Panama: Las cuatro muertes en el Darién reclaman justicia

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

ALAI, América Latina en Movimiento


Marco Gandásegui, h.


La Constitución Política de la República señala en su artículo 17 que el
gobierno está en la obligación de proteger la vida de toda persona que
reside en el territorio nacional. En el caso de las cuatro personas que
fueron muertas violentamente en Darién estamos frente a lo que pareciera ser
una flagrante violación de ese mandato constitucional por parte del gobierno


En vez de investigar los hechos de violencia que le costó la vida a 4
panameños que residen en la frontera con Colombia, como ocurrieron y quienes
son los responsables, las autoridades gubernamentales han hecho caer todo el
peso de la justicia sobre un individuo que acusan de colaborador de los
asesinos. Sin embargo, no hay interés alguno en identificar a los asesinos


En declaraciones a la prensa, la presidenta de la República ha señalado que
desconoce como se dieron los hechos. El ministro de Gobierno y Justicia, sin
conocer la realidad de los hechos, pidió que efectivos militares
norteamericanos llegaran a la zona fronteriza con el fin de inspeccionar el
área. El director de la Policía Nacional declaró que no tiene información
sobre los acontecimientos en la frontera. Aparentemente, los estamentos más
altos del escalafón gubernamental admiten su ignorancia sobre la realidad
que caracteriza la vida en la frontera entre Panamá y Colombia


Del lado colombiano, pareciera que existe un poco más de información. El
gobierno de Bogotá minimizó la muerte de los cuatro panameños. Según las
autoridades tradicionales del altiplano, indiferentes a las muertes que
causan sus desgobiernos, sus guerras civiles siempre cobran vidas inocentes.
(En este caso, sin embargo, se pasaron de la frontera). Por otro lado, los
paramilitares (las llamadas Autodefensas Campesinas) dieron dos partes
militares explicando las muertes de Paya. El comandante Castaño señaló que
en un enfrentamiento en la frontera habían tomado bajo su custodia a un
grupo de norteamericanos que se encontraban en el área. En otras palabras,
algo tuvieron que ver los paramilitares y los norteamericanos con las muerte
de los cuatro panameños. Sin embargo, posteriormente, otro comandante
paramilitar indicó que el enfrentamiento armado había tenido lugar lejos de
la frontera y que en ese lugar habían decidido darle protección a los
norteamericanos


Es obvio que las muertes en el Darién fueron causados por los paramilitares.
El gobierno panameño, sin embargo, se resiste a exigirle al gobierno de
Bogotá que entregue a los irregulares para someterlos a las autoridades
judiciales del país. La presidenta de la República tampoco le ha exigido al
gobierno colombiano que haga una investigación detallada de lo ocurrido en
la frontera con Panamá. El ministro de Relaciones Exteriores quien debería
haber convocado al embajador panameño en Bogotá, se encuentra totalmente
ajeno a sus obligaciones


Sería muy oportuno que las autoridades judiciales panameñas investiguen con
un poco más de detalle el papel que jugaron los tres norteamericanos
involucrados en este caso. Las autoridades judiciales detuvieron al guía de
los tres norteamericanos, pero no han dado a conocer las declaraciones del
acusado de "complicidad". ¿Complicidad con quién? ¿Con los paramilitares?
¿Con los norteamericanos? Uno de los norteamericanos que salió del área con
la ayuda de las Autodefensas Campesinas (grupo irregular que apoya al
Ejército de Colombia en sus actividades represivas) es un reconocido
empresario de las llamadas "aventuras extremas" que tienen un amplio mercado
en EEUU.


Califica a Panamá como un "lugarcito sucio y desagradable" y, a la vez, uno
de los lugares más peligrosos sobre el planeta. Habría que investigar si la
muerte de cuatro panameños puede ser parte de una promoción empresarial del
país para los aventureros extremos. ¡Trágico desenlace! El gobierno panameño
que cumple con el mandato constitucional debe ejecutar, a corto plazo, una
política de reconocimiento de nuestra frontera con Colombia para controlar
todos los movimientos que pueden amenazar la seguridad de nuestra
ciudadanía. Además, a mediano plazo, el ejecutivo está obligado por la
Constitución a mantener una relación diplomática con Bogotá que exija
respeto y consideración por parte de ese país para con los panameños. (Esto
implica el arresto y entrega a Panamá de los responsables de los muertos en
Paya). A largo plazo, la Presidencia de la República tiene que entender que
su responsabilidad constitucional es garantizar el desarrollo de la
provincia del Darién, y de las nuevas comarcas indígenas, con la ejecución
de programas económicos y sociales coherentes y efectivos. En las tres áreas
señaladas, el gobierno nacional ha fracasado. (Los gobiernos anteriores
tampoco pueden ser bien calificados). Panamá sabe lo que tiene que hacer. La
Constitución Política le da a los gobernantes el mandato para hacerlo. No
hay excusa para seguir fracasando y haciendo de nuestra frontera oriental
con Colombia un campo de muerte

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Nello

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