Colombia: Denuncian la detención masiva de activistas en una continuación de la campaña de criminalización de las organizaciones sociales

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

29 de mayo del 2003


Equipo Nizkor / Rebelión

Las Organizaciones sociales y de Derechos Humanos, preocupadas por la
situación cada vez mas grave que esta viviendo la comunidad del Norte del
Tolima, comunicamos a la comunidad Nacional e Internacional nuestro RECHAZO
ante la detención masiva de que fueron objeto dirigentes sociales y
pobladores de diferentes municipios del Norte del Tolima.

HECHOS

El 22 de Mayo de 2003, en horas de la madrugada en operativo del Gaula de la
Policía Nacional, realizado en los Municipios de Villahermosa, Líbano, Honda
y Mariquita fueron capturadas por orden de la Fiscalía General de la Nación
desde Bogota 17 personas señaladas de tener vínculos con organizaciones
insurgentes en esa región del país.

La versión oficial de los hechos, divulgada por diferentes medios de
comunicación, justifican esta acción afirmando que "la Fiscalía General de
la Nación inicio la investigación hace tres meses, y fue después de la
recolección de algunas pruebas que se libraron 28 ordenes de capturas de las
cuales ya se hicieron efectivas 17, por los delitos de rebelión y concierto
para delinquir (extorsión y secuestro)" (periódico Nuevo Día, 23 de Mayo de
2003).

Las organizaciones Sociales y de Derechos Humanos hemos denunciado en varias
ocasiones los señalamientos proferidos contra comunidades de distintos
municipios del Norte del Tolima, las cuales han sido tildadas en su conjunto
como "colaboradores de grupos insurgentes que operan en la región".

Estos señalamientos han facilitado el cometimiento de crímenes de lesa
humanidad contra la población por parte de los grupos paramilitares,
masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales,
aniquilamiento de las organizaciones sociales de la región y destrucción del
tejido social de la misma.

Pese a lo anterior el Estado Colombiano no ha realizado ninguna acción para
proteger la vida e integridad física de sus pobladores; por el contrario se
adelanta una arremetida del Estado Colombiano en cabeza del Presidente
Alvaro Uribe Vélez, por medio de su política de persecución a pobladores de
la región como el caso anteriormente denunciado, y se consolida el proyecto
paramilitar contra la comunidad del Norte del Tolima.

Igualmente es importante resaltar que la judicialización y criminalización
del personal hospitalario, por el cumplimiento de las actividades
sanitarias, no es un caso fortuito, sino por el contrario, es un hecho que
se viene acentuando y ya son innumerables los casos de miembros de la misión
médica que son criminalizados por atender a heridos y enfermos sin
discriminación alguna tal como lo impone el protocolo II adicional a los
Convenios de Ginebra y el principio de neutralidad que caracteriza a la
misión sanitaria, este hecho se constituye en una abierta violación al
derecho Internacional Humanitario por parte del Estado.

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/tolima1.html