Peru: esumazioni di massa

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Pronunciamiento del Equipo Peruano de Antropología Forense


El ministerio público quiere imponer en Perú un programa de exhumaciones
masivas

EPAF


Considerando:

Que las desapariciones forzadas en el Perú fueron realizadas durante el
mandato de gobiernos civiles, elegidos democráticamente, y que dichos
gobiernos, ante problemas de violencia interna y por una mal llevada
política de estrategia de Seguridad Nacional, produjeron una indeterminada
cantidad de víctimas civiles. Hechos que están siendo confirmados, una vez
mas, por el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación;

Que el Ministerio Público del Perú viene desarrollando investigaciones
relativas a desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridas
entre 1980 y 1996 y en las que se presume la responsabilidad de elementos de
las Fuerzas Armadas, parte del Estado Peruano;

Que el Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado Peruano y por
ley el único responsable para investigar tales crímenes;

Que el Instituto de Medicina Legal, parte del Ministerio Público, ha sido
encargado por el mismo en llevar adelante exhumaciones de presuntos casos de
desaparición forzada y/o ejecuciones extralegales, al margen de la
Plataforma Conjunta para la realización de Exhumaciones, instancia que se
constituyera después de la separación del Equipo Peruano de Antropología
Forense de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y que fue formada por
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y el
propio Ministerio Publico;

Que esta situación contraviene el espíritu de los Protocolos aprobados
internacionalmente para estos casos, como el Protocolo de Minnesota y de
México, y las recientes recomendaciones hechas por el Comité Internacional
de la Cruz Roja en Ginebra, entre el 19 y el 21 de febrero del presente año,
evento al cual asistiera una delegación del Ministerio Público encabezada
por la Fiscal de la Nación, Dra. Nelly Calderón Navarro;

Que dichos Protocolos recomiendan que los Estados que se vieran implicados
en violaciones a los derechos humanos, nombren dentro de la investigación a
equipos independientes al Estado a fin de garantizar la objetividad,
transparencia e imparcialidad de los procesos;

Que el Ministerio Público del Perú afirmó en la mencionada reunión del
Comité Internacional de la Cruz Roja en Ginebra, que cuenta con un equipo
capacitado para llevar a cabo investigaciones antropológico forenses, lo
cual se contradice con los informes presentados por los peritos
internacionales que participaron en dos exhumaciones conjuntas, en Totos y
Lucanamarca, dentro del marco de la Plataforma Conjunta antes mencionada y
en el mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación;

Que en tales informes se plantea claramente "que desde el punto de vista
técnico consideramos que el personal propuesto por el MP como antropólogos
no era el adecuado en función de su formación y experiencia. Sin embargo,
creemos que existió una especie de pulso en el que primaron cuestiones
administrativas sobre las científicas, ya que se insistió en que dichos
miembros [antropólogos del MP] fueran peritos para el caso, a pesar de que
desde la directiva del MP se nos había solicitado previamente su
participación en él con el fin de adquirir experiencia. Es decir se
solicitaba capacitación para el personal y posteriormente se insistía en
nombrarlos co- responsables del caso, lo que indica que los objetivos no
eran puramente técnicos" (Informe de la cuarta misión conjunta realizada en
Perú por Isabel Reveco y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala,
p. 4, diciembre 2002), además que "existió un cuestionamiento permanente por
parte del MP... tanto en lo que respecta a la metodología empleada para este
caso [Lucanamarca] como para el diseño de la planificación. Es necesario
añadir que en aspectos metodológicos, dichos cuestionamientos distan mucho
que desear de aspectos puramente técnicos, basándose en su mayor parte en
objetivos aparentemente más políticos que científicos, sin una claridad en
la fundamentación técnica..." (ibídem, p.3).

Los nombrados antropólogos forenses por el MP no están preparados, ni tienen
la experiencia mínima necesaria para llevar adelante estas tareas;

Que por falta de planeamiento estratégico, capacidad técnica, mal
asesoramiento y por ultimo por falta de respeto a los familiares de las
víctimas, el Ministerio Público, a través de la Fiscal de la Nación, ha
anunciado la implementación de un "plan de exhumaciones masivas", paralelo a
completar una base de datos conteniendo la información antemortem de los
desaparecidos. Los restos no identificados serán re- enterrados bajo un
código hasta que se les identifique. Procedimiento y estrategia que a todas
luces se contradice con la investigación antropológica forense en cualquier
jurisdicción, no solo nacional;

Que dicha estrategia cambia el énfasis de la investigación de la
desaparición con respecto a la víctima, diluyendo así las responsabilidades
individuales y colectivas en el evento, y por lo tanto, de la política y
estrategia de desaparición forzada, alimentando así una vez mas y de manera
concreta la estrategia de la impunidad en el Perú, en el presente siglo;

