Commenti alla consegna del Rapporto della Commissione della Verita' in Peru'. A cura di Cristiano Morsolin

[Cristiano Morsolin <morsolindo2002 at yahoo.it>]

COMMENTI al RAPPORTO COMMISSIONE VERITA’ IN PERU’

 

Cari amici e amiche di Peacelink,

Qui trovate dei commenti al rapporto della Commissione della Verita' CVR che ieri l'ha presentato alla popolazione di Ayacucho, citta' martire per i massacri perpetrati da Sendero Luminoso e dall'esercito governativo.

Toledo ha decretato lo stato di emergenza ad Ayacucho per evitare disordini, dopo che sono apparse varie bandiere rosse senderiste... di polpotiana memoria...e si sono fatti sentire tanti amici del dittatore Fujimori...

Sembra paradossale ma...vengono tolte le liberta' costituzionali per presentare il rapporto finale delle violazioni diritti umani di oltre un ventennio di violenza politica.

Sara' molto lunga la lucha per la giustizia e la riconciliazione...

Continuero' ad aggiornarvi...

Hasta pronto

Cristiano Morsolin da LIMA

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Lerner: "Se lanzan argumentos perversos
para desacreditar el informe"
Por ANA NÚÑEZ
Enviada especial.-

Dos años de trabajo al frente de la Comisión de la Verdad me han dejado una salud medio quebrantada, comenta bromeando Salomón Lerner en el lobby del hotel Plaza, en Ayacucho. Luego de sonreír un poco, comenta que su labor le ha dejado una experiencia interna que lo ha vuelto "más humano" y que le permite tener una comprensión más real del Perú y sus problemas. 
- ¿Se puede decir "misión cumplida" pese a todas las críticas que se están haciendo en contra del trabajo de la comisión?
- Sí, creo que hemos hecho un trabajo realmente muy comprometido e intenso que, a despecho de aquello que afirman algunos, puede ser de gran servicio para el país. Creo que estamos yendo más allá en lo que toca al conocimiento de lo que sucedió, pero hay algo más que eso. Sin pretender erigirnos en jueces, hemos querido asumir nuestro mandato desde una perspectiva moral y hemos creído prudente aprovechar la ocasión para decir que es necesario cambiar, hacer una especie de examen de conciencia y ver en qué fallamos, porque en nuestro país se han hecho muchas cosas mal.
- Durante la conferencia de prensa usted afirmó que no hay sesgo en la CVR, sino más bien en quienes la critican. ¿A qué se refería?
- Al sesgo que lleva a querer desacreditar el informe, y a la comisión, con argumentos perversos, yendo al pasado de las personas para escarbar ahí y tratar de ensuciarlas y, a través de eso, ensuciar a la comisión. Yo creo que ese es un procedimiento vil e indica mala intención. Pienso que hay quienes no están dispuestos a enfrentar el pasado y creen que es válido que en nombre de la autoridad y del orden se cometan atropellos. Hay hasta una especie de patología mental, porque la comisión se convirtió para algunas personas en una obsesión. Sobre los comisionados se ha dicho una serie de barbaridades y mentiras que se han puesto al descubierto con nuestro informe, como que íbamos a amnistiar a los terroristas o que íbamos a denigrar a las Fuerzas Armadas.
- Qué es lo que pasaba? ¿Se quería matar el informe antes de que nazca? 
- Lo objetivo es que hubo esas críticas que no han sido honestas. Personalmente creo han sido críticas orquestadas, que obedecen efectivamente a una campaña, en la que participaron algunos políticos, algunos medios de comunicación y por desgracia algunos miembros de gremios empresariales -quizá de modo inocente- y militares en retiro que se sienten ofendidos o que sienten temor de lo que podamos decir. En todo caso, hubo una confluencia de intereses que pretendía que no saliera el informe, porque esa era una manera también de minar la democracia en el Perú y de sumarse a una especie de sentido común que se quiere crear sobre la necesidad de que el Perú sea regido de manera autoritaria. En el fondo hay una especie de nostalgia por Fujimori, y por tanto se ha querido desacreditar a un proceso de transición democrático. 
- ¿Su interpretación es que la campaña contra la CVR buscaba desestabilizar la democracia que estamos construyendo?
- El objetivo era ese. Queda un testimonio de la gran lección: se ha debido vencer al terrorismo sin violar derechos humanos y que no debemos dejarnos seducir por los reclamos autoritarios. Aquellos a los cuales les gusta el autoritarismo y apoyaron abiertamente o de modo solapado a Fujimori son aquellos que nos critican.
- En esta tónica de señalar que la CVR inclina la balanza hacia Sendero, se ha criticado que en su discurso del jueves no sea enfático en señalar a SL como una organización terrorista...
- Por Dios... he dicho cosas peores que la palabra terrorista respecto de Sendero. He dicho que ellos cometieron o estuvieron a punto de cometer genocidio, que es una ideología totalitaria, fundamentalista y criminal. La cuestión ahí de la adjetivación es secundaria. La condena ha sido radical, frontal, y creo que pocas veces públicamente se han dicho cosas tan duras contra Sendero como las que hemos dicho ahora.
- En el informe ustedes señalan la responsabilidad moral y política de los gobiernos que no hicieron nada para frenar el terror. ¿Cómo deberían los partidos políticos que fueron gobierno asumir sus responsabilidades?
- En primer lugar, aceptando los hechos y decisiones que se adoptaron en el Perú cuando fueron gobierno. Si no hay en primer lugar esta lectura correcta de los hechos y se sigue con una actitud hipersensible por la cual ven supuestos ataques contra ellos por parte de la comisión, va a ser imposible que puedan asumir positivamente responsabilidades y mirar adelante.
- Carlos Tapia insistió en nombre de la comisión, en calificar a SL como partido. Es de esperarse que mañana reciban nuevamente críticas por esto...
- En primer lugar, tendrían que criticar a las propias Fuerzas Armadas, porque Tapia citó un manual de ellas en las que hablaban del Partido Comunista Sendero Luminoso. Lo segundo es que cuando nos hemos referido a Sendero, hemos querido que se le entienda, porque sólo así se le puede combatir y vencer. SL era una organización que buscaba el poder, y una organización que busca el poder es de carácter político. Claro que ellos buscaban el poder por la vía violentista y usando métodos criminales. Ahora, desde una perspectiva sana de la política, tienen razón quienes dicen que no puede ser considerado como partido político, pero desde el punto de vista más lato y factual, sí es una organización de carácter política, pésima, condenable y que no debe existir en una democracia.
- ¿Qué papel toca al gobierno en esta nueva etapa que busca la reconciliación?
- Cuando se estaba preparando la entrega del informe le dije al señor Presidente que esta era una gran oportunidad para cualquier gobernante de mostrarse justo, de mostrarse realmente un conductor de su país en función de valores permanentes. Creo que si (Toledo) hace eso, un acto de valorar a la reconciliación, de repente no subirá demasiado en las encuestas, pero luego la historia lo juzgará mejor. 

