CUBA:Operativos contra drogas destapan casos de corrupción

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Dalia Acosta

LA HABANA, 6 mar (IPS) - La ofensiva del gobierno de Cuba contra el tráfico
de drogas y otros delitos está sacando a luz casos aún aislados de
corrupción entre funcionarios públicos y agentes policiales.
Los testimonios sobre operativos en busca de marihuana, cocaína o su
derivado conocido como crack, la confiscación de viviendas y la detención de
policías pueden recogerse a diario por las calles de la capital cubana.

"A 'La Sombra' lo atraparon justo cuando había ido a avisarle a un
traficante que estaba en la lista de las órdenes de registro", relató una
residente del municipio de La Habana Vieja, donde el policía así apodado
cumplía funciones.

"Aquí nadie lo conocía por su nombre. Le decían así porque siempre estaba
atrás de los delincuentes, pero no precisamente para apresarlos, sino para
que le dieran su tajada de los negocios", abundó la mujer que solicitó
anonimato.

Fuentes cercanas al gobierno afirmaron a IPS que varios agentes del orden
interior han sido detenidos en las últimas semanas. Además de los vínculos
con la venta de drogas y otros delitos, es conocida la relación de algunos
policías con la prostitución.

El negocio es redondo, añadieron. El agente hace "la vista gorda" y a cambio
recibe dinero, bienes o, en el caso de los que proceden de otras provincias,
una cama donde pasar la noche fuera del albergue policial.

"La corrupción policíaca todavía es marginal en Cuba, pero hay que reconocer
que existe para poder combatirla, si no dentro de unos años vamos a estar
como ahora con la cocaína", dijo Mario Suárez, historiador de 39 años.

"Hasta el otro día aquí se decía que no había droga. Se negaba una y otra
vez, y la venta y el consumo estaban ahí, creciendo y creciendo", opinó
Suárez, quien defendió la decisión del gobierno. "En ese tema hay que ser
implacable", opinó.

Aunque los casos de corrupción podrían considerarse insignificantes si se
tiene en cuenta la situación en otros países de América Latina, muchos
cubanos prefieren compararse con la realidad nacional de 20 años atrás.

Uno de los primeros operativos realizados este año en La Habana involucró a
un militar retirado, en cuya casa funcionaba un restaurante privado, un
hotel clandestino y todo tipo de actividades ilícitas, incluidos el
narcotráfico y la prostitución.

En la Isla de la Juventud, al sur de la capital, al menos un integrante de
las tropas de guardafronteras se encuentra en proceso de investigación por
permitir la entrada de drogas al mercado interno, según trascendidos.

Una de las vías de ingreso de estupefacientes a Cuba son las pacas de
cocaína o marihuana que, arrojadas al mar por narcotraficantes en la ruta a
Estados Unidos, llegan accidentalmente a las costas de este país isleño.

Normalmente, la droga detectada es incinerada por las autoridades. Pero, hay
casos en que quien la encuentra no la entrega, sino que la introduce en el
territorio para venderla a cambio de dólares, sobre todo en las principales
ciudades.

La prensa nacional, controlada por el Estado, apenas hace referencia a casos
específicos, salvo cuando se busca un efecto ejemplarizante. Las autoridades
siguen calificando el tráfico y el consumo de drogas como "incipientes".

El diario Granma, del gobernante Partido Comunista, reveló que cinco
extranjeros, entre ellos una mujer colombiana, y tres cubanos fueron
condenados a penas de prisión desde 20 años a cadena perpetua, como parte de
los operativos en marcha.

Se estima que más de la mitad de los involucrados en estos delitos en el
país pueden haber sido detenidos. Todos permanecen en la cárcel y la gran
mayoría sabe que enfrenta hasta 30 años de reclusión.

En tanto, al menos cien viviendas han sido confiscadas desde el inicio de
los operativos. Sus habitantes, cuando no están envueltos en el
narcotráfico, son trasladados a albergues gubernamentales en espera de las
conclusiones de los procesos judiciales.

Un decreto aprobado en febrero establece la confiscación de todas las
viviendas o locales donde "se produzca, trafique, adquiera, guarde, consuma,
oculte o realice hechos que, directa o indirectamente, estén relacionados
con la droga".

El vicefiscal general de Cuba, Carlos Raúl Concepción, aseguró a la prensa
que la medida también se aplica a casos de corrupción, prostitución,
proxenetismo, pornografía, corrupción de menores, tráfico de personas u
otros similares.

"No habrá clemencia para quienes, sin un ápice de escrúpulos por la salud y
el bienestar de nuestros hijos, pretendan introducir y distribuir drogas
tóxicas en suelo cubano", advirtió el martes el diario Granma.

El periódico aseguró que se tomarían las medidas pertinentes contra aquellos
delincuentes y sus cómplices que "se resisten a la acción de la autoridad y
atentan contra sus representantes".

Los mensajes van dirigidos a toda la población, sin importar procedencia
social, ni si se trata de militares, dirigentes políticos o familiares de
personajes del gobierno, que podrían influir para "salvar" a alguien del
peso de la ley.

Uno de los aspectos más delicados de la larga lista de ilegalidades es la
corrupción de los funcionarios estatales, una tendencia que creció en los
últimos años de la mano del aumento de los negocios con empresas
extranjeras. En 2002, se divulgó la situación del ex canciller Roberto
Robaina, quien, entre otros "errores", favoreció a empresarios extranjeros
interesados en negociar con Cuba, a cambio de bienes y otros favores
personales, según fuentes oficiales.

La destitución la semana pasada de cuatro viceministros de Economía podría
estar vinculada a mal uso de fondos. La medida también podría responder a
errores en la conducción de la política económica.

De acuerdo a fuentes consultadas por IPS está pendiente una decisión sobre
el futuro del ministro de Economía, José Luis Rodríguez. En cualquier caso,
el gobierno podría mantener silencio sobre las verdaderas causas de las
destituciones.

"En los casos que estamos viendo, no hay palanca que valga", dijo a IPS un
abogado que recibió indicaciones "de arriba" de no hacer caso a pedidos de "
mano blanda" hacia un acusado, aunque vinieran de un alto dirigente del
país.

La legislación cubana considera agravante de casi todos los delitos que el
perpetrador sea funcionario público, integrante de las Fuerzas Armadas o de
la policí