México: La marcha del 27: objetivos y tareas

["nello margiotta" <nellomargiotta55 at virgilio.it>]

28 de noviembre del 2003
Cuauhtémoc Cárdenas. La Jornada

Estamos viviendo un momento histórico. Tomemos conciencia, que nos quede muy
claro y que cale hondo, que formamos parte de una muy amplia e impresionante
movilización, que se da simultáneamente en más de 100 ciudades, nunca vista
antes en nuestro país. En este Zócalo confluyen las marchas que partieron de
ocho puntos distintos de la República, más los que residimos en esta ciudad
y aquí nos encontramos, atendiendo la convocatoria de organizaciones
sociales que tienen en su mira la defensa patriótica de la nación. Que nos
cuente bien el gobierno. Que lo haga por todo el país. Que sepa cuántos
somos los que nos oponemos a la entrega de áreas clave del sector energético
a intereses extranjeros, contrarios a los del país y a los del pueblo
mexicano, y nos oponemos asimismo a la agresión fiscal del gobierno contra
los sectores populares y los productores.

Estamos hoy mostrando nuestra fuerza. Al vernos juntos, contarnos y medirnos
políticamente, este gobierno y este Presidente entreguistas saben ya a quién
enfrentan. En unos días más, tengo confianza, veremos sus iniciativas sobre
electricidad, el impuesto al valor agregado (IVA) y recortes presupuestales
derrotadas en el Congreso, pero aun habiendo logrado en esta causa un primer
y muy importante triunfo político, no basta para alcanzar los cambios por
los que luchamos, pues sólo estaríamos como estamos hoy: sin una propuesta
oficial de reforma hacendaria equitativa, sin políticas públicas para crecer
económicamente y generar empleos, con un creciente deterioro económico y
social, aunque, cierto, con el avance que represente haber ahuyentado el
riesgo inmediato de que esta administración entregue partes básicas de la
industria eléctrica a intereses extranjeros.

Ahora bien, si las maniobras, presiones y chantajes oficiales lograran una
mayoría legislativa en apoyo a sus propuestas, ¿aceptaremos pasivamente que
partes estratégicas del sector eléctrico se entreguen a extranjeros, o que
se imponga el IVA a alimentos y medicinas, o que desaparezcan instituciones
que realizan investigación científica o fomentan la cultura? Que sepa el
gobierno que estamos preparados para enfrentar los distintos escenarios que
se nos puedan presentar. Que sepa que la lucha de uno, es la lucha de todos.
Frente a una mala decisión del Senado o de la Cámara de Diputados, nuestra
respuesta será una movilización más intensa y de mayor fuerza que la lograda
hasta hoy, un nuevo llamado a la conciencia de los legisladores para que
revisen la situación y, de ser necesario, la organización de la resistencia
civil a esas medidas que irían contra el interés de las mayorías y de la
soberanía de la nación.

¿Qué sigue después de esta exitosa concentración patriótica, para quienes
hemos tomado parte directamente en ella y para quienes de muy distintas
maneras y desde las más diferentes partes de la República la han alentado y
apoyado?

¿Celebraremos simplemente que esta es una concentración que hace historia y
regresaremos a nuestras casas, a nuestras actividades habituales para
desentendernos de los riesgos que todavía amenazan a sectores estratégicos
de la energía, de los daños que ya ha ocasionado en ellos el entreguismo de
nuestros gobernantes y de la pretensión oficial de nuevos impuestos que
agravarían la economía popular?

Libramos una nueva batalla por la soberanía y por la gente. Esta
concentración da cuenta del muy amplio rechazo a medidas antipatrióticas y
antipopulares, lo que estará viendo ya el gobierno.

Pero esta concentración da para mucho más. Es ya un claro ejemplo de que es
posible la unidad en la diversidad política y social. Está mostrando que
organizaciones e individuos con posiciones políticas diferentes tenemos
capacidad para ponernos de acuerdo en la defensa y promoción de las causas
superiores del pueblo y de la nación. El pasado ahí está, impreso como
testimonio imborrable de historias y trayectorias colectivas e individuales.
Esta jornada hace ver que desde posiciones diversas, aun encontradas, el
presente y el futuro del país pueden construirse con consensos, definición
de objetivos, entrega y decisión.

Deja ver, por otra parte, que cuando no se respeta la voluntad popular,
expresada legal y democráticamente, las consecuencias para el pueblo son de
extrema gravedad. En 2000 Vicente Fox ofreció en un debate televisado a todo
el país que no propondría que se impusiera el IVA a alimentos y medicinas,
que en su gobierno habría empleo y crecimiento económico, y para alcanzar,
entre otros, esos objetivos, recibió la confianza ciudadana y el voto
mayoritario del 2 de julio. Fallar a la voluntad popular, dejar de cumplir
con los compromisos que públicamente se adquirieron, ha traído como
resultado la situación de postración social, estancamiento económico y falta
de conducción política que hoy sufre el país. El gobierno debe obedecer el
mandato popular que surge de esta manifestación. Su sordera e inmovilidad no
deben llevar al país y a la gente a situaciones de mayor dificultad.