LA REPUBLICA 30.08.2003

 

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Perú: justicia por 69.000 muertes



Más de 3.000 personas manifestaron en Lima antes de darse a conocer el informe de la Comisión de la Verdad.

Grupos de derechos humanos piden que se lleve ante la justicia a los responsables de la muerte de 69.000 personas en Perú durante la lucha entre las fuerzas de seguridad y grupos guerrilleros. 

Una investigación de dos años a cargo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) reveló que el número de víctimas es el doble de la que se creía en un principio. 

El director de Amnistía Internacional en Perú, Sergio Messa, dijo que esperaba que el gobierno aprovechara la oportunidad para ordenar la apertura de acciones judiciales. 

"Estamos ahora en un momento que puede cambiar la historia y poner final a la impunidad en Perú", dijo. 

En declaraciones a la BBC, el jefe de la CVR, Salomón Lerner señaló que "nosotros a lo largo de dos años hemos podido recoger 17.000 testimonios que nos han brindado pobladores marginados quechua hablantes de lugares muy remotos. A partir de allí, estableciendo procedimientos estadísticos muy rigurosos, hemos hecho la proyección". 

El informe destaca la preponderancia de indígenas entre las víctimas de la violencia en Perú y su ubicación en zonas de la serranía andina.

"Estas brechas históricas que son tanto raciales como económicas y sociales fueron de algún modo caldo de cultivo para que en un comienzo pudiera extenderse la subversión", agregó Lerner.

 

 

BBC NEWS 29.8

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La hora de la verdad 

David Lovatón
IDL. Perú, agosto del 2003. 

No era un secreto que la Comisión de la Verdad y Reconciliación señalaría en su informe final que durante la violencia política se cometieron gravísimas violaciones a los derechos humanos (desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, vejaciones sexuales, detenciones arbitrarias) por parte de Sendero Luminoso y el MRTA por un lado, pero también por parte de efectivos de las fuerzas armadas y de la policía, en contra de miles y miles de personas inocentes. 

