Argentina 2003 ¿A quién le sirve el acuerdo con el FMI?

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

12 de marzo del 2003

Julio C. Gambina
Servicio Informativo "alai-amlatina"


Todo el año 2002 estuvo atravesado por las negociaciones del gobierno
argentino con el FMI. Las motivaciones apuntaban a evitar la cesación de
pagos de Argentina con los organismos financieros internacionales y crear
las condiciones para normalizar los pagos con los tenedores de títulos de la
deuda externa pública, que habían entrado en default desde fines de 2001. Se
trató de "restablecer la confianza de los inversores nacionales y
extranjeros", tal como destaca finalmente el acuerdo firmado en Enero del
2003. Los objetivos del acuerdo apuntan a "garantizar la solidez fiscal,
monetaria y bancaria", "restablecer confianza..." y proteger "derechos
contractuales". Está claro que el privilegio de la política económica
legitima el ajuste permanente del presupuesto público, la restricción
monetaria y la defensa del derecho de propiedad para favorecer los negocios
de los inversores. Esto queda enfáticamente establecido al señalar los
componentes principales del programa de transición, es decir, hasta agosto
del 2003. Esos componentes se concentran en "mantener el déficit fiscal
federal bajo control"; implementar "pactos bilaterales entre gobierno
nacional y los gobiernos provinciales"; establecer un programa monetario
para controlar la inflación; la preparación de una reforma fiscal de mediano
plazo; reestructurar la deuda; sanear el sistema bancario y asegurar "los
derechos de los acreedores, restableciendo la seguridad jurídica".

Ni una sola palabra con relación a la pobreza, el desempleo, el mercado
interno o la recuperación económica. Todos temas que se agravaron durante el
2002. El achicamiento del PBI superó el 11% durante el 2002 y abrió el
camino del quinto año de recesión profunda. Las mediciones de la pobreza
(ingresos menores a $716 por mes) alcanzaron el máximo de 57% de la
población con más de 21 millones de personas, de los cuales casi 10 millones
son considerados indigentes (ingresos menores a $220 por mes). Esta última
cifra de indigentes es casi el doble de la existente un año antes. El
desempleo alcanzó el 21,5% de la población económicamente activa y no se
incrementa más por el efecto del Plan Jefes/as de Hogar desempleados que
asigna 150 pesos (lejos del índice de indigencia) para casi 2 millones de
personas. De ellos son muy pocos los que realizan prestaciones laborales y
sin embargo impactan disminuyendo los indicadores oficiales de desempleo. La
suma del subempleo proyecta a más del 40% la población económicamente activa
con problemas de empleo. Son indicadores que revelan la crudeza de la crisis
en los sectores sociales subordinados y que explican el porqué de la
continuidad de una recesión que afecta a pequeños y medianos productores y
empresarios, a las economías regionales y a la mayoría de la población
argentina. Pero este no es el problema del FMI, ni de los acreedores
externos, ni de los capitales en el poder.

Objetivos y medidas sugeridas

El objetivo de estabilización económica condena a postergar las cuestiones
de fondo, tales como la reactivación productiva y la distribución del
ingreso y la riqueza. Es más, el acuerdo apuntala las formas de acumulación
definidas en los últimos años y por eso resaltan los esfuerzos para
normalizar la situación de pagos con el exterior. En ese sentido se
establece la renovación de los vencimientos con los organismos financieros
internacionales mientras dure el acuerdo y las condiciones para resolver la
reestructuración de la deuda pública en manos de acreedores privados. Para
este fin se ha designado (con costo) a un banco francés como asesor externo
y se mantienen reuniones con acreedores tendientes a confeccionar un listado
de tenedores de títulos y abriendo camino para una negociación que
flexibilice las exigencias en materia de tasas, garantía y plazos. Un
verdadero plan de pago que compromete las posibilidades presupuestarias de
abordar las demandas crecientes de la sociedad perjudicada por las políticas
favorecedoras de la concentración capitalista.

