ARGENTINA:Crujidos por choque de poderes

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Viviana Alonso

BUENOS AIRES, 5 jun (IPS) - Constitucionalistas y políticos de Argentina
advirtieron de los riesgos institucionales que conlleva el reclamo del
presidente Néstor Kirchner al parlamento de que reactive el pedido de juicio
político a miembros de la Suprema Corte de Justicia.
A pesar de las reservas que surgieron, el pedido de Kirchner fue bien
recibido por la comisión de Juicio Político de la cámara de Diputados, que
procedió este jueves a tramitar otra vez demandas contra el presidente de la
Corte, Julio Nazareno, uno de los magistrados más criticado por sectores
políticos y sociales.

"Estamos convencidos de que hay jueces que no dignifican la Corte Suprema de
Justicia", señaló el presidente de la comisión parlamentaria, Ricardo Falú,
en alusión a decenas de denuncias en poder del parlamento por abuso de
funciones e incompatibilidad para juzgar en algunas causas, entre otras.

Kirchner solicitó al Congreso legislativo, en un discurso emitido el
miércoles por la noche por radio y televisión, que aplique el "remedio" del
juicio para destituir a integrantes del máximo tribunal acusados de "mal
desempeño" y cuestionados por supuesta dependencia al ex mandatario Carlos
Menem (1989-1999).

De este modo Kirchner, quien asumió la presidencia el 25 de mayo, continúa
firme en su estrategia de aplicar el bisturí a fondo luego de remover las
tres cuartas partes de la cúpula de las Fuerzas Armadas y otro tanto de la
Policía Federal.

Pero en situaciones como la planteada entre la presidencia y el Poder
Judicial "corre riesgos el sistema republicano", advirtió el ex fiscal Julio
César Strassera, acusador en el juicio a los ex jefes de la dictadura
militar (1976-1983).

"Esta Corte es atroz", pero "cuidado con fabricar juicios políticos para
disponer de vacantes, porque (quienes lo llevarán adelante) son los mismos
diputados que el año pasado le cerraron el juicio y ahora quieren reflotar
estos mismos juicios", opinó Strassera.

El ex fiscal hizo referencia así al juicio contra los nueve miembros de esta
misma Corte, iniciado por el sector liderado por la diputada Elisa Carrió y
que en un principio fuera respaldado por el entonces presidente interino
Eduardo Duhalde (2002-2003).

Esa iniciativa fue archivada al no conseguirse los dos tercios de votos de
la cámara de Diputados, necesarios para pedir al Senado que enjuicie a los
magistrados.

Ahora "se corre un riesgo muy alto, porque mañana viene otro presidente al
que no le gusta la composición de la Corte y los echa de un plumazo",
apuntó.

El constitucionalista Ricardo Gil Lavedra coincidió con Strassera respecto
de que "es muy malo para la República la interferencia de un poder a otro,
pues cada uno debe jugar el papel que le toca".

"No me parece lógica esa actitud. Cualquiera sea el juicio que nos merezcan
los miembros de la Corte, no son los hombres, sino la institución la que
tenemos que empezar a respetar", explicó Gil Lavedra, también miembro del
alto tribunal que condenó a cadena perpetua a los ex jefes de la dictadura,
luego indultados por Menem.

En tanto, Carrió, líder del centroizquierdista Afirmación para una República
de Iguales, dijo que compartía "el principio de limpiar el país por un
camino serio e institucional".

Sin embargo, aclaró que acompañaba, "pero no de cualquier manera", la
estrategia de Kirchner. "Hay que ir despacio, por las vías tradicionales,
con mesura, porque hay que tener mucho cuidado con avanzar a diestra y
siniestra", agregó.

"Le digo al presidente que no hay que sembrar tantos vientos, porque se
pueden cosechar tempestades. Necesitamos más moderación en este caso porque
este país tiene una estructura mafiosa que puede reaccionar", precisó
Carrió.

Kirchner le solicitó al Congreso en su mensaje del miércoles que "
instrumente en forma urgente los remedios" constitucionales para solucionar
los "males que enfrentamos".

"Le pedimos al Congreso de la Nación que marque un hito en la historia
preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de
las circunstancias", señaló el mandatario tras advertir que "separar a uno o
varios de sus miembros (de la Corte) no es tarea que pueda realizar el Poder
Ejecutivo".

La decisión de Kirchner de confrontar públicamente con la Corte y, en
particular, con su presidente, Nazareno, se produjo luego de que allegados a
la presidencia conocieran que el máximo tribunal emitiría un fallo
estableciendo la redolarización de los depósitos atrapados en el llamado "
corralito bancario".

El fallo con el que amenaza la Suprema Corte al gobierno involucra a miles
de depósitos bancarios efectuados en dólares antes de 2002, cuando regía el
plan de Convertibilidad con el peso atado uno a uno al dólar, y que fueron
pasados por decreto a moneda local.

De concretarse una sentencia de ese tipo se complicaría la política
económica que intenta llevar adelante el gobierno y entorpecería las
negociaciones con el Fondo Monetario Intenacional (FMI), que ya ha
manifestado su oposición a la denominada redolarización.

Fuentes gubernamentales indicaron que la intención de los jueces de la
Suprema Corte de Justicia de volver a dólares esos depósitos fue
interpretada por la presidencia como una "extorsión".

En su discurso por radio y televisión, Kirchner aseguró que no estaba
dispuesto a aceptar "maniobras o pactos espurios" y que no iba a tolerar que
nadie tomara de "rehén a la gobernabilidad".

En cambio, Nazareno sostuvo que no se sentía presionado por el discurso del
presidente y que desconocía "cuál es la extorsión de la Corte" a la que
había aludido.

"El discurso del Presidente no me obliga a nada", puntualizó Nazareno.

Otro constitucionalista, Gregorio Badeni, cuestionó la actitud de Kirchner y
precisó que el Poder Judicial "es uno de los órganos de gobierno y está en
un plano de igualdad con el Congreso".

"Que (el Presidente) inste al Congreso es una falta de respeto hacia
integrantes de otro poder, como sería el caso de que pidieran la remoción
del Presidente", comentó.

"Nuestro Poder Judicial fue degradado por la clase política durante décadas
y no consiguió la independencia para poder realmente garantizar y ser
barrera para defender nuestros derechos", sostuvo