Tampoco es un secreto que durante esos años de violencia política el Poder Judicial y el Ministerio Público no estuvieron a la altura de las circunstancias, salvo -como siempre- honrosas excepciones. Por un lado, no cumplieron su rol tutelar de la legalidad y del Estado de Derecho ni de defensa de los derechos a la vida, a la integridad, a la dignidad, a la libertad de miles de compatriotas, al no investigar ni castigar graves violaciones a estos derechos fundamentales, contribuyendo así a la impunidad de estos casos. Por el contrario, durante esos años -salvo, nuevamente, excepciones- los tribunales civiles abdicaron de su competencia a favor de los tribunales militares. 

Tampoco cumplieron su rol de investigación y condena del delito de terrorismo. En un primer momento, se les acusó de ser una suerte de "coladera" de los cabecillas terroristas y, a partir del autogolpe de 1992, aceptaron una legislación antiterrorista absolutamente violatoria de estándares internacionales, con jueces y fiscales sin rostro y el protagonismo de tribunales militares, al punto que ha obligado en la actualidad a anular muchos de esos procesos y a reiniciarlos con una nueva legislación. 

Sin embargo, desde el inicio de la transición democrática cada vez más magistrados vienen reconociendo esta situación. Muestra de ello es la preocupación judicial por volver a juzgar a las personas acusadas de terrorismo, respetando el debido proceso pero también pensando en la seguridad del país; también lo son algunas decisiones judiciales que han afirmado la competencia de los tribunales civiles frente a la justicia militar, la creación de una fiscalía especializada o la apertura de algunos casos como Cantuta o Barrios Altos. A la vez, hay también algunos hechos preocupantes, como el que hasta la fecha la fiscalía especializada en derechos humanos no haya formalizado denuncia alguna. 

Por tanto, el informe final de la Comisión de la Verdad será, en gran medida, la vara con la cual se medirá la auténtica voluntad del Poder Judicial y del Ministerio Público de investigar y, de ser el caso, sancionar, a los responsables de las más graves y atroces violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante ese periodo. Será también una forma de reivindicar frente al país su independencia frente al poder; independencia tan reclamada durante las últimas semanas por los jueces, que tiene aquí la mejor oportunidad de verse plasmada con una valiente actuación jurisdiccional, más allá de los discursos. 

Al respecto, la Comisión de la Verdad ha propuesto llevar a la justicia alrededor de 50 casos de graves violaciones a los derechos humanos, para lo cual, ha documentado dichos casos y ha sindicado a los presuntos responsables. Corresponde ahora al Ministerio Público y al Poder Judicial investigar con serenidad pero con firmeza dichas denuncias y, de ser el caso, condenar tales crímenes. Es verdad que son casos muy complejos y cargados de presiones y amenazas por parte de los que se sienten en el banquillo de los acusados. No será nada fácil pero es un reto al que es imposible rehuir; por ello, sería conveniente que se cree un subsistema de derechos humanos similar a los que ya existen para los casos de corrupción y terrorismo, blindándolo con magistrados probos e independientes y dotándolo de recursos suficientes. 

El Ministerio Público y el Poder Judicial tienen pues entre manos una gran responsabilidad frente al país y la comunidad internacional: demostrar que en el Perú es posible -respetando el debido proceso- encontrar justicia frente a estas graves violaciones a derechos humanos y que el sistema judicial no será más, cómplice de la impunidad sino aliado de la justicia. 

LA INSIGNIA. 30.08.03

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FUENTE: www.peru21.com

 

Ago 29 (Peru21.com) Luego de un minuto de silencio, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) entregó su informe final a la población de la ciudad de Huamanga, en Ayacucho. 

"Fue en Ayacucho, donde, por desventura, se comenzó a desarrollar ese terrible fenómeno del terrorismo, ajeno por entero al espíritu de estas tierras, y que obedecía a una ideología totalitaria que trató de convertir a la patria en un inmenso campo de batalla" señaló Lerner en su discurso. 

En el evento el presidente de la CVR, Salomón Lerner develó una placa en memoria a todas las víctimas de la violencia que vivió nuestro país en estos últimos 20 años. 

Durante la ceremonia un grupo de personas protestaron en la Plaza de Armas de Huamanga con carteles que decía "La comisión de la mentira y el despilfarro". 

Al término de la presidentación los miembros de la CVR ofrecieron una conferencia de prensa en Huamanga. A las 7 pm se realizará un concierto de música peruana en la Plaza de Armas. 