Por eso es que el memorándum insiste en fortalecer la recaudación. Se puede
afirmar que el Estado requiere fuerte recaudación para asegurar el superávit
que permita la compra de divisas para cancelar compromisos externos. Ese es
el fundamento de la restitución del 21% como alícuota del IVA desde mediados
de enero de 2002 y de la eliminación de las ventajas fiscales establecidas
en los "planes de competitividad" constituidos a mediados del 2001 para
intentar reactivar la producción local. Incluye un paquete de reformas
tributarias que acerquen fondos al fisco y entre otros aspectos incluye a
las cooperativas y fundaciones como sujetos del impuesto a las ganancias. Es
sabido que son organizaciones no lucrativas y por lo tanto no sujetos al
impuesto. Sin embargo, el espíritu recaudador impreso en el acuerdo
reinstala una vieja aspiración del capital lucrativo para afectar los
ingresos del sector solidario de la economía.

Pero también se confirma la política de restricción del gasto público y que
entre otros aspectos niega el "reintegro del recorte salarial y jubilatorio
del 13%, ordenado judicialmente e implementado entre julio 2001 y diciembre
de 2002", el que "se realizará a través de bonos que no amortizarán durante
el 2003." Es interesante resaltar que en materia de gasto, el acuerdo con el
FMI privilegia "recursos suficientes" para pagar la deuda y otros bonos del
primer programa de canje de depósitos bancarios; los bonos compensatorios a
la banca por la pesificación asimétrica y los pagos de los bancos por
amparos judiciales (tema actualmente en discusión y que involucra unos 2.800
millones de dólares) y las obligaciones con el FMI, BM y BID. Queda claro
aquí que una de las preocupaciones centrales del FMI es restablecer las
condiciones de funcionamiento del sistema financiero, el que se redujo a un
20% del volumen de negocios a comienzos del 2001. De 90.000 millones de
pesos equivalentes a dólares administrados como depósitos en febrero de
2001, la cifra se redujo a 58.000 millones de pesos, aproximadamente unos
18.000 millones de dólares a enero de 2003. Esa es la razón de la
importancia asignada en el acuerdo con el FMI a la reestructuración de la
banca y que apunta a modificar la ley de entidades financieras para
potenciar su objetivo concentrador instalado en origen en 1977 durante la
gestión de Martínez de Hoz bajo el gobierno militar genocida.

El acuerdo promueve las facilidades para la transferencia de activos entre
bancos y favorece una legislación de la inmunidad (impunidad) para los
funcionarios del BCRA que intervengan en el proceso de fusiones y
reestructuraciones bancarias. Se prevé "limitar la capacidad del Poder
Judicial para anular decisiones del BCRA sobre transferencias de activos a
terceros". Está previsto que el BCRA redefina los capitales mínimos
necesarios antes del cambio de gobierno en mayo próximo en base a
proyecciones de negocios que los bancos debieron entregar a fines de febrero
pasado. Expresamente alude a que "Se está comenzando con la reforma de los
tres bancos públicos principales", el Banco de la Nación, el de la Provincia
de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido se alude
al "mejoramiento del desempeño operativo", el "fortalecimiento de la
gestión" y el futuro estratégico incluyendo "decisiones sobre capitalización
a través de la emisión pública de acciones". Este es el camino de la
privatización parcial que acumule en el sentido de la privatización total de
la banca pública.

Sin dudas que el acuerdo entre el gobierno y el FMI le da sustento a la
pretendida recuperación del ciclo de negocios del poder económico, ya que
además del privilegio a inversores, acreedores externos y bancos, el
memorándum inscribe las reivindicaciones de las empresas privatizadas de
servicios públicos para "reemplazar los controles de precios y tarifas
actuales" y facilitar "la reestructuración de las deudas por parte de las
empresas prestadoras". No debemos olvidar que las privatizadas demandan
intervención pública para atender sus préstamos en el exterior, muchos de
los cuales están en cesación de pagos y reclaman fuertes ajustes tarifarios
que el FMI sintetizó en una demanda por el 30% promedio y que hoy están
impedidos por imperio de la convergencia de la ley de emergencia, el
accionar de la justicia y la resistencia de los usuarios.

