PERU: Oposición pide amnistía para evitar insubordinación militar



Abraham Lama

LIMA, 16 may (IPS) - Los dos principales partidos opositores de Perú,
temerosos de una insubordinación militar, propusieron amnistiar a 12
oficiales cuya detención ordenó la justicia por el supuesto asesinato de
ocho guerrilleros, en el rescate de 71 rehenes en la residencia del
embajador de Japón en 1997.

El ejército desconoció la orden de detención librada el sábado por la jueza
Cecilia Polak contra los 12 oficiales, entre los que figuran tres generales,
acusados de ejecutar a los guerrilleros luego de rendirse.

Once de los militares se encuentran en cuarteles "cumpliendo labores de
rutina", indicaron las autoridades castrenses.

El socialdemócrata Partido Aprista Peruano (PAP) y la coalición Unidad
Nacional, ambos opositores, presentaron este jueves sendos proyectos de ley
de amnistía para esos militares con la finalidad de evitar un enfrentamiento
entre el poder civil y las Fuerzas Armadas.

La decisión de la jueza Polak le abrió al presidente Alejandro Toledo una
nueva fuente de conflicto político, pues cuestiona la operación militar
Chavín de Huántar, que hasta ahora sólo había recibido elogios dentro de
Perú y en el extranjero.

Sólo uno de los oficiales, el general retirado Jaime Patiño, quien acudió a
la citación judicial, se encuentra encarcelado en un local de la Dirección
Nacional contra el Terrorismo. Los restantes se refugiaron en
establecimientos militares.

La jueza Polak ordenó la detención de tres generales, tres coroneles y otros
seis oficiales de menor grado, a pedido del fiscal Richard Saavedra.

Los acusados habían participado en abril de 1997 en el rescate de 72 rehenes
del insurgente Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), uno de los
cuales resultó muerto. La residencia del embajador de Japón había sido
capturada por los guerrilleros en diciembre de 1996.

Los comandos que asaltaron la residencia dieron muerte a los 14 guerrilleros
que estaban allí, pero, según el fiscal Saavedra, uno de los rehenes
liberados, el diplomático japonés Hidetakata Ogura, dijo haber visto cuando
salía del edificio a un insurgente con vida.

Por otro lado, según trascendió en la prensa peruana, las autopsias
determinaron que ocho de los guerrilleros presentaban heridas de bala en la
nuca, de lo cual se deduce que fueron ejecutados.

"Esta orden de captura es injusta y peligrosa. Injusta porque se pide la
detención de presuntos responsables antes de realizar una investigación y
peligrosa porque coloca al ejército en línea de desobediencia que podría
desembocar en algo más grave", afirmó el congresista del PAP, José Barba
Caballero.

La fiscal de la Nación, Nelly Calderón, fue citada de urgencia para exponer
el fundamento de la orden de arresto de los 12 oficiales ante a la Comisión
de Justicia del Congreso, en sesión reservada.

Antes de asistir a la cita, Calderón reiteró que no aceptará ninguna presión
política sobre las decisiones adoptadas por los fiscales a su mando como
consecuencia de sus investigaciones.

Barba Caballero sostuvo que el ministro de Justicia, Fernando Olivera, está
detrás de la iniciativa del fiscal Saavedra, "con el propósito de tener un
caso de derechos humanos contra el ex presidente Alberto Fujimori",
destituido por el Congreso legislativo en 2000.

"Me lo han dicho. Creen que los militares encausados podrían señalar a
Fujimori como responsable de haberles dado la orden de no dejar vivo a
ninguno de los emerretistas", sostuvo el legislador socialdemócrata.

Pero el congresista izquierdista Javier Diez Canseco señaló que los
proyectos proponen la impunidad. "Además, ninguna ley de amnistía a delitos
de lesa humanidad es aceptada por los tribunales internacionales y la
comunidad internacional", dijo.

Después de conocidas el lunes las encuestas que le asignan un respaldo de
apenas 23 por ciento de la ciudadanía, la oposición le formuló a Toledo
diversas propuestas, entre ellas cambios en el gabinete y su renuncia para
convocar elecciones anticipadas.

El PAP, partido político más numeroso y mejor organizado del país liderado
por el ex presidente Alan García, demandó en el Congreso la renuncia del
ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski.

Por su parte, Unidad Nacional, la tercera fuerza política, propuso que el
primer ministro Roberto Dañino asumiera las funciones presidenciales.

El martes se realizó una huelga general contra la política económica del
gobierno, y contra la proyectada privatización de las empresas del sector
eléctrico, que fracasó en Lima pero tuvo éxito en ocho de las ciudades más
importantes del interior.

Nello

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