La desobediencia civil en Venezuela

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

21 de enero del 2003
Gustavo Fernández Colón
Rebelión


La noción de desobediencia civil fue formulada, por primera vez, a mediados
del siglo XIX por el escritor estadounidense Henry David Thoreau. Esta
doctrina y la forma como el autor la puso en práctica en su vida personal,
influyeron decisivamente sobre las grandes figuras del pacifismo
contemporáneo: León Tolstoi, Mahatma Gandhi y Martin Luther King. Ahora que
en Venezuela se ha popularizado su uso, después de que fuera invocada por
los militares disidentes de la plaza Francia en Altamira, es oportuno
revisar su alcance en la obra del insigne poeta de Massachusetts.

En efecto, en su Ensayo sobre la desobediencia civil, publicado por primera
vez en Boston en 1849, Thoreau expresa su convicción de que la conciencia
moral del hombre está por encima de cualquier legislación o razón de Estado.
Los ciudadanos soportan el ejercicio del poder por parte del gobierno, no
porque éste sea el poseedor de la verdad sino porque cuenta con la
superioridad física de la mayoría. De ahí que sea perfectamente legítimo
rebelarse contra la autoridad, cuando la tiranía o la ineficiencia de los
gobernantes se vuelven intolerables. La acción ética y políticamente
correcta es, en consecuencia, un asunto netamente cualitativo, que no tiene
nada que ver con el número de votos obtenidos en el "juego de azar" de una
elección. Una minoría, decidida a defender la verdad con valentía, puede
cambiar el curso de la historia.

El individualismo de Thoreau, sin embargo, respondía a un ideal de hombre
sumamente exigente, inspirado en las virtudes del evangelio cristiano y la
espiritualidad oriental. Esto explica que se mostrara pesimista respecto a
la posibilidad de construir, aquí y ahora, un estado totalmente respetuoso
de las libertades individuales, de acuerdo con su consigna de que "el mejor
gobierno es aquel que no gobierna en absoluto".

Se quejaba de sus contemporáneos por no rebelarse abiertamente contra un
régimen que toleraba la esclavitud y que, además, libraba una guerra
anexionista contra México durante la presidencia de James Polk. Se negó a
pagar impuestos a un gobierno que consideraba inmoral y aceptó ir a la
cárcel, convencido de que "bajo un gobierno que encarcela a cualquiera
injustamente, el verdadero lugar para un hombre justo es también una
prisión"; junto al "esclavo fugitivo, y el prisionero mexicano en libertad
condicional, y el indio que viene a denunciar las injusticias cometidas en
contra de su raza".

Pero al mismo tiempo, Thoreau esperaba de los ciudadanos libres y
conscientes un respeto absoluto a los derechos del prójimo, una entrega
total al servicio de los otros, aun al precio de la propia vida o de la
sobrevivencia material de la nación. Afirma sin reservas: "Si le he
arrebatado injustamente la tabla de salvación a un hombre que se está
ahogando, debo devolvérsela aunque yo mismo me ahogue (...); aquel que en un
caso así salvara su vida, la perdería. Este pueblo debe dejar de tener
esclavos, y de hacerle la guerra a México, aunque le cueste la existencia
como pueblo".

Su posición antibelicista constituye un antecedente directo del movimiento
de objetores de conciencia que alcanzó notoriedad en los Estados Unidos, en
la década de los sesenta, con la negativa del campeón mundial de boxeo
Mohammad Alí a alistarse para combatir en Vietnam, alegando que la
participación en la guerra era incompatible con sus convicciones religiosas.
Alí fue condenado a cinco años de prisión y, aunque prefirió el exilio a la
cárcel, la pérdida del título mundial y la decadencia económica del
pugilista significaron un sacrificio ejemplar para cientos de jóvenes
contestatarios norteamericanos.

Hoy en día, la mayor parte de las legislaciones nacionales e internacionales
reconoce, con ciertas condiciones, el derecho de los ciudadanos a
desobedecer aquellos regímenes o autoridades que atenten contra los derechos
humanos fundamentales. La Constitución venezolana aprobada en 1999, por
ejemplo, establece en su artículo 350 la posibilidad de que "el pueblo"
desconozca "cualquier régimen, legislación o autoridad" que cometa esta
clase de transgresiones. Aunque es importante señalar que se trata de un
derecho colectivo, para cuyo ejercicio la norma constitucional contempla el
conjunto de los "medios de participación y protagonismo" enumerados en el
artículo 70: "la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta
popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa,
constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de
ciudadanos...". También el derecho individual a la objeción de conciencia
está consagrado en la Carta Magna venezolana. Pero dentro de ciertos límites
claramente definidos, según se desprende de su artículo 61 cuando establece
que "no puede invocarse para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a
otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos".



