Gobierno español promete legalización generosa de extranjeros indocumentados

["as. int. mi ranchito" <miranchitoarci at yahoo.it>]

Agosto 24 de 2004
Gobierno español promete legalización generosa de extranjeros indocumentados
El Tiempo/Bogota/VÍCTOR MANUEL VARGAS 
corresponsal en Madrid 


Luz de esperanza para buena parte de los cerca de 350 mil colombianos que viven en ese país 'sin documentos'. 

El gobierno socialista anunció este martes una regularización “generosa” para todos aquellos que puedan lograr un contrato legal de parte de sus empleadores (no una oferta de trabajo), y que lleven viviendo “un tiempo importante” en España. Y aunque ese tiempo no fue precisado, el Gobierno dejó muy claro que los que lleven poco tiempo en España, o estén pensando en venirse, no podrán acceder a este beneficio.

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, adelantó que el objetivo del Gobierno es “sacar a flote toda la economía sumergida que hay en España”. Y para lograrlo, prometió que no habrá ningún tipo de sanción para los empresarios que ‘regularicen’ a sus trabajadores ilegales. Aunque luego, aclaró, se perseguirá y castigará duramente a quienes contraten a ilegales.

Por ejemplo: habrá estímulos para que un empresario pueda denunciar a otro por competencia desleal en caso de emplear a ilegales (sin prestaciones y normalmente con salarios más bajos). 

Las reacciones no se hicieron esperar. Mariano Rajoy, líder del Partido Popular (PP, derecha, oposición) criticó el anuncio señalando que generará “un efecto llamada de considerables proporciones”, pues consolidará la idea de que tarde o temprano la vía de la inmigración ilegal encuentra su recompensa.

El secretario ejecutivo del sindicato UGT, Jesús Pérez, aplaudió que el problema se aborde desde “la óptica correcta: la laboral”, pero calificó de “inmaduro” e “imprudente” el anuncio del Gobierno porque puede “crear falsas expectativas” a los inmigrantes. Porque como planteó el otro gran sindicato español, Comisiones Obreras (CC.OO), no está para nada claro cuantos empresarios legalizarán a sus empleados ‘sin papeles’, normalmente ubicados en los sectores más bajos de la pirámide laboral: meseros de pequeños bares o restaurantes, obreros a destajo, jornaleros en fincas y asistentes de niños y personas mayores en hogares.

Los problemas de estafas contra la vulnerable y habitualmente desesperada comunidad ‘ilegal’ ya han comenzado. La ong Alicante Acoge denunció ayer que ya se han comenzado a "vender ofertas de trabajo falsas y supuestos asesoramientos jurídicos especiales” tras la noticia de que el Gobierno planea abrir un proceso de regularización por la vía del ‘contrato más arraigo’.

Por eso es importante subrayar que la definición de quiénes podrán aspirar a este esquema de regulación por ‘contrato más demostración de arraigo’ (tiempo de permanencia considerable en España), y con qué documentos y requisitos, sólo se conocerá cuando se haga publico el reglamento de la nueva ley de extranjería, aún en proceso de elaboración y cuya publicación está prevista para el otoño. Aunque Rumi adelantó que el empadronamiento municipal será uno de los requisitos principales a la hora de demostrar tiempo de permanencia en España.

Álvaro Zuleta, director de la ong colombiana de ayuda al inmigrante Aculco, explicó a EL TIEMPO que “es claro que el gobierno busca consenso sobre un tema extremadamente sensible en España, y por eso ha lanzado al ruedo las líneas maestras de su plan: para ver las reacciones”.

“Pero a pesar de todas las lagunas que aún existen, yo lo celebro, porque es un paso hacia la regularización de nuestra gente. Y eso va a redundar en la mejora de sus condiciones de vida en España”, añadió Zuleta optimista.

Lo que sí está claro es que el PSOE propone un giro de 180 grados con respecto a la política del gobierno anterior, donde la máxima era impedir que el extranjero ‘sin papeles’ pudiera encontrar la más mínima posibilidad de regularizarse estando en España, para de ese modo desestimular la inmigración ilegal.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el año 2003 España tenía más de 2,5 millones de inmigrantes: el 6 por ciento de la población total. De ellos, al menos de un millón y medio están afiliados a la Seguridad Social, con lo cual habría al menos un millón en la ilegalidad. Cifra que en la práctica, sin duda, es mucho mayor. Ya que son miles los que no se registran en los ayuntamientos respectivos por miedo a ser deportados y, por tanto, las autoridades no tienen ninguna constancia de su presencia en este país.







		
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