Unos trescientos policías participan hoy en un dispositivo de seguridad en Huamanga, ante rumores de que ronderos de la zona podrían intentar sabotear la ceremonia por estar en desacuerdo con las conclusiones de la Comisión. 

Para la CVR, la concentración de víctimas en departamentos como Ayacucho y en las clases más pobres se refleja en el hecho de que cerca de 75 por ciento de los muertos eran quechuahablantes.

 

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FUJIMORI GOBERNO’ CON CONDUCTA CRIMINAL

"A diferencia de lo ocurrido en los gobiernos de la década de los 80, durante los dos períodos de gobierno de Alberto Fujimori se encuentra una relación funcional entre poder político y una conducta criminal", señala en su informe la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) al analizar los dos periodos del hoy prófugo ex mandatario.

Señala que desde el poder, de forma intencional y progresivamente, organizó una estructura estatal para controlar el Congreso, el Poder Judicial y otras instituciones del país, a fin de asegurar la total impunidad en actos violatorios de los derechos humanos y de corrupción.

El análisis de los comisionados sobre este punto sostiene la existencia de una evidente responsabilidad de Fujimori en crímenes tan sonados como Barrios, Altos, La Cantuta, El Santa, y otros que ocurrieron durante la década pasada, los que, según señala, tuvieron participación militares que formaron el destacamento Colina. 

En las más de 100 páginas sobre el ex presidente, la CVR hace no solo un recuento de todos los sucesos de corrupción sino además señala las características empleadas por su gobierno para obtener mayor poder, junto a una cúpula militar, y asegurar su reelección bajo la manipulación de la Constitución, las leyes e instituciones. 

CON MONTESINOS SIEMPRE. "Antes de haber iniciado formalmente su gobierno, Fujimori, persuadido por Montesinos, asumió un plan político militar elaborado por un sector de las Fuerzas Armadas para la puesta en marcha de un sistema de democracia dirigido", indica el informe, tras recordar que dicho plan fue inicialmente creado para dar un golpe de Estado, el mismo que se frenó por la aceptación de Fujimori para llevarlo adelante.

Indica, en otro pasaje del documento, que su gobierno, intencionalmente, generó entre la población el persistente temor al terrorismo, aún cuando este había tenido duros golpes de parte de la policía con capturas que él jamás dirigió, para usar ese fenómeno como mecanismo que le permita elevar su popularidad con miras a la reelección.

Refiere que en este y otros temas, junto con Fujimori tuvo una activa participación el hoy detenido Vladimiro Montesinos, "quien convirtió al Servicio de Inteligencia Nacional en el aparato político más grande de todo el país y con millones de dólares del Estado, y desde donde se dirigió toda una estrategia para seguir acumulando poder lejos de una democracia y de un estado de derecho".

EL CRIMEN JUNTO A LA POLITICA. En otra parte de su informe sobre Fujimori, los comisionados recuerdan que en su gobierno se produjeron también atentados como Tarata y otros asesinatos perpetrados por Sendero Luminoso y el MRTA, y aclara que las capturas de los mandos de estos grupos, básicamente fueron logros de la Policía.

También insiste en que, cuando no era la corrupción, fue la violación a los derechos humanos la característica del gobierno del ex jefe de Estado. En este punto lo liga directamente con el grupo Colina, y hace hincapié en que este último no fue un grupo aislado del Ejército, sino más bien un destacamento dentro de la institución castrense.

VOCES SIN OLVIDO. Gisela Ortiz, Oswaldo Cava y Tomas Livia son precisamente víctimas de la violencia desatada en el gobierno de Fujimori. La primera perdió a su hermano, Luis Enrique, en manos del grupo Colina, el segundo llora a su hijo Pedro, desaparecido en Tarata, mientras que el último sobrevivió a la matanza de los Barrios Altos. Solo la primera está de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad.

 

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APRA FRACASO EN LUCHA ANTISOVERSIVA

 

El gobierno de Alan García no contaba, al comenzar, con una estrategia contrasubversiva alternativa, según consta en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). 

Quizá por ello, antes de alcanzar el poder, su bancada criticó duramente y se opuso a los proyectos de ley que, para enfrentar la amenaza de violencia, planteaba la gestión de Acción Popular (1980-1985), al tiempo que denunciaba violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del orden. El objetivo del Apra era asegurar la victoria electoral en 1985, criticando el curso del conflicto interno. 

Ya en el Sillón de Pizarro, el Apra impulsó la idea de que el desarrollo económico y social impedirían la expansión subversiva armada. Sin embargo, luego de la represión violenta en tres penales de Lima (1986), decisión que la CVR califica de equivocada, el Gobierno regresó a la permisividad frente a los términos en que se venía dando la respuesta estatal. 

