ATENTADO CONTRA MEXICO

["nello margiotta" <nellomargiotta55 at virgilio.it>]

http://www.jornada.unam.mx/edito.php?origen=index.html&fly=2

E D I T O R I A L
México D.F. Miércoles 7 de enero de 2004
  Los mexicanos nos hemos convertido, a los ojos del gobierno de Washington
y de las autoridades nacionales, en sospechosos de terrorismo. Tal es la
conclusión de las denigrantes e ilegales prácticas de control e intimidación
que agentes estadunidenses han impuesto en el aeropuerto de la ciudad de
México a todo aquel connacional que osa viajar al vecino país del norte. Por
añadidura, la PGR acaba de reconocer -en voz del subprocurador José Luis
Santiago Vasconcelos- que realiza investigaciones en torno a la sospecha de
que se esté preparando un atentado terrorista en alguna terminal aérea del
país, hecho que denota que el gobierno de México se ha uncido ya a la
política de seguridad de la administración de George W. Bush.
A la fecha, las autoridades federales han reiterado que la "colaboración" de
agentes estadunidenses en la terminal aérea capitalina tiene como objetivo
evitar que presuntos terroristas aborden vuelos con destino al vecino país.
Sin embargo, las declaraciones de Santiago Vasconcelos van más allá: podrían
ser parte de una estrategia de legitimación de la actividad de policías
estadunidenses en suelo nacional, con el dudoso argumento de que en México
estarían operando terroristas. Además, serían muestra de que el gobierno
federal se ha contagiado del frenesí de Washington y, presa del miedo, la
confusión o la simple claudicación ante el extranjero, ha comenzado a
considerar a sus ciudadanos, sin distinción, como criminales en potencia. La
desmesura entre el señalamiento del subprocurador de que no existen
evidencias de que se preparen actos terroristas desde México y la hostil
intervención de agentes estadunidenses contra los viajeros mexicanos es
prueba de lo anterior.
Mucho se dijo que bajo ninguna circunstancia policías extranjeros abordarían
las aeronaves de bandera mexicana como medida preventiva contra atentados,
pero, en cambio, sí se consintió la actividad ilegal, prepotente y
humillante -no en un avión, sino en territorio nacional- de agentes
estadunidenses en la terminal aérea capitalina. ¿A qué se debe tal
incongruencia, tal contradicción? ¿Por qué las autoridades no impiden los
agravios a que son sujetos los viajeros mexicanos? ¿Por qué tanta
complacencia ante la violación de la ley y de la dignidad del país? Como
señalaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tal
circunstancia podría ser constitutiva de delito, del que serían responsables
los funcionarios que han autorizado y tolerado tales prácticas.
En el eje de estos hechos se encuentra, finalmente, un dato que nadie ha
sido capaz de demostrar, ni siquiera de delinear con claridad: la eventual
presencia en México de terroristas decididos a atentar contra intereses
estadunidenses o, incluso, nacionales. Si tal posibilidad fuese cierta, o al
menos resultase probable a la luz de datos objetivos e investigaciones
rigurosas, el reforzamiento de las medidas de seguridad en aeropuertos y
otros sitios sería procedente, ciertamente, bajo el exclusivo control de las
autoridades mexicanas, con estricto respeto a la ley y a las garantías
individuales y sin más participación extranjera que la resultante de los
acuerdos de colaboración firmados entre México y Estados Unidos.
Sin embargo, la realidad refuta tal suposición: la vigilancia en el
aeropuerto capitalino está concentrada en los viajeros mexicanos que
utilizan las aerolíneas del país, pues los ciudadanos y las compañías
estadunidenses no están sujetos a controles tan amplios, como si los
supuestos terroristas fuesen sólo mexicanos o no pudiesen abordar aeronaves
de bandera extranjera. Las medidas de seguridad realizadas por agentes de
Washington en el aeropuerto no parecen orientadas a detectar terroristas,
sino a criminalizar a los mexicanos, a someter a México a la política de
seguridad del imperio del norte y a sumir a la población en la humillación y
el temor. Tal es el verdadero atentado que ha tenido lugar en México -país
históricamente comprometido con la paz-, perpetrado a la par por las
autoridades mexicanas y por el intervencionismo estadunidense.
¿Es que el gobierno federal es incapaz de gestionar la seguridad en sus
aeropuertos? ¿Tal es su grado de desconfianza hacia sus instancias
policiales y hacia la sociedad? Si el gobierno de México no comparte estas
afirmaciones, ¿por qué renunció a sus facultades y rindió la soberanía
nacional? ¿Por qué no informa con claridad, rigor y profesionalismo lo que
realmente acontece en materia de seguridad? La vaguedad y las
contradicciones de las autoridades en un asunto tan relevante resultan
exasperantes y ofensivas para la nación. Adicionalmente, resulta
sorprendente que el Senado de la República -entidad facultada para aprobar y
vigilar las relaciones exteriores de México- no haya emitido una declaración
institucional sobre estos graves acontecimientos, máxime cuando esa cámara
está conformada de manera plural y no se encuentra necesariamente en
sintonía con el gobierno panista de Fox.
Como sea, es de exigir el inmediato fin de la actividad de agentes
extranjeros en las terminales aéreas del país y la restitución del control
de éstas a las instancias mexicanas competentes. Nadie en su juicio y con
apego a la legalidad se opone al necesario combate contra el terrorismo,
pero, de igual manera, nada justifica la actual crisis de la soberanía y de
la normatividad del país. La idea de que cualquier medida resulta
justificada para evitar una eventual pérdida de vidas resulta sesgada, pues
la vigencia de la ley y de las garantías individuales, y el respeto a la
soberanía y a la dignidad de los pueblos han sido siempre las vías adecuadas
para preservar la paz, la libertad y la integridad de las naciones y sus
habitantes.