Bolivia: il governo affronta una valanga di proteste sociali



El gobierno de Bolivia enfrenta avalancha de protestas sociales


LA PAZ, 19 oct (AFP) - El presidente Jorge Quiroga enfrentaba este viernes,
a casi tres meses de asumir el gobierno de Bolivia, una avalancha de
protestas sociales en medio de una creciente tensión en la región central
del Chapare, otrora emporio del narcotráfico.

La paz social que el mandatario reclamó el día de su investidura, el 6 de
agosto pasado, está a punto de colapsar, pues la agenda de protestas,
engrosada desde la muerte de dos cocaleros en enfrentamientos recientes con
uniformados en el Chapare, lo mantiene acorralado y cada vez con menos
posibilidad de maniobra, según analistas locales.

A la resistencia de los cocaleros del Chapare, que se oponen a la
erradicación de unas 400 hectáreas marginales de la hoja destinada a la
fabricación de droga, se agregaron los congresistas de La Paz, que exigen
para la región la administración de las recaudaciones por uso de carreteras
locales.

Liderados por el diputado Evo Morales, los cocaleros "hostigan
permanentemente" a miembros de las antidroga Fuerza de Tarea Conjunta -según
el ministerio de Gobierno- en un intento por frenar la destrucción de sus
plantaciones, situación a la que se ha opuesto de manera tajante la embajada
de Estados Unidos que incluso amenazó con revisar la ayuda bilateral.

De acuerdo con fuentes de los sindicatos cocaleros y del ministerio de
Gobierno, los choques, que la víspera dejaron 7 cocaleros heridos, se
registran cada vez con mayor frecuencia. La situación en la zona "es
demasiada peligrosa", advirtió la defensora del Pueblo, Ana María Romero.

"Yo levanto las manos", dijo Morales, al anunciar para el sábado una
asamblea campesina en el Chapare, en la cual "los compañeros decidirán las
formas para hacerse respetar de la represión".

También parte de la ola de protestas contra la administración Quiroga, el
Comité Cívico de Oruro, 230 km al sur de La Paz, demandó, después de
paralizar las actividades locales, un fondo de 50 millones de dólares para
reactivar la economía de la zona, una de las más deprimidas del país.

Otros conflictos de menor envergadura han emergido en las poblaciones de
Uyuni (cerca del límite con Chile), Yacuiba y Tupiza (en la frontera con
Argentina). En esta última dos autoridades comunales fueron tomadas como
rehenes por pobladores que protestan por el alza de las tarifas de
eléctricidad.

Por el momento apagado, otro potencial foco de crisis se registra en las
reservas forestales de El Chore y Guarayos y en el parque ecológico Noel
Kempk, todos en el este del país, donde desde principios de semana fuerzas
militares intentan desalojar a campesinos Sin Tierra.

Los asentamientos de los labriegos Sin Tierra, en algunos casos en
propiedades privadas, generaron una serie de reacciones en la conservadora
Asamblea de la Cruceñidad, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra (este de
La Paz), que la víspera otorgó un plazo de 10 días para que el gobierno de
Quiroga solucione el entuerto.

Según reportes periodísticos, dos centenares de pobladores de Santa Rosa,
una comarca equidistante de Santa Cruz y las reservas forestales, se arman
para desalojar a los campesinos asentados en la zona, en su mayoría indios
quechuas y guaraníes.

"Debemos partir del derecho constitucional que tenemos los pueblos indígenas
y comunidades campesinas y entender que necesitamos y queremos la tierra
para vivir y no para hacer negocios ni para enriquecernos", manifestó la
Coordinadora de Pueblos Etnicos.


Nello

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