El conflicto armado y el terror se extendieron por todo el territorio. La CVR considera que el gobierno aprista fracasó en esta lucha, y sus intentos por hacer algo distinto no tuvieron coherencia ni fuerza.

LAS VICTIMAS. El informe no precisa el número de muertes y desapariciones ocurridas durante el período 1985-1990. Lo que sí señala es que en 1989 se elevó la cantidad de víctimas, que en su mayoría eran funcionarios y autoridades estatales asesinadas principalmente por SL.

A partir de la matanza de los penales, en especial en el caso de El Frontón, se evitó responsabilizar a efectivos militares y se toleró muchos casos de impunidad: Cayara, Molinos y el de los penales (Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara).

La CVR considera que el Apra es el partido que ha recibido más escrutinio en casos de violaciones de derechos humanos.

 

                        

¿PACIFICACION? El informe consigna que en setiembre de 1985 se hallaron fosas clandestinas producto de matanzas realizadas semanas atrás por el Ejército, en Pucayacu y Accomarca. El resultado fue la renuncia del presidente del Comando Conjunto y de los jefes de región.

Asimismo, la CVR tiene indicios de que las ejecuciones extrajudiciales del penal de Lurigancho también ocurrieron en El Frontón, pero "nada de esto pudo investigarse, porque hubo un operativo de encumbrimiento". Esto le sirvió a SL para explotar la imagen de mártires. 

En 1986, guerrillas del Mrta atacaron San Martín (Juanjuí). En enero de 1987 hubo una asonada de atentados en la capital, y el Ejecutivo propuso ampliar las penas por este delito e inició intervenciones en las universidades públicas de Lima. En 1988 asesinan al abogado senderista Manuel Febres Flores y la autoría la reclamó el 'Comando Rodrigo Franco'. El nombre de este grupo corresponde a un dirigente aprista asesinado el año anterior supuestamente por SL. Al comenzar 1989, el país atravesaba una grave crisis económica, y el 33% del país fue declarado en estado de emergencia.

 

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AP no tuvo estrategia contra SL

 

1980 marcó el retorno del Perú a la democracia tras dos décadas de gobierno militar. Pero también el inicio de un periodo de dolorosa e inenarrable violencia que colocó entre dos fuegos a millones de peruanos. Por un lado, el autodenominado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, con su irracional accionar que puso en jaque al recién inaugurado gobierno de Fernando Belaunde Terry; por otro, las fuerzas policiales primero y militares después, que reprimieron al terrorismo sin una estrategia adecuada, lo que fue producto de la ausencia de un diagnóstico previo y acertado del fenómeno. 

El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) revela que en el quinquenio gubernamental de Acción Popular (AP) se registraron 7,795 muertes y desapariciones como resultado del proceso de violencia iniciada por Sendero Luminoso. Y añade que fue en 1984 que esa agrupación subversiva cometió el 16 por ciento de todos sus asesinatos.

Fueron los años del terror, de la violación masiva a los derechos humanos, de la militarización del país, del desconcierto. 

SIN ESTRATEGIA. El documento de la CVR reconoce que el escenario que enfrentó el régimen belaundista fue difícil. Incluso, desde antes de iniciarse, pues el mismo día de las elecciones generales, 17 de mayo de 1980, se registró la primera acción armada de Sendero en la localidad de Chuschi, Ayacucho. 

Pese a ello, el terrorismo tomó por sorpresa al Gobierno, que durante mucho tiempo consideró el conflicto armado interno como un problema marginal. 

Hubo quienes sostuvieron que la aparición de Sendero era parte de la expansión del comunismo internacional. Otros vincularon la protesta sindical con los atentados terroristas. Ambas hipótesis, lo sabemos, fueron erradas. 

REPRESION. A partir de 1983 y hasta el final del gobierno de Belaunde, las Fuerzas Armadas tomaron a su cargo la lucha contrasubversiva en la zona de emergencia declarada en los andes centrales, lo que sumado al establecimiento de los comandos político-militares derivó en numerosas violaciones de los derechos humanos "de manera sistemática y/o generalizada" por parte de efectivos bajo el mando de oficiales de triste recordación como los generales EP Clemente Noel, Adrián Huamán Centeno o Mori Orzo. 

Ahí están los casos de las ejecuciones extrajudiciales de pobladores de las localidades de Totos y Chuschi, que fueron puestas en conocimiento del gobierno, pero que no encontraron eco en él, "por su supuesta expectativa de acabar con la subversión en el corto plazo". 