La diversidad aquí presente tiene más tareas que cumplir en provecho de la
nación. La pluralidad y la suma de voluntades presentes en esta jornada
tienen que crecer, tienen que proyectarse hacia otros sectores de nuestra
sociedad, pues es mucho todavía lo que queda por hacer en el rescate de la
soberanía y en la recuperación productiva del país.

Los objetivos de nuestra lucha son variados e importantes. Entre ellos
están:

1. Consolidar rescate, defensa y ejercicio pleno de la soberanía energética.

2. La construcción de la soberanía financiera, mediante la recuperación de
la banca de fomento y el desarrollo de una nueva banca comercial mexicana,
que tenga capacidad para dar respuesta a las demandas de la economía, y que
transfiera a la banca actual el costo de su rescate -esto es, la deuda del
Fobaproa-IPAB, que se ha dejado caer sobre las espaldas de todos los
mexicanos, debe pasarse en exclusiva a la banca, para que la pague con un
gravamen extraordinario que pueda imponerse a sus utilidades, hasta que
salde su adeudo con el Estado- y, por otro lado, mediante una reforma
hacendaria que no sólo aumente los ingresos del fisco y con ello la
capacidad de inversión en el desarrollo nacional, sino que además quite
cargas impositivas a los sectores de población golpeados y empobrecidos por
el neoliberalismo, amplíe la base de contribuyentes, estimule el crecimiento
de la economía y cree condiciones de competitividad para los productores
mexicanos que concurren a los mercados internos y del exterior.

3. La recuperación de la soberanía alimentaria, que empiece por reconstruir
las capacidades productivas del campo y por elevar las condiciones de vida
del trabajador rural.

4. Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, presentación de los
desaparecidos políticos y esclarecimiento de los homicidios contra mujeres
en Ciudad Juárez, como condiciones de una paz definitiva y digna, de una
convivencia justa y fraterna, y de un Estado respetuoso de la vida y del
derecho.

5. La realización de una reforma laboral que mantenga las conquistas
sociales y políticas de los trabajadores, garantice a éstos una distribución
justa de los beneficios que se obtienen con los aumentos de la
productividad, así como una participación equitativa en el reparto de las
utilidades de las empresas y en las decisiones sobre la organización del
trabajo.

6. La defensa de las instituciones culturales, de investigación científica y
formación profesional que el foxismo pretende desaparecer.

7. La revisión y auditoría a todas las privatizaciones de entidades públicas
efectuadas de 1982 a la fecha.

8. La recuperación de una política exterior de dignidad y soberanía, apegada
al mandato constitucional, que permita revisar los acuerdos internacionales
para tornarlos equitativos y que ponga fin a claudicaciones y a la
subordinación a intereses extranjeros, defienda y promueva los derechos de
los mexicanos del exterior y se oriente a la integración política y
económica de la comunidad latinoamericana de naciones.

La Constitución es precisa y clara: la explotación de hidrocarburos y la
prestación del servicio público de electricidad son actividades reservadas
en exclusiva al Estado. No cabe, por lo tanto, sustraer del Estado para
entregar a intereses extranjeros la administración y los beneficios que
genera el mercado de grandes consumidores de energía eléctrica, ni que la
explotación de hidrocarburos se lleve a cabo mediante la ejecución de
contratos de servicios múltiples, que no son más que una verdadera cesión de
soberanía a consorcios privados en los que domina el interés del exterior.

Saliendo ahora del Zócalo, habrá que empezar ya a actuar para consolidar el
voto mayoritario en favor de que no se reforme la Constitución ni pasen las
propuestas hacendaria y de recortes presupuestales que el gobierno pretende
aprueben los legisladores. Y de inmediato, de ganarse, como esperamos, el
voto en el Senado, habrá que disponerse para impulsar las reformas a los
regímenes fiscales a los que se tiene sometidos a la Comisión Federal de
Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y Petróleos Mexicanos (Pemex), para
devolverles capacidad de inversión, así como promover aquellas reformas que
concedan a estos organismos autonomía administrativa y financiera en su
gestión, y por el otro lado, con la misma prioridad y urgencia, organizarnos
para presentar las denuncias que conduzcan a que la autoridad judicial
declare la nulidad de los contratos de servicios múltiples que Pemex ya
otorgó para explotar gas en la cuenca de Burgos.

La unidad patriótica y popular que hoy se ha movilizado sabrá cumplir con
sus responsabilidades para con la nación y el pueblo de México.