Que la función del Ministerio Público es la de investigar crímenes con fines
de judicialización y por lo tanto no tiene sentido realizar exhumaciones que
no están comprendidas dentro de una investigación preliminar previa, cuando
la exhumación en sí sucede en una etapa muy avanzada de la investigación
fiscal, que permitirá luego proceder con la eventual identificación de la
víctima y de los perpetradores del crimen;

Que la labor humanitaria de recuperación y devolución de restos a los
familiares no le compete al Ministerio Público, sino a las organizaciones
humanitarias como el Comité Internacional de la Cruz Roja, ONGs, o en todo
caso, al Ministerio de Salud, la Beneficencia Pública, al PROMUDEH, o a
cualquier otra institución competente;

Que el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), sin ninguna razón
conocida, ha sido y sigue siendo marginado públicamente de las
investigaciones antropológico forenses por el Ministerio Público, a pesar de
haber demostrado su suficiencia técnica, su independencia científica y la
línea ética de transparencia institucional, requisitos indispensables para
la investigación de este tipo de casos y que dicha marginación ha coactado
nuestra libertad de competencia laboral;

Que el Equipo Peruano de Antropología Forense EPAF, desde su fundación y
atendiendo a su vasta experiencia internacional en la materia, es la única
organización científica, técnica y especializada, que llevó adelante por
primera vez en el Perú (y lo sigue haciendo), una intensa campaña de
difusión de los aportes científicos y técnicos de la Antropología Forense, a
través de talleres, charlas, conferencias y cursos, dirigidos a autoridades
del Ministerio Público, comisionados de la Defensoría del Pueblo,
Organizaciones de Derechos Humanos preocupadas en la materia y a integrantes
de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Estrategias de investigación
eficaz, planes, fichas de trabajo (Antemortem y Postmortem), Protocolos
(incluidos los que se requieren para los exámenes en la morgue de restos
humanos esqueletizados), así como un sin número de documentos de trabajo
elaborados con instituciones de mucho prestigio como la Defensoría del
Pueblo, han sido generosamente cedidos en diferentes momentos y
oportunidades a los diferentes agentes activos y autoridades comprendidas
jurisdiccionalmente en estas investigaciones;

Que el Equipo Peruano de Antropología Forense ha apoyado, cuando ha sido
requerido por fiscales del Ministerio Público, peritajes antropológico
forenses en su calidad de expertos en la materia. Al igual que participó
eficientemente en la primera intervención forense de la Comisión de la
Verdad y Reconciliación en enero del 2002.

El EPAF considera necesario lo siguiente:

Rechazar el "programa de exhumaciones masivas" propuesto y que esta
ejecutando el Ministerio Publico, al no cumplir las mínimas condiciones de
independencia y capacidad técnica necesarias para este tipo de casos.

Rechazar la participación exclusiva y excluyente del Estado Peruano a través
de la Fiscal de la Nación y del Instituto de Medicina Legal (a excepción del
Médico Legista, quien expide los Certificados de Defunción, con la Causa de
Muerte y cuya presencia es necesaria en toda investigación antropológico
forense) en las investigaciones antropológico forense relativas a los casos
de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en las que se
presume que las fuerzas del Estado hayan tomado parte.

Rechazar el veto injustificado impuesto al EPAF por ciertas autoridades del
Ministerio Público, siendo el único equipo en el Perú especializado,
reconocido a escala internacional, y que es parte de la Asociación
Latinoamericana de Antropología Forense, patrocinada por todos los equipos
forenses latinoamericanos.

Proponer la realización de un Plan Nacional de Investigaciones Antropológico
Forenses, que permita abrir las investigaciones a equipos independientes del
Estado, pero bajo la supervisión de éste y de organismos garantes del
proceso a fin de garantizar la no- injerencia del Estado en este tipo de
investigaciones especializadas.

Recomendar al Ministerio Público el cambio de sus asesores en materias
antropológico- forenses, por carecer de la idoneidad y capacidad técnica
para llevar a cabo sus funciones. El no hacerlo, sólo lleva al deterioro de
la imagen del Ministerio Público ante la Sociedad Civil. Sólo cambiando de
política, el Ministerio Público logrará presentarse como una institución
pública e imparcial y logrará recuperar la confianza de la ciudadanía luego
de veinte años de violencia política nacional.

Por último, queremos expresar nuestra preocupación por las familias de las
víctimas de desaparición forzada y presunta ejecución extralegal, en tanto
ellas, directamente, han sido victimizadas y sufren las secuelas de dichas
acciones. Así como fue afectada la sociedad peruana en su conjunto.
Asimismo, queremos expresar nuestra esperanza en que las organizaciones
representantes de la Sociedad Civil preocupadas en la materia y la
Defensoría del Pueblo, como supervisora de la labor del Estado, se
pronuncien, a fin de evitar que el Ministerio Público siga llevando adelante
una política que solo conlleva a resultados negativos y a la
institucionalización y reforzamiento de la impunidad en el Perú.

Equipo Peruano de Antropología Forense
Marzo 17 de 2003.