Paralelamente, las voces de resistencia de las comunidades andinas y su posterior organización en comités de autodefensa acentuaron la ferocidad de Sendero, que apeló a ataques sistemáticos, incursiones armadas, juicios populares y masacres a comunidades enteras como Lucanamarca, Uchuraccay y Huancasancos para demostrar su poder. 

Pero no fue suficiente y pronto extendería su radio de acción a Lima con atentados como el perpetrado contra el entonces presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Domingo García Rada. Nadie imaginó, entonces, que esta historia de dolor, muerte y horror recién empezaba.

 

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Ago 29 (Peru21.com) Las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) no pueden ser más que estremecedoras. A la cifra de víctimas revelada, se suma la comprobación de hechos y situaciones que de alguna manera ya se conocían, pero que pocos querían ver.

Los comisionados, en primer lugar, tienen bien en claro que la causa inmediata y fundamental del conflicto armado, durante el período 1980-2000, fue la decisión de Sendero Luminoso (SL) de iniciar una lucha armada contra el Estado peruano. 

Además, consideran al grupo terrorista como "el principal perpetrador de crímenes y violaciones de derechos humanos". Según la CVR, ese "proyecto militarista y totalitario de características terroristas" causó el 54% de las víctimas fatales registradas. Por ello, se responsabiliza directamente a Abimael Guzmán y a sus seguidores de crímenes de lesa humanidad.

En cuanto al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), la CVR lo sindica como causante del 1.5% de las víctimas. Señala que si bien a diferencia de SL, sus miembros se abstuvieron de atacar a la población civil, también incurrieron en acciones criminales como secuestros y asesinatos, inclusive de disidentes de sus filas.

RECONOCIMIENTO. En las conclusiones del informe, la comisión expresa su reconocimiento a todos los actores políticos, militares y civiles que lucharon y perdieron la vida durante el conflicto armado. 

Sin embargo, no soslaya los errores en los que incurrió cada uno de ellos, incluidas las propias instituciones estatales. Se indica, por ejemplo, que Alan García y Fernando Belaunde erraron al aplicar su estrategia para combatir el terrorismo en el marco democrático.

En el caso de las fuerzas policiales, se menciona que no contaron con el apoyo del Gobierno y que se enfrentaron a los terroristas en condiciones precarias. Además -indica el documento-, el desconocimiento de la naturaleza de SL y el menosprecio a la magnitud del fenómeno hicieron que se incurriera en graves violaciones a los derechos humanos.

También se ha encontrado indicios que vinculan a miembros policiales con el grupo paramilitar Rodrigo Franco, mientras que las acciones de los Sinchis provocaron el distanciamiento entre la policía y la población.

VIOLACIONES SISTEMATICAS. Al mencionar el accionar de los institutos armados, los comisionados hacen notar "una práctica generalizada y/o sistemática de violaciones a los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad". Se condena que miembros de las Fuerzas Armadas hayan propagado la violencia sexual contra la mujer.

En ese sentido, concluyen que los comandos políticos militares, erigidos como autoridad máxima en las zonas de emergencia, pueden tener responsabilidad primaria en eso. Pero anotan que el Poder Judicial es el llamado a establecer el grado de responsabilidad. Empero, en el informe, no se individualizó responsabilidades.

PARTIDOS POLITICOS. En lo que se refiere a los gobiernos de la época investigada, se encuentra responsabilidad política en los de la década del 80, y penal en el de los 90.

Sobre la gestión de Fernando Belaúnde, la CVR cuestiona la tolerancia con las violaciones de los derechos humanos cometidas por parte del Estado, principalmente contra la población indígena. Señala que hizo caso omiso a matanzas como las de Putis, Pucayacu y Cabitos.

Para el caso del APRA, reconoce que inicialmente se buscó aplicar una política de respeto a los derechos humanos, esfuerzo que quedó trunco con la matanza de los penales. Las investigaciones de los comisionados confirman la masacre de Cayara, que contó, a su entender, con el encubrimiento de ese partido.

En cuanto al gobierno de Alberto Fujimori, los integrantes del grupo de investigación manifiestan que existen indicios para afirmar que el ex presidente, su asesor Vladimiro Montesinos y altos funcionarios del SIN tienen responsabilidad penal por los asesinatos, desapariciones y masacres perpetradas por el grupo Colina, y acusan al ex presidente de haber manipulado el conflicto armado con la finalidad de permanecer en el poder.