¿Qué queda para el próximo gobierno?

Dice el acuerdo que "El programa de transición sentará las bases para un
programa más integral de reformas fundamentales que se desarrollará después
de las elecciones y que es necesario para hacer frente a los profundos
problemas estructurales que enfrenta la Argentina". Es un anticipo de lo que
se viene. Debemos recordar que en la segunda presidencia de Menem
(1995-1999) y en la de De la Rúa (1999- 2001) se hablaba de la "reforma en
la reforma" aludiendo a las reformas de segunda generación que es necesario
aplicar en la Argentina. Es el discurso que instalaron los organismos
internacionales luego de realizadas las reformas de primera generación, en
general centradas en las privatizaciones de empresas públicas. Ahora se
trata de abordar reformas laborales que legalicen la flexibilidad y la
reducción salarial y eliminación de las prácticas jurídicas de protección de
los derechos de los trabajadores. Pero también avanzar en las reformas de
salud, educación y previsión social que consoliden una orientación al
mercado de categorías consagradas como derechos sociales y económicos. Se
trata también de avanzar en una reforma de la justicia para satisfacer la
demanda por una mayor celeridad y seguridad jurídica a favor de los
inversores privados.

Es el mensaje que intentan instalar los organismos, incluso ensayando una
autocrítica ante el fracaso de las políticas derivadas del Consenso de
Washington en los años 90 y en toda América Latina y el Caribe. Esa
autocrítica se escuchó en V Encuentro de Economistas sobre la Globalización
y Problemas del Desarrollo que se llevó adelante en La Habana entre el 10 y
el 14 de febrero de 2003. Habría habido errores en la aplicación de las
políticas, dicen, y por eso se justifican las reformas en la reforma. Con
ello se manipula un consenso crítico que emerge contra las políticas
económicas hegemónicas y se deja por sentado que la reforma estructural
orientada al mercado es una realidad insoslayable y que ahora se trata de
avanzar en otras áreas a mercantilizar. En ese camino se pretende
condicionar al gobierno emergente de las elecciones de abril y mayo de 2003.
El objetivo implícito parte de naturalizar el ajuste y retomar los pagos a
los acreedores externos, conteniendo la conflictividad social con
asistencialismo (plan jefes/as) y al mismo tiempo generar oportunidades de
negocios para el capital dominante restableciendo la capacidad de tomar
créditos externos del Estado Nacional. Claro que el gran interrogante a
formularse es si la sociedad argentina y especialmente los sectores que
protagonizan la resistencia con más énfasis favorecerán dicho escenario. La
historia reciente indica un probable desarrollo inestable de los
acontecimientos con dificultades serias para hacer gobernable el capitalismo
argentino, por lo menos, en el corto plazo.

En ese sentido es mucho lo que puede pensarse en tanto prácticas sociales,
económicas, culturales y políticas alternativas que habiliten a pensar un
futuro cercano en términos antagónicos a los que suponen las clases
dominantes en el poder, el gobierno, los partidos tradicionales y sus
desgajamientos a derecha e izquierda y el capital transnacional, el FMI y
demás organismos multilaterales de crédito. El interrogante a develar de la
multiplicidad de incógnitas que revela el presente de la Argentina señala
dos caminos posibles a transitar. Uno marca el sendero de la continuidad y
profundización de las regresivas reformas. El otro convoca a pensar
creativamente la construcción de iniciativas y proyectos integrales que
sustenten una perspectiva alternativa, anticapitalista, de soluciones
populares e integración latinoamericana y caribeña que proyecte otra
mundialización, que defina una ofensiva por la nueva sociedad que muchos
reivindicamos socialista. Dicho ello más allá de las múltiples mediaciones
culturales y políticas a transitar para su materialización, pero en la
convicción de que nada será posible si la sociedad no se propone desafíos
que superen la frontera estrecha de la coyuntura y confronte contra el poder
de la guerra y la depredación global que en estos días propone el capital.

Buenos Aires, marzo de 2003
* Julio C. Gambina, Profesor Titular de Economía Política de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario