ARGENTINA:Fallo judicial extrema la presión sobre el gobierno

["Nello Margiotta" <animarg at tin.it>]

Marcela Valente

BUENOS AIRES, 1 feb (IPS) - La Corte Suprema de Justicia de Argentina
declaró este viernes inconstitucional el decreto gubernamental que dispuso
el 3 de diciembre restricciones al retiro de depósitos de los bancos, en un
fallo que podría causar la quiebra de algunas entidades financieras

El decreto que impide la libre disponibilidad de salarios, ahorros e
inversiones "aniquila el derecho a la propiedad privada" garantizada en la
constitución nacional, afirmó la Corte Suprema de Justicia, en un acuerdo
extraordinario que tomó por sorpresa al gobierno y a la sociedad.

El presidente Eduardo Duhalde se reunió de urgencia con su jefe de Gabinete
para analizar las implicancias que tendría el fallo y, según trascendió,
podría postergarse el lanzamiento del plan que el ministro de Economía,
Jorge Remes Lenicov, iba a anunciar este sábado.


La decisión de la Corte Suprema puede provocar una avalancha de clientes
sobre los bancos, para retirar los depósitos en moneda nacional o en dólares
retenidos desde principios de diciembre en el llamado "corralito".

Al respecto, el Banco Central considera decretar feriado bancario para el
lunes y eventualmente para los días subsiguientes.

La Corte Suprema confirmó una sentencia de un juez que habia ordenado la
devolución de un depósito a plazo fijo, según el comunicado de prensa
difundido luego del fin de la jornada bancaria y de una feria judicial de un
mes.

También declaró que las restricciones al retiro de fondos de los bancos
importaban una violación de la Constitución, que reconoce el derecho de las
personas a disponer libremente de su patrimonio.

El decreto que limitó la disponibilidad el retiro de dinero de cuentas de
ahorro, de cuentas corrientes o de depósitos a plazo fijo fue firmado por el
entonces presidente Fernando de la Rúa, que renunció el 20 de diciembre, y
por su ministro de Economía, Domingo Cavallo.

Su propósito fue frenar una corrida causada por la crisis económica y
financiera que amenazaba la estabilidad del sistema bancario.

Desde entonces, las sucesivas autoridades aumentaron las restricciones para
la disponibilidad de los depósitos, que en principio iba a regir durante 90
días, aumentando el malestar de los titulares de las cuentas. Muchos de
éstos recurrieron a la justicia, con demandas de inconstitucionalidad.

El gobierno y la mayoría de los analistas económicos creen que muchos bancos
no podrían hacer frente a una masiva demanda de depósitos mientras no
recuperen los créditos que concedieron.

Duhalde sostuvo hace pocos días que "los dólares no están" en los bancos
para devolverlos a los ahorristas, una aseveración que fue duramente
cuestionada en las últimas 48 horas por los damnificados.

Varias personas protestaron a las puertas de los bancos, que están vendiendo
dólares a quienes los solicitan a 1,70 pesos, 30 centavos por encima del
tipo oficial de cambio.

La diputada opositora Elisa Carrió señaló que, si bien entiende que el
"corralito" es inconstitucional, la resolución de la Corte Suprema es
riesgosa.

La Alianza por una República de Iguales, de Carrió, había propuesto hace una
semana devolver los depósitos con un fondo a crearse con los aportes de los
grandes deudores de los bancos,

Carrió teme la caída de los bancos más vulnerables y que los depositantes
pierdan su dinero "para siempre". La diputada advirtió que los afectados
serían los bancos públicos y los privados de capital nacional.

Por eso, pidió al gobierno que disponga un mecanismo racional de devolución
de depósitos, que proteja los ahorros de todos - incluídos los de quienes
confiaron en entidades financieras nacionales o públicas- y que evite
desórdenes que podrían causar riesgo físico a los clientes que se presenten
en los bancos.

Carrió consideró que la resolución de la Corte Suprema puede poner al
gobierno ante "un punto límite".

El máximo tribunal, de nueve miembros, respondió con su fallo a un creciente
cuestionamiento a su legitimidad, opinó la parlamentaria.

Todos los jueves de enero, miles de manifestantes se reunieron en la capital
frente a la sede del Poder Judicial con pancartas y a golpes de cacerola,
para repudiar a la Corte Suprema, sospechosa de parcialidad.

La presión para remover a los miembros del máximo tribunal determinó a los
legisladores a activar denuncias dormidas en el parlamento, en las que se
reclamaba el juicio político para aquellos. Las protestas siempre terminaban
frente al domicilio particular de algunos magistrados.

La caída de la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia comenzó cuando
Carlos Menem dispuso, en los primeros años de su gobierno (1989-1999), el
aumento de cinco a nueve de los integrantes del tribunal, para lograr una
mayoría de su confianza.

El recelo dio paso a la indignación pública en las últimas semanas, cuando
la Corte Suprema se manifestó contra los recursos judiciales presentados por
particulares para que se les devolviera el dinero atrapado en el
"corralito".

La Corte había avalado las restricciones, aunque sin pronunciarse por la
cuestión de fondo -la constitucionalidad del decreto del 3 de diciembre- ,
el aspecto más controvertido del caso. Los damnificados consideraban
inadmisible que se ignorara la violación del derecho a la propiedad privada.

Según el comunicado de prensa, la Corte "invalidó las sucesivas
disposiciones" a partir del decreto original.

El fallo se conoció cuando el gobierno daba las últimas puntadas al plan que
contemplaba la eliminación de las restricciones bancarias para los salarios,
la plena flotación del peso y la conversión en moneda nacional de las deudas
en dólares de grandes empresas.

Se aguardaba una polémica por la última de las medidas previstas, por el
costo millonario que la conversión de deudas en pesos tendría para un Estado
en quiebra.

Nello

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