El llamado a la desobediencia civil que, en los últimos meses, han formulado
los dirigentes de la oposición venezolana con el propósito de sacar del
poder al presidente Chávez, difícilmente resulta consistente con el
compromiso ético de respeto incondicional a los derechos del otro que, desde
Thoreau hasta Ghandi, ha inspirado la acción política de los grandes
pacifistas de nuestro tiempo.

Todos hemos sido testigos de los deplorables abusos que, en nombre de la
libertad, se han cometido contra niños a quienes se les mantienen cerradas
sus escuelas por "la voluntad mayoritaria" de una asamblea de padres;
enfermos a quienes se les niega atención médica por el derecho de algunos
galenos a paralizar democráticamente los servicios de salud; familias a
quienes se les impide el acceso a los alimentos en nombre del derecho a
cacerolear y hasta tirotear panaderías y supermercados por parte de
exaltadas bandas de "camisas negras"; teleaudiencias a quienes se les coarta
el derecho a la información veraz y el entretenimiento sano por parte de
algunos medios de comunicación social que, con el pretexto de defender la
libertad de expresión, han llegado a perturbar la salud mental de amplios
sectores de la población; ahorristas a quienes se les bloquea el acceso a su
dinero por una banca privada que, en nombre de la libre empresa, expropió a
miles de familias de clase media sus viviendas y automóviles a través de la
estafa de los llamados créditos mexicanos; y, lo más grave de todo, el
atentado contra la soberanía económica de un país, con 23 millones de
habitantes, perpetrado por menos de mil gerentes petroleros que esgrimen el
derecho a derrocar a un gobierno, legítimamente electo, por empeñarse en
fortalecer la OPEP y garantizar el retorno de las utilidades de PDVSA a su
único accionista: el pueblo de Venezuela.

Nadie ha asumido, hasta ahora, responsabilidad alguna por la comisión de
estos delitos. Al contrario, los meritócratas despedidos siguen cobrando sus
sueldos por medios fraudulentos, mientras reclaman su reenganche como premio
a la destrucción premeditada de la industria petrolera nacional; los padres
que han decidido no enviar sus hijos a clases, en respaldo al paro cívico,
amenazan con demandar a los maestros por atreverse a atender a los niños que
asisten a la escuela; cuadrillas de mujeres pertenecientes a familias
acomodadas, con las alacenas de sus casas bien surtidas, defienden
encarnizadamente a los acaparadores de alimentos contra el "atropello" de
los funcionarios encargados de recuperar para el mercado los productos
retenidos... Todo acometido con una actitud de confortable inconsciencia,
similar a la de aquellos conciudadanos de Thoreau "que, en sus sacrificios
por la humanidad, no corrían riesgos, ni siquiera por lo que era suyo".

Esta pesadilla de "mundo al revés" en la que la oposición venezolana ha
convertido a la desobediencia civil, aparte de una muestra más de las
profundas deficiencias educativas que reblandecieron la conciencia de
nuestras élites durante el último medio siglo, constituye una evidencia
dolorosa de las perversiones sociales, políticas y económicas que es capaz
de producir, en toda una nación, la inconsistencia ética de quienes han
disfrutado de los mayores privilegios.

Una generación entera pagará con penurias, y ojalá no con más sangre, por
estos desafueros.

Si en alguna medida era legítima la aspiración de un sector de nuestra
sociedad de reemplazar, antes del plazo previsto por la ley, a un gobierno
que supuestamente violentaba las normas constitucionales que él mismo
promulgó; han terminado resultando absolutamente injustificables los medios
que se han puesto en práctica, hasta ahora infructuosamente, para lograr tal
fin. Todo por ignorar, al momento de la acción, la máxima incontrovertible
de Thoreau: "Lo que hay que hacer es, en todo caso, no prestarse para el mal
que se condena".

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Nello

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