Finalmente, la CVR sugiere la clausura del penal de Challapallca y que se traslade a los internos del penal de la Base Naval del Callao a establecimientos

 

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29 Ago (Peru21.com) El Perú fue testigo de dos décadas de violencia y violaciones a los derechos humanos, pero, aunque parezca increíble, decenas de miles de compatriotas desaparecieron sin que nadie se dé cuenta.Y es que, como dijo el presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Salomón Lerner Febres, "ningún trance en la historia del Perú merece estar marcado tan rotundamente con el sello de la vergüenza y el deshonor como el fragmento de historia que vivió el país durante las dos décadas pasadas". 

Lea aquí el informe final de la CVR

                        Luego de manifestaciones a favor y en contra del trabajo realizado por la institución, la CVR entregó ayer su informe final al presidente Alejandro Toledo. El discurso, a cargo de Lerner, quien al final no pudo contener las lágrimas, conmovió a los asistentes a la ceremonia, realizada en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. No era para menos, pues, de acuerdo a las investigaciones,69,280 peruanos murieron o desaparecieron en manos de las organizaciones subversivas o por agentes del Estado. Lerner habló de la falta de justicia, resarcimiento y sanción que existió en esos años, pero también de la exclusión que aún existe en nuestro país. De acuerdo a las investigaciones de la CVR, de cada cuatro víctimas, tres fueron campesinos quechuahablantes. 

RESPONSABILIDAD. El presidente de la CVR subrayó la indolencia, ineptitud e indiferencia de quienes pudieron impedir los miles de asesinatos, desapariciones y torturas,y no lo hicieron, refiriéndose, obviamente, a lo gobernantes de turno. Advirtió que existen responsabilidades concretas que afrontar y subrayó que el Perú no puede permitir la impunidad, pues los crímenes cometidos fueron coordinados o previstos por las organizaciones o instituciones que intervinieron directamente en el conflicto. 

Para tal fin, sostuvo, la CVR presentará sus conclusiones a las autoridades pertinentes. "La aniquilación de colectividades o el arrasamiento de ciertas aldeas estuvo prevista en la estrategia del PCP-Sendero Luminoso", señaló, tras advertir que Sendero Luminoso, responsable de más de la mitad de las muertes, es una agrupación que no puede tener cabida en una sociedad democrática. Pero Sendero Luminoso no fue el único responsable. Lerner se refirió también al papel que jugó el Estado y sus agentes. De acuerdo a las investigaciones, en ciertos casos las Fuerzas Armadas incurrieron en una práctica sistemática o generalizada de violaciones a los derechos humanos. 

Además, sostuvo, la CVR encontró fundamentos para señalar la comisión de delitos de lesa humanidad e infracciones al derecho internacional humanitario. "Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, masacres, violencia sexual contra las mujeres y otros delitos igualmente condenables conforman, por su carácter recurrente y por su amplia difusión, un patrón de violaciones de los derechos humanos que el Estado peruano y sus agentes deben reconocer para subsanar", manifestó. 

Advirtió que las atrocidades cometidas por las fuerzas del orden debieron tener la complicidad o, por lo menos, la anuencia de la clase política que gobernó el país en esos años, la cual -dijo- debe dar explicaciones. No obstante, la CVR encontró solo responsabilidad política en Fernando Belaunde y Alan García,y penal en Alberto Fujimori y su ex asesor Vladimiro Montesinos. Finalmente, Lerner enfatizó que nadie tiene derecho a ignorar los 16,986 testimonios recogidos por la CVR. En ese sentido, reiteró la necesidad de castigar, sin venganzas,a los culpables y reparar a las víctimas. 

INVOCAN A DEBATIR INFORME.El jefe de Estado,a su turno, reconoció la labor de los miembros de la CVR y ratificó el compromiso de su gobierno de "alcanzar la verdad, la paz,la justicia y la reconciliación del Perú sin impunidad, pero sin venganza". "No podemos abrir las puertas del futuro sin mirar el pasado. Pero grave sería el error de una nación quedarse atrapada en el pasado, privando a nuestro país de la construcción de su futuro", señaló. 

Subrayó que el informe no debe dividir a los peruanos. Resaltó que no existe reconciliación sin inclusión social, pero destacó que dicha reconciliación "es con los peruanos que creen en la libertad, la democracia y los derechos humanos y no con los partidarios del terror". Pese a que subrayó la relevancia de señalar las responsabilidades individuales y colectivas, advirtió también que el informe "no nos convierte en fiscales o jueces". 

