Guatemala: Las privilegiadas PAC



ALAI, América Latina en Movimiento
2002-07-15



Guatemala: Las privilegiadas Patrullas de Autodefensa Civil

Ileana Alamilla
Cerigua

A pesar de que la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz -
MINUGUA- le recordó al gobierno del General Efraín Ríos Montt que el
acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y el papel del
ejército en una sociedad democrática estableció únicamente la
desmovilización y el desarme para las Patrullas de Autodefensa Civil
-PAC, El Ministro de Economía hizo una insólita propuesta que
finalmente fue aceptada por el gabinete económico.

Se trata de crear un nuevo impuesto para financiar la indemnización
de los ex-PAC y buscar financiamiento internacional con el mismo
objetivo.

Insólito desde del punto de vista económico pues en Guatemala ocupa
primeros lugares en pobreza y pobreza extrema en América Latina y por
lo tanto, el apoyo internacional urge para otros objetivos.

Insólito también desde el punto de vista lógico, ya que no se puede
argumentar el aspecto humanitario ante un gobierno, cuyos principales
dirigentes han sido señalados de violación a los derechos humanos,
tanto por organismos nacionales como internacionales. En lugar de
recompensar a las víctimas, se hará a los victimarios.

Naturalmente que la reacción de las organizaciones sociales ha sido
no solo de asombro sino de rechazo a tan cínica decisión de favorecer
a uno de los poderes paralelos del estado señalados por la Comisión
del Esclarecimiento Histórico (CEH) de más de 10 mil violaciones a
los derechos humanos, además de ejecuciones, torturas, tratos
crueles, inhumanos y degradantes y de violaciones sexuales.

El Comité de Unidad Campesina CUC, representativo del sector, señaló
que la creación de un nuevo impuesto constituye una burla a la
población guatemalteca que sufrió las atrocidades cometidas por el
ejército, en coordinación con grupos paramilitares, los cuales hoy el
gobierno quiere indemnizar.

Entidades defensoras de los derechos humanos como Familiares de
Detenidos Desaparecidos (Famdegua) consideraron injusto e inmoral que
el gobierno otorgue una compensación económica a quienes se
encargaron de masacrar y ejecutar a miles de personas inocentes.

Las dirigentes de Famdegua señalaron que la única razón que
encuentran para el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) partido en
el gobierno, asuma esa determinación de resarcir a los Ex PAC por el
genocidio cometido junto al ejército y otras fuerzas paralelas, es
ganar votos para el siguiente proceso electoral y continuar en el
poder.

Conavigua, una entidad de las viudas indígenas, a través de su
dirigente, Rosalina Tuyuc, al lamentar que se vaya a indemnizar a los
ex patrulleros dijo que las víctimas del genocidio y de la represión
se oponen esa decisión cuya intención es congratularse con los
paramilitares para asegurar una gran cantidad de votos.

Estos argumentos son compartidos por muchos otros sectores que además
han comentado que la determinación gubernamental constituye una
violación a los acuerdos de paz y a las recomendaciones de la
Comisión del Esclarecimiento Histórico que establecen que debe
otorgarse un resarcimiento a las víctimas directas de las violaciones
a los derechos humanos.

Recientemente, el departamento norteño de Petén, colindante con
México y el más grande de Guatemala, fue paralizado por 25 mil ex
patrulleros civiles que tomaron carreteras, sitios arqueológicos,
retuvieron turistas, bloquearon el aeropuerto y el acceso a una
refinería, exigiendo una indemnización por su colaboración con las
fuerzas armadas durante el conflicto armado interno.

Inmediatamente el gobierno propició el diálogo y una negociación cuyo
resultado fue la decisión de otorgar la indemnización y un plan de
reparación moral y material para los afectados.

La solución a este problema difiere de la forma como se han abordado
las protestas populares del resto de la ciudadanía, sin duda alguna
por la importancia estratégica que para el partido del general,
tienen estos paramilitares.

Hay expectación en Guatemala, ya otros grupos de PAC, avalados por
organizaciones de militares, han anunciado que harán su reclamación.
Se ha especulado en relación con el número de personas involucradas
en estos grupos. Probablemente llegan al millón y según ellos, todos
deberán recibir el mismo tratamiento, mientras que miles de
guatemaltecos claman por tierras, vivienda y empleo sin encontrar
respuesta de las autoridades.

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Nello

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