VENEZUELA: Orden de prisión contra opositores profundiza crisis política

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

:Humberto Márquez

CARACAS, 20 feb (IPS) - La crisis política venezolana se agravó este jueves
por las órdenes de captura libradas por un tribunal de Venezuela contra dos
líderes opositores, el presidente de la central empresarial Fedecámaras,
Carlos Fernández, y su par de la Confederación de Trabajadores de Venezuela
(CTV), Carlos Ortega.

Fernández, titular de Fedecámaras (Confederación de Cámaras de Comercio y
Producción), fue detenido minutos antes de la medianoche del miércoles,
mientras Ortega decidió pasar a la clandestinidad 30 horas después que
gobierno y oposición firmaran un pacto contra la violencia.

El juez penal de Caracas Maikel Moreno libró órdenes de detención contra
ambos dirigentes, artífices de la huelga de diciembre y enero contra el
presidente Hugo Chávez, atendiendo un pedido de la fiscalía, que acusa a
Ortega y Fernández de "rebelión, traición a la patria, instigación a
delinquir, agavillamiento (reunión con fines delictivos) y devastación".

Partidos políticos y sindicatos opositores repudiaron la decisión juidicial
y el procedimiento de captura contra Fernández, que se llevó a cabo cuando
salía de un restaurante caraqueño.

Los agentes de la policía política demoraron varias horas antes de autorizar
el contacto de Fernández con familiares y abogados.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César
Gaviria, que conduce la Mesa de Negociación entre el gobierno y la
oposición, exhortó a que las decisiones judiciales en el caso "estén
rodeadas de independencia, imparcialidad, y (sean) conformes al estricto
cumplimiento de las leyes".

Gaviria, quien viajó a Europa y Estados Unidos, destacó la jerarquía de
Fernández.

"Por fin un fiscal y un juez dieron órdenes para capturar a gente que hace
tiempo debía estar presa", comentó este jueves Chávez, quien el miércoles
había criticado la existencia de numerosos jueces venales en el país, "que
venden sentencias entre 3.000 y 30.000 dólares".

"Yo fui informado a la medianoche y dije a la policía que obedeciera la
orden. Y me fui a acostar con una sonrisa. Más tarde mandé a buscar un dulce
de lechosa (papaya) que hizo mi madre, para degustarlo. No es que uno tenga
odio contra nadie, sino que tiene que haber justicia", abundó el mandatario.

Según la oposición, existe una lista de 25 dirigentes políticos,
empresariales y sindicales que serán detenidos en breve.

El diputado oficialista Luis Velásquez indicó que "se ha pedido actuación de
la justicia contra unos 100 responsables de los daños causados al país con
los intentos de golpe (de Estado) y paros ilegales".

Sin embargo, el vicepresidente José Vicente Rangel señaló que esas
cantidades "me parecen desproporcionadas", y agregó que "yo en lugar de
Ortega me presentaría" ante el tribunal, "pues en Venezuela rige el derecho
al debido proceso, incluido el derecho a la apelación".

El secretario general de la CTV, Manuel Cova, anunció que Ortega había
pasado a la clandestinidad, y que el caso sería expuesto por la central ante
la Organización Internacional del Trabajo, como prueba de la violación de
las libertades sindicales en el país.

Antes de pasar a la clandestinidad, Ortega dijo a radioemisoras y canales de
televisión que las órdenes de captura libradas por Moreno "son apenas el
inicio de una escalada organizada por el alto gobierno para liquidar a los
dirigentes opositores".

Ortega recordó que Moreno actuó el año pasado como abogado defensor del
concejal oficialista de Caracas Richard Peñalver, uno de los procesados por
disparar durante los tiroteos del 11 de abril en una marcha opositora, que
causaron 18 muertos.

Esos incidentes detonaron el fracasado golpe de Estado que desalojó a Chávez
del poder durante dos días.

En sus argumentos, Moreno sólo se refirió al pedido de la fiscalía,
destinado a asegurar la comparecencia judicial de Ortega y Fernández para
escuchar los cargos que se les imputan.

Las acusaciones de rebelión y traición a la patria coinciden con la opinión
gubernamental que los responsabiliza de apoyar el intento de derrocamiento
de abril del año pasado, una actitud en la que persisten desde entonces,
según Chávez.

Los cargos de incitación a delinquir, devastación y agavillamiento se
refieren a la conducción del llamado "paro cívico" de diciembre y enero, que
incluyó la parálisis de la industria petrolera, el cierre de fábricas y
comercios y el bloqueo de autopistas, así como llamamientos a no pagar
impuestos.

"No hemos hecho otra cosa que acciones cívicas, contempladas en la
Constitución", dijo la comerciante Albis Muñoz, vicepresidenta de
Fedecámaras.

En tanto, el dirigente empresarial de la industria de alimentos Rafael
Alfonso consideró que la detención de Fernández "simplemente es una
provocación".

"Las órdenes de captura contra Ortega y Fernández están erradas no sólo en
el fondo sino en la forma, pues sólo debieran ir a la cárcel si hubiese
peligro de fuga, lo que no es el caso de esas figuras que día tras día
aparecen en actos públicos y ante las cámaras de televisión", afirmó a IPS
el abogado penalista Alberto Arteaga.

Todo el arco opositor consideró que el arresto de Fernández 30 horas después
de haberse firmado en la Mesa de Negociación un acuerdo contra la violencia
política y en favor de los valores de la paz y la democracia, prueba la
falta de voluntad política del gobierno.

El defensor del Pueblo Germán Mundaraín, quien preside el Poder Ciudadano
establecido por la Constitución de 1999, consideró que "pudo haber excesos
en la aprehensión de Fernández, pero por sobre todo debe hacerse justicia.
La gente demanda el fin de la impunidad".

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Nello

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