES NO ME PROVEE DE ASISTENCIA A MI TRATAMIENTO "QUE ES CRONICO"...QUIEN PODRA AYUDARNOS ????........."EL CHAPULIN COLORADO"???????? Por todo lo expuesto, es que solicito a los Señores Diputados la aprobación del presente proyecto de declaración”. Mientras el Ministro de Salud y Medio Ambiente
de la Nación, Dr. Ginés González García, hace gala de su hipocresía en numerosos
ámbitos y gasta ingentes recursos en la difusión de las bondades de la política
que se ejecuta en el ministerio a su cargo, nos encontramos ante un panorama
desolador en la salud pública argentina que impide el ejercicio del derecho
humano a la salud a gran parte de la población argentina.
Hospitales sin insumos, programas a la medida diseñada por el Banco Mundial
y una limitada cobertura son los principales rasgos de una política sanitaria
que no contempla a la salud como un derecho ciudadano, tan sólo lo es para
quienes gozan del privilegio de tener una obra social (cuando cumplen con su
verdadera función) o una prepaga.
Por otra parte, nos encontramos ante una notoria ausencia del Estado en
materia de control de medicamentos pues la ANMAT (Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) deja bastante que desear
porque es una mala copia de la FDA norteamericana, cuyo rol ha sido fuertemente
cuestionado a raíz del escándalo con el Vioxx del laboratorio Merck
Sharp & Dhorne.
En suma, nos encontramos ante una política estatal que perpetúa las
desigualdades sanitarias en consonancia con los postulados de los organismos
multilaterales de crédito; es decir, perpetúa el neoliberalismo sanitario
instaurado durante la década menemista con el fin deliberado de inducir al
clientelismo político, por un lado y por otro, sin dudas, a desentenderse del
derecho ciudadano a una salud de calidad en abierta violación a los Derechos
Humanos.
La salud es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por el
Estado a toda la ciudadanía; en particular, a todos aquellos que no disponen de
los medios necesarios para su atención médica, como ocurre con las personas con
discapacidad y los colectivos vulnerables como los ancianos y los desocupados.
Sin embargo, puede observarse con claridad que el sector público como el privado
han elegido el camino de la eficiencia en lugar de la eficacia; es decir, han
tomado lo sanitario como una mera relación de costo - beneficio y olvidando
que, ante todo, no hay enfermedades sino enfermos.
Hace poco tiempo, nos visitó el médico Gianni Tognoni, uno de los
elaboradores de la lista de medicamentos genéricos de la OMS (Organización
Mundial de la Salud), quien ha puesto en evidencia el gran negocio de los
laboratorios, cuya fabricación de medicamentos está destinada más al incremento
de la facturación que a la investigación de nuevas y mejores medicinas para un
mejor cuidado de la salud. Sin embargo, esta visita fue poco reflejada en los
medios nacionales en consonancia con los postulados de Ginés González García,
quien no duda en retirar la pauta publicitaria al medio que ose
cuestionarlo.
Argentina necesita una política nacional de salud y no, un pésimo Plan
Federal destinado a la atención focalizada (y en general, pésima) de los
ciudadanos en precaria condición socioeconómica; una profunda reforma del
Sistema de Obras Sociales y comenzar con la articulación del subsector
público con el privado, como también una política en materia de
medicamentos, cuya prioridad debe ser la fabricación en laboratorios de
jurisdicción nacional, como el Instituto Malbrán, y de otras jurisdicciones
provinciales y municipales con el fin de un aprovisionamiento con menores
costos para la salud pública y el control eficaz a los laboratorios que proveen
a las droguerías y a las farmacias.
Se trata simplemente que la salud deje de ser para pocos y que se
constituya en un derecho ciudadano para que, de una vez, se acaben las penurias
para muchos...
Prof. Juan Carlos Sánchez Cs. Jurídicas, Políticas y Sociales (I.S.P."Dr. Joaquín V. González) Este mensaje se envía de acuerdo con la nueva legislación sobre correo electrónico: Por sección 301, párrafo (a)(2)(C) de S. 1618 Bajo el decreto S.1618 titulo 3ro. Aprobado por el 105 Congreso base de las normativas internacionales sobre SPAM, este E-mail no podrá ser considerado SPAM mientras incluya una forma de ser removido. Para ser removido incluya en el Asunto BORRAR |
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