Brasile: la schiavitu' rurale nel nuovo secolo

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

DERECHOS HUMANOS-BRASIL:
Esclavitud rural en el nuevo siglo

Mario Osava

RIO DE JANEIRO, feb (IPS) - Casi 1.600 trabajadores sometidos a régimen de
esclavitud en Brasil fueron liberados el año pasado por el Ministerio de
Trabajo, el doble que en 2000, pero la Iglesia Católica advierte que aún hay
más de 6.000 personas en esa situación.

El aumento de casos solucionados no responde a la expansión de esa llaga,
que persiste en algunas zonas rurales del país, sino a una mayor eficacia
represiva, aseguró a IPS Claudio Secchin, jefe de la División de Apoyo a la
Fiscalización Móvil del Ministerio.

Secchin explicó que se mejoraron las condiciones de lucha contra ese grave
problema laboral gracias a la proliferación de denuncias, favorecidas por el
desarrollo de las comunicaciones en el interior de Brasil, donde se
multiplicaron los teléfonos públicos en los últimos años.

El interior brasileño ya no sufre el "abismo de informaciones" que dejaba a
la gente vulnerable ante la acción de los "gatos", como se llaman en este
país a los reclutadores de mano de obra, observó.

El funcionario del Ministerio de Trabajo informó que 1.433 trabajadores
esclavizados fueron sacados de esa condición el año pasado, pero aún falta
confirmar otro 10 por ciento de casos, por lo cual la cantidad se acerca a
los 1.600.

Sin embargo, la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), un organismo de la
Iglesia Católica que hace el seguimiento de los conflictos y la violencia en
las zonas rurales, registró el año pasado 2.062 casos de esclavitud laboral
y que al menos siete de ellos eran menores de 18 años.

Por cada caso descubierto "hay por lo menos tres desconocidos", lo cual
demuestra la extensión y continuidad del problema en Brasil, señaló a IPS
Antonio Canuto, uno de los coordinadores nacionales del CPT.

Hablar de esclavitud en estos tiempos parece raro, pero es un concepto
definido, incluso legalmente, pues contempla la imposibilidad de dejar el
local del trabajo y la imposición de condiciones inhumanas, con violación de
los derechos laborales.

Esos trabajadores son mantenidos prisioneros en las haciendas por coacción
física y moral, controlados por hombres armados y amenazas de muerte, además
de que son obligados a una labor casi sin remuneración, debido a que los
patrones les imponen el pago de supuestas deudas.

Esas "deudas" corresponden a los gastos de transporte hasta el
establecimiento rural, el consumo de alimentos y la compra o alquiler de
elementos de trabajo, con lo cual encargos del empleador se convierten en
deberes de empleado y se acumulan de manera de "justificar" su detención
para evitar una fuga.

Muchos de esos esclavos modernos son analfabetos y, sin ninguna información
sobre sus derechos, se sienten moralmente en deuda con sus patrones, aunque
vivan en campamentos precarios, lamentó Secchin.

Este fenómeno se concentra en los septentrionales estados de Maranhao y
Pará, en los bordes orientales de la Amazonia, aunque se han registrado
casos incluso en los sudorientales Minas Gerais y Río de Janeiro,
considerado entre los más desarrollados del país.

El combate contra el trabajo esclavo en Brasil comenzó a ser más efectivo
tras la creación del Grupo Móvil, conformado por inspectores del Ministerio
del Trabajo, la policía federal, fiscales y otras autoridades.

Desde entonces creció de manera sostenida la cantidad de trabajadores
sacados de esa condición de esclavos. Sin embargo, no se puede asegurar que
ese aumento sólo sea el producto de la acción del gobierno.

La "impunidad" fomenta el abuso de los hacendados y de los "gatos", que no
hesitan en repetir el mismo delito después de ser identificados por la
policía y sólo sufrir penas insignificantes, puntualizó Canuto.

El Ministerio del Trabajo asegura que el año pasado los hacendados tuvieron
que pagar indemnizaciones por 1,4 millones de reales (unos 570.000 dólares)
a los trabajadores que mantuvieron en condiciones de esclavitud. Pero apenas
uno de esos empresarios fue encarcelado, admitió Secchin.

Indefiniciones legales y la lentitud de la justicia impiden una represión
más efectiva de los infractores, explicó.

Secchin lamentó que, si bien el Ministerio de Trabajo cuenta con el apoyo de
la policía federal y del Ministerio Público, no ocurre lo mismo con las
autoridades impositivas, previsionales y ambientales, cuya acción sería
necesaria para reprimir con mayor rigor los delitos cometidos en sus áreas
específicas.

La deforestación, un delito ambiental, es una de las principales actividades
en las que se emplean los esclavos, al igual que en la ganadería, observó el
funcionario.

Gran parte de los éxitos del Grupo Móvil se deben a las denuncias de la
católica Comisión Pastoral de la Tierra, que tiene representaciones en las
áreas de mayor violencia rural, destacó su coordinador Antonio Canuto.

La CPT reclama una acción más eficaz del gobierno y pidió la aprobación de
una legislación que permita la expropiación, sin indemnizaciones, de las
propiedades donde se explota el trabajo esclavo. Ese tipo de penas ya es
aplicado en los casos de tierras donde se cultivan drogas ilegales, como la
marihuana.

El proyecto de la organización de la Iglesia está en trámite parlamentario
hace varios años, aunque ya fue aprobado en el Senado y depende ahora de la
Cámara de Diputados, informó Secchin.

Nello

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