PERU:Toledo vira hacia la derecha

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

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Abraham Lama

LIMA, 30 may (IPS) - La dura represión militar en Perú, en el marco de un
estado de emergencia, parece el comienzo de una derechización del presidente
Alejandro Toledo, que lo llevaría a la ruptura con algunos miembros de su
partido, Perú Posible, y a ganar nuevos aliados, según expertos.
No está claro si eso implicará debilitamiento del gobierno. Toledo llegó a
22 meses de mandato con sólo 14 por ciento de apoyo en encuestas, y ese
respaldo aumentó de uno a cuatro puntos porcentuales entre los consultados
el jueves, día siguiente del decreto de estado de emergencia.

Sin embargo, tal incremento se registró antes de que se informara sobre
víctimas de la represión militar, que causó hasta ahora heridas a unas 70
personas, la desaparición de otras nueve y por lo menos una muerte, la del
estudiante Edi Quilca, de 22 años.

Quilca murió cuando participaba en una manifestación de respaldo a
profesores de enseñanza pública en huelga en la sudoriental ciudad de Puno,
y compañeros suyos aseguran que soldados dieron muerte a por los menos otros
tres jóvenes, y llevaron sus cadáveres a cuarteles.

Educadores, trabajadores de Salud Pública y empleados administrativos del
Poder Judicial se declararon en huelga para demandar un aumento de salarios
que el gobierno dice no estar en condiciones de otorgar, por problemas
fiscales.

Las autoridades concedieron a los maestros un incremento que implica un
desembolso adicional anual del orden de los 120 millones de dólares, pero
los sindicatos mantienen su reclamo original de aumento, que implicaría un
aumento del gasto de casi el doble.

Satisfacer los pedidos de los trabajadores de la salud costaría unos 174
millones de dólares anuales, y en el caso de los empleados judiciales, otros
tres millones.

Un problema político aun más grave se cierne en el horizonte fiscal: la
demanda de aumento y pagos atrasados de los 70 mil policías en actividad.

El Ministerio del Interior negó este viernes en un comunicado que esté en
gestación una huelga de sus funcionarios, pero en círculos políticos se
insiste sobre la presunta formación de comités clandestinos formados por
suboficiales de policía en actividad.

El ministro de Economía, Javier Silva Ruete, aseguró que no hay recursos
para satisfacer las demandas sindicales, y que no incurrirá en una la
emisión de moneda "porque el país se ha comprometido ante el Fondo Monetario
y el Banco Mundial a tener disciplina fiscal".

Según analistas, es probable que cambie la composición política del
gobierno, con alejamiento de actuales integrantes del partido de Toledo, y
nuevos apoyos desde otras fuerzas políticas.

"Quiéralo o no, la decisión del presidente Alejandro Toledo de emplear a las
Fuerzas Armadas para conjurar una crisis social y sindical lo conduce a un
espacio político distinto al que ocupaba y lo acerca a los sectores
conservadores", según el analista político Humberto Panessi, sociólogo
vinculado con la Universidad Católica de Lima.

Los cruentos incidentes y sus previsibles repercusiones afectarán a todo el
escenario político del país, al empujar a la socialdemocracia a un papel
opositor más radical, pronosticó.

Toledo dispuso el miércoles, en uso de potestades que le otorga la
Constitución, que las Fuerzas Armadas tomaran el control de 17 regiones del
país, para conjurar una ola de huelgas y de actos violentos que incluían
bloqueo de carreteras y saqueos.

Los sindicatos del Poder Judicial y de Salud Pública levantaron sus huelgas
tras ese decreto, pero los 130.000 maestros no sólo mantienen la suya, sino
que desafían expresamente el estado de emergencia al realizar protestas
callejeras en las principales ciudades del país.

La mayor parte de las organizaciones regionales campesinas acataron la orden
de sus dirigentes de suspender la huelga "mientras rija el estado de
emergencia", pero un sector mantiene movilizaciones callejeras en algunas
ciudades, con conatos de saqueo, aunque dejó de intentar bloquear las
carreteras.

El Ejército impidió saqueos en la pequeña ciudad de Barranca, ubicada a unos
100 kilómetros de Lima, pero esa intervención militar dejó heridas de bala a
27 personas "de las cuales seis han desaparecido y podrían estar muertas",
según Miguel Angel Mufarech, integrante de la autoridad regional.

El ministro de Defensa Aurelio Loret, convocado por el Congreso para
explicar la situación, afirmó que las Fuerzas Armadas sólo dispararon sobre
manifestantes en Puno, donde dijo que actuaron así para defender sus vidas.

Según Loret, militantes del partido insurgente maoísta "Sendero Luminoso" se
han infiltrado como provocadores en las marchas callejeras de profesores en
huelga, "portando armas contundentes, cuchillos y bombas molotov".

Testimonios de autoridades locales e informes divulgados por televisión
contradijeron luego al ministro, al indicar la existencia de heridos de bala
por lo menos en Barranca y en Supe, otra ciudad de la costa norte próxima a
Lima.

En Puno, el informativo de Cable Canal de Noticias mostró el instante en que
un solitario manifestante, que arrojaba piedras a soldados a unos 80 metros
de distancia, fue herido de bala en una pierna.

El presidente de la región de Lima, Miguel Angel Mufarech, del
socialdemócrata partido Aprista, mostró a la prensa fotografías de 17
heridos de bala que son atendidos en el hospital de Barranca, e insistió en
que han desaparido por lo menos cinco personas heridas.

Toledo apeló "como primer recurso al que debió ser el último, el empleo de
la Fuerza Armada en una crisis social", y "la gobernabilidad del país ha
quedado gravemente afectada", alegó el ex senador socialista Enrique
Bernales, integrante de la Comisión Andina de Juristas.

"El Estado tiene a su disposición a la Policía Nacional y al sistema
judicial para enfrentar la violencia civil desarmada", afirmó Bernales,
quien invitó al gobierno a "evaluar el levantamiento inmediato del estado de
emergencia, para no agravar la situación política".

El impacto de la decisión presidencial también afectó al partido de
gobierno, en el cual han surgido dos posturas discrepantes.

El periodista Gustavo Gorriti abogó por el manejo civil directo de la crisis
para restaurar la paz social, pero el consejero presidencial Juan Sheput
opinó que la reacción popular contra el estado de emergencia es emocional
y "variará en la medida en que la mayoría se dé cuenta de que se busca
proteger y salvaguardar los intereses ciudadanos".