Destacó la importancia de reivindicar a las víctimas de las dos décadas de violencia y aseguró que la necesidad de las reparaciones colectivas a los marginados es un imperativo del Estado. Además,r eiteró la voluntad de su gobierno de aplicar una lucha frontal contra los remanentes del terrorismo y de fortalecer los derechos humanos a través de las instituciones públicas y privadas. Toledo informó que, en un plazo prudencial, el gobierno se pronunciará sobre el informe de la CVR e invocó a la población a debatir con serenidad, seriedad y madurez sus conclusiones, "sin prejuicios y sin odios personales".

 

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(Perú.21) Los integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) pusieron los puntos sobre las íes. Tras guardar un perfil bajo ante las críticas y vinculaciones antojadizas difundidas en las últimas semanas, los comisionados hablaron fuerte y claro. 

Empezaron, como se esperaba, con lo más importante:73 casos de violaciones a los derechos humanos fueron remitidos a la Fiscalía de la Nación para que sean investigados y, de darse los elementos e indicios suficientes, sean denunciados ante el Poder Judicial. Aunque no existen plazos legales para que la fiscalía determine responsabilidades, la CVR espera que el Ministerio Público dé prioridad a estos casos y se pronuncie. Y aunque por la noche se aclaró que la comisión no le está dando un ultimátum para que dicha instancia emita una opinión, Salomón Lerner refirió, de acuerdo a lo que establece el propio informe, que la Fiscalía tiene un plazo de 30días para iniciar las investigaciones respectivas. De lo contrario se harían públicos los nombres de los presuntos responsables. 

INVESTIGADORES. Sobre este tema, la comisionada Sofía Macher precisó que "los casos que estamos poniendo en el informe final son solo a manera de ejemplo. Todos y cada uno de ellos son importantes y requieren una investigación detenida del Poder Judicial. Los estamos indicando como ejemplos de los patrones de crímenes y violaciones de derechos humanos". 

Una de las críticas hacia esta labor apunta a que los comisionados han actuado como jueces sobre los hechos investigados. Sin embargo, estas apreciaciones fueron respondidas, por primera vez desde la creación del organismo civil, por su presidente, Salomón Lerner Febres. "Nuestro mandato, en los hechos, concluye hoy (ayer). Nosotros no somos una instancia judicial, no somos ni jueces ni fiscales. Solo cumplimos con entregar los indicios sobre las presuntas responsabilidades de los delitos cometidos", aclaró. 

Si bien en el informe final no se menciona a los responsables de estos delitos, en los documentos presentados al Ministerio Público, en sobre cerrado, si se les identifica. En la última conferencia de prensa convocada por el pleno de los comisionados en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, se explicó el porqué de esta supuesta omisión en el documento entregado a los tres poderes del Estado. 

"La comisión no solo se ha ceñido a denunciar la situación de los derechos humanos en el país sino que, además, ha cumplido con protegerlos. Existen dos preceptos constitucionales al cual nos hemos ceñido: el primero es el derecho al buen nombre y el segundo es el derecho a la presunción de inocencia", aseveró, a su turno, Rolando Ames. 

RESPALDO A LAS FF.AA. Congresistas y políticos de diversos sectores afirmaban, casi al final del mandato de la organización, que la comisión se empeñaría en ocultar los crímenes cometidos por SL y cargaría la mano a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Tras reconocer el apoyo brindado por las FF.AA y a la PNP, tanto en el tema de la seguridad como en el recojo de la información, Carlos Iván Degregori recalcó que "en ningún momento hemos comparado a Sendero con las fuerzas del orden". 

Macher, por su parte, puso el dedo sobre la llaga y afirmó que "si las fuerzas del orden cometieron excesos, fue porque la clase política se lo permitió". Sin medias tintas de por medio, la comisionada dijo que "por años, hemos denunciado a las FF.AA, pero no hemos tocado a la clase política. No les echemos a ellas toda la culpa, pues solo se ciñeron a seguir las leyes dadas por las clases políticas y fueron estas quienes les dieron el mensaje de seguir actuando como lo hacían. Entonces, ¿quién es más responsable?", se preguntó.

Sobre este punto, el comisionado Luis Arias Graziani expresó, mediante una misiva dirigida a Lerner, sus reservas con respecto a la responsabilidad atribuida a las fuerzas del orden sobre el total de víctimas. En la carta, el ex militar precisa que no se puede calificar como "patrones de conducta" las masivas violaciones a los derechos humanos sino, más bien, como "actos desgraciados y excesos" cometidos, de forma individual, por malos elementos de estas instituciones.

 

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