Bolivia: Crítica y autocrítica del movimiento obrero y popular

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

22 de febrero del 2003
No estuvimos a la altura de la eclosión social boliviana
Miguel Pinto Parabá
Econoticiasbolivia.com


Organizaciones obreras departamentales y nacionales que se reunieron con la
dirección del "Estado Mayor del Pueblo", este fin de semana en Cochabamba,
para evaluar la candente coyuntura económica y social del país, coincidieron
en un hecho: la última sublevación social boliviana fue "espontánea", pues
no fue timoneada por alguna dirección sindical o política organizada.

A la hora de hacer el balance, todos los dirigentes sindicales y militantes
de partidos revelaron que fueron "sorprendidos" por el motín policial y el
levantamiento social del 12 y 13 de febrero, que tuvo un saldo de 33 muertos
a bala y más de un centenar de heridos.

El máximo líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, el
dirigente de la Coordinadora del Agua, Oscar Olivera, el ejecutivo nacional
del magisterio urbano, Estanislao Aliaga, y el representante de las
Centrales Obreras Departamentales (CODes) del país, Genaro Torrico,
reconocieron "autocríticamente" que ninguna de las organizaciones a su mando
ni la progubernamental Central Obrera Boliviana (COB) coordinaron acciones
para dirigir este movimiento.

Sin embargo, varios ministros del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada
aseguraron lo contrario. A través de varias conferencias de prensa acusaron
primero al MAS, luego al "Estado Mayor del Pueblo" y finalmente a otras
organizaciones departamentales y sociales de ser las "responsables" de las
violentas jornadas de la semana pasada e incluso las involucraron en un
supuesto "golpe de Estado".

LAS CAUSAS

De acuerdo a los dirigentes sindicales, que se reunieron el 16 de febrero,
en la sede de las Federación de Fabriles de Cochabamba, el levantamiento
popular tiene raíces históricas. La vertical aplicación del modelo de libre
mercado (desde agosto de 1985), que desarrolló altas tasas de pobreza y
desempleo, generó en el país las condiciones materiales para una eclosión
social, que se viene revelando en el país, con matices cada vez más
virulentos, desde los movimientos sociales de abril y septiembre del 2000.

Los últimos datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia
revelan que en los 5 años de gobierno de Hugo Banzer y Jorge Quiroga
(1997-2002) el número de muertos en los conflictos sociales ascendió a 80,
mientras que el actual régimen, en sólo seis meses, ya tiene en su haber 57
muertos.

Otro dirigente afirmó que el gobierno no es que no quiere sacar al país de
la crisis, sino que materialmente "no puede", porque, desde la privatización
de las principales empresas estatales y su entrega a las transnacionales,
los recursos que ingresaban al Tesoro General boliviano disminuyeron
paulatinamente.

La política de erradicación de la hoja de coca también disminuyó el flujo de
circulante en todo el país, lo cual no fue subsanado por los planes de
"desarrollo alternativo", agregó, a su turno, el dirigente de los cocaleros
de los Yungas, Dionisio Nuñez. "La espontánea sublevación se estrelló contra
17 años de opresión. El neoliberalismo murió y las políticas impuestas por
el FMI fracasaron", sintetizó Oscar Olivera.

Para algunos sectores radicales, sin embargo, lo que ocurrió la anterior
semana es, en el fondo, producto de la "bancarrota" del sistema capitalista
boliviano, que ingreso en una profunda crisis.

Otros dirigentes hicieron notar que, cuando la propiedad privada se
encuentra en peligro, los propietarios, inevitablemente, dan un viraje hacia
posiciones conservadoras. Tomaron como ejemplo el radical cambio de discurso
que experimentaron los líderes de las Confederaciones de empresarios, antes
y después del levantamiento popular.

Con el fin de evitar un nuevo "impuestazo", "paquetazo", "gasolinazo",
"corralito" u otra medida que pretenda reducir el alto déficit fiscal, según
los sindicalistas, los bolivianos deben lanzar la propuesta de la
"reversión" de todas las empresas privatizadas desde 1985. Esta idea recibió
aplausos y fue ampliamente respaldada por los cerca de cincuenta asistentes
a la reunión.

VÁNDALOS O ANTISISTÉMICOS

Otro tema que se analizó a profundidad fue la presunta participación de
"delincuentes", "vándalos" y "francotiradores" en las jornadas del 12 y 13
de febrero.

Los niños y jóvenes que "en masa" se dieron a la tarea de saquear y quemar
entidades estatales, sedes de partidos políticos y entidades bancarias, en
las ciudades de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, no son
"vándalos" ni "delincuentes", como afirman equivocadamente la mayor parte de
los medios de información comercial, sino son grandes grupos de jóvenes que
no encuentran alternativas bajo el actual sistema económico, afirmó el
profesor Estanislao Aliaga, luego de explicar que los manifestantes
prácticamente "apedrearon y quemaron los iconos del poder económico y
político boliviano".

El ataque al Palacio de Gobierno, la Vicepresidencia, el Ministerio de
Trabajo, las Prefecturas, los Bancos de propiedad de conocidos políticos, la
Alcaldía de El Alto, algunas empresas transnacionales y privatizadas, y las
sedes de los partidos políticos en función de gobierno estuvo guiado por un
nivel de conciencia.

Para los asistentes a la reunión, el tema de los "francotiradores" quedó
claro. Estos "asesinos a sueldo", en realidad, son "paramilitares" dirigidos
por el gobierno y la Embajada Norteamericana, denunció el dirigente obrero
de la sede de gobierno, Genaro Torrico, quien fue respaldado por varios
participantes.

Evo Morales, basado en "informes de militares patriotas", denunció que los
francotiradores tenían el objetivo de liquidar a los cabecillas de los
policías amotinados y algunos dirigentes sindicales radicales. Unas imágenes
televisivas presentadas por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos
muestra que fueron los propios militares quienes dispararon contra jóvenes,
trabajadores y dos paramédicos de la Cruz Roja, el 13 de febrero.

DEBILITAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO

Otra conclusión a la que llegaron los sindicalistas fue que el levantamiento
popular del 12 y 13 de febrero hizo "explotar el aparato represivo del
Estado boliviano". La tropa policial apoyada por algunos "oficiales
progresistas" derrotó el "impuestazo" al salario y puso en jaque al
Ejército. Se conoció también que los suboficiales y sargentos de algunas
guarniciones militares del departamento de La Paz se "negaron" a salir a las
calles para reprimir a los sublevados.

Los medios de comunicación, para la mayoría de los asistentes, jugaron un
rol "negativo y progubernamental" en el conflicto. Se ocuparon de
caracterizar al levantamiento como un movimiento "vandálico y
delincuencial", para justificar una mayor represión. Acerca de este tema no
se sacó conclusiones y se planteó que sea un punto de urgente análisis en el
encuentro que se realizará en la ciudad de La Paz.

Pero, todo este movimiento popular estuvo marcado por una característica
central: la nítida ausencia de una dirección política y sindical. Una
sentida necesidad que también será analizada, a mayor profundidad, en un
"Encuentro Social Nacional" que se realizará en La Paz, el 25 y 26 de este
mes. Los militantes del MAS, la dirección del Estado Mayor y otras
organizaciones sindicales y sociales no negaron esta crítica, que fue casi
unánime, en sentido que sus cuadros políticos no "estuvieron a la altura de
los acontecimientos".

Un grupo de dirigentes lanzó también dardos contra el Movimiento Indígena
Pachacuti (MIP), encabezado por el dirigente campesino Felipe Quispe.
Criticaron acremente la ausencia del controvertido "Mallku" y el analista
político, Alvaro Garcia Linera, quienes, en el momento del conflicto, se
encontraban de visita en México.

Olivera, Torrico y Morales, al filo del encuentro, plantearon la idea de
organizar un nuevo "órgano de poder", la "asamblea popular constituyente";
empero, esto quedó también en el tapete de discusión.

DOCUMENTO DE CONCLUSIONES

Luego del debate de cerca de 4 horas, se convocó a una conferencia de prensa
para presentar un pronunciamiento colectivo de 7 párrafos. Entre los puntos
más sobresalientes se ratificó el pedido de "renuncia" del Presidente y
Vicepresidente de Bolivia; se determinó continuar las movilizaciones y
vigilias en las carreteras, se decidió otorgar un plazo hasta fin de mes
para dar solución a los pedidos de varios sectores sociales, y se denunció a
la comunidad internacional la intención del gobierno de someter a los
dirigentes de las organizaciones sindicales antineoliberales a "procesos
penales" por haber participado en el levantamiento social de la semana
anterior